Reforma
¿Quién teme a la Suprema Corte?
Miguel Ángel Granados Chapa
1 Jul. 07
Ahora, el senador Manlio Fabio Beltrones se preocupa de las facultades indagatorias de la Corte, antes no. Es coincidente su nueva postura con el hecho de que cuatro priistas han estado inmiscuidos en dichas investigaciones
A José Gutiérrez Vivó y a sus -mis- compañeros de Radio Monitor.
Corto de memoria, émulo del niño sorjuaniano que "pone el coco y luego le tiene miedo", el ahora senador Manlio Fabio Beltrones busca recortar o suprimir la facultad indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresa en el artículo 97 constitucional. Olvida que fue la Cámara a que pertenecía el 21 de febrero del año pasado la que solicitó a ese alto tribunal -con 373 votos de los 377 presentes- investigar las probables violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho. Y que el Senado, al que ahora pertenece el ex gobernador de Sonora, formuló el mismo pedido, el mismo día, por unanimidad.
Es probable que no sea tanto la facultad pesquisitoria en sí misma la que preocupa al poderoso senador sonorense. No le inquietó nunca. Durante sus nueve años como legislador, previos a su actual posición (dos trienios como diputado y uno como senador, pues renunció a medio camino para gobernar en su tierra) jamás expresó crítica alguna a esa disposición constitucional. Es probable, en cambio, que perturbe a Beltrones que esa facultad de la Corte ponga en jaque a gobernadores priistas, que rigen a sus entidades al modo antiguo, cuando el autoritarismo no topaba con límite alguno. En los cuatro casos que en esta época (de 1995 a nuestros días) la Corte ha investigado, o aceptado investigar hechos que constituyan violaciones graves a garantías individuales, han estado inmiscuidos miembros del tricolor: Rubén Figueroa, de Guerrero; Mario Marín, de Puebla; Enrique Peña Nieto, del estado de México; y Ulises Ruiz, de Oaxaca. A los ojos de los fundamentalistas del PRI, la Corte parece haberse agregado a los factores que con mayor lentitud de la necesaria han ido desmontando el poderío incontrastable, y por lo mismo arbitrario, del partido que fue hegemónico.
Los restos del conservadurismo antañón, y el conservadurismo nuevo, temen al tribunal constitucional, sea cuando ejerce a plenitud y a cara alzada sus atribuciones jurisdiccionales, sea cuando en sólo un año acepta tres veces ejercer su facultad investigatoria, que por ser excepcional se concreta sólo en situaciones de ese mismo carácter. Será lamentable, porque afectaría la salud republicana, que la Corte se temiera a sí misma, que puesta de pronto ante la evidencia de su poder, rehusara ejercerlo, reculara en el camino que la conduce a recuperar prestancia, o a adquirirla.
Eso parece haber ocurrido con la deplorable decisión de aplazar la aprobación o rechazo del dictamen informativo sobre el contubernio de Marín con Kamel Nacif contra Lydia Cacho, sorpresivamente asumida el martes pasado. Es lamentable por dos motivos. El primero es su lógica aberrante: se trata de saber si el trabajo ya consumado, concluido, de la comisión a quien se confió ese caso se ajusta a reglas para la investigación constitucional, que están apenas por emitirse. Y el segundo es la interrupción del trayecto que la Corte trazó en torno de este caso, que partía de la presunción de que Marín en efecto violó la ley. La nueva ruta, que incluiría un derecho de audiencia que no le fue negado al gobernador, y que éste ejerció repetidamente, y que desnaturaliza la indagación constitucional (que no es un proceso jurisdiccional en el que actúan partes con intereses contradictorios) puede llegar al extremo esbozado ya por el ministro Mariano Azuela, de pedir perdón a Marín y sus colaboradores, y al impoluto Nacif, porque se les ha tocado con el pétalo de una indagación encabezada por un miembro del más alto tribunal de la República.
El 14 de febrero de 2006 fue conocido un divertido, si no fuera escabroso, interesante, si no fuera enfermizo, diálogo entre Marín y Nacif, que comprobaba la denuncia de Lydia Cacho sobre la conjura de ambos sujetos en su contra. Ocurrida al día siguiente de la detención en Cancún de la periodista, conducida a Puebla para ser juzgada penalmente allí, la conversación festejaba el éxito de una operación concertada entre el titular del Poder Ejecutivo, que movió piezas de la administración y del Poder Judicial, y el solicitante y beneficiario de esa maniobra.
Era tan repulsivo, tan crudo, tan verosímil ese diálogo, tan revelador de los secretos del poder, que las Cámaras federales no pudieron sustraerse a la indignación pública que suscitó la plática entre el gobernador y el financiero de su campaña (título que le permitía obtener favores de ese alcance) y, como queda dicho, cada una en sesión aparte solicitó a la Corte ejercer su facultad pesquisitoria. El tribunal solicitó a los órganos legislativos indicios que acreditaran su petición y tras valorarlos, acordó el 18 de abril aceptar la encomienda de las Cámaras, que por primera vez en la historia ejercían el papel de impulsar una investigación de este género (pues las únicas veces anteriores en que se desplegó esa atribución, en 1946 y en 1995, se hizo a instancia del presidente de la República).
"Sería grave -consideró la Corte en esa fecha- que el gobernador de un estado interviniera en las decisiones del Poder Judicial que debe ser independiente, o de la Procuraduría de Justicia del estado, que a pesar de la intervención del gobernador en el nombramiento de su titular recibe sus facultades directamente de la Constitución; sería grave que el gobierno de una entidad operara con procuradores y juzgadores bajo consignas personales, o que actuaran bajo la negociación de intereses económicos particulares, o bajo el influjo del gobernador en turno o que las autoridades ejecutoras de las decisiones judiciales dieran tratos específicos, a través del gobernador, porque todo ello afectaría severamente a la vigencia del Estado de derecho, afectación que no se agotaría en la persona de la periodista detenida".
La Corte designó a dos magistrados para realizar la investigación, que rindieron su informe el 3 de julio. Muchos meses después, el 25 de enero de 2007, el tribunal determinó que la indagación no había sido exhaustiva, porque los comisionados se abstuvieron de averiguar la conducta del gobernador. Los comisionados rehusaron considerar la grabación conocida el 14 de febrero, y el pleno corrigió esa interpretación, por suponer que carecía de valor probatorio, lo que hubiera sido correcto en tratándose de un procedimiento jurisdiccional, pero la la indagación basada en el 97 no lo es. Por lo tanto, los ministros resolvieron por mayoría que se ampliara la investigación, incluyendo actos del gobernador. Fue designada para ello una nueva comisión, integrada por tres magistrados y encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza.
Esa comisión, dijo su director el martes pasado, "hizo uso de todos, sí de todos, los medios legales a su alcance para obtener, como fue instruida por este tribunal pleno, todo medio de prueba que no fuera contrario a la moral y al derecho". Recibió la declaración de 177 personas; recibió informes de empresas de telefonía y comunicación, practicó diversas inspecciones, conoció copia de expedientes, informes estadísticos y registros de toda clase y concluyó que sí hubo "concierto de autoridades" para agraviar a Lydia Cacho en venganza por haber mencionado a Nacif, protector del pederasta Jean Succar Kuri. Esa conclusión condujo a la comisión a determinar asimismo que "existe violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad", víctimas de explotación sexual.
Cuando el pleno se disponía a discutir el informe, que simplemente propone que el Congreso de la Unión determine si lleva a juicio político a Marín y describe los mecanismos que apliquen otros órganos para sancionar a otros responsables, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo presentó -por boca del secretario general de acuerdos, pues está todavía convaleciente e impedido de hacerlo por sí mismo- una moción dilatoria que fue aprobada por la mayoría del pleno.
