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PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA, FRACASO NEOLIBERAL

La Secretaría para el Estado de bienestar del gobierno legítimo de México ha dado a conocer ho,y a través de su blog en internet (http://sebienmexico.blogspot.com), el número 4 de su Boletín SeBien, correspondiente al mes de noviembre. De esa publicación reproducimos el artículo siguiente en el que se analiza el curso errático que han seguido los planes de combate a la pobreza instrumentados por los gobiernos neoliberales en los últimos cinco lustros en México, al tiempo que se expone la alternativa que en esta materia representan las propuestas del gobierno legítimo de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En los últimos 25 años los gobiernos priistas y panistas establecieron un modelo neoliberal en México que ha tenido como resultados el estancamiento económico, un saqueo sistemático del patrimonio nacional y el empobrecimiento creciente de la mayoría de los mexicanos. Esto se ha hecho bajo la falsa premisa de que el mercado regula el desarrollo de la sociedad, mediante la oferta y la demanda. Si esto fuera así, que no lo es, los derechos sociales serían simples mercancías sujetas a las leyes de la oferta y la demanda.

Con el modelo neoliberal, no sólo se empobreció más la población, también se empobreció la concepción de la política social, convirtiéndola en programas de combate a la pobreza extrema. Así, en vez de tratar de abatir la desigualdad, sólo hay políticas compensatorias; en vez de derechos sociales, se impulsan programas focalizados. Se nos ha hecho creer que la política social no es para la sociedad en su conjunto, sino sólo para los desfavorecidos y los excluidos del juego del mercado; que la política social es sólo para dar gobernabilidad y no una cuestión de justicia, cohesión, solidaridad e inclusión social.

Además, los programas de combate a la pobreza tampoco son sustentables, ya que la desigualdad y por ende la pobreza ha ido en aumento, pasando de 27 millones durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a 40 millones con Ernesto Zedillo. Y aunque Fox presumió éxitos en el combate a la pobreza, la realidad muestra lo contrario, ya que ésta aumentó a 53 millones, cuando menos. Durante los escasos meses del gobierno espurio, se ha recrudecido la carestía y estamos enfrentando una nueva escalada de precios. Sólo hay dos cuestiones que no aumentan: el salario y el empleo.

En todas las comparaciones México se encuentra en último lugar entre los países que forman la OCDE. No se cumple con 8% del PIB para educación, con 1% para ciencia y tecnología y el gasto en salud es bajo respecto a los requerimientos del país. El gasto social, aunque aumente en términos nominales, está muy por debajo de las necesidades de México. No se trata sólo de tener más recursos, es necesario mejorar el gasto con menos burocracia, cero corrupción, austeridad republicana y poniendo las necesidades y derechos de la gente primero y por encima de todo.

Estamos ante la ausencia de una política social y ante el fracaso de los programas de combate a la pobreza. Éstos tienen que estar ligados a un cambio en la política económica, a la generación de empleo y a un cambio profundo de las instituciones públicas y de la estructura del Estado.

Esto es lo que ha estado señalando Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México; hay que cambiar la política económica para tener un desarrollo social; también la forma de hacer política para que vuelva a estar al servicio de la gente y no al provecho personal de unos cuantos. Debemos hacer una transformación profunda en el país; por eso, los dos fundamentos básicos del gobierno legítimo son la defensa de la economía popular y del patrimonio nacional.

La política social que desde la Sebien estamos impulsando es universalista y de derechos, contraria a la del gobierno federal y por eso significa establecer en México un verdadero Estado de bienestar.

Está en nuestras manos, en la organización y en la transformación de las conciencias, que estas perspectivas se conviertan en un camino al desarrollo y en un aumento creciente de nuestra calidad de vida. Sólo con la organización y convicción de que es posible tener en México un verdadero Estado de bienestar, vamos a construir un país más justo y democrático.

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SALUD REQUIERE MÁS PRESUPUESTO Y OTRA DISTRIBUCIÓN DEL DINERO

por Asa Cristina Laurell

(publicado el 14 de noviembre en La Jornada)

La distribución del presupuesto pone al desnudo las reales prioridades de un gobierno. Los recursos federales dedicados a salud desmienten que ésta sea una preocupación de los gobiernos de derecha. La dispersión administrativa del presupuesto del sector entre los institutos de seguridad social y las secretarías de Salud federal y estatales se presta para la demagogia. Cuando se trata de demostrar grandes aumentos, el gobierno alude al presupuesto de la Ssa, y cuando quiere presumir el monto total usa la suma de todos los presupuestos.

México es uno de los países latinoamericanos que menos dinero público dedica al rubro de salud. En 2007 correspondió al 2.8 por ciento del PIB en comparación con 6.4 en Uruguay, 6.3 en Cuba, 4.7 en Argentina, 4.4 en Chile, 3.4 en Brasil; para 2008 baja a 2.7. Desde el sexenio pasado se incluye mañosamente el gasto privado en los datos oficiales para que parezca menos dramática la falta de recursos del área. El gasto privado es de 3 por ciento del PIB, o sea constituye más que la mitad del gasto.

