“¡No, gatopardismo, no!”, debí contestar hace 8 años

“¡No, gatopardismo, no!”, debí contestar hace 8 años
17 de diciembre de 2007
René Sánchez Galindo

Con la lamentable aprobación en el Senado de la República de las reformas a la Constitución Federal, vino a mi memoria un diálogo académico que sostuvimos el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo (por supuesto quien recientemente votó contra Marín), el ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, Hugo Morales Alanís (claro ellos dos en su carácter de sinodales) y quien esto suscribe (como sustentante de mi tesis de licenciatura).

Hay que dejar claro que estas reformas constitucionales en su parte más grave constitucionalizan el arraigo de personas hasta por 80 días, sin contar con pruebas para acreditar los elementos del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad de la persona que sea incriminada; y por otro lado permiten los cateos sin orden judicial.

Cuando la iniciativa fue presentada por Felipe Calderón formulamos una diversidad de preguntas a través de este espacio, que entonces, como ahora, se publica a través de los sitios de Internet conocidos como “blogs”. Ahora falta la aprobación de la Cámara de Diuputados y de las Legislaturas de los Estados, quienes todavía están a tiempo de frenar esta aberración contra los derechos humanos.

Volvamos hace 8 años: defendía mi tesis para obtener la licenciatura en derecho por la Universidad Iberoamericana, el Presidente del Sínodo, era el Ministro Gudiño Pelayo, quien amablemente aceptó mi propuesta para ser mi sinodal y viajó a Puebla. Otro sinodal era el ex Magistrado Hugo Morales, quien actualmente labora en la Sedesol Federal, a pesar de saber que este régimen llegó al poder en medio de la incertidumbre que conculca el texto y el espíritu de la Constitución.

Precisamente mi tema se refería a las facultades de la Suprema Corte a la luz del espíritu constitucional. Gudiño, el Ministro, comentó durante sus preguntas que el debate académico era importante, pero que enfrentar una decisión desde la silla de un Juez era otra cosa. Actualmente Gudiño es uno de los 4 ministros que con dignidad consideraron que sí se violaron gravemente los derechos de la periodista Lydia Cacho.

Uno de los temas con los que yo pretendía analizar las contradicciones de la Suprema Corte en el ejercicio de las facultades era el de la seguridad pública en materia de bancos. En aquel entonces una mayoría unánime de 11 ministros había considerado que sólo la Federación podía regular a los establecimientos bancarios; critiqué esa resolución afirmando que representaba una contradicción, que la Corte en temas como los impuestos a la nómina o el predial, había aceptado la regulación estatal a los bancos. Años más tarde, Gudiño se sumaría al voto particular que permitió al Distrito Federal continuar con la vigencia de la ley que regulaba esta materia. Gudiño, a quien nuevamente le agradezco, expresó entonces que necesitaban más abogados como los que entonces nos graduábamos.

Otro tema que discutimos en ese examen, fue las facultades de investigación penal de los ministerios públicos y de las policías. Comparamos la investigación del ex magistrado Hugo Morales, sobre la jurisprudencia norteamericana, con las resoluciones de la Corte mexicana que yo expuse en mi tesis. Un destacado Magistrado Federal en el DF, había establecido, en resoluciones anteriores, parámetros constitucionales que respetaban los derechos humanos de manera amplia pero que permitían una verdadera labor de investigación.

Mi preocupación se centraba en que los tribunales federales y en especial la Corte, debían analizar estos asuntos a profundidad y no con contradicciones como demostraba en mi tesis. Bueno mi preocupación ocho años después sólo ha crecido ante los tristes y débiles argumentos de la mayoría que resolvió el caso Marín – Cacho.

Al calor de aquella académica discusión, el ex magistrado dio un giro a mi tesis y me preguntó, palabras más palabras menos: René, ¿no crees que en lugar de esperar a que los jueces y los tribunales comprendan la inmensidad de los estudios jurídicos de los norteamericanos, deberíamos empezar con reformas legales? ¿inclusive algunos parámetros que regulen las garantías individuales y los derechos humanos podrían establecerse en reglamentos municipales?

Ante la doble presión de pasar mi examen profesional y defender mis ideas, reflexioné rápidamente: el objetivo de mi tesis es que se creen parámetros jurídicos que permitan la investigación efectiva en materia penal, pero que respeten profunda y ampliamente las garantías individuales y los derechos humanos; luego dudé: pero lo riesgos es que las leyes no se cumplen en este país, de eso trataba mi tesis; finalmente soñé: ¡claro! con una buena legislación se podría.

Finalmente contesté: ¡claro que sí!

Pasé el examen y obtuve mención honorífica. Hoy, sin embargo, al revisar los comentarios que se publican en la prensa relativos a que los senadores en un estado de embriaguez votaron la contra reforma constitucional, y que argumentaban el derecho norteamericano, pienso que debí contestar enérgicamente: ¡no, gatopardismo, no!, eso significaría cambiar todo para que todo siga igual.

En fin, sirva este medio, para emitir la respuesta correcta.

René Sánchez Galindo
ranazapatera@gmail.com