BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE EL CASO ARTURO DUQUE ALVARADO

México D.F., a 18 de diciembre de 2007.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C. y la Defensoría Popular "Ricardo Flores Magon" informan que el día de hoy fue puesto en libertad, mediante el pago de una sanción económica, Arturo Duque Alvarado quien fue injusta e ilegalmente detenido, torturado y acusado de cargos de terrorismo y acopio de armas el día 25 de agosto de 2007 en la población de Chamacua de Michelena, Municipio de Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero. Para más tarde ser trasladado a una casa de arraigo de la SIEDO de la PGR en el D.F. y de allí al  penal de máxima seguridad del Altiplano (La Palma).

 

En el momento de su detención Arturo se encontraba en la casa de su cuñado en la celebración de una boda, la casa fue allanada.

 

El director de la PIM, Erirt Montúfar Mendoza confirmó la detención de Duque Alvarado el 27 de agosto declarando que en la casa cateada se aseguraron 13 armas largas, tres mochilas que contenían uniformes militares con las siglas del ERPI, lo cual es totalmente falso, de acuerdo a los testimonios de los dueños de la casa y de los asistentes a la boda que fueron testigos del allanamiento sin orden judicial.

 

Durante toda la noche del día de su detención (25 de agosto) Duque Alvarado fue torturado en las instalaciones de la Policía Judicial del Estado de Guerrero situación que cesó en el momento de su traslado a la ciudad de México para ser arraigado.

 

Hasta después de más de 15 días de su detención la SIEDO de la Procuraduría General de la República dio a conocer que Arturo Duque estaba siendo investigado como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Durante los primeros días de su arraigo en las instalaciones de la SIEDO Arturo permaneció en calidad de incomunicado, durante ese tiempo fueron objeto de hostigamiento sus posibles testigos y familiares.

 

En un comunicado dado a conocer en Guerrero el día 10 de Septiembre el ERPI manifestó: "negamos rotundamente que Arturo Duque Alvarado milite o participe en cualquiera de las formas de organización de nuestro grupo, y que tan peligroso arsenal decomisado sea de nuestra propiedad"

 

Con fecha del 31 de Octubre del presente año se interpuso un amparo indirecto a favor de Arturo Duque Alvarado contra el traslado a un penal federal. El amparo se sobreseyó, porque la SIEDO de la PGR negó que tuviera la intención de trasladarlo a un penal federal, en una maniobra para que sí sucediera, notificándose esto el día  26 de noviembre.

 

En la madrugada del día 27 Arturo Duque fue trasladado sin que se le notificara ni a él, ni a sus familiares, ni a su abogado.

 

Mas tarde su abogado fue informado de que el traslado se realizó al penal federal de máxima seguridad El Altiplano y el proceso del caso se radicó en la ciudad de Iguala Guerrero.

 

Ratificamos lo entonces dicho con respecto a estas medidas: complicaron no sólo la posibilidad de darle seguimiento al proceso jurídico, sino también que sus familiares (radicados en Michoacán y Guerrero) pudieran acceder a visitas.

 

El día 3 de diciembre la defensa solicitó que se le fijará una sanción pecuniaria para enfrentar el proceso en libertad. El día 4 de diciembre el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, retiro los cargos por delincuencia organizada con fines de terrorismo y acopio de armas, quedando solamente el delito menor de potación de arma.

 

Mediante el pago de dicha sanción económica Arturo Duque Alvarado fue puesto en libertad para seguir enfrentado su proceso penal.

 

Ante esto refrendamos lo que siempre hemos mantenido con respecto a este caso ¡Arturo Duque Alvarado es Inocente!

 

Exigimos:

 

-          Se garanticen las condiciones para que se cumpla con justicia su derecho al debido proceso.

 

-          Que se castigue a los responsables que torturaron a Arturo Duque Alvarado, allanaron el domicilio del Comisario de Chamacua de Michelena y que sembraron las armas y los uniformes con insignias del ERPI,  por los delitos que resultan de esas conductas.

 

-          Que cese la criminalización  contra el pueblo y el movimiento social organizado en todo el país y en particular en el estado de Guerrero.

 

 

Agradecemos a todas las personas que han estado atentas a la situación, así como a todas las organizaciones de derechos humanos y del movimiento social que colaboraron con su gran apoyo a la difusión del caso y su solidaridad con Arturo Duque Alvarado y su familia.

 

ATENTAMENTE

 

JAVIER ENRIQUEZ SAM

COORDINADOR GENERAL

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Pitágoras 1210–16, Col. Del Valle

México DF, C.P. 03100

Tel./Fax: 0052-55-5604 5642

 

colectivo@contralatortura.org                                             www.contralatortura.org

 

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“¡No, gatopardismo, no!”, debí contestar hace 8 años

“¡No, gatopardismo, no!”, debí contestar hace 8 años
17 de diciembre de 2007
René Sánchez Galindo

Con la lamentable aprobación en el Senado de la República de las reformas a la Constitución Federal, vino a mi memoria un diálogo académico que sostuvimos el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo (por supuesto quien recientemente votó contra Marín), el ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, Hugo Morales Alanís (claro ellos dos en su carácter de sinodales) y quien esto suscribe (como sustentante de mi tesis de licenciatura).

Hay que dejar claro que estas reformas constitucionales en su parte más grave constitucionalizan el arraigo de personas hasta por 80 días, sin contar con pruebas para acreditar los elementos del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad de la persona que sea incriminada; y por otro lado permiten los cateos sin orden judicial.

Cuando la iniciativa fue presentada por Felipe Calderón formulamos una diversidad de preguntas a través de este espacio, que entonces, como ahora, se publica a través de los sitios de Internet conocidos como “blogs”. Ahora falta la aprobación de la Cámara de Diuputados y de las Legislaturas de los Estados, quienes todavía están a tiempo de frenar esta aberración contra los derechos humanos.

Volvamos hace 8 años: defendía mi tesis para obtener la licenciatura en derecho por la Universidad Iberoamericana, el Presidente del Sínodo, era el Ministro Gudiño Pelayo, quien amablemente aceptó mi propuesta para ser mi sinodal y viajó a Puebla. Otro sinodal era el ex Magistrado Hugo Morales, quien actualmente labora en la Sedesol Federal, a pesar de saber que este régimen llegó al poder en medio de la incertidumbre que conculca el texto y el espíritu de la Constitución.

Precisamente mi tema se refería a las facultades de la Suprema Corte a la luz del espíritu constitucional. Gudiño, el Ministro, comentó durante sus preguntas que el debate académico era importante, pero que enfrentar una decisión desde la silla de un Juez era otra cosa. Actualmente Gudiño es uno de los 4 ministros que con dignidad consideraron que sí se violaron gravemente los derechos de la periodista Lydia Cacho.

Uno de los temas con los que yo pretendía analizar las contradicciones de la Suprema Corte en el ejercicio de las facultades era el de la seguridad pública en materia de bancos. En aquel entonces una mayoría unánime de 11 ministros había considerado que sólo la Federación podía regular a los establecimientos bancarios; critiqué esa resolución afirmando que representaba una contradicción, que la Corte en temas como los impuestos a la nómina o el predial, había aceptado la regulación estatal a los bancos. Años más tarde, Gudiño se sumaría al voto particular que permitió al Distrito Federal continuar con la vigencia de la ley que regulaba esta materia. Gudiño, a quien nuevamente le agradezco, expresó entonces que necesitaban más abogados como los que entonces nos graduábamos.

Otro tema que discutimos en ese examen, fue las facultades de investigación penal de los ministerios públicos y de las policías. Comparamos la investigación del ex magistrado Hugo Morales, sobre la jurisprudencia norteamericana, con las resoluciones de la Corte mexicana que yo expuse en mi tesis. Un destacado Magistrado Federal en el DF, había establecido, en resoluciones anteriores, parámetros constitucionales que respetaban los derechos humanos de manera amplia pero que permitían una verdadera labor de investigación.

Mi preocupación se centraba en que los tribunales federales y en especial la Corte, debían analizar estos asuntos a profundidad y no con contradicciones como demostraba en mi tesis. Bueno mi preocupación ocho años después sólo ha crecido ante los tristes y débiles argumentos de la mayoría que resolvió el caso Marín – Cacho.

Al calor de aquella académica discusión, el ex magistrado dio un giro a mi tesis y me preguntó, palabras más palabras menos: René, ¿no crees que en lugar de esperar a que los jueces y los tribunales comprendan la inmensidad de los estudios jurídicos de los norteamericanos, deberíamos empezar con reformas legales? ¿inclusive algunos parámetros que regulen las garantías individuales y los derechos humanos podrían establecerse en reglamentos municipales?

Ante la doble presión de pasar mi examen profesional y defender mis ideas, reflexioné rápidamente: el objetivo de mi tesis es que se creen parámetros jurídicos que permitan la investigación efectiva en materia penal, pero que respeten profunda y ampliamente las garantías individuales y los derechos humanos; luego dudé: pero lo riesgos es que las leyes no se cumplen en este país, de eso trataba mi tesis; finalmente soñé: ¡claro! con una buena legislación se podría.

Finalmente contesté: ¡claro que sí!

Pasé el examen y obtuve mención honorífica. Hoy, sin embargo, al revisar los comentarios que se publican en la prensa relativos a que los senadores en un estado de embriaguez votaron la contra reforma constitucional, y que argumentaban el derecho norteamericano, pienso que debí contestar enérgicamente: ¡no, gatopardismo, no!, eso significaría cambiar todo para que todo siga igual.

En fin, sirva este medio, para emitir la respuesta correcta.

René Sánchez Galindo
ranazapatera@gmail.com