La patria es primero

Somos muchos los millones de mexicanos que estamos hartos de que la simulación y la mentira sean, en este país, el método de gobierno más socorrido y también más efectivo. Somos muchos lo que ya no toleramos la impostura del sistema. A los que el obsceno bombardeo de propaganda gubernamental no nos ha terminado de convencer todavía de que habitamos en ese país idílico –que existe sólo en la pantalla del televisor y en el discurso político de quienes tienen hoy el poder en las manos–, donde se vive ya una democracia plena amenazada sólo por provocadores que no se resignan a aceptar su derrota. Somos muchos los que no olvidamos las trampas desde el poder en la última elección presidencial y quienes aun nos sentimos burlados, ofendidos y obligados a lavar esa afrenta.

Somos millones los que nos resistimos a pensar que la corrupción –y corrupción es también ganar a la mala– es, en tanto irremediable, una forma de vida, casi la única y que sólo nos toca aceptarla so pena de ser tildados de rijosos o fanáticos. Somos muchos los que aun creemos que, más allá de los intereses particulares –gremiales o empresariales, partidistas o de aparato– bajo los cuales, acomodados y conformes solemos ampararnos, hay un interés superior y es el de la nación y que en torno a ese interés, con ese interés como bandera, podemos y debemos marchar.

Somos muchos, pues, los que aun pensamos que en efecto la patria es primero en tanto que “la patria –como dijo AMLO este 25 de marzo en el Zócalo– es el ámbito de inclusión donde lo que se defiende es la continuidad del proyecto democrático”.

Somos muchos también, los que más allá de los conflictos internos en el PRD, de las triquiñuelas o malas mañas, de la traición de sus propios dirigentes a los principios fundacionales (“patria para todos” dicen esos principios) de esa organización, sentimos y sabemos que hay todavía mucho por hacer desde la izquierda democrática.

Una izquierda más amplia todavía que el propio PRD, más audaz en sus formas de organización y de acción, menos vulnerable ante la seducción del poder establecido y ante sus propios vicios.


Somos muchos los que sabemos, que a pesar de los embates, del aparente desmoronamiento de la segunda fuerza política del país, que la izquierda, esa izquierda que debe reinventarse continuamente, no se agota en las corruptelas de unos cuantos.

Para que este país cambie y pueda vivirse en él con más dignidad, en un ambiente de justicia, democracia y paz hace falta ese impulso ético, esa pasión por las mayorías, esa creatividad que va más allá de los dogmas del marxismo, que rompe con los moldes del aparato político tradicional y se convierte en una corriente vital, en un aliento profundo, motor de las transformaciones aun pendientes en nuestro país.

Somos muchos los que tememos y con razón que el gobierno intente enmascarar, con su reforma y por más que lo niegue, una privatización sui generis pero privatización al fin, de Pemex y que con eso acoten drásticamente las posibilidades de un desarrollo social con justicia y equidad.

En el pasado, los priistas se valieron de la riqueza petrolera para perpetuarse en el poder. Pemex y su sindicato eran, no sólo su caja chica, sino su instrumento de corrupción más importante; con ese dinero sucio engrasaron por décadas el mecanismo que mantuvo vivo el antiguo régimen. El PAN, que vivió parte de esa bonanza y si no habría que preguntarle a Mouriño de dónde viene su riqueza, necesita ahora y por las mismas razones, esa misma moneda de cambio. ¿Por qué no habría de entregar el petróleo, o lo que sea, si otro tanto se ha hecho ya con la banca o una parte vital del espacio radioeléctrico?

Así desde una indignación que no cesa. Desde la esperanza de que no habremos de caer victimas del aletargamiento o la frustración. Saludo y celebro el último discurso de López Obrador en la Plaza de la Constitución. Acostumbrados a buscar sus gazapos, a enfatizar sus fintas de peleador de mitin, que son demasiadas y que no le hacen demasiado bien a nadie, escapó a muchos en la prensa nacional, el carácter fundacional de ese discurso.

No dio AMLO en la plaza el banderazo de salida sólo a quienes habrán de realizar bloqueos, sentó, me lo parece, la simiente de lo que puede volverse un ariete de transformación. Ojalá mantenga ese tono. “Suba al pueblo” con su discurso y no ceda ante la tentación de pulsar, de manera eficiente pero elemental, a las masas.

El petróleo hace patria. En torno al petróleo se construye, se organiza una visión de la patria. De la patria entendida como un espacio donde la democracia no es sólo la disputa periódica del poder sino un sistema que permite mejorar las condiciones de vida de las mayorías. En torno al petróleo y su defensa puede armarse, se está armando ya, la nueva izquierda que este país necesita, una que no olvide de nuevo, que la patria es primero.

¿No que no?