La dispersión en diferentes renglones ha ocultado que los gobiernos de derecha han privilegiado al Seguro Popular, mientras castigan a las instituciones de seguridad social y a los estados. El gobierno foxista presumía, particularmente durante 2005 y 2006, que salud era su gran prioridad, hecho que no se verificó en el presupuesto. Tuvo un incremento de 14 por ciento en 2004 con el Seguro Popular, pero se estancó en 2005 y decreció en 2 por ciento en 2006, principalmente por la caída del presupuesto de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 8.7 por ciento, en 2005, y de 11 por ciento en 2006. Este hecho explica en parte el deterioro de los servicios médicos de esa institución.

Aunque el castigo al IMSS se suavizó a partir de 2007, el segundo gobierno de derecha mantiene la misma política; pequeños incrementos a las instituciones de seguridad social e incrementos grandes al Seguro Popular y al subprograma de Seguro para una Nueva Generación. Para 2008 el aumento al Seguro Social es de 2.7 por ciento y para la Ssa de 14.2 por ciento, con un incremento al Seguro Popular de 33.8 por ciento.

Esta política presupuestal no solventa la grave falta de financiamiento del sistema público de salud. Tiende a acelerar el deterioro de su institución más importante, el IMSS, pero tampoco resuelve la exclusión de la población sin seguro social laboral. Ha producido un nuevo segmento en el ya fragmentado sistema de salud: el de los afiliados al Seguro Popular. Esto a su vez lleva a la discriminación sistemática en los servicios contra los usuarios no afiliados que tienen que pagar los servicios y comprar los medicamentos. Esto se mantiene en 2008 porque más de 90 por ciento del presupuesto del Seguro Popular se destina a la atención de los asegurados, es decir, a menos de la mitad de las familias sin seguridad social. Los afiliados no pagan los servicios incluidos en el Seguro Popular y reciben con más frecuencia las medicinas, pero pagan los servicios excluidos que son los más caros.

Mecanismo ineficiente e ineficaz

El Seguro Popular ha demostrado ser un mecanismo de financiamiento ineficiente e ineficaz. No se ha logrado la afiliación proyectada y nunca se alcanzará la cobertura universal. Al cierre de 2006 estaban afiliados 5.1 millones de familias y en septiembre de 2007, 400 mil más, que corresponden casi exclusivamente al Seguro para una Nueva Generación.

Hay además un serio retraso en la transferencia de recursos a los estados para la prestación de servicios. A mitad de año apenas se había transferido el 23.1 por ciento y la dilación seguía en septiembre. Este subejercicio se traduce en desbasto de medicinas e insumos; falta de mantenimiento; problemas de contratación de personal; etcétera. Así el incremento de dinero para salud no mejora los servicios para los del Seguro Popular, pero tampoco proporciona mayor inversión en hospitales o equipo, porque sus reglas lo prohíben.

Por otra parte sobran los indicios de corrupción en el Seguro Popular. Para el ejercicio de 2005, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por 2.1 mil millones de pesos en su manejo. En junio el comisionado del SPSS fue inhabilitado por 10 años y la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos dos expedientes en su contra por un daño patrimonial al erario de no menos de 368 millones pesos. Existen además denuncias de fraude en cuatro entidades federativas.

La razón de canalizar más y más dinero al Seguro Popular corresponde a la concepción de derecha sobre cómo organizar el sistema de salud. Se busca crear un fondo público de salud para la privatización parcial de la prestación de servicios y luego de la administración de fondos. Este modelo debilita a todo el sistema público y en particular las instituciones de seguridad social. Por ello es urgente asignar más recursos a salud y distribuirlos entre todos las instituciones del ramo para fortalecer el sistema público y cerrar el paso a la privatización.

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FUNDAMENTALISTAS DE UN MODELO PERVERSO

por Luis Linares Zapata

(publicado el 14 de noviembre en La Jornada)

¡Señor Calderón!, presidente del oficialismo, lo que usted, como todo voluntarioso fundamentalista afirma en miles de espots radiofónicos, no es cierto: Tabasco no saldrá adelante de su postración actual. No si se parte de la patraña de que fue el cambio climático y la Luna llena. No si se le vuelve a inducir, a Tabasco y sus empapados habitantes, por la senda que marca la vigencia del modelo depredador que usted propone como horizonte insuperable de la vida organizada. No si lo que sucede, se usa, tal como usted hace, como jugosa materia prima de una campaña de propaganda para pulir su imagen de sensible ejecutivo. No, señor Calderón, Tabasco no saldrá adelante si se siguen ocultando las causas reales de la inundación. Tampoco si el señor Granier olvida las concesiones que dio para construir sobre rellenos de manglares cuando era presidente de Villahermosa. Tabasco no saldrá adelante si se deja la conducción social en las promociones mediáticas que enfatizan la solidaridad con los dolientes y se posponen para un después brumoso las irresponsabilidades o ausencias criminales de los que debían atender las emergencias mal llamadas naturales. Y no saldrán tampoco si los diputados priístas bloquean toda investigación sobre el uso y desuso electorero que hicieron sus muchachos con las aportaciones (Pemex) para obras hidráulicas.

