EN EL DIA DE LA CONSTITUCION MERECEMOS UN MEJOR PAIS:
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A APOYAR TOOS EL PLANTON DEL SME EN EL ZOCALO:
LOS COMPAS DEL SME REQUIEREN DE NUESTRA SOLIDARIDAD, ACOPIO DE VIVERES Y APOYO ECONOMICO, ASISTE A BRINDARLES LA SOLIDARIDAD EN EL PLANTON INSTALADO EN EL ZOCALO DE PUEBLA.
!TODOS SOMOS EL SME!
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La privatización de la electricidad alimenta la protesta contra el gobierno de Felipe Calderón
La privatización de una de las principales empresas públicas del sector eléctrico, con 44.000 despidos, despierta la protesta en un país marcado por la inestabilidad y las convulsiones sociales.
César Morales Oyarvide | Diagonal
El Sindicato Mexicano de Electricistas, con 95 años de lucha en un país caracterizado por la cooptación desde el Estado de la mayoría de las organizaciones obreras, lleva más de tres meses en protesta por el despido de más de 44.000 trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro. La empresa, una de las dos entidades públicas en el ramo de la electricidad y que proporcionaba sus servicios a 25 millones de personas en un área de más de 20 mil kilómetros cuadrados, fue tomada la noche del sábado 10 de octubre de 2009 por la Policía Federal Preventiva (militarizada). Al día siguiente un decreto presidencial la declaraba extinta.
Las justificaciones
El gobierno justificó su cierre por el atraso tecnológico y la pérdida financiera que significaba la empresa, deficitaria, al país. Sin embargo, para el sindicato ésa no es la historia completa. Así lo cree Fernando Amezcua, secretario del Exterior del SME, en entrevista con Prensa Latina el 16 de enero al declarar que “a LFC le hicieron lo mismo que a otras entidades públicas, primero la convirtieron en una supuesta carga financiera y dejaron de invertir en su modernización tecnológica, para luego justificar el cierre y ensanchar la ola de privatizaciones iniciada aquí desde 1980”.
En ésta línea se halla la investigación del periodista Rafael Barajas para la revista ‘El Chamuco’ de noviembre de 2009, que busca desmontar las justificaciones oficiales. Argumenta no sólo que la pérdida económica no existía, pues LFC compraba la electricidad que distribuía a la otra empresa pública (quedando todo en una operación contable sin pérdida para el país), sino que los verdaderos responsables del mal estado de sus finanzas son sus administradores impuestos por el Ejecutivo (uno de ellos fue en su día el actual presidente mexicano Felipe Calderón) y las empresas que, mediante acuerdos ilegales con el gobierno, se hallaban exentas del pago de la electricidad que consumían o la recibían con un precio más reducido que el consumo doméstico.
Conflicto antiguo
El negocio de la privatización, y no el interés público, es lo que habría llevado a cerrar LFC, en palabras de los trabajadores. Pero no sólo eso. Amezcua cree que el gobierno “no sólo quiere extinguir una empresa, sino un movimiento sindical”. Y es que el conflicto del gobierno con el SME es antiguo. “La decisión de destruir al SME fue tomada desde meses atrás (…). No sólo por su férreo rechazo a la privatización del petróleo y la electricidad, sino también por su firme negativa a la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo impulsada desde Los Pinos”, afirmaron en octubre durante una rueda de prensa representantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía.
Para quienes apoyan esta idea, la negativa de “toma de nota” (figura aberrante de la legislación mexicana que implica la necesidad del visto bueno del gobierno al elegir líderes sindicales) a Martín Esparza y otros miembros de la dirección del SME cercanos a Andrés Manuel López Obrador apenas cinco días antes del cierre de LFC ya fue parte de un plan para destruir a un sindicato que se ha venido manifestando desde hace más de 20 años en contra de las políticas neoliberales.