Hace apenas unos días, la mayoría de los columnistas del país, no pocos reporteros y los políticos del PAN y el PRI acusaron a López Obrador de “inventar” el intento privatizador de la industria petrolera. Algunos acusaron al perredista de tener “mucha imaginación”.

El debate sobre el petróleo está más abierto que nunca y el país se encuentra a la espera de la iniciativa que presentará el PAN en el Senado, probablemente dentro de unos doce días. El proyecto de Calderón no va a ser presentado por Calderón sino por su partido mediante una maniobra de vergonzosa agachada.

La iniciativa oficial busca otorgar a Pemex la capacidad para hacer toda clase de negocios con quien sea y sobre lo que sea. No se trata, en efecto, de privatizar el viejo Pemex, derruido tras dos décadas de ausencia de política petrolera, corrupción en gran escala y derroche de recursos, sino de privatizar todo lo nuevo, lo más rentable. Ah, pero los mismos articulistas y políticos que han acusado a López Obrador de tener demasiada imaginación van a decir que no se trata de una privatización sino de una “modernización”.

El argumento central del operativo privatizador, es decir, de la entrega de un recurso de la nación, se basa en que Pemex es corrupto e ineficiente. Sí, es cierto. Quienes han administrado este organismo público durante muchos años –los gobernantes priistas y panistas—no sólo se han abstenido de hacer algo para mejorar Pemex sino que han hecho todo lo posible para empeorar la corrupción y la ineficiencia. Ellos son los culpables de que México sea el único gran productor de crudo que no vende refinados sino que los tiene que comprar. Los sucesivos gobiernos han malgastado la renta petrolera. Los corruptos y los ineficientes han sido ellos mismos. Ahora, toda esa corrupción y esa ineficiencia se la echan en cara al país y le quieren pasar a México la factura entregando los nuevos negocios petroleros a las empresas trasnacionales y a uno que otro capitalista mexicano.

“Modernización” quiere decir, para Calderón, capacitar al gobierno para hacer negocios con empresas privadas, de tal manera que la nueva refinación, los nuevos ductos y los nuevos pozos, especialmente en el Golfo de México, sean compartidos con quienes están dispuestos a hacerle el favor a los mexicanos: ir por nuestro tesoro.

Como Pemex no puede y éste –se dice– es irreformable, entonces hay que pensar en la Exxon, la British, la Shell, la Total. Según la tesis calderoniana, la “modernización” de Pemex no será su reforma como organismo público, sino su utilización para compartir “el tesoro” con unos auténticos piratas de nuestros tiempos.

“Autonomía de gestión”, “directorado” energético, nuevo consejo de administración, flexibilidad, órgano de fiscalización “efectivo”, fabulosas inversiones. Todo esto se convertirá en los próximos días en la perversa máscara para tratar de llevar a cabo la privatización de la industria petrolera mexicana. Veremos de qué cuero salen más correas.

Lozano: ..en caso de haber delito éste habría prescrito... sinoco

Auditoría de la Federación, revés a SCT y pelea con Lozano

La nota es de la Auditoría Superior de la Federación: Arturo González de Aragón, en la revisión de la cuenta pública 2006, dictamina que Luis Téllez, el subsecretario Rafael del Villar y el jurídico de la SCT Gonzalo Martínez Pous, se equivocaron garrafalmente al negarle el pago de 596 millones de pesos a Unefon, por lo que ahora se debe entregarle ese dinero a la empresa a cargo de Gustavo Guzmán, además de intereses que por 10 años generó esa cantidad, o sea otros 3 mil 057 millones de pesos.

Hace una década, en la subasta ascendente de frecuencias PCS la Cofetel, entonces a cargo de Javier Lozano, dio a Unefon dos prórrogas para que pagara sus frecuencias pero con una sanción por el tiempo de prórroga; Unefon se amparó por esa sanción y ganó legalmente el pleito en el sexenio pasado, por lo que los entonces secretario y subsecretario Pedro Cerisola y Jorge Álvarez Hoth autorizaron un pago que intentó abortar sin éxito la actual SCT. En el machucón la ASF ordena a la SFP que deslinde responsabilidades de los entonces funcionarios de la Cofetel, por lo que sería daño patrimonial del Estado.

El hoy secretario del Trabajo asegura que procedió conforme a derecho, que la ASF no tiene atribución en el caso y que en caso de haber delito éste habría prescrito.

Creel, la manita en la cunita

Aunque el senador Santiago Creel asegura no impulsar iniciativas para “tronar” a la subsecretaria de Comunicaciones de la SCT y la Subsecretaría de Normatividad de Medios de Segob son evidentes los cabildeos que impulsa para ello y formar un “Consejo de la Comunicación” para controlar la asignación de concesiones de radio y tv como propone su gran amigo, el secretario técnico de la CENCA, Ricardo Sepúlveda, a través de “grupos ciudadanos”. ¡Sí, como no!