Preocupada la Corte por establecer reglas generales para la indagación constitucional, que se aplicarían por primera vez en el caso de Oaxaca, que está por iniciarse, incurrió en el despropósito de aprobar la propuesta de esperar "a que hayamos terminado de definir el marco correspondiente y entonces procuremos descenderlo a los casos previamente iniciados, como son éste y el de Atenco". No aprobó el pleno, todavía, dar vista "a las partes" del informe final, propuesta esbozada también por Gudiño.
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: lunes 2 de julio de 2007 →
Tardará meses la decisión definitiva de la SCJN sobre el caso Lydia Cacho
JESUS ARANDA
La decisión definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lydia Cacho tardará meses, y no existen garantías de que el pleno retome las conclusiones del informe elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, en el que se afirma que el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, es responsable de violar gravemente las garantías individuales de la periodista.
De acuerdo con fuentes judiciales, el mes de julio es prácticamente "perdido" para los ministros, ya que inician su periodo vacacional de dos semanas el próximo día 13 y regresan el primero de agosto, por lo que es muy poco probable que el pleno conozca el proyecto de reglamento relativo al artículo 97 constitucional y la facultad de investigación de la Corte.
Así, comentaron los informantes, si el reglamento -cuya elaboración fue acordada en la sesión en que la mayoría rechazó y aplazó el informe de Silva Meza- fuera presentado en agosto, tendrá una carga de sospecha sobre los alcances de la investigación de la SCJN, porque -como lo dijo en su momento Silva Meza- cualquier decisión que afecte la investigación haría ver que la reglamentación se hizo ad hoc, y seguramente para favorecer al mandatario poblano, lo que impactaría negativamente en la imagen de la Corte.
Tras aprobar el citado reglamento, los ministros deben integrar una nueva comisión, que de entrada tendrá que decidir si es encabezada por uno de los ministros.
Lo anterior, porque después de que Silva Meza dio por concluida su labor y anunció la desaparición de la instancia a su cargo, el problema para que la nueva comisión sea encabezada por otro ministro, reconocieron las fuentes consultadas, es que después de que quedó claro que la mayoría del pleno se opone a que el gobernador poblano sea señalado como responsable, difícilmente alguno de los ministros querrá tomar en sus manos una encomienda que ya pasó por dos de sus compañeros en diferentes etapas, con resultados insatisfactorios.
El primer encargado de elaborar un informe sobre el caso Lydia Cacho fue el actual ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, a quien el pleno rechazó el proyecto que presentó en 2006, por considerar que era "insuficiente", al no haber involucrado al gobernador poblano. La indagatoria fue realizada in situ por los magistrados Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín.
El segundo informe, presentado por Silva Meza, en el que sí se demuestra la responsabilidad del gobernador y la violación a la autonomía del Poder Judicial en Puebla, también fue desestimado por mayoría de ocho votos contra tres, pero esta vez con el pretexto de que en la investigación no se había respetado la garantía de audiencia de Marín.
Una vez que se conforme la comisión, ésta necesitará de varias semanas para elaborar un nuevo proyecto de resolución, en el que lo más importante tendrá que ver con que se cumpla al mandatario de Puebla la garantía constitucional de audiencia.
En caso de que la comisión no establezca fechas precisas para los alegatos que quieran presentar Marín, los funcionarios involucrados y la propia parte ofendida (Lydia Cacho), la situación permitirá a la defensa del funcionario presentar argumentos y pruebas de manera indefinida, lo que alargará el procedimiento.
Por lo pronto, admitieron los funcionarios, la mayoría le dio la razón a Marín, quien alegó que la comisión investigadora no respetó su garantía de audiencia, pese a que el pasado 28 de mayo, frente a dicha instancia, el gobernador dijo a Silva Meza que su presencia ante la misma obedecía a que se le señalaba como presunto responsable de encabezar una acción concertada "con el propósito específico de castigar" a la periodista, quien denunció la existencia de redes de pederastia y pornografía infantil.
Incluso, Silva Meza expresó a Marín: "señor gobernador, le informo que su presencia obedece a que, por una parte, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, brinde su colaboración, con el fin de que aporte datos que conduzcan al esclarecimiento de la verdad y esta diligencia sirva para que exprese lo que a su derecho convenga".
Pese a ello, Marín se negó a responder a un cuestionario de 15 preguntas sobre los señalamientos en su contra.
Asesorado por los abogados Fabián Aguinaco (hijo del ex presidente de la Corte José Vicente Aguinaco Alemán) y Alonso Aguilar Zinser, el mandatario estatal se limitó a entregar su postura en un escrito de 96 páginas. También aprovechó para dejar varias cajas con documentación y "pruebas".
Pero ahora, después de que Marín entregue las pruebas en su favor, la comisión necesitará de tiempo para elaborar un nuevo proyecto, el cual será analizado minuciosamente antes de ser listado para su resolución ante el pleno.
En este contexto, confirmaron los funcionarios consultados, nada garantiza que después de meses de alegatos y análisis del asunto se forme la mayoría necesaria para exhortar al Congreso a que actúe como corresponda -prácticamente, que inicie juicio político contra Marín-, ante la señalada violación grave de garantías y la confabulación de autoridades encabezada por el gobernador contra la autora del libro Los demonios del Edén.
Proceso
La Corte y Lydia Cacho: frenón explicable
Hoy director del ISSSTE, bajo bombardeo por la nueva ley que rige a esta institución, Miguel Angel Yunes tiene un papel protagónico en el caso Lydia Cacho-Mario Marín-pederastia, destaca el número 1600 de Proceso.
Y es que en su calidad de subsecretario de Seguridad Pública federal en el sexenio pasado, maniobró y amenazó para que una orden suya se cumpliera: a como dé lugar debe detenerse la publicación del libro Los demonios del Edén, de la periodista Lydia Cacho.
Como se sabe, fue inútil el intento del funcionario. El libro salió a la luz y hoy es el motivo del escándalo que tiene bajo presión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el cual Felipe Calderón sacó “lucro político” desde que era candidato presidencial.
En plena campaña, Calderón solicitó juicio político para el gobernador de Puebla, Mario Marín, por su presunta responsabilidad en la violación de las garantías constitucionales de la periodista.
Incluso, en un acto propagandístico de febrero del 2006, el entonces candidato acudió al Congreso poblano en compañía de diputados panistas locales para firmar una solicitud de juicio contra Marín, pero en realidad nunca firmó el escrito. Sólo se tomó la foto, como si en verdad eso bastara para exigir la salida del llamado “góber precioso”.
En una entrevista con Proceso, la periodista confirma lo que de una u otra manera había transcendido hace tiempo:
El 17 de mayo de 2005, Miguel Ángel Yunes mandó llamar a su oficina a Faustino Linares, ciudadano español entonces director general de la empresa editorial Random House Mondadori, entre cuyos sellos está el de Grijalbo, bajo el cual estaba planeado hacer circular dos días después el libro de Lydia Cacho, Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografia.
Desde su posición de subsecretario de Prevención y Readaptación Social de la SSP, y como uno de los hombres con más información policiaca del país, le exigió al editor: “Paren ese libro”, publica Proceso este domingo 1 de julio.
