Tambien va a caer Lozano el golpeador del Pelele
Un capitulo más de la CLEPTOCRACIA (El poder de los ladrones)
Esta es una nota del 4 de marzo, en donde ya se hacen preguntas sobre Lozano. Cosas como las subrayadas
El Universal- Faltan explicaciones sobre el polémico caso de Unefon, empresa telefónica de Ricardo Salinas Pliego, que reclama al gobierno federal, imagínese usted, más de 3 mil millones de pesos por el pago de intereses generados por el cobro indebido de 596 millones
La semana pasada el tema volvió a tomar fuerza. El ahora secretario del Trabajo, Javier Lozano, es uno de los actores clave que hasta ahora no ha hablado del asunto. Lozano presidía a la Cofetel cuando este órgano autorizó a Unefon (entonces Sistemas Profesionales de Comunicación, SA de CV) la prórroga para el pago de 80% restante de la contraprestación ofrecida al gobierno por la licitación de diversas frecuencias, en septiembre de 1998, más los intereses correspondientes.
Gran error. La Cofetel no debió conceder la prórroga, pero tampoco cobrar intereses, debido a que no tiene facultades para ello. Lo que procedía era el cobro de recargos. Unefon pagó 596 millones de pesos de intereses y, como se dijo, reclama los intereses generados por esa cantidad.
¿Por qué el pleno de la Cofetel, con el aval de Lozano, tomó esa decisión cuando era de sobra conocido que se trataba de un acto ilegal? Es necesario ofrecer una explicación, no sólo a la Secretaría de la Función Pública, sino a la sociedad, ya que el caso ha ido más allá de un procedimiento administrativo, si consideramos, además, que Lozano, pocos años después, se contrató como asesor de TV Azteca, empresa de Grupo Salinas, propietaria de Unefon.
La otra explicación necesaria es la del pago, dos días antes de culminar la administración de Vicente Fox, de 550 de los 596 millones de pesos reclamados. En este espacio hemos retomado las declaraciones del ex subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Jorge Álvarez Hoth, quien reitera que él sólo acató la sentencia de última instancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
¿Pudo la SCT dejar a la siguiente administración, la de Felipe Calderón, la responsabilidad de pagar los 596 millones de pesos? Y la respuesta, en principio, sería sí. El oficio 102-K de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 7 de septiembre de 2006, firmado por la tesorera de la Federación, la Administradora General de Grandes Contribuyentes y el subsecretario de Ingresos, establece que los recursos pagados por Unefon “no tienen una naturaleza fiscal”, por lo que corresponde a la SCT prever las partidas correspondientes a efecto de que “en el siguiente ejercicio” (es decir, en 2007) se devolviera el pago indebido de los intereses.
Con el aval de otros funcionarios de la SCT y de su titular, Pedro Cerisola, quien tampoco se ha pronunciado sobre el tema, Álvarez Hoth buscó la manera de devolver el dinero antes de que culminara la administración foxista.
Se consiguieron 550 millones gracias a las “economías que se han generado en esta Secretaría”, según el oficio 5-925 de la Oficialía Mayor, de fecha 28 de noviembre de 2006. El resto de los recursos podrían presupuestarse para el ejercicio fiscal de 2007”.
Al día siguiente, el 29 de noviembre, se concretó la devolución. No se pidió, como lo hubiera recomendado cualquier estudiante de derecho, el finiquito correspondiente.
La semana pasada, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gonzalo Martínez Pous, dijo que no había justificación para la entrega de los 550 millones de pesos, por lo que se iniciaron dos auditorías, una en la Contraloría Interna de la dependencia y la otra en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tal declaración generó el viernes 29 y ayer lunes una inusitada y coincidente reacción de diversos columnistas, todos ellos también colaboradores de Televisión Azteca, en contra de la SCT, por negarse a devolver el resto de los 46 millones de pesos. Los calificativos vertidos hacia Luis Téllez y Martínez Pous han sido duros. Ese puede ser, lamentablemente, el tono que el caso Unefon tome en los días siguientes ante los fuertes intereses que están en juego. Por lo pronto, la SCT no ha otorgado el refrendo de diversas concesiones de la telefónica. Este hecho podría convertirse en moneda de negociación.
LO TORTUOSO QUE pueden resultar algunos procedimientos jurídicos en México, esto a propósito de la controversia que arrancó Unefon, la telefónica de Ricardo Salinas Pliego hace ya 9 o 10 años para exigir la devolución del pago de intereses moratorios que SCT-Cofetel le impuso en aquella licitación de frecuencias en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Ésta fue encabezada por Cofetel entonces a cargo de Javier Lozano, actual secretario del Trabajo, y pese a las vicisitudes resultó un ejercicio muy rentable para el gobierno con aquellas pujas electrónicas que terminaron por “llevar a las nubes” el espectro.
A mediados de 1998, entre los ganadores quedaron Axtel de Tomás Milmo, Miditel de Antonio Kanawati que a la postre no pudo validar su pago, y Unefon ahora a cargo de Gustavo Guzmán.