MVS-NRM

La nueva es que Joaquín Vargas y Edilberto Huesca formaron una alianza de contenidos entre MVS-NRM y partir del próximo lunes se transmite por Canal 52 el noticiero Enfoque que lleva Leonardo Curzio.

Consultoría Internacional, banco

Como se lo anticipé, Consultoría Internacional, de Jorge Rangel y Mario Maciel, de ser únicamente casa de cambio se convierte en banco, con la autorización que ayer le entregó Agustín Carstens.

mflores37@yahoo.es

Tambien va a caer Lozano el golpeador del Pelele

Un capitulo más de la CLEPTOCRACIA (El poder de los ladrones)

Esta es una nota del 4 de marzo, en donde ya se hacen preguntas sobre Lozano. Cosas como las subrayadas

El Universal- Faltan explicaciones sobre el polémico caso de Unefon, empresa telefónica de Ricardo Salinas Pliego, que reclama al gobierno federal, imagínese usted, más de 3 mil millones de pesos por el pago de intereses generados por el cobro indebido de 596 millones

La semana pasada el tema volvió a tomar fuerza. El ahora secretario del Trabajo, Javier Lozano, es uno de los actores clave que hasta ahora no ha hablado del asunto. Lozano presidía a la Cofetel cuando este órgano autorizó a Unefon (entonces Sistemas Profesionales de Comunicación, SA de CV) la prórroga para el pago de 80% restante de la contraprestación ofrecida al gobierno por la licitación de diversas frecuencias, en septiembre de 1998, más los intereses correspondientes.

Gran error. La Cofetel no debió conceder la prórroga, pero tampoco cobrar intereses, debido a que no tiene facultades para ello. Lo que procedía era el cobro de recargos. Unefon pagó 596 millones de pesos de intereses y, como se dijo, reclama los intereses generados por esa cantidad.

¿Por qué el pleno de la Cofetel, con el aval de Lozano, tomó esa decisión cuando era de sobra conocido que se trataba de un acto ilegal? Es necesario ofrecer una explicación, no sólo a la Secretaría de la Función Pública, sino a la sociedad, ya que el caso ha ido más allá de un procedimiento administrativo, si consideramos, además, que Lozano, pocos años después, se contrató como asesor de TV Azteca, empresa de Grupo Salinas, propietaria de Unefon.

La otra explicación necesaria es la del pago, dos días antes de culminar la administración de Vicente Fox, de 550 de los 596 millones de pesos reclamados. En este espacio hemos retomado las declaraciones del ex subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Jorge Álvarez Hoth, quien reitera que él sólo acató la sentencia de última instancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

¿Pudo la SCT dejar a la siguiente administración, la de Felipe Calderón, la responsabilidad de pagar los 596 millones de pesos? Y la respuesta, en principio, sería sí. El oficio 102-K de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 7 de septiembre de 2006, firmado por la tesorera de la Federación, la Administradora General de Grandes Contribuyentes y el subsecretario de Ingresos, establece que los recursos pagados por Unefon “no tienen una naturaleza fiscal”, por lo que corresponde a la SCT prever las partidas correspondientes a efecto de que “en el siguiente ejercicio” (es decir, en 2007) se devolviera el pago indebido de los intereses.

Con el aval de otros funcionarios de la SCT y de su titular, Pedro Cerisola, quien tampoco se ha pronunciado sobre el tema, Álvarez Hoth buscó la manera de devolver el dinero antes de que culminara la administración foxista.

Se consiguieron 550 millones gracias a las “economías que se han generado en esta Secretaría”, según el oficio 5-925 de la Oficialía Mayor, de fecha 28 de noviembre de 2006. El resto de los recursos podrían presupuestarse para el ejercicio fiscal de 2007”.

Al día siguiente, el 29 de noviembre, se concretó la devolución. No se pidió, como lo hubiera recomendado cualquier estudiante de derecho, el finiquito correspondiente.

La semana pasada, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gonzalo Martínez Pous, dijo que no había justificación para la entrega de los 550 millones de pesos, por lo que se iniciaron dos auditorías, una en la Contraloría Interna de la dependencia y la otra en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Tal declaración generó el viernes 29 y ayer lunes una inusitada y coincidente reacción de diversos columnistas, todos ellos también colaboradores de Televisión Azteca, en contra de la SCT, por negarse a devolver el resto de los 46 millones de pesos. Los calificativos vertidos hacia Luis Téllez y Martínez Pous han sido duros. Ese puede ser, lamentablemente, el tono que el caso Unefon tome en los días siguientes ante los fuertes intereses que están en juego. Por lo pronto, la SCT no ha otorgado el refrendo de diversas concesiones de la telefónica. Este hecho podría convertirse en moneda de negociación.