Minimiza Sánchez Galicia aplazamiento de la Corte
Asegura funcionario que el nivel de popularidad de Marín no ha disminuido
Efraín Núñez Calderón
“Hay que incrementar el trabajo, decirle a la gente los beneficios que obtiene a través de la actividad del gobernador (…) tiene una mayor implicación sobre su estado de ánimo y su opinión (de la población), tiene una mayor implicación que lo que pudiese emitir un juez, un ministro o un partido político”.- Javier Sánchez Galicia, director de Comunicación Social del gobierno del estado
Javier Sánchez Galicia, director de Comunicación Social del gobierno del estado, minimizó el dictamen del ministro Juan Silva Meza —que encuentra al gobernador Mario Marín culpable de confabular contra la periodista Lydia Cacho—, al asegurar que el trabajo del mandatario tiene una mayor implicación sobre el ánimo y opinión de las personas que “lo que pueda emitir un ministro, un juez o un partido político”.
En entrevista, el funcionario marinista aseguró que los niveles de aprobación del gobernador no disminuyeron por el dictamen de la comisión investigadora de la Corte e incluso dijo que en el tercer año de gobierno Marín puede alcanzar el 70 por ciento de aprobación, tal y como inició su sexenio: “Hay que incrementar el trabajo, decirle a la gente los beneficios que obtiene a través de la actividad del gobernador (…) tiene una mayor implicación sobre su estado de ánimo y su opinión (de la gente), tiene una mayor implicación que lo que pudiese emitir un juez, un ministro o un partido político.”
El martes de la semana pasada el ministro Juan Silva Meza presentó las conclusiones respecto a la investigación del escándalo Marín-Cacho en las que determina que sí existió concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo, para violar los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Además sugiere al Congreso de la Unión que se promueva juicio político en contra del mandatario. Hay que decir que se pospuso la votación del dictamen hasta que el máximo tribunal plantee los reglamentos a los cuales habrá de ajustarse esta investigación y las futuras relacionadas con el artículo 97 constitucional.
Al respecto, Sánchez Galicia aseguró que este dictamen no tuvo una influencia negativa sobre la percepción que tienen los ciudadanos respecto de la imagen del mandatario. En su opinión los niveles de aceptación del gobernador continúan en 65 por ciento, según los análisis de diversas empresas encuestadoras y empresas de opinión en Puebla: “Las principales encuestadoras locales que ayer se reunieron, lo confirmaron. La percepción sobre el trabajo del gobernador ha sido permanente. Yo les dije antes de la sesión de la Corte que puede haber vaivenes, pero muy ligeros. No ha habido variación, por el contrario ha habido crecimiento”, sostuvo.
Más aún, comparó los niveles de aprobación de Marín Torres con los que tiene el presidente Felipe Calderón, quien se encuentra en el 67 por ciento: “Puede ser mejor, porque el promedio de los gobernadores está en el 70 por ciento. Creemos que el gobernador puede alcanzarlo hacia el tercer año de gobierno.”
No obstante, reconoció que existe un “segmento importante” de la población en el estado que no califica aprobatoriamente el desempeño del mandatario, debido al escándalo que lleva su nombre desde el 14 de febrero de 2006.
En ese sentido, manifestó que la percepción de este segmento sólo podrá recuperarse en caso de que la Corte considere inocente a Mario Marín: “La parte jurídica de la Corte ayudaría mucho a recuperar algunos puntos. Del 65 al 70 por ciento es muy poco, lo logrará con el trabajo, a través de la actividad que realiza. Va a ser una certidumbre completa cuando la corte defina y termine la gente de cerciorarse o convencerse de esta situación”, apuntó.
Marín y Norberto Rivera unidos por Vázquez Raña
Inauguran el Hospital Ángeles
Selene Ríos Andraca
El cardenal Norberto Rivera Carrera, acusado ante la Corte Superior de California por proteger al cura pederasta Nicolás Aguilar Rivera y el gobernador Mario Marín Torres.
Puebla, la cuna de Nicolás Aguilar Rivera recibió a Norberto Rivera, quien presuntamente ha protegido al párroco poblano acusado de violar al menos a 86 menores tanto en México como en Estados Unidos, por lo que actualmente se encuentra en un proceso jurídico ante la Corte Superior de California por al menos ocho delitos relacionados con la pederastia.
El primer encuentro entre ambos personajes ligados a la protección de pederastia fue en la inauguración del Hospital Ángeles al surponiente de la ciudad, donde Olegario Vázquez Raña estrenó el nuevo nosocomio del grupo Ángeles.
En la inauguración Marín dijo en su discurso que Puebla vive una estabilidad política y en plena gobernabilidad. En su intervención Rivera no hizo un solo comentario referente al mandatario o al escándalo que lo acecha desde el pasado 14 de febrero cuando se difundió la conversación Marín-Nacif.
El segundo encuentro fue en el hotel Camino Real, ubicado en el Centro Histórico, donde Norberto Rivera, Mario Marín y su esposa Margarita García, Vázquez Raña y el presidente municipal capitalino Enrique Doger se disponían a cenar con un selecto grupo de empresarios.
La cena se celebró en el patio trasero del Camino Real, adornado por una fuente central llena de flores, y pese a la lluvia que caía, Norberto Rivera y demás integrantes de la mesa de honor brindaban por el mandatario poblano.
El grupo que amenizaba entonó “Las Mañanitas” para Mario Marín, quien pese a estar festejando sonreía con esfuerzos.
Al preguntarle al cardenal la razón de visita a Puebla, tras el aplazamiento de la votación de la Corte, sólo dijo: “Vine a bendecir el hospital Ángeles”.
—¿Y también vino a bendecir al gobernador?— le preguntó esta reportera.
—Vine a bendecir el Hospital Ángeles.
—Pero su visita, después del aplazamiento de la Corte para el gobernador y ustedes están relacionados con la protección de la pederastia…
—Vine a bendecir el Hospital Ángeles ¿qué, no entiendes? —interrumpió.
Pero los gritos y empujones de los guardaespaldas del cardenal de México interrumpieron la entrevista y escoltaron a la reportera hasta las puertas del hotel, argumentando que era un evento privado.
A los 15 minutos de la breve charla entre Cambio y Rivera, la cena se vino abajo. Marín y el cardenal salieron del hotel, dejando atrás a los selectos invitados de la noche.
La quinta columna 2 de julio
Tiempos de Nigromante
Arturo Rueda
La frágil memoria de Lydia
Cada cabeza es un mundo. Así como en algunos tipos la memoria es terca, al estilo Julio Scherer en su más reciente libro, en otros es veleidosa, y cuando menos, selectiva. Tengo la impresión que algo así le acaba de ocurrir a Lydia Cacho, quien no acaba de digerir el aplazamiento ordenado por la Suprema Corte, y embiste a Felipe Calderón en el reportaje “La Corte y Lydia Cacho: frenón inexplicable”, contenido en el más reciente número de Proceso. Ahí, la autora de Los demonios del Edén acusa al Presidente de haber lucrado con su caso, cuando tuvo un acto con organizaciones sociales al inicio de su campaña, y posteriormente vino a Puebla y le sacó la “tarjeta roja” a Mario Marín.
Digo que la memoria de Lydia es veleidosa porque “olvidó” comentarle a Proceso que ella avaló con su presencia el lucro político de su escándalo. En efecto. Felipe Calderón abrió su campaña presidencial en 19 de enero de 2006 acompañado sabe por quién. Pues por Lydia Cacho. La periodista estaba en el candelabro después de su detención ilegal a mediados diciembre, y por supuesto que Calderón quiso sacar raja electoral con su escándalo y Cacho, conscientemente, se prestó a meterse en el juego electoral de la lucha por la presidencia.
Así lo consignó El Universal en su edición del 20 de enero: (En su primer día de campaña) “Al mediodía Calderón habló con las integrantes de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, de España, y con la periodista Lydia Cacho, con quien se solidarizó, pues hay una denuncia en su contra por haber descubierto un caso de pederastia.