Resulta que el expediente no ha podido concluirse porque a tantos años de distancia siguen los juicios vinculados a unos intereses moratorios que SCT-Cofetel impuso a Unefon al otorgársele en marzo de 1999 una prórroga de 180 días para cubrir el 80 por ciento de las frecuencias.
Si bien la telefónica liquidó el remanente más los intereses, en octubre de ese mismo año arrancó sus gestiones contra el gravamen que se le impuso, primero al promover un recurso de revisión y luego al demandar la nulidad ya en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El argumento de la petición promovida por el jurista Salvador Rocha Díaz no es nada complejo. Tan sencillo que la SCT-Cofetel no estaban autorizadas para imponer el cobro de los intereses.
Fue en abril del 2004 cuando al final llegó la sentencia definitiva, impugnaciones de por medio, ratificándose que los intereses no procedían.
El reembolso, sin embargo, no se dio de inmediato y Unefon tuvo que promover una queja de incumplimiento a mediados de 2006 en donde se otorgaba un plazo de 20 días al entonces subsecretario Jorge Álvarez Hoth para proceder. Hasta se le multó con 30 días de salario.
El problema es que SCT no contaba con los recursos para liquidar los 596 millones de pesos y la SHCP junto con la Tesofe, prefirieron deslindarse. Recordará aquella pugna entre Pedro Cerisola y Francisco Gil Díaz. Así que al titular de SHCP el expediente le cayó como mandado a hacer.
Al fin el 29 de noviembre de 2006, unas horas antes de que concluyera el sexenio, se pagó pero parte de la sentencia, o sea 550 millones de pesos con recursos derivados de economías que habría logrado la SCT. Era lo que había.
Ahora el expediente lo heredó una tercera administración, puesto que en febrero del año pasado Unefon inició un nuevo juicio contra SCT por los 46 millones restantes, asunto juzgado, más intereses de los casi 9 años transcurridos.
Apenas hace unos días, tanto Luis Téllez titular de SCT como el director jurídico de la dependencia Gonzalo Martínez Pous, intentaron deslindarse del tema, aunque no se ve sencillo.
De hecho Martínez Pous conoce el expediente como ex funcionario de Cofetel.
Amén de los 46 millones pendientes de pago, habrá que ver el tipo de interés que se le fija a Unefon. Pueden ser ordinarios o bien fiscales, que es el que se aplica a los contribuyentes. Este último podría llevar el tema a la friolera de mil 200 millones de pesos o más en función de lo que se prolonguen los juicios. Se habla de al menos dos años más.
Por lo pronto SCT recién solicitó un par de auditorías del expediente, tanto a través de la instancia interna, como con la ASF que lleva Arturo González de Aragón.
Otra de Proceso
Vicios de origen
El expediente original del caso revela que tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio zedillista, Carlos Ruiz Sacristán, como Javier Lozano Alarcón, entonces presidente de la Cofetel, le otorgaron de manera irregular dos prórrogas a Unefon para que pagara el saldo de la contraprestación por el aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia para telefonía inalámbrica.
El 31 de agosto de 1998, Javier Sarro Cortina, representante de Unefon, le solicitó a Lozano Alarcón una prórroga de 180 días para pagar el 80% restante de la contraprestación y dijo que la empresa estaba dispuesta a pagar los intereses razonables que se generen, para no causarle ;menoscabo patrimonial al gobierno federal.
El documento del pleno de la Cofetel (folio P/290998/0218) comprueba que este organismo acordó otorgar una prórroga de 180 días para el pago del 80% de la contraprestación, contada a partir del 1 de octubre de 1998, y estipuló el pago de tasas de interés: los primeros 90 días a una tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más 8%; y el segundo período de 90 días una tasa TIEE más 10%.
El acuerdo fue firmado por Javier Lozano Alarcón, actual secretario de Trabajo, y por los comisionados Jorge Lara Guerrero, Jorge Arreola Cavazos y Enrique Melrose Aguilar.
En marzo de 1999, un oficio de Unefon dirigido al titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, reconoció que la compañía tenía pendiente de pagar 2 mil 96 millones 724 mil pesos, equivalentes al 80% de la contraprestación, más 453 millones 681 mil pesos por los intereses generados, y le solicitó una segunda prórroga para cubrir el saldo insoluto de la contraprestación.
El 29 de marzo de 1999, mediante oficio dirigido a Ruiz Sacristán, Javier Lozano Alarcón, presidente de la Cofetel, emitió su opinión favorable para otorgarle a Unefon la nueva prórroga solicitada. Ese mismo día, el titular de la SCT se lo informó a la compañía, que dio su consentimiento con todas y cada una de las condiciones establecidas.
El plazo para la nueva prórroga vencía el 15 de junio de 1999, pero antes Unefon comenzó a litigar en contra de lo acordado con las autoridades de la SCT y la Cofetel. En septiembre de 1998, un oficio del abogado de Unefon, dirigido a la Cofetel, le advierte que el anticipo parcial entregado por la compañía fue “un pago de lo indebido” y le solicita la devolución de esa cantidad.