Esta nota tambien es del 4 de marzo Lozano se va al fondo

LO TORTUOSO QUE pueden resultar algunos procedimientos jurídicos en México, esto a propósito de la controversia que arrancó Unefon, la telefónica de Ricardo Salinas Pliego hace ya 9 o 10 años para exigir la devolución del pago de intereses moratorios que SCT-Cofetel le impuso en aquella licitación de frecuencias en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Ésta fue encabezada por Cofetel entonces a cargo de Javier Lozano, actual secretario del Trabajo, y pese a las vicisitudes resultó un ejercicio muy rentable para el gobierno con aquellas pujas electrónicas que terminaron por “llevar a las nubes” el espectro.

A mediados de 1998, entre los ganadores quedaron Axtel de Tomás Milmo, Miditel de Antonio Kanawati que a la postre no pudo validar su pago, y Unefon ahora a cargo de Gustavo Guzmán.

Resulta que el expediente no ha podido concluirse porque a tantos años de distancia siguen los juicios vinculados a unos intereses moratorios que SCT-Cofetel impuso a Unefon al otorgársele en marzo de 1999 una prórroga de 180 días para cubrir el 80 por ciento de las frecuencias.

Si bien la telefónica liquidó el remanente más los intereses, en octubre de ese mismo año arrancó sus gestiones contra el gravamen que se le impuso, primero al promover un recurso de revisión y luego al demandar la nulidad ya en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El argumento de la petición promovida por el jurista Salvador Rocha Díaz no es nada complejo. Tan sencillo que la SCT-Cofetel no estaban autorizadas para imponer el cobro de los intereses.

Fue en abril del 2004 cuando al final llegó la sentencia definitiva, impugnaciones de por medio, ratificándose que los intereses no procedían.

El reembolso, sin embargo, no se dio de inmediato y Unefon tuvo que promover una queja de incumplimiento a mediados de 2006 en donde se otorgaba un plazo de 20 días al entonces subsecretario Jorge Álvarez Hoth para proceder. Hasta se le multó con 30 días de salario.

El problema es que SCT no contaba con los recursos para liquidar los 596 millones de pesos y la SHCP junto con la Tesofe, prefirieron deslindarse. Recordará aquella pugna entre Pedro Cerisola y Francisco Gil Díaz. Así que al titular de SHCP el expediente le cayó como mandado a hacer.

Al fin el 29 de noviembre de 2006, unas horas antes de que concluyera el sexenio, se pagó pero parte de la sentencia, o sea 550 millones de pesos con recursos derivados de economías que habría logrado la SCT. Era lo que había.

Ahora el expediente lo heredó una tercera administración, puesto que en febrero del año pasado Unefon inició un nuevo juicio contra SCT por los 46 millones restantes, asunto juzgado, más intereses de los casi 9 años transcurridos.

Apenas hace unos días, tanto Luis Téllez titular de SCT como el director jurídico de la dependencia Gonzalo Martínez Pous, intentaron deslindarse del tema, aunque no se ve sencillo.

De hecho Martínez Pous conoce el expediente como ex funcionario de Cofetel.

Amén de los 46 millones pendientes de pago, habrá que ver el tipo de interés que se le fija a Unefon. Pueden ser ordinarios o bien fiscales, que es el que se aplica a los contribuyentes. Este último podría llevar el tema a la friolera de mil 200 millones de pesos o más en función de lo que se prolonguen los juicios. Se habla de al menos dos años más.

Por lo pronto SCT recién solicitó un par de auditorías del expediente, tanto a través de la instancia interna, como con la ASF que lleva Arturo González de Aragón.

Otra de Proceso

Vicios de origen

El expediente original del caso revela que tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio zedillista, Carlos Ruiz Sacristán, como Javier Lozano Alarcón, entonces presidente de la Cofetel, le otorgaron de manera irregular dos prórrogas a Unefon para que pagara el saldo de la contraprestación por el aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia para telefonía inalámbrica.

Ambas prórrogas se realizaron en contra de las bases de licitación que la Cofetel emitió en junio de 1997 para explotar por 20 años frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil.

El 31 de agosto de 1998, Javier Sarro Cortina, representante de Unefon, le solicitó a Lozano Alarcón una prórroga de 180 días para pagar el 80% restante de la contraprestación y dijo que la empresa estaba dispuesta a pagar los intereses razonables que se generen, para no causarle ;menoscabo patrimonial al gobierno federal.