Intereses privados
Diversos investigadores apuntan a que la razón inmediata en el golpe a LFC y al SME es la lucha que hay entre ciertos empresarios por hacerse con las redes eléctricas y de fibra óptica de la empresa (más de mil kilómetros), que pueden utilizarse para transmitir luz, telefonía, televisión e internet: el llamado “triple play”. Un negocio que está estimado en 6.000 millones de dólares. Y, como escribe José Antonio Almazán en las páginas de ‘La Jornada’, por el que están compitiendo no sólo millonarios mexicanos como Carlos Slim y Emilio Azcárraga, sino al menos dos empresas españolas: Telefónica y WL Comunicaciones (en la que participan Fernando Canales y Ernesto Martens, ex ministros de Energía mexicanos). Así también lo estima Carlos Aguirre, investigador de la UNAM, que declara en ‘Contralínea’ el 18 de octubre que “pudieron más los compromisos de Felipe Calderón con (los empresarios) que lo llevaron a la Presidencia que el riesgo de generar un estallido social”.
La resistencia
Ante esto, la estrategia de los trabajadores ha sido la de presionar por diversos medios al gobierno buscando que se revierta el decreto, hasta ahora sin éxito. Su resistencia ha combinado la vía jurídica (interponiendo un recurso de amparo contra el decreto y 35.000 demandas por despido injustificado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje), la política (acercándose a partidos políticos considerados de izquierda como el PRD y el PT), y sobre todo la social, reuniendo en torno a sí a un contingente de organizaciones y ciudadanos que han apoyado las múltiples acciones de resistencia civil efectuadas, entre las que destacan una marcha el 15 de octubre que reunió en la Ciudad de México a más de 300.000 simpatizantes, una huelga de hambre que duró 17 días, y la convocatoria a un paro nacional simbólico en el mes de noviembre pasado.
¿Hacia el estallido?
Esta capacidad de convocatoria, que ha reunido desde sectores de “La Otra Campaña” y el lopezobradorismo hasta grupos del viejo corporativismo priista, es lo que hace creer a analistas como Alejandro Vega, del CILAS, que la acción de Calderón podría estar creando el caldo de cultivo para un eventual estallido social en 2010. El cierre de LFC no ha venido solo, sino acompañado de un paquete económico que sube los impuestos, una reforma laboral que elimina el derecho de asociación de los trabajadores y el inicio de la recta final de la privatización del sector eléctrico. Si bien los electricistas “han mantenido una posición prudente, que privilegia los causes legales (…) si se empiezan a cerrar esas vías, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos y se puede llegar al estallido social”, advierte Vega en la revista ‘Contralínea’.
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Plantea a la SG enviar a trabajadores a las 60 colonias afectadas
El pago sería después, dice Esparza
La dependencia no da respuesta
Viernes 5 de febrero de 2010, p. 39
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, planteó ayer al titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Fernando Gómez Mont, que ante la crítica situación de fallas y suspensión del servicio de energía eléctrica en casi 60 colonias del Distrito Federal y de otros estados, los trabajadores que representa están dispuestos a resolver las urgencias, a partir de colaborar de manera temporal en cuadrillas.
Durante la reunión que sostuvieron ayer diversas organizaciones sindicales y campesinas con el titular de Gobernación, Esparza hizo el planteamiento al funcionario, quien se comprometió a exponer de inmediato la propuesta del SME con la secretaria de Energía, Georgina Kessel, para darle una respuesta a esta organización, según reveló el dirigente.
Al término del encuentro, Gobernación emitió un comunicado en el que no hace referencia alguna a la propuesta del SME; únicamente informó que, bajo la coordinación de esta dependencia, serán establecidas tres mesas temáticas en los ámbitos económico-laboral, social y asuntos del campo y agrarios. Agregó que los participantes manifestaron su voluntad de construir acuerdos en beneficio de los trabajadores del campo y de la ciudad.
Esparza dijo a los funcionarios federales que la propuesta del SME se realiza de manera independiente al conflicto legal entre este gremio y el gobierno federal, con la finalidad de resolver el problema que enfrentan los usuarios del servicio, las afectaciones económicas que se están teniendo por esta situación, y prevenir un posible colapso eléctrico
en la región central del país.