Lo más seguro, dados los intereses en juego, tal como ha venido haciendo desde hace ya más de 12 años, Tabasco retrocederá en sus posibilidades de crecimiento económico y, casi por derivada necesaria, lo hará en su desarrollo. En 1993 Tabasco aportaba 1.29 por ciento del PIB nacional. Creció hasta alcanzar, en 1995, un honroso 1.35 por ciento. Pero, a partir de ese crucial año para su seguridad futura, perdió el paso y no ha vuelto a la senda del triunfo: llega a 2004 (último año reportado por el INEGI) con 1.15 por ciento del PIB de México. Una consistente caída, a pesar de que los recursos enviados desde la Federación han sido, comparativamente con otras entidades, los más abundantes. Los tabasqueños han dilapidado oportunidades para utilizar los abundantes fondos fiscales (petroleros) que reciben. Pueblo y gobiernos sucesivos han extraviado la senda del crecimiento y más uno que empuje hacia la justicia. Otros, más ambiciosos y capacitados, les han ganado la partida en esto de jalar hacia adelante.

Las inundaciones que han padecido, como parte consustancial de su historia, no son argumento que justifique su persistente decadencia. Otros han sufrido toda clase de malos humores de la naturaleza y, sobre todo, los estropicios de gobernantes rapaces. Sin embargo, se las han manejado para avanzar un tanto, no mucho, pero al menos han conservado resortes que les permiten sacudirse a los que los han saqueado. Los tabasqueños han reincidido en escoger talantes parecidos en sus gobernadores. Véase si no la estirpe que va de Salvador Neme Castillo, aquel autoritario de bolsillo depuesto para dar cabida a Gurría Ordóñez (émulo de Hank González en la celebrada línea de los negociantes públicos) pasando por Roberto Madrazo para recalar en el redondo personaje de Manuel Andrade. Todos dispendiosos sujetos que usaron la hacienda estatal para hacer girar la vida pública y privada de esa entidad, alrededor de sus muy particulares ambiciones. Ninguno mostró habilidad, conocimiento o calidad moral para guiarlos en su lucha contra la naturaleza.

Los tabasqueños tienen que partir, para su mejor interés, de fincar su futuro en la propia organicidad comunal y no en la ayuda solidaria de los demás que tiene límites y hasta condicionantes precisas. Menos aún deben confiar en los gobernantes que hoy recorren sus calles con tapabocas y los inundan, de nueva cuenta, con una propaganda tan feroz como dañina, acaparan los envíos de víveres, medicinas o ropa para entregarlos, de propia mano y desde la casa de gobierno, a los que todo perdieron.

Ya es lugar común citar el plan hidráulico, que no se hizo, como causal eficiente de la catástrofe. Y no deja de ser parte sustantiva de la verdad. También los usos habitacionales de terrenos bajos o a los asentamientos en orillas de ríos inestables son parte de los lamentables acontecimientos. Lo mismo ocurre con la incompleta tarea de desazolve del Grijalva en su desembocadura al mar. La intensa desforestación en Chiapas y Tabasco (en esta última entidad como producto de una industria ganadera sin control) cumplió su parte devastadora. Pero la razón directa, inmediata, irracional de las actuales inundaciones yace en otra parte. Una que es tratada de soslayar porque toca al mismo Felipe Calderón cuando era secretario de Energía y lo persigue ahora como titular del Ejecutivo federal: la política privatizadora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Fue él uno más de los secretarios de Vicente Fox que actuó como activo promotor de las privatizaciones a ultranza (vía Pidiregas y la autogeneración) de la gran industria pública de energía. En su corta estancia en el puesto cimentó sólida confianza con el que aún director de CFE, Elías Ayub. Juntos han continuado por la misma senda de negociar con el gran capital trasnacional. El plan regulador de la producción eléctrica señala la preponderancia de comprar el fluido a los productores privados por encima de la propia generación, sin importar otras consideraciones (inundaciones por ejemplo). Es a partir de la privatización cuando la CFE disminuyó su propia producción. El objetivo fue, y es, entregar la industria eléctrica a la empresa privada (mayoritariamente española), razón por la cual las presas estaban llenas en octubre, mes con grandes precipitaciones, como bien muestran las estadísticas. Pero hay prioridades y éstas apuntaban en dirección distinta a la seguridad de los tabasqueños.

El PIB de Tabasco sufrirá una retracción inmensa en el 2007 de todas sus desventuras. Difícilmente los tabasqueños revertirán lo que ya les sucedía. La tragedia les agravará el camino. Pero sus tribulaciones no harán que el modelo imperante sea modificado porque un conjunto de interesados fundamentalistas impedirá su cambio.

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