El documento del pleno de la Cofetel (folio P/290998/0218) comprueba que este organismo acordó otorgar una prórroga de 180 días para el pago del 80% de la contraprestación, contada a partir del 1 de octubre de 1998, y estipuló el pago de tasas de interés: los primeros 90 días a una tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más 8%; y el segundo período de 90 días una tasa TIEE más 10%.

El acuerdo fue firmado por Javier Lozano Alarcón, actual secretario de Trabajo, y por los comisionados Jorge Lara Guerrero, Jorge Arreola Cavazos y Enrique Melrose Aguilar.

En marzo de 1999, un oficio de Unefon dirigido al titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, reconoció que la compañía tenía pendiente de pagar 2 mil 96 millones 724 mil pesos, equivalentes al 80% de la contraprestación, más 453 millones 681 mil pesos por los intereses generados, y le solicitó una segunda prórroga para cubrir el saldo insoluto de la contraprestación.

El 29 de marzo de 1999, mediante oficio dirigido a Ruiz Sacristán, Javier Lozano Alarcón, presidente de la Cofetel, emitió su opinión favorable para otorgarle a Unefon la nueva prórroga solicitada. Ese mismo día, el titular de la SCT se lo informó a la compañía, que dio su consentimiento con todas y cada una de las condiciones establecidas.


El plazo para la nueva prórroga vencía el 15 de junio de 1999, pero antes Unefon comenzó a litigar en contra de lo acordado con las autoridades de la SCT y la Cofetel. En septiembre de 1998, un oficio del abogado de Unefon, dirigido a la Cofetel, le advierte que el anticipo parcial entregado por la compañía fue “un pago de lo indebido” y le solicita la devolución de esa cantidad.
En su ruta de litigio jurídico, Unefon promovió el 6 de octubre de 1999 un recurso de revisión, y en enero de 2000 un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justifica Fiscal y Administrativa para conseguir la devolución del pago.
El 6 de abril de 2004 la Primera Sala Regional Metropolitana dictó una sentencia favorable a Unefon. La magistrada María Concepción Martínez Godínez le dio la razón a la compañía de Salinas Pliego porque a su juicio fue indebido que la SCT estipulara el pago de intereses de Unefon a cambio de la prórroga concedida.
La SCT impugnó la sentencia, pero el 2 de marzo de 2005 el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró infundado el recurso de la secretaría.

Dos años después, ante el incumplimiento de la sentencia favorable, Unefon interpuso una queja y, el 20 de abril de 2006, la Primera Sala Regional Metropolitana estableció que le correspondía a la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes pagarle a la compañía lo reclamado.

Después de presiones y gestiones de Unefon al interior de la SCT, el 29 de noviembre del mismo año la subsecretaría a cargo de Álvarez Hoth le informó a Unefon que el monto total pagado por concepto de intereses ascendía a 596 millones 385 mil pesos.

El 30 de noviembre de 2006, con recursos de las economías de la SCT, determinados por la Secretaría de Hacienda, se le pagaron 550 millones de pesos a Unefon, y quedaron pendientes 46 millones de pesos. Veinte días después (el 20 de diciembre de 2006) el representante legal de Unefon, Marco Polo Castro Pérez, realizó cuentas alegres para demandar, ya no sólo el pago de aquellos 46 millones, sino de 3 mil 57 millones de pesos, como si se tratara de un crédito fiscal que se le tuviera que devolver a la empresa.

Castro Pérez nunca mencionó en su oficio, del cual Proceso obtuvo una copia, que el origen de esta danza de millones fue la petición de una doble prórroga solicitada por Unefon y concedida de manera irregular por las autoridades de la Cofetel y la SCT.

Hasta el momento, ni Luis Téllez, actual titular de la SCT, ni Rafael del Villar, subsecretario de Comunicaciones, han autorizado el pago de los 46 millones 385 mil pesos restantes a Unefon, a pesar de que consta desde enero de 2007 que existen las gestiones ante la Tesorería de la Federación (Tesofe) para pagarle a la empresa de Salinas Pliego a través del Centro de Cómputo Bancario (Cecoban). Tampoco han señalado públicamente cómo responderán a la demanda por los 3 mil 57 millones de pesos que exige Unefon.

El riesgo Salinas
No es la primera vez que Ricardo Salinas Pliego y su compañía Unefon enfrentan un escándalo. En enero de 2005, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) hizo pública su demanda de fraude contra tres altos funcionarios de TV Azteca por el caso Unefon-Codisco: Salinas Pliego, Luis Echarte y Pedro Padilla Longoria.

Fue la primera ocasión que la SEC acudió a los criterios de la ley Sarbanes-Oxley, que busca sancionar el fraude contra accionistas minoritarios cometido a través de estratagemas financieras. A Salinas Pliego se le acusó de obtener ilegalmente ganancias al recomprar deuda de Unefon a través de otra de sus empresas, Codisco. Por esta operación obtuvo una ganancia de 109 millones de dólares, de la cual no informó a sus accionistas minoritarios.

La reacción de la prensa especializada (como The Wall Street Journal) y de las corredurías fue inmediata: comenzó a generalizarse el uso del concepto “riesgo Salinas” para nombrar los peligros a los que se enfrentan los accionistas bursátiles que se involucran con alguna de las compañías del dueño de TV Azteca.

El 5 de enero de aquel año, a raíz del escándalo en Estados Unidos, el secretario de Hacienda foxista, Francisco Gil Díaz, confirmó que las transacciones bursátiles de TV Azteca se encontraban bajo revisión y análisis de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A partir de entonces inició la guerra mediática de TV Azteca contra Gil Díaz.
A casi dos años de ese escándalo, el “riesgo Salinas” parece haberse diluido en los ambientes bursátiles mexicanos y estadunidenses. Principal accionista de la segunda cadena privada de televisión en México, Salinas Pliego no ha dudado en usar la pantalla contra sus críticos y los legisladores que impulsaron la reciente reforma electoral.

En una entrevista con Mauricio González Lara, en el portal Alta Empresa, Salinas Pliego dio nuevas muestras de su talante empresarial.
El Poder Legislativo preguntó González les dijo en cadena nacional que no se hicieran bolas, que la televisión era un bien público.
¡A toda madre! ¿Cómo bien público? ¿Y dónde está el dinero público? Están muy mal, son unos mentirosos y ladrones, nos han despojado de nuestro legítimo trabajo sin compensaciones. Es un robo, nos han confiscado nuestro tiempo y nuestra audiencia para servir a sus intereses. Así que la empresa no es un bien público, es de sus accionistas

A pesar de estos desplantes, Salinas Pliego ahora busca un bien público: 3 mil millones de pesos en su beneficio.

Tiene 70 años de experiencia en lodazales

El PRI causó lodazal: Encinas

Señala intromisión de gobiernos de Durango, Oaxaca y Veracruz

Fidel Samaniego R.
El Universal
Viernes 28 de marzo de 2008

fidel.samaniego@eluniversal.com.mx

Alejandro Encinas, quien se encuentra sumido en un conflicto con Jesús Ortega por la presidencia del PRD, aseguró que hay acreditadas intervenciones de los gobiernos priístas de Durango, Oaxaca y Veracruz, además del perredista de Chiapas, que pretendieron favorecer a su adversario en las elecciones del 16 de marzo.

En esos estados, dijo en una entrevista, se han probado irregularidades como casillas en las que hubo más votos que boletas, o las llamadas zapato o unas más que no fueron instaladas y de las que sin embargo se reportaron resultados.

Encinas modificó de esta forma la línea crítica hacia Ortega, al abrir un nuevo frente de debate con el PRI sobre su presunto involucramiento en el proceso electoral del PRD, que se encuentra empantanado por numerosas irregularidades.

Tanto él como Ortega están enfrascados en una guerra de cifras donde cada uno asegura que va adelante en el cómputo. Sin embargo, sostuvo que en ningún momento se ha visto perdedor en la elección.

La crisis electoral que vive el PRD llevó a que segmentos influyentes dentro del partido cercanos a Ortega, comenzaran a explorar la posibilidad de un presidente interino que pudiera salir de entre el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, y el senador Ricardo Monreal.

Encinas dijo que no conoce ninguna propuesta sobre esa posibilidad y apuntó que la única instancia que podría hacer tal declaratoria es la Comisión Nacional de Garantías que tendría que anular la elección después de calificarla.

“Espero que no llegue a suceder”, agregó. “Voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que el proceso se limpie y concluya debidamente”.

¿A quien le creerle a los Chuchos?

Reinicia el cómputo... también la guerra de cifras entre ambos bandos

Jorge Octavio Ochoa
El Universal
Viernes 28 de marzo de 2008

jorge.octavio@eluniversal.com.mx

Pese a haberse destrabado presuntamente la revisión de actas de Oaxaca, Puebla, Tabasco, Chiapas, estado de México y Tamaulipas, ayer se reanudó la guerra de cifras entre Nueva Izquierda (Jesús Ortega) e Izquierda Unida (Alejandro Encinas).

En un documento remitido vía correo electrónico, el equipo de campaña de Encinas dio a conocer datos extraoficiales de 22 estados en los que llevan 123 mil 440 votos contra 114 mil 68 de Ortega. Según esas cifras, ambos han ganado 11 estados.

Esto, en respuesta a cifras difundidas por la mañana en las que el equipo de Ortega se dice ganador en 12 estados y le otorga 12 a Encinas pero con un volumen de 160 mil 665 votos para Ortega y 153 mil 533 para Alejandro Encinas.

Las cifras de Izquierda Unida señalan que Encinas gana en Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.

Según Ortega ganó en: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Sonora.

Sin embargo, ambos se acusan de mentir. Izquierda Unida asegura que el equipo de Ortega integró datos de estados no concluidos como Veracruz y Nueva Izquierda señala que el equipo de Encinas mintió al señalar que se había concluido el conteo en Zacatecas.

En conferencia nocturna, Encinas consideró positivo que se haya reanudado el cómputo en 10 estados en conflicto.

Lamentó que en el caso de Tabasco, haya grupos que pretenden impedir que continúe la revisión de actas. Y por ello solicitaron a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia que tome cartas en el asunto para que deslinde responsabilidades y castigue a los responsables.

Encinas entregó a los medios de comunicación una carpeta con los resultados de 22 estados que según dijo contienen las actas firmadas por todos los representantes de casillas.

Cae presunto robaurnas

La Policía Judicial capitalina detuvo a Giovani Rosas, funcionario electoral del PRD, quien está acusado de robo de boletas.

Marcelo es tu oportunidad aliarte con los Chuchos......... o ma....en

A este individuo le subo su artículo, por ser una muestra muy fiel de lo que ahora sucede con los defensores de Fecal. Ya no lo defienden, saben que va a caer, que es indefendible, lo que les resta es atacar al PRD, pues de esta manera están apostando por el PRI, pero como también este s indefendible por ahora nada más le limpiaran el camino de amarillos. Lo más patetico es que l dicen a Marcelo que se alié con los Chuchos…. No maaaa………n Oscar Oportunidad de Marcelo Raúl Cremoux 28 de marzo de 2008

Los comandos y las milicias están listas. Por supuesto, las adelitas van a la cabeza. ¿Quién osaría obstaculizarlas? Después vienen los varones y hasta el final los intelectuales, poetas y narradores. Su tarea es doble: por sobre todas las cosas, evitar la violencia, y luego, difundir entre la población los peligros que nos acechan.

Estos últimos forman mancuerna entre las colosales firmas yanquis que quieren quitarnos lo nuestro y los traidores a la patria aglutinados en el gobierno federal y diseminados entre los medios de comunicación. Esta llama de patriotismo presta a inflamarnos ha sido potencializada por el zigzagueo de los azules, que han carecido de una idea medianamente congruente para dar a conocer eso llamado “reforma energética”.

Meses atrás, cuando antes que nadie los amarillos gritaron que ya venía, ya llegaba el fantasma de la privatización, nadie del grupo calderonista salió a parar el supuesto infundio. Luego la especie pareció ser cierta ante la actitud timorata y vacilante de diversos personeros. Las descalificaciones se unieron a los insultos a quien, beneficiario de contratos, ocupa la Secretaría de Gobernación, y se mezclaron con la lucha interna y fratricida para ocupar la presidencia del PRD.

Los chillidos siguieron subiendo y facilitaron la patología mesiánica: había que, pacíficamente, incendiar al país para con ello evitar el saqueo de lo que cada día nos perturba y cuesta más y más. La ausencia de respuesta oficial formó un hoyo negro; tan hondo e inquietante que desesperó a los salvadores de nuestra riqueza, y así, a pesar de su desgarrador pleito interno, han tenido tiempo para gritarnos nuevamente desde el Zócalo metropolitano que nuestra suerte nacional está en grave peligro.

Los extranjeros nos rodean al igual que lo hacen los buitres con los despojos. Por ello y para ello, las brigadas ya recorren 150 frentes clave en el país para cortar las carreteras, paralizar los aeropuertos, realizar plantones, mítines y, de manera subrayada, impedir que el Congreso haga lo propio de las democracias: intercambiar ideas, proyectos y en consecuencia legislar.

No importa cuál sea el calado de tal reforma ni la orientación que tenga para vitalizar a Pemex; lo determinante es salvar al país ahorcándolo, sujetándolo por el espinazo y evitar que hablen sus representantes; todo con cargo a la factura de un solo beneficiario cuya aspiración se centra en volver a ser candidato en 2012.

¿Y qué hay con la que será obligada participación de funcionarios y empleados del Gobierno del DF que deberán aportan tiempo, energía y recursos para tal causa? ¿Hasta dónde el cerco mayor que con estas desmesuras se impone a Marcelo Ebrard le impedirá realizar sus tareas y angustiosamente comprimir su libertad en la toma de decisiones?

Si alguna vez el gobernador de la ciudad capital pensó en ser él mismo y avanzar en la búsqueda de su propio destino, el momento está muy próximo. Esa segunda mitad del PRD, la de los modositos, paleros, traidores, en suma de los bautizados como Chuchos, bien podría ser el sustento que Marcelo Ebrard ha necesitado para crear sus propias condiciones de un partido que se deslinde de la incurable patología que priva en la sintomatología del caudillo.