En su ruta de litigio jurídico, Unefon promovió el 6 de octubre de 1999 un recurso de revisión, y en enero de 2000 un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justifica Fiscal y Administrativa para conseguir la devolución del pago.
El 6 de abril de 2004 la Primera Sala Regional Metropolitana dictó una sentencia favorable a Unefon. La magistrada María Concepción Martínez Godínez le dio la razón a la compañía de Salinas Pliego porque a su juicio fue indebido que la SCT estipulara el pago de intereses de Unefon a cambio de la prórroga concedida.
La SCT impugnó la sentencia, pero el 2 de marzo de 2005 el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró infundado el recurso de la secretaría.
Dos años después, ante el incumplimiento de la sentencia favorable, Unefon interpuso una queja y, el 20 de abril de 2006, la Primera Sala Regional Metropolitana estableció que le correspondía a la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes pagarle a la compañía lo reclamado.
Después de presiones y gestiones de Unefon al interior de la SCT, el 29 de noviembre del mismo año la subsecretaría a cargo de Álvarez Hoth le informó a Unefon que el monto total pagado por concepto de intereses ascendía a 596 millones 385 mil pesos.
El 30 de noviembre de 2006, con recursos de las economías de la SCT, determinados por la Secretaría de Hacienda, se le pagaron 550 millones de pesos a Unefon, y quedaron pendientes 46 millones de pesos. Veinte días después (el 20 de diciembre de 2006) el representante legal de Unefon, Marco Polo Castro Pérez, realizó cuentas alegres para demandar, ya no sólo el pago de aquellos 46 millones, sino de 3 mil 57 millones de pesos, como si se tratara de un crédito fiscal que se le tuviera que devolver a la empresa.
Castro Pérez nunca mencionó en su oficio, del cual Proceso obtuvo una copia, que el origen de esta danza de millones fue la petición de una doble prórroga solicitada por Unefon y concedida de manera irregular por las autoridades de la Cofetel y la SCT.
Hasta el momento, ni Luis Téllez, actual titular de la SCT, ni Rafael del Villar, subsecretario de Comunicaciones, han autorizado el pago de los 46 millones 385 mil pesos restantes a Unefon, a pesar de que consta desde enero de 2007 que existen las gestiones ante la Tesorería de la Federación (Tesofe) para pagarle a la empresa de Salinas Pliego a través del Centro de Cómputo Bancario (Cecoban). Tampoco han señalado públicamente cómo responderán a la demanda por los 3 mil 57 millones de pesos que exige Unefon.
El riesgo Salinas
No es la primera vez que Ricardo Salinas Pliego y su compañía Unefon enfrentan un escándalo. En enero de 2005, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) hizo pública su demanda de fraude contra tres altos funcionarios de TV Azteca por el caso Unefon-Codisco: Salinas Pliego, Luis Echarte y Pedro Padilla Longoria.
Fue la primera ocasión que la SEC acudió a los criterios de la ley Sarbanes-Oxley, que busca sancionar el fraude contra accionistas minoritarios cometido a través de estratagemas financieras. A Salinas Pliego se le acusó de obtener ilegalmente ganancias al recomprar deuda de Unefon a través de otra de sus empresas, Codisco. Por esta operación obtuvo una ganancia de 109 millones de dólares, de la cual no informó a sus accionistas minoritarios.
La reacción de la prensa especializada (como The Wall Street Journal) y de las corredurías fue inmediata: comenzó a generalizarse el uso del concepto “riesgo Salinas” para nombrar los peligros a los que se enfrentan los accionistas bursátiles que se involucran con alguna de las compañías del dueño de TV Azteca.
El 5 de enero de aquel año, a raíz del escándalo en Estados Unidos, el secretario de Hacienda foxista, Francisco Gil Díaz, confirmó que las transacciones bursátiles de TV Azteca se encontraban bajo revisión y análisis de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A partir de entonces inició la guerra mediática de TV Azteca contra Gil Díaz.
A casi dos años de ese escándalo, el “riesgo Salinas” parece haberse diluido en los ambientes bursátiles mexicanos y estadunidenses. Principal accionista de la segunda cadena privada de televisión en México, Salinas Pliego no ha dudado en usar la pantalla contra sus críticos y los legisladores que impulsaron la reciente reforma electoral.
En una entrevista con Mauricio González Lara, en el portal Alta Empresa, Salinas Pliego dio nuevas muestras de su talante empresarial.
El Poder Legislativo preguntó González les dijo en cadena nacional que no se hicieran bolas, que la televisión era un bien público.
¡A toda madre! ¿Cómo bien público? ¿Y dónde está el dinero público? Están muy mal, son unos mentirosos y ladrones, nos han despojado de nuestro legítimo trabajo sin compensaciones. Es un robo, nos han confiscado nuestro tiempo y nuestra audiencia para servir a sus intereses. Así que la empresa no es un bien público, es de sus accionistas
A pesar de estos desplantes, Salinas Pliego ahora busca un bien público: 3 mil millones de pesos en su beneficio.