"Reitero mi solidaridad con la Plataforma y con Lydia Cacho. Mi exigencia a las autoridades de Puebla: que en lugar de asumir una actitud persecutoria en contra de un periodista, sea contra los pederastas".
La presencia de Lydia Cacho en un acto de campaña con Felipe Calderón cayó como bomba en Puebla. Valentín Meneses, todavía vocero del gobierno estatal, respondió que e panista estaba lucrando políticamente y trataba de llevar simpatías a su feudo utilizando la detención de la periodista (CAMBIO 20/06/2006). Ironías de la vida: año y medio después, Valentín Meneses y Lydia Cacho coincidieron en algo.
Lydia Cacho hoy busca borrar de la memoria colectiva el hecho de que un día se prestó a apoyar la candidatura presidencial de Felipe Calderón. ¿Y por qué trata de hacerlo? Porque meses después, Lydia cambió de barco y se subió al de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se dio el acercamiento y por qué el cambio de bando? No se sabe, pero en un momento la periodista empezó a identificarse con muchos de los simpatizantes del tabasqueño. ¿O a poco nos hemos olvidado que la actriz Jesúsa Rodríguez y la escritora Elena Poniatowska acompañaron a Lydia en la presentación de Los demonios del Edén en el zócalo poblano? ¿Y no ambas fueron eminentes pejistas?
La conversión de Cacho fue más allá y, por momentos, tuvo la tentación de convertirse en ariete contra el calderonismo. Desde España, después de recibir el premio “Yo Dona” a la labor humanitaria que entrega el diario El Mundo, Lydia Cacho fue entrevistada, espacio que aprovechó para lanzarse en contra de la derecha y manifestarse a favor de López Obrador. A la pregunta “¿Qué esperas de las próximas elecciones mexicanas? ¿Cuáles son los retos del próximo presidente de tu país en materia de derechos humanos?” la escritora respondió que “Espero que no ganen los fascistas de derecha y los retos son alcanzar la equidad de género y combatir la impunidad y la violencia”. Después, Lydia Cacho se pronunció por la candidatura del tabasqueño y específicamente dijo: “El candidato del PRD de la izquierda sí lo acepto y habrá que esperar al 2 de julio cuando haya elecciones en mi país”. ¡Upsss¡ La entrevista pudo –y todavía puede - ser consultada en la versión digital de El Mundo de Pedro J. Ramírez.
En los mismos días, entrevistada cuestionada por Selene Ríos acerca del cierre de campaña del perredista en el Zócalo de Pueba, Lydia Cacho respondió, entusiasmada que “queda clarísimo que Andrés Manuel López Obrador, si él ganara iría con todo, no sólo contra Marín, sino también de Succar Kuri”. Es decir, López Obrador si le haría justicia en contra del gobernador poblano y el capo de la red de pederastas.
Entiendo el lapsus selectivo de la memoria de Lydia Cacho. Con López Obrador en el basurero de la historia, Calderón gobernando y el escándalo estancado por una decisión sospechosista de la Suprema Corte, parece obvio que quiera borrar el manoseo político que sufrió su escándalo, utilizado alternativamente por el perredista y el panista como bandera electoral, aunque al final ninguno se comprometió.
Quizá si Lydia Cacho verdaderamente quisiera denunciar el lucro electoral que obtuvo Felipe Calderón, en realidad debería poner el índice en cómo su escándalo fue utilizado para demoler electoralmente al tricolor en Puebla, al grado de apenas pudo ganar cuatro de doce diputaciones federales y una senaduría. De los 100 mil votos de diferencia que el panista le sacó a López Obrador en Puebla, casi la mitad aquellos con los que triunfó el 2 de julio, y de las doce diputaciones federales y dos senadurías que obtuvo Acción Nacional. Ahí está el verdadero lucro político y no en un acto de campaña.
Por supuesto Lydia Cacho no puede hablar de esto, porque sería el reconocimiento de que, al margen de su injusta detención y de las componendas de Kamel Nacif con Mario Marín, Guillermo Pacheco y compañía, en realidad todo fue una acción concertada para dinamitar electoralmente al tricolor poblano. Y que en ese sentido, el célebre escándalo Cacho-Marín no es más que un capítulo de la gran trama llamada “elección presidencial del 2006”. Un capítulo que fue tan exitoso que ya prevé el estreno de su segunda parte para noviembre de 2007. La única esperaza del priísmo sería aquel dicho de que segundas partes nunca fueron buenas. A excepción, por supuesto, de El Padrino II. Y de El imperio contraataca.
*** Cuadro de honor. Hablando precisamente del número más reciente de Proceso, Javier López Zavala ha obtenido un logro que muy pocos poblanos soñaron en su vida política; abrir, con sus dichos, la gustada sección de ¡Por mi madre, bohemios! Zavala es satirizado con aquella respuesta que dio a los medios el martes pasado, después de conocerse el aplazamiento decretado por la Suprema Corte. “Vean, que feliz estoy”, contestó el secretario de Gobernación después de saber que había sido inmiscuido en la detención ilegal de Lydia Cacho. El tema amerita una columna completa.
Impunes: Fox, Marín, Ulises, Medina-Mora
Álvaro delgado
México, D.F., 18 de junio (apro).- Con independencia de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la represión de los gobernadores de Oaxaca y Puebla, Ulises Ruiz y Mario Marín, quedan pendientes aún las sanciones que contra ellos procedan, pero también el expresidente Vicente Fox y el actual procurador federal, Eduardo Medina-Mora Icaza.
Porque, además de los dos gobernadores, en el caso específico de la represión en Oaxaca y en San Salvador Atenco, Estado de México, tomaron parte Fox y Medina-Mora, el segundo colocado en la hipótesis de juzgarse a sí mismo por ostentar el monopolio de la acción legal como lo reserva la Constitución al titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sería un sueño anticipar que Medina-Mora se separaría del cargo si la comisión investigadora del Poder Judicial considera que hay cargos contra él por su participación en los hechos de Atenco y luego los de Oaxaca, el año pasado. Se estaría ante el la evidencia de un cambio sustantivo en la impartición de justicia, algo que no se aprecia próximo.
En el sexenio de Fox, Medina-Mora ocupó la Secretaría de Seguridad Pública a la muerte de Ramón Martín Huerta, en septiembre del 2005 y cuyas causas se encuentran en la bruma, procedente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y antes de los negocios con Televisa.
Ahora está colocado en la posición estratégica, la PGR, de encubrir asuntos que le son inconvenientes a Calderón y empujar los que sí le importan, tal como lo hizo en su momento el general Rafael Macedo de la Concha, el único damnificado en la acometida mafiosa, encabezada por Fox, contra Andrés Manuel López Obrador.
De manera que esperar una separación de Medina-Mora, en el caso de la represión en Atento y Oaxaca, es “esperar sentados”, expresión de José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para negarse a renunciar por su comedida actuación en el homicidio de la indígena veracruzana Ernestina Ascensio Rosario, que representa una nueva fase de impunidad por razones de Estado.
En el caso de Puebla --la colusión de poderes contra la periodista Lydia Cacho-- es ya casi completamente firme la decisión de la SCJN de proceder contra Marín, la procuradora de Justicia estatal, Blanca Laura Villeda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la juez del caso y otros personeros, pero nada garantiza que el gobernador sea sometido a juicio y sentenciado.
Intereses mayores a la justicia así lo refieren: El caso, que caerá en el ámbito del legislativo, implicaría romper el pacto de Calderón con el PRI –por el que ya entregó Yucatán-- y en todo caso será administrado convenientemente a favor del PAN hacia las elecciones de Puebla, de noviembre.
En el caso de Oaxaca, en el que las investigaciones tendrían que involucrar a Fox y a Medina-Mora, tampoco se ve mayor alcance por las mismas razones de la colusión Calderón-PRI, el amasiato que --ya se verá-- dejará es una simulación al tono con la canción: “Olvidemos los enfados y volvamos al amor”.
Apuntes
El presidente del comité estatal del PAN en Jalisco, Eduardo Rosales, anunció hoy lunes 18 que solicitará al CEN de su partido iniciar una investigación sobre la presencia de la ultraderechista organización de El Yunque, porque se trata de “un problema nacional”. Rosales, allegado al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, formula una propuesta que tiene dos elementos fundamentales: El primero es que formaliza preliminarmente una petición para procesar institucionalmente ese asunto, algo que hasta ahora había sido soslayado por las jerarquías del panismo, y el segundo es que asume que El Yunque es, en efecto, un entramado político-ideológico de carácter nacional y afianzado en el PAN. El anuncio de Rosales obedece a que el diario Público, de Guadalajara, publica un amplio reportaje de Rubén Martín sobre El Yunque en Jalisco, como lo hizo recientemente el diario AM de León, Guanajuato, en el marco de la Asamblea Nacional del PAN, y como lo han hecho prácticamente todos los periódicos del interior del país. Hace cuatro años --en septiembre del 2003--, Ramírez Acuña propuso hacer en el PAN una “purga” de miembros de El Yunque, después de la aparición del libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, y apenas el sábado 2 de junio, en León, el presidente del PAN, Manuel Espino, se dijo dispuesto a procesar institucionalmente este tema, que de suyo es de inobjetable interés público. Rosales, quien es consejero nacional, ya anunció ese empeño. Ojalá, por el bien del propio PAN y sobre todo de la sociedad, se materialice el debate no sólo necesario sino urgente.
Econsulta
Ignacio Juárez Galindo
MMT sí contribuye al respeto de los derechos humanos: Flores Mendoza
Pese a que el dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza confirmó que el gobernador Mario Marín Torres encabezó el concierto de autoridades para encarcelar a la periodista periodista Lydia Cacho Ribeiro, el ombusdman poblano Manuel Cándido Flores Mendoza, aseveró que el mandatario estatal "sí está contibuyendo al respeto de los derechos humanos en la entidad".
Entrevistado luego de participar en en el evento “Gala Bachilleratos 2007”, donde se entregaron reconocimientos y apoyos a los alumnos más destacados, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla se negó a fijar una postura sobre el dictamen del ministro de la Corte que incrimina a Marín Torres, al afirmar que no podía dar opiniones sobre temas que no son de su competencia.
No obstante, a pregunta expresa el funcionario aseveró que "el gobernador, en general, sí está contribuyendo al respeto de los derechos humanos" en la entidad.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social estatal, Alejandro Armenta Mier, respaldó al gobernador y demandó a los partidos de oposición no utilizar el caso Cacho como botín político. Mario Marín, apuntó, cuenta con el apoyo popular y ganó la elección con más de 900 mil votos.
Durante el acto oficial, Mario Marín Torres informó que durante su administración construyó siete universidades y están en puerta otras cuatro en Venustiano Carranza, Tulcingo de Valle, Ajalpan y Oriental.
De igual forma, explicó que han destinado más de 150 millones de pesos para obras en 7 mil 200 escuelas dentro de los programas Unidos para Progresar y Escuelas de Calidad.
A la par, abundó, para el programa de becas del ciclo escolar 2007-2008 se destinarán 108 millones, en inversión conjunta del estado y la Federación.
Niega Mario Marín negociación de Reforma Fiscal con su caso
Fuente: W Radio
07/03/2007 -
México D.F., 3 de julio, 2007.- El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, rechazó que su partido -el PRI- pretenda o esté negociando la Reforma Hacendaria que propuso el Ejecutivo federal a cambio del caso político con la periodista Lydia Cacho.
A pregunta expresa sobre una supuesta negociación del tricolor el mandatario estatal dijo desconocer al respecto. "Eso si no sabría decirle", señaló, aunque posteriormente rechazó tal posibilidad y aseguró que son temas distintos.
"Yo soy gobernador y tengo que impulsar una reforma que beneficie a los poblanos y a todo México" expresó, y al cuestionarle si considera positivo que se dé una negociación en ese sentido subrayó que no y que se trata de cosas distintas.
Sobre las declaraciones de la periodista Lydia Cacho de que filtraron a sus abogados parte de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mario Marín minimizó el hecho; "la señora ha dicho tantas cosas inciertas que esta sería una más de esas".
Asimismo, en cuanto al resolutivo del ministro Juan Silva Meza en el que se considera que Marín sí violó los derechos humanos de Cacho, el Ejecutivo estatal respondió que ese dictamen no se aprobó.
Por tanto rechazó de nueva cuenta haber violado los derechos de la periodista "no para nada nunca hemos dicho eso".
Más adelante, cuando se le mencionó que la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, considera que el tema es conyuntural dijo que el Revolucionario Institucional tiene una postura como partido y él otra como gobernador.
"Es lo que ella dice pero yo soy gobernador y tengo que impulsar una reforma que beneficie a los poblanos", recalcó.
Marín Torres fue entrevistado en el marco de la premiación de la Olimpiada Nacional 2007 que encabezó el presidente Felipe Calderón en la explanada del monumento a Francisco I. Madero en la residencia oficial de Los Pinos.
Rechaza Marín que PRI negocie su perdón
El Mandatario poblano dijo esperar que la resolución de la Corte sobre el caso Lydia Cacho sea apegada a derecho
Margarita Vega / Reforma.com
El Gobernador de Puebla, Mario Marín, negó este martes que su partido, el PRI, esté negociando su perdón en el caso Lydia Cacho a cambio de la reforma fiscal.
"No, son temas distintos", respondió el Mandatario estatal al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra de violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
Entrevistado al finalizar la entrega de reconocimientos de la Olimpiada Nacional en Los Pinos, Marín dijo que él, como Gobernador de un Estado, sólo debe impulsar una reforma fiscal que beneficie a los mexicanos.
Ante la insistencia de los reporteros, el priista terminó por reconocer que desconoce los términos en que su partido negocia la reforma fiscal con el Gobierno federal, pero insistió ese tema y el caso de la autora del libro "Los Demonios del Edén" son cosas distintas.
Sobre la postergación de la investigación del caso Cacho por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobernador dijo esperar una resolución apegada a derecho.
La quinta columna
Marín apoya al respeto de los derechos humanos”
Asegura Flores Mendoza
Efraín Núñez Calderón
“No puedo opinar de algo que no me compete, opino del área de los derechos humanos (…) sin embargo, en materia jurisdiccional no tengo ninguna competencia (…) nosotros nos declaramos incompetentes desde el 1 de febrero del año pasado”—comentó Flores Mendoza para deslindarse y evadir comentarios sobre el caso Cacho.
Pasando por alto la existencia del dictamen del ministro Juan Silva Meza que señala culpable al gobernador Mario Marín Torres de confabular en contra de la periodista Lydia Cacho, José Manuel Cándido Flores Mendoza, ombudsman poblano, consideró que el mandatario ha contribuido al respeto y estabilidad de los derechos humanos en el estado.
En entrevista, Flores Mendoza dijo que su opinión sobre el dictamen de la comisión investigadora “no tiene validez”, debido a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se declaró “incompetente” para resolver el escándalo: “No puedo opinar de algo que no me compete, opino del área de los derechos humanos (…) sin embargo, en materia jurisdiccional no tengo ninguna competencia (…) nosotros nos declaramos incompetentes desde el 1 de febrero del año pasado”, indicó.
—¿Cómo puede asegurar que las autoridades poblanas incluyendo al gobernador contribuyen al respeto a los derechos humanos, cuando un grupo de autoridades estatales están señaladas por violar las garantías individuales de una periodista? —se le cuestionó.
—Lo que yo dije es que en Puebla se busca siempre el respeto y la estabilidad de los derechos humanos. Esto también incumbe a todas las autoridades poblanas.
—¿Las autoridades poblanas incluyendo al gobernador están contribuyendo al respeto a los derechos humanos?
—Desde luego que sí— apuntó.
—¿Entonces está pasando por alto los puntos del dictamen? —se le insistió.
—No estoy pasando por alto nada, ese dictamen ya lo resolvieron los ministros (sic), y sabremos cuando le darán continuidad (…). Ya no tentemos ninguna ingerencia, se solicitaron medidas cautelares a la periodista, fue custodiada por mujeres policías (…). No tiene validez mi opinión porque no tengo el expediente, desconozco en qué pasos vaya y las pruebas solicitadas por la comisión nacional.
Más aún, manifestó que las denuncias por parte de policías estatales en el sentido de que eran obligados por Mario Ayón, secretario de Seguridad Pública a cuidar sus caballos y resguardar los domicilios de altos funcionarios de la administración marinista, es un asunto que compete exclusivamente al gobierno del estado, asegurando que se trata de un conflicto de carácter laboral.
Aseveró que en lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos del estado ha tenido más de 6 mil intervenciones. En ese sentido, aseguró que las quejas más frecuentes de la ciudadanía son en contra de ministerios públicos, la Policía Judicial, así como contra los jueces de paz, y las corporaciones de Policía Municipal, incluyendo la de la capital del estado.
El Caso Cacho quedó atrás, asegura la procuradora
“Nunca ha sido un obstáculo”
Heriberto Hernández Castillo / Corresponsal / Huauchinango
Para la procuradora general de Justicia del estado, Blanca Laura Villeda, el caso Lydia Cacho Ribeiro “quedó atrás”, aunque todavía no se haya resuelto de manera definitiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “nunca ha interferido en mi desempeño como funcionaria pública”.
En una visita relámpago de la procuradora del estado a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público en Huauchinango, declaró que para ella el caso Marín–Cacho “quedó atrás, lo importante ahorita para la Procuraduría General de Justicia, es trabajar” y consideró que hasta el momento “el caso no ha afectado el trabajo que he venido realizando ni afectará, porque el trabajo de la Procuraduría es muy independientemente (sic) a la señora (Lydia Cacho)”.
Caso Cacho no afectará al PRI: Armenta Mier
Además, el funcionario aseguró que los señalamientos contra Marín son “hipotéticos”
Efraín Núñez Calderón
“El gobernador tiene gran legitimidad, fortaleza en la población, la gran mayoría está con él, lo valoran; el ciudadano de hoy está informado, sabe qué intereses hay detrás de querer perjudicar a una persona”
Alejandro Armenta Mier, secretario de Desarrollo Social
Alejandro Armenta Mier, secretario de Desarrollo Social, desestimó que pueda causar daño al PRI que los partidos de oposición ocupen el escándalo Marín-Cacho para atacar a los candidatos del tricolor, pues dijo que el gobernador tiene legitimidad entre la población. El funcionario mencionó que el tema ha sido utilizado con “perversidad”, e incluso aseguró que los derechos fundamentales del mandatario han sido violentados con los señalamientos “hipotéticos” en su contra.
Armenta Mier aseveró que los partidos de oposición deben valorar si es efectivo atacar al PRI con este tema, pues el mandatario poblano está fortalecido: “El gobernador tiene gran legitimidad, fortaleza en la población, la gran mayoría está con él, lo valoran; el ciudadano de hoy está informado, sabe qué intereses hay detrás de querer perjudicar a una persona (…) al gobernador le han violentado más sus derechos por todo lo que se ha señalado hipotéticamente.”
Manifestó que cualquiera de los aspirantes priistas a la candidatura para alcalde capitalino cuenta con las características y con el arraigo suficiente para ganar la elección. No obstante consideró lamentable que en el PAN no hayan tomado en cuenta la trayectoria y las cualidades de una mujer como Ana Teresa Aranda:
“No tengo ninguna mención respecto al señor Antonio Sánchez. A Anatere la conozco como directora del DIF, como secretaria de Desarrollo Social, es una mujer que ha hecho mucho. Es lamentable que en el pan no hayan tomado en cuenta a una mujer”, aseveró.
—¿En el PRI deberán tomar en cuenta a una mujer como Blanca Alcalá para la candidatura? —preguntó una reportera.
—Eso ya le toca al partido. Blanca es una mujer extraordinaria que siempre ha mostrado eficiencia, eficacia, mujer formada, militante distinguida como lo son los otros compañeros, cuadros importantes, jóvenes y con características para obtener un triunfo.
De igual forma, apuntó que está quedando claro que el escándalo Marín-Cacho es un tema electoral que es utilizado con “perversidad” con un trasfondo político. En ese sentido, se pronunció a favor del gobernador Mario Marín Torres, quien, dijo, ha optado por una actitud de apego a la ley y respeto a las instituciones.
En 2007 Marín ha comparecido seis veces ante la SCJN: Silva
Martín Hernández Alcántara
Aunque la defensa de Mario Marín Torres argumentó ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el mandatario no tuvo derecho de audiencia en la segunda comisión especial para investigar las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, lo cierto es que el 28 de mayo el mandatario poblano se presentó ante dicha instancia y lo hizo durante otras cinco más, siempre compareciendo de manera escrita, a lo largo del presente año.
Lo anterior fue expresado por el ministro Juan N. Silva Meza, quien dirigió las pesquisas de la segunda comisión especial. Sus palabras sobre al particular constan en la página 25 de la versión estenográfica de la sesión que el máximo tribunal del país celebró el pasado 26 de junio, la cual está en el portal electrónico de dicha institución: http://200.38.86.53/ NR/rdonlyres/6A3A4BD1-AA9A- 4708-93DB-5E126ADA7582 /0/PL20070626.pdf.
Silva Meza explicó que la comparecencia de Marín fue privada, se celebró en la Primera Sala del edificio de la SCJN, y el ministro asegura que el gobernador recibió un trato conforme a su investidura, amén de que se le informó que su presencia se debía a las indagatorias sobre el concierto de autoridades para vejar a Cacho.
Silva expresó en dicha ocasión: “En ese sentido señor gobernador, le informo que su presencia obedece, a que, por una parte, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, brinde su colaboración con el fin de que aporte datos que conduzcan al esclarecimiento de la verdad; y, por otra, para que esta diligencia sirva para que en respeto a su garantía de audiencia exprese todo lo que a su derecho convenga. Al respecto el gobernador refirió lo que a su derecho convino”, pero de manera escrita.
“En esa diligencia, en la que estuvo asistido por siete de sus abogados, encabezados por los licenciados Fabián Aguinaco Bravo y Alonso Aguilar Zinzer”, agregó el ministro quien afirmó también que al gobernador “se le recibieron las pruebas que ofreció, contenidas en cuatro cajas: garantía de audiencia, oportunidad defensiva, oportunidad probatoria, asistencia jurídica, respeto a su investidura en la investigación, respeto a sus derechos fundamentales, como a todos los que en la investigación participaron. De igual manera, el gobernador ha comparecido ante la Comisión Investigadora, mediante escritos de fechas: veinte de febrero, 13 de marzo, 30 de abril, 28 de mayo y 12 de junio, todos de 2007”.
Esta última versión de Silva Meza contradice el alegato de los defensores del gobernador poblano y del ministro Mariano Azuela, quienes han dicho que el gobernador no estaba enterado a plenitud del motivo por el que se le investigaba y que en ese sentido tampoco pudo aportar pruebas a su causa.
Revista Eme-equis No. 74 2 de julio de 2007
Por Daniel Cazés-Menache
La cáscara de la historia
¿Minis preciosos?
La justicia puede esperar…
Para Juan Silva Meza, ministro de la Suprema Corte responsable de la investigación que la misma Corte encargó, la periodista Lydia Cacho fue objeto de actos de tortura, y además “quedó demostrado que el gobernador del estado de Puebla interviene en las decisiones del Poder Judicial... [y] también... tiene injerencia en los actos y atribuciones de la Procuraduría”.
A estas conclusiones llegó la comisión integrada por el mismo ministro y dos magistrados de distrito. El informe señala que autoridades de Puebla y Quintana Roo, en complicidad con un poderoso negociante, orquestaron las acciones que violaron las garantías individuales y los derechos fundamentales de Lydia Cacho, y además hubo concertación de las autoridades de ambas entidades al transgredir los principios del federalismo y de la división de poderes.
Tras una discusión entre los ministros, ocho de ellos resolvieron aplazar una decisión que ha tardado 14 meses. La razón: hay que fijar reglas generales para indagaciones como ésta.
Curiosa sabiduría la de la mayoría de los ministros: deben fijarse reglas para una investigación que ha concluido y cuyos resultados jurídicos fueron presentados para que se tomaran las resoluciones que debe emitir la Suprema Corte. Y además para dar derecho de audiencia a las partes, sin mencionar quiénes las integran y a pesar de que todos los interesados, comenzando por Mario Marín, el gobernador de Puebla, fueron escuchados durante un año y dos meses por la comisión.
El gobernador aplaude la medida y cuenta con que la posposición de la toma de decisiones forzará a la Corte a declararlo inocente.
¿Cómo se establecen reglas para una indagación ya hecha? ¿Qué estipularán esas reglas que supuestamente “no tendrán retroactividad” (así lo declaró con semblante satisfecho el presidente de la Corte), si no estamos ante un juicio penal en el que deben participar fiscalía y defensa? ¿Ahora se trata de que la Suprema Corte reduzca sus propios alcances a los equivalentes del Ministerio Público o de un tribunal de menor jerarquía?
A Lydia Cacho se le advirtió –durante el viaje de 22 horas en auto en calidad de secuestrada– que no tenía derechos, ni siquiera el de ir al baño. ¿Seguirá vigente, al menos en parte, esa advertencia?
Sé los riesgos que corro formulando la pregunta siguiente y lo que sigue: ¿Acaso el empresario cuyas llamadas al gobernador se conocen ampliamente, ya habló con algunas personas a las que podría haber designado “mis minis” preciosos?
Si es así, de seguro dentro de poco se difundirán en los medios. Y con suerte algún día también sabremos cuál fue la calidad, el origen y la identidad de las dos “bellísimas botellas de coñac” destinadas al gobernador de Puebla. En una de esas descubrimos a otros beneficiarios de la cava cancunense. Por lo pronto, ya sabemos que el pleno de la Corte también ha dejado para más adelante (la justicia puede esperar en todos sus aspectos) lo referente a la explotación sexual de menores.
Lydia Cacho es una periodista responsable y con gran sentido de la integridad ciudadana y de la ética de su profesión. Conviene preguntarse si en este aspecto todos los interlocutores de Silva Meza piensan demasiado en el empresario y su “gober”, y si actúan siempre siguiendo la misma ruta de la periodista y del ministro instructor derrotado la semana pasada.
Porque han dado algunos pasos jurídicos que han contribuido a lo que un día quizá será la también pospuesta reforma del Estado, aunque de la misma manera alguno de estos ministros aconsejó al gobierno federal y a sus seguidores mayoritarios en la Cámara un desafuero sin pies ni cabeza.
En el momento presente, por ejemplo, los que se vanaglorian de prudentes (excusa eterna del tortuguismo y otras trampas) deberían explicar a la ciudadanía el significado del derecho de audiencia: Silva Meza subrayó en el informe que se desea echar abajo que declararon 117 personas –entre ellas el mismo gobernador–, se analizaron grabaciones, publicaciones, informes oficiales, expedientes y actuaciones judiciales, y que las autoridades de Puebla se condujeron de manera falaz y sin apegarse a las realidades, con el evidente propósito de desviar la investigación para que no atendiera determinadas actuaciones del gobierno, de la procuraduría y del tribunal superior de justicia locales; también se detuvo en la participación de particulares en la violación de los derechos de Lydia Cacho.
El dictamen presentado por Silva Meza contiene más de mil hojas y es inequívoco en todas sus partes. Menos clara es la postura de quienes en forma extemporánea decidieron establecer nuevos cánones, sin duda para nombrar otra comisión investigadora.
Quienes escribimos en la prensa –reporteros, redactores, colaboradores– estamos atentos a las inminentes reglas o cosas que vayan a pasar por tales. El periodismo, sobre todo el de investigación, y los derechos ciudadanos podrán beneficiarse de esas reglas, o seguir condenados a dilaciones y a los dictados de los realmente poderosos.
Lydia Cacho y Juan Silva Meza nos representan a todos y también a la ciudadanía y a la infancia que puede ser víctima de ellos en cualquier momento.
* Director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, miembro del Consejo
de la Comisión de Derechos Humanos del DF.
Revista Eme-Equis
Los 184 millones que el “gober precioso” ha gastado en imagen
Por Ernesto Aroche
Desprestigiado como pocos ante la difusión de sus conversaciones telefónicas con el empresario Kamel Nacif, el gobernador de Puebla, Mario Marín, puso en marcha en abril de 2006 una costosa campaña mediática para tratar de paliar el escándalo, que incluyó la difusión en televisión de más de 5 mil 600 cápsulas del informativo oficial Avances y el pago de al menos mil 700 spots en las estaciones repetidoras de Televisa y Televisión Azteca.
Eso sin contar, por supuesto, con las 15 mil cápsulas transmitidas en al menos 10 radios locales y los 21 millones de pesos erogados para que la entrega de los Premios Oye! se realizara en esta entidad.
Todo un esfuerzo por tratar de contrarrestar los efectos del escándalo, en el que el gobernador de Puebla ha ganado tiempo, después de que la Suprema Corte de Justicia decidió posponer hace unos días la votación sobre el informe que recomendaba hacer juicio político a Marín Marín por haber participado en las acciones para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
Aunque no se ha detallado por completo cómo se gastaron, el gobernador poblano Mario Marín ha dedicado 184 millones de pesos para publicitar los logros de su gestión –“el trabajo de un gobierno de resultados”– justo durante el periodo en que ha sido severamente cuestionado e incluso sometido a investigación por la Suprema Corte de Justicia por su intervención para violar las garantías y derechos constitucionales de la periodista Lydia Cacho.
Lo que sí se tiene en detalle es al menos una parte del gasto realizado por la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado entre abril de 2006 y enero de 2007, los meses en que los cuestionamientos a Marín Marín se incrementaron luego de que en febrero de 2006 se conociera el contenido de las conversaciones telefónicas entre el gobernador y el empresario textilero Kamel Nacif.
De acuerdo con información entregada por el gobierno estatal en respuesta a una petición de acceso a la información, al menos 36 millones de esos 184 millones de pesos se usaron para la creación y emisión de un informativo radiofónico, televisivo e impreso denominado Avances, apenas tres meses después de que en medios nacionales se escucharon y se leyeron las transcripciones de los diálogos entre Marín y Nacif.
A eso habrá que sumar los 21 millones de pesos que el gobierno del estado destinó a la organización de la ceremonia de entrega de los Premios Oye!, franquicia propiedad de la empresa Televisa.
Este gasto se ha concentrado básicamente en la televisión, a pesar de que el mandatario estatal afirmó al inicio de su administración que no abriría la cartera para “engordar” el bolsillo de los medios de comunicación para que se promoviera su imagen, según declaró en una entrevista con el diario La Jornada de Oriente.
Si alguien ha resultado ganador de la campaña para resaltar los logros de la gestión de Marín sin duda ha sido la televisión. Los canales locales de Televisión Azteca y de Televisa han recibido la mayor parte del presupuesto, según la información recibida.
A través de sus estaciones repetidoras en la entidad se transmitieron 5 mil 649 cápsulas del informativo Avances, producidas entre abril de 2006 y enero de 2007 y por las cuales se pagaron 25.1 millones de pesos.
En el informe desglosado que entregó la oficina de la gubernatura, se observa que Televisa facturó al gobierno estatal la cifra de 7 millones 607 mil pesos por la transmisión de 872 spots del informativo.
A ello hay que sumar los 21 millones de pesos que se destinaron a la realización de la ceremonia de entrega de los Premios Oye!, y que salieron de dos bolsas distintas: una que es manejada directamente la Secretaría de Finanzas y el dinero que se recauda de un gravamen que se aplica a la nómina del sector empresarial.
Esta entrega de premios no dio mayores resultados y fue severamente cuestionado en el estado, pues no provocó una derrama económica significativa –el representante de los hoteleros poblanos señaló que el incremento en la ocupación fue marginal–.
Televisión Azteca obtuvo la mayor tajada del pastel al recibir 17 millones 580 mil pesos por el pago de la transmisión de 857 spots. Además, se ha denunciado que el director corporativo de la filial poblana de esta televisora fue beneficiado con la entrega de la administración del Complejo Cultural Siglo XXI, centro de espectáculos construido por la anterior administración estatal.
Hasta hace algunas semanas, el gobierno de Marín intentó negar la información al asegurar que los estudios técnicos para sustentar la decisión de entregar el complejo a la empresa Azterra que dirige también el director general de Azteca Oriente, Alonso Sandino, no eran de acceso público, argumento que fue desechado por la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) al emplazarlos a la entrega de los documentos solicitados.
Parte importante de la campaña de imagen del gobierno del estado fueron las empresas radiofónicas de la entidad. Las 10 estaciones seleccionadas por el gobierno para la transmisión de 16 mil 950 cápsulas.
De las diez empresas una es la que ha concentrado el pago más alto: Grupo Acir Puebla –propiedad de la familia Cañedo Benítez, cuyos integrantes tienen larga cercanía con PRI– entregó a la gubernatura facturas por 2 millones 40 mil pesos.
Por su parte, a los diarios se les pagó un poco más de un millón de pesos por la publicación del informativo en su versión impresa. De los 14 diarios y periódicos seleccionados, sólo tres se mantuvieron como proveedores durante todo el periodo reportado.
El Sol de Puebla ingresó a sus arcas más de 252 mil pesos entre octubre y diciembre de 2006 por 12 inserciones publicitarias del informativo. El diario Síntesis facturó 253 mil 920 pesos. Intolerancia, diario propiedad del empresario Rodrigo López Sainz de Juambelz, recibió 165 mil 600 pesos en los cuatro meses reportados.
Las ganancias obtenidas por Sainz de Juambelz a través de sus empresas de comunicación –al menos dos: el diario Intolerancia y la revista del mismo nombre–, no se limita a los 165 mil 600 pesos producto de la publicación del informativo gubernamental.
El gobierno del estado le encargó, sin licitación de por medio, la impresión de Avances a Gráfica Total SA de CV, propiedad de dicho empresario. Entre mayo y diciembre, la compañía ha maquilado 460 mil ejemplares correspondientes a 10 ediciones de Avances, los primeros tres números de apenas ocho páginas, los últimos con 24. Ello ha reportado a la empresa un millón 465 mil pesos.
Así que Avances se edita mensualmente y las páginas rebosan de imágenes de Mario Marín: Marín poniéndole los zapatos a una anciana en su edición número ocho, saludando a un alumno del bachillerato en el número nueve y entregando un enorme cheque millonario para la tecnificación del campo en la portada del diez.
Puede haber nacido como espacio para promover el trabajo del gobierno, pero terminó convertido en un vehículo publicitario del gobernador. En sus primeros números la presencia apenas se notaba, su imagen o su nombre ocupaban un diez por ciento del espacio y no ocupaba la portada, para el número nueve publicado en la primera quincena de diciembre el porcentaje de presencia superó 45 por ciento y se llevó 80 por ciento de la portada y 100 por ciento de la contraportada.
Aunque el gasto se eleva diez veces por arriba de lo autorizado en el presupuesto 2006, los funcionarios responsables aseguran desconocer cuánto, cómo y en qué se gasta el dinero.
Valentín Meneses, primer vocero estatal y quien manejó la crisis de credibilidad luego de que se difundió la conversación entre Mario Marín y Kamel Nacif, hoy es presidente estatal del PRI y lo único que busca es olvidarse del tema:
“Esa es una página que yo ya doblé, es un capítulo de mi vida que dejé atrás, ahorita estoy metido de tiempo completo en las labores del Revolucionario (sic) y para mí es lo más importante. Lo pasado, pues pasado está”.
–¿Recuerda el presupuesto que manejó en aquel momento?
–No, no tengo la menor idea, si no con muchísimo gusto
El actual director de Comunicación Social del gobierno, Javier Sánchez Galicia, sólo sabe que durante 2006 a la oficina a su cargo le fueron asignados 18 millones 778 mil pesos, cuatro millones más de lo que el Congreso del estado autorizó para el periodo 2005.
“El presupuesto de este año es muy similar al que se ejerció en 2006. El otro día el Secretario de Finanzas hacía la observación de que en materia de difusión era un presupuesto mayor, me parece que daba la cifra de 78 millones o algo así…”.
–En su última comparecencia en el Congreso habló de 184 millones.
–El punto acá es aclarar bien el asunto. Cuál es el presupuesto que yo tengo para la operación y el ejercicio como Dirección de Comunicación.
Hay una serie de rubros que tienen que ver no necesariamente con la difusión, pero que sí están insertados (sic) en un área de imagen, difusión, de participación ciudadana, que es lo que secretario habría sumado, ¿me explico?
El Sistema de Información Gubernamental Avances incluye el periódico, los spots de radio y televisión e incluso algunas cosas en internet. Lo consideramos un sistema de información que de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo se aplica a toda la administración pública, no es sólo para el gobernador y cada una de las dependencias aplica parte de su presupuesto a este tipo de acciones.
Por eso es que no ejercemos de manera directa. Finanzas concentra el pago de muchas cosas. Algunas cosas no son lo que ustedes ven de manera formal en los medios de comunicación, sino son reuniones de trabajo, otro tipo de cuestiones que no son las periodísticas.
Pero la Ley del Presupuesto del estado para el 2006 que rige el gasto público sólo contempla a dos dependencias autorizadas en gastar para promoción: la Secretaría de Turismo y la Oficina de la Gubernatura a través de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
La suma de los montos autorizados por los legisladores para las dos dependencias no cubre los 184 millones de pesos reconocidos por la Secretaría de Finanzas y Administración.
–¿Entonces serían 180 millones lo que se gastó? –se insiste al funcionario encargado del aparato de promoción de las acciones de gobierno.
–Si esa fue la cifra que manejó la Secretaría de Finanzas, pues yo creo que sí