Imaginar lo que hubiera sido la victoria electoral de quien hoy se autoerige en el mayor insurrecto es la pesadilla que en muchos mexicanos lleva a pensar que tal pantomima debe terminar. La oportunidad de crear un partido de izquierda lúcida y de avanzada cada vez es una necesidad más necesaria y más deseada. ¿Lo verán así Marcelo y Los Chuchos?

cremouxra@hotmail.com

Escritor y periodista

Al diablo con sus.................................

Destrucción de instituciones Víctor Flores Olea 28 de marzo de 2008

En este tiempo de destrucción de institu-ciones no se ha olvidado a la UNAM. La coincidencia de una estancia de estudiantes en un campamento guerrillero masacrado en Ecuador por el Ejército colombiano ha sido pretexto para que, otra vez, se emprenda contra la UNAM llamándola “nido” de guerrilleros. Los argumentos vienen de quienes hace tiempo se empeñan en demoler la educación pública y las instituciones republicanas y liberales de México.

La institución no necesitaría de mi voz para reafirmar los valores que encierra, ni su carácter insustituible en la nación. Sin embargo, ante la necedad inmoral del Ejecutivo, que ha guardado ominoso silencio respecto a los ataques a la UNAM, no sobra añadir una voz en favor de ella. ¿O el silencio del gobierno se debe a su coincidencia esencial con quienes han procurado desprestigiar a la Universidad en estas semanas? ¿O es de los altos círculos de gobierno que viene la iniciativa destructora? En todo caso el lamentable silencio suscita estas preguntas.

No, la UNAM no es un nido de guerrilleros sino uno de inteligencia para el ejercicio de las libertades y la democracia. Desafortunadamente para los actuales gobernantes, confesionales y privados, no es fácil reconocer su importancia histórica y, en general, de las instituciones públicas y nacionales de educación superior. Para ellos es “natural” el repudio a todo lo público y nacional, y lo hacen desde lo alto del Estado.

Eso sí, habría una razón justificada de su congoja por la UNAM, ya que continúa siendo el espacio más importante de la formación crítica, del pensamiento libre, en el país. Y entonces no es tan sencillo que pasen desapercibidos los actos de gobierno confesionales, contrarios a nuestra historia laica y negadores de la dignidad nacional.

Por eso decimos que resultó lamentable la entrevista del secretario de Gobernación, quien negó ante Joaquín López Dóriga haber incurrido en falta al firmar contratos con Pemex en representación de una empresa que hacía precisamente negocios con Pemex, siendo él funcionario de la secretaría que tiene asignada a su competencia, formal y funcionalmente, a la empresa petrolera.

La exhibición se hizo risible. El funcionario resultó amnésico de los ilícitos en que incurrió: conflicto de intereses, tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones, coalición de servidores públicos. El fariseísmo de las “nobles” almas empresariales alcanza dimensiones insospechadas.

Eso sí, para el gobierno de Calderón y para su proyecto privatizador su secretario de Gobernación se convirtió en un trasto inservible. Sigue pues a la orden del día la destrucción de las instituciones nacionales, en este caso a través de un personaje que, para decir lo menos, devalúa la función y la institución en que (“con tanto sacrificio”) dice prestar sus servicios.

El temperamento de Calderón, unilateral y sin amplitud de miras, lo ha conducido a una grave parálisis del Ejecutivo que se traduce ya en desilusión o en franco rechazo a su función. Medianía, chasco y hasta desprecio por un presidente que, se repite, entregará al final del sexenio cuentas más lamentables aún que las de Fox.

Las instituciones nacionales parecen caer a pedazos, en lo que pone el ejemplo el Ejecutivo, y a lo cual cooperan sin inhibiciones el Poder Legislativo y el Judicial. En el primero, la escandalosa penetración de los intereses que compran y venden voluntades ha aislado a las cámaras de sus bases populares. Hasta el punto en que nadie piensa hoy que del Legislativo surgirá un cuerpo de decisiones salvadoras del país, que signifiquen pasos adelante en la vía de la igualdad, del beneficio de todos, de la vigencia del derecho. Por el Poder Judicial, el desaliento es también enorme, probado por increíbles decisiones torcidas o compradas (con dinero o privilegios).

Y, como si no fuera suficiente, la destrucción institucional llega hasta los partidos, como lo muestra el espectáculo que ofrece el PRD. Habría mucho que decir sobre esta destrucción, y acerca de la real situación de PRI y PAN, pero el hecho nos habla elocuentemente de nuestra destrucción institucional. Tema, naturalmente, al que volveremos en próximas entregas.

Escritor y analista político

Eso es para decir qu elas "mostro"