Esparza ofreció una conferencia de prensa luego del encuentro, en la que sostuvo que en la mesa de Gobernación hizo ver que las condiciones climatológicas, la falta de mantenimiento en las redes y la incapacidad de las empresas contratadas para atender el servicio, están afectando al país en diversos órdenes.
Dijo que si el gobierno acepta la propuesta, de inmediato saldrían cientos de trabajadores de líneas aéreas, cables subterráneos, conexiones, áreas de distribución, con la encomienda y el compromiso de restituir los servicios, e incluso señaló que lo del pago de estos servicios luego se vería
.
No obstante, según confirmó el propio dirigente, al cierre de esta edición no había ninguna respuesta de los funcionarios a esa propuesta, pese a que la situación es crítica no sólo por la falta de servicio, sino porque esto impacta también el suministro de agua y se han quedado sin ese servicio más de medio millón de habitantes; asimismo afecta la economía de los usuarios porque se les está echando a perder la comida y aparatos electrodoméstico y, por supuesto, la afectación a empresas.
El SME hizo un exhorto al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para que apoye esta propuesta, a fin de que se resuelvan todas las afectaciones y fallas en el suministro de energía eléctrica en esta ciudad, pues tan sólo en esta zona son 56 las colonias afectadas.
El planteamiento de los electricistas es que los 18 mil trabajadores que no han sido liquidados, sean distribuidos en cuadrillas para solucionar los problemas provocados por las lluvias, y debido a que no ha habido un programa de mantenimiento de redes y subestaciones y líneas de transmisión, esto puede llevar a un colapso eléctrico.
Esparza dijo que en tres semanas de trabajo intenso se podría regularizar el servicio, pues en las subestaciones todavía hay equipo y material con el que se pueden realizar todos los trabajos necesarios para ello.
Comentó que con los contratistas no lo van a poder hacer, porque además de que desconocen el estado de las redes, no tienen ninguna capacitación sus trabajadores y agregó que todavía hay en las subestaciones equipo y material con el que se puede trabajar, siendo lo más importante que hay voluntad política del sindicato
, para hacerlo.
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Exigen dejar de gravar ingresos de los trabajadores retirados
voracidadde Hacienda para captar recursos
Periódico La Jornada
Viernes 5 de febrero de 2010, p. 9
Organizaciones de pensionados y jubilados criticaron el cobro del impuesto sobre la renta (ISR) a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y señalaron que la medida es ilegal
, pues durante toda su vida laboral pagaron los gravámenes correspondientes a sus salarios. Entonces esto es un cobro doble
, apuntaron.
La medida fiscal también fue cuestionada por las bancadas priísta, perredista y petista en la Cámara de Diputados, las cuales por separado demandaron al gobierno federal dar marcha atrás en la medida, por sus efectos negativos a la cada vez más vulnerable economía de más de 2 millones de personas retiradas.
La acción impositiva del gobierno federal, operada desde la Secretaría de Hacienda, fue ignorada en la bancada panista.
Raúl Ángeles Reyes, presidente de la organización Jubilados y Pensionados Independientes Zona Oriente del ISSSTE, precisó que aunque este cobro es a quienes reciben más de nueve salarios mínimos, cabría la posibilidad de que “luego se les ocurriera que todos los pensionados y jubilados del país pagáramos este impuesto.
Eso no es justo, es una violación a la ley y a las garantías de los jubilados y pensionados, la mayoría de los cuales recibe muy poco, unos mil 800 pesos mensuales
, aseveró.
Agregó que ayer se reunieron con el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Uriel López Paredes, a quien plantearon su queja. Añadió que el legislador prometió tomar cartas en el asunto.
Antonio Vital, presidente de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, la cual aglutina también a jubilados, indicó que las organizaciones analizan recurrir a los juzgados para interponer una demanda de nulidad del cobro de impuestos a pensiones y a prestaciones de trabajadores en activo
. Anunció que pedirán a los diputados que presenten una iniciativa para frenar esta injusticia.
El constitucionalista Clemente Valdez sostuvo que la decisión del Congreso de avalar el cobro del ISR a los jubilados es una infamia
, dadas las miserables pensiones que éstos reciben.
Advirtió que esa decisión debe ser aprovechada para revisar las millonarias pensiones que reciben ex funcionarios como los ex presidentes de la República, así como ex titulares de Nafinsa, del Banco de México y ex ministros de la Suprema Corte.
Podrían recibir una tercera parte de las extravagantes
pensiones que perciben, abundó.
El especialista aclaró que jurídicamente
la decisión de gravar las pensiones se apega al marco legal, porque en materia fiscal no opera la garantía de la no aplicación retroactiva de la ley ni se puede alegar tener derechos adquiridos para no pagar impuestos. Si se aceptara esa idea, el fisco no podría aumentar anualmente el cobro de impuestos ni de derechos, precisó.
En la Cámara de Diputados, la priísta María Eshter Sherman Leaño adujo que Hacienda violenta derechos consagrados de los trabajadores
, y demandó que, en lugar de gravar más las pensiones, la secretaría modifique los métodos de cobro de las jubilaciones, porque es vergonzoso y una pena que los mayores tengan que esperar más de dos horas cada mes para recibir con malos modos sus reducidas pensiones
.
La perredista Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia, anunció que el sol azteca se colocará al frente del movimiento nacional de pensionados, porque el cobro de ISR es notoriamente improcedente, mientras el coordinador petista, Pedro Vázquez, anunció que su partido promoverá una iniciativa de ley para derogar el citado cobro.
Todo esto se debe a la voracidad de la Secretaría de Hacienda para la captación de recursos. Se deben realizar modificaciones a la Ley del ISR que fueron aprobadas en la discusión del tema durante los debates de la miscelánea fiscal, y la Cámara de Diputados está a tiempo de rectificar dicha omisión
, añadió Vázquez.
La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo trasladó al pleno camaral el malestar contra la medida gubernamental. Todos los integrantes del grupo subieron a tribuna durante cinco minutos con objeto de generar conciencia entre el resto de los grupos parlamentarios sobre la gravedad del cobro del impuesto a los pensionados.
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La ciudad que se ha caracterizado por los feminicidios ahora destaca también por el juvenicidio. Tan sólo de septiembre para acá van tres masacres de jóvenes juarenses: 18 en el centro de rehabilitación El Aliviane, 10 más poco después en un centro similar, y la del sábado. Contamos sólo las de más impacto colectivo, porque en estas calles día a día siguen cayendo los jóvenes. Un 30 por ciento de los 4 mil 500 homicidios cometidos en Juárez entre 2007 y 2008 corresponden a jóvenes de menos de 19 años. (La Jornada, 2 de febrero de 2009, nota de Miroslava Breach). Si se cuentan los menores de 30, resulta que en la guerra contra el narco calderoniana los jóvenes han puesto más de la mitad de los muertos.
Y sin embargo, hace apenas dos semanas el Congreso del estado, con el solo voto en contra de Nueva Alianza y el PRD, reformó el Código Penal para incrementar de cinco hasta 15 años de prisión a los adolescentes infractores. Para muchos, los principales actores de la inseguridad son los jóvenes.
Lo que en Juárez sucede con nuestros jóvenes no es excepción o una típica excentricidad de la frontera norte del país. Los juvenicidios en Juárez son la comprobación palmaria del triple fracaso de las políticas del Estado mexicano. Son el resultado acumulado de muchos años de descuido o de maltrato estatal hacia los jóvenes. El futuro nos alcanzó: ahora son los jóvenes de Juárez, pero luego seguirán los de otras ciudades.
Fracaso en la estrategia contra el crimen organizado: la ofensiva militar y mediática de Calderón, hay que repetirlo por enésima vez, no ha funcionado ni en su variante “operativo conjunto”, conducida por el Ejército, ni en su variante operación coordinada
, conducida por la Policía Federal. Las calles se llenan de soldados y policías, quienes, sin embargo, nunca llegan a tiempo, no digamos para prevenir los homicidios, sino ni siquiera para atrapar a los asesinos, apenas pueden controlar el metro cuadrado en que se paran. Los espacios públicos se pierden a manos de las fuerzas del orden
o de las del desorden sangriento. El espacio privado, como la casa donde se celebraba la fiesta del sábado, es violentado por las armas asesinas con toda impunidad. A los jóvenes se les expulsó de sus antros, de sus discos, y ahora van a cazarlos a su propia casa.
Fracaso estructural en la política de Estado hacia los jóvenes. Pocos o nulos programas gubernamentales de prevención y atención a adicciones. Descuido total de la economía del cuidado
que permita a padres y agencias de gobierno brindar protección, salud y educación a los niños y adolescentes. El Estado justifica la exclusión de la mayoría de solicitantes de educación superior mediante la sofisticada coartada del Ceneval. Claudica de promover, difundir y apoyar las expresiones culturales juveniles, en aras de ceder al duopolio televisivo la función educadora cotidiana. En el país donde hay 7 millones de ni-ni
es, decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan, Chihuahua era el estado que porcentualmente más contribuía ya en 2007. Una política torpe que en 2009 expulsó a 700 mil muchachos del sistema escolar por falta de recursos para sostenerse y que provocó casi 350 mil intentos de suicidio. (La Jornada, 12 de enero de 2009, reportaje de Karina Avilés).
Fracaso histórico del modelo económico y social. Una economía oligopolizada y subordinada que cada año les cierra el paso al millón 200 mil jóvenes que llega cada año al mercado de trabajo; que condena al subempleo o a ingresos precarios a quienes han logrado terminar su carrera universitaria. Tan sólo entre 2008 y 2009 la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años se disparó de 7.6 a 10.3 por ciento, dos veces y media más que la tasa de desempleo de los adultos, según la Organización Internacional del Trabajo. Los jóvenes que ahora delinquen son los hijos de los ajustes estructurales, del neoliberalismo, del Estado mínimo de los errrores de diciembre y Fobaproa
, señala un periodista chihuahuense. La emigración forzada, el suicidio o la sicariada son las únicas opciones. ¿Por qué le vamos a tener miedo a la muerte si ya nacimos muertos?
, decía un joven pandillero de Juárez.
No son las balas: es una perversa política de Estado en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, lo que mata a nuestros jóvenes. En Juárez, pero no sólo en Juárez, en la nación entera, ya sean asesinados, ya sean gatilleros, todos nuestros jóvenes son víctimas.
Helguera
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1. Los medios mexicanos han tenido particular empeño en lo que va de 2010 por ocultar el clima de desazón e incluso de pánico que prevalece lo mismo en el pueblo estadunidense que en las elites financieras y políticas de ese país sobre la dramática situación que ha de afrontar en lo inmediato la administración Obama para hacer frente al déficit, al creciente desempleo, al fracaso en Afganistán e Irak y a la pérdida de confianza en su gobierno, y pretenden reducirlo todo a una conjura de la extrema derecha contra un presidente que se pretendió reformador y no resultó sino más de lo mismo pero de la peor manera.
2. El desastre que se avizora en el horizonte del proyecto imperial de Estados Unidos tiene sin embargo una particular llamada de atención para aquellos países de América Latina que, como México, no han tenido una capacidad interna para hacer valer su identidad nacional, su potestad soberana para defender sus recursos estratégicos y su derecho a una vía propia de desarrollo, y a los que amenaza a arrastrar a la debacle, en particular al haberse ellos mismos puesto la soga al cuello, como ha sido el caso de México.
3. El proyecto político
de la globalización capitalista neoliberal, definido en los últimos decenios, supuso la estructuración de una mecánica de poder supranacional en la que los estados nacionales no tuviesen capacidad soberana de decisión en materia financiera, económica y social, aunque ello hubiese supuesto la necesidad de que estuviesen cada vez más sometidos en los hechos, de ser necesario por la vía militar. De ahí que en este periodo de debacle del poder hegemónico estadunidense, los think tanks del Pentágono y del Departamento de Estado no parezcan tener otra obsesión que la de multiplicar sus bases en el mundo y de impulsar una creciente intervención tanto de la DEA como de la CIA y de otras agencias suyas en el quehacer de los gobiernos de diversos países, y de promover el uso de la fuerza como vía para solucionar los conflictos.
4. En México esto no resultó un problema para Washington tras la alternancia
del 2000, porque las resistencias de los panistas a someterse al poder trasnacional han sido inexistentes, pero las reacciones que se han producido desde otros sectores de la sociedad sí son significativas. La realidad de un gobierno entreguista, dedicado a atender los privilegios de los grupos mafiosos que lo encumbraron y del clero católico, y empecinado en su delirio por tratar de mantener su control sobre el aparato estatal después de 2012, al que no le interesan los intereses de la nación ni los derechos del pueblo, ha colmado a los mexicanos.
5. El gobierno espurio de Felipe Calderón ha cumplido cabalmente con el cometido central que contrajo con los poderes trasnacionales al ser impuesto por la vía del fraude en 2006, y que fue el de crear un escenario de violencia criminal y de autoritarismo en el país a fin de acelerar el desmantelamiento del Estado nacional y de favorecer el control estratégico del territorio mexicano por las agencias de Estados Unidos y el apoderamiento de los recursos estratégicos de México por las multinacionales, pero ello ha llegado a su límite.
6. El hecho de que miles de ciudadanos y decenas de organizaciones de Ciudad Juárez, agrupados en la Asamblea Ciudadana Juarense, agraviados por los crímenes sin nombre que se imputan a las políticas de su gobierno, el último de los cuales fue la matanza de decenas de jóvenes el último de enero, exigieran el lunes 2 la renuncia de Felipe Calderón, uniendo su voz a la de miles de mexicanos más (La Jornada del 3 de febrero), es un acontecimiento de gran trascendencia.
7. El aparato de Estado mexicano se halla en una cada vez mayor descomposición pues adquirió bajo los gobiernos del PAN rasgos cada vez más fascistas. La afirmación hecha por expertos tras este último crimen en el sentido de que el Estado impulsa la criminalización de la juventud
(La Jornada del 4 de febrero) es por lo mismo incompleta. El Estado, controlado por el PAN, impulsa la criminalización del pueblo pobre y no sólo de los jóvenes, pero también y sobre todo, de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales como el SME, de todas las formas de disidencia, de los periodistas: de todos aquellos que el gobierno de la ultraderecha busca provocar para justificar la cancelación de sus derechos.
8. Las respuestas del PAN, del Yunque y de su gobierno ante la indignación nacional por sus políticas resultan cada vez más grotescas, y así está siendo en este caso. El mismo día en el que diversas ONG reconocieron que son grupos paramilitares, que se sabe creados y tutelados por el gobierno de Calderón, los responsables de las ejecuciones en Ciudad Juárez (2 de febrero), en una respuesta indignante el titular de Gobernación se refirió a que la matanza fue un asunto de pandillas
.
9. Las políticas generales del Estado han tendido a instaurar un poder cada vez más centralizado y represor, que haga posible el proyecto de la derecha. La demagogia seudodemocrática de Calderón con su reforma política
no puede ya engañar a nadie, y muchas semanas después de que fuera desenmascarado al recordársele que no se pueden dotar al Ejecutivo de facultades dictatoriales, que las relecciones inmediatas sólo buscan consolidar el poder oligárquico que demandan las trasnacionales, que en las condiciones que se plantean las candidaturas independientes sólo sirven a los candidatos del gran capital y que no hay referendos democráticos posibles con el duopolio televisivo, sigue insistiendo en lo mismo.
10. La salida al deterioro nacional se sigue perfilando desde mucho antes del 2012, y es para muchos muy clara: que Calderón se vaya.
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Banderas caídas
Lento aprendizaje
Viento y agua
Izar, no arriar
Muertos los niños, que
participela sociedad. Dieciséis mil fallecimientos después, Felipe Calderón comienza a darse por enterado de que es importante que la gente intervenga en el diseño de políticas públicas. Luego de tres años de sangre regada por todo el país, empieza a vislumbrar que detrás del fenómeno del narcotráfico pueden estar ciertos factores de desajuste e injusticia social que deben ser atendidos mediante asistencia y desarrollo y no armas y
guerra. Felipe de lento aprendizaje que ante su pifia más reciente, la del tratamiento discriminatorio de una masacre de estudiantes en Ciudad Juárez, dice que pretende arriar banderas bélicas absolutas y compartir con los ciudadanos la toma de decisiones venideras, como si lo mismo hubiera hecho cuando por sus puras pistolas desató la pesadilla armada que ha recorrido el país a cuenta y cuento de la
guerraque circunscribió al plano físico delincuencial de baja monta, sin tocar nunca los nichos dorados de las actividades empresariales y las cuentas bancarias ni afectar jamás a los jefes políticos de los cárteles de las complicidades institucionalizadas.
Pero ya ha de verse más delante si estas recomposturas felipillas son genuinas o mero recurso discursivo circunstancial. Porque, sin presupuesto disponible, sin operadores confiables, repudiado él mismo en aquellos lares, ¿cómo podría F.C. lanzar un magno programa de rehabilitación profunda del deshecho tejido de la tantas veces sacrificada Ciudad Juárez? Pero algo ha de intentar el viajero de Oriente que se ha dejado ganar la oportunidad gráfica por el marrullero gobernador José Reyes Baeza que entre mentadas y ofensas se acomodó para la foto y la tele entre algunos deudos de los chavos ejecutados y ahora despliega publicitariamente ese lance con cinismo profesional, haciendo ver que él sí estuvo allí, con esos jóvenes y esa franja social que repudia todo lo que suene a gobierno y política. Felipe se ha quedado rezagado, y ahora hasta los empresarios juarenses piden lo que aquí y en www.twitter.com/julioastillero se impulsó desde el miércoles: que el hipotético Felipe (lanzó desde Tokio la hipótesis de las rivalidades de pandillas) se vaya a vivir a la urbe fronteriza para que conozca de primera mano lo que allá sucede y despache desde allí hasta que la situación mejore de verdad.
A la creciente descomposición política y social ha de añadirse la embestida meteorológica que con aire y agua está demostrando la fragilidad de la estructura operativa del país y la incapacidad de los políticos-funcionarios para hacer algo más que discursos o actuaciones breves para tomas de cámaras informativas. Del catálogo de males derivables de estas irrupciones de la naturaleza destaca el agravamiento de los problemas del gobierno federal para atender desperfectos y mantener en buen funcionamiento la red eléctrica de zonas anteriormente atendidas por los especialistas botados a la calle por Felipe y Lozano en otra faceta de las guerras felipillas, ésta contra el SME. Haiga sido por lo que haiga sido, lo cierto es que los vientos y la lluvia han producido una cauda de prolongadas descomposturas en amplias zonas de la capital del país, lo que pareciera demostrar que la improvisación y el autoritarismo de la administración federal en el caso de Luz y Fuerza del Centro están cobrando sus regalías adversas, mientras los líderes del SME aseguran que el sistema eléctrico del centro del país está a punto de colapsarse por falta de buen mantenimiento en subestaciones. De las banderas caídas, tiradas por Felipe y Lozano, los sindicalistas retoman fuerza para proponerse como trabajadores emergentes que en tres semanas arreglen lo dañado.
Simbólica por definición, la bandera nacional genera significados que van más allá de lo logístico o lo material. Limpia, colorida, ondeante, bien sostenida, ayuda a ensanchar el pecho. Caída, en el suelo, abandonada así sea por minutos, produce la sensación de que es una confesión de lo mal que está el país. Ayer, la gran bandera nacional ubicada en la glorieta de San Jerónimo cayó, seguramente a causa del fuerte viento. Tal vez en otro momento del país las reacciones habrían sido menos incisivas, pero muchos creyeron ver en ese episodio la materialización de las muchas cosas malas que suceden en el país: los pésimos gobiernos, las deplorables cámaras legislativas, la violencia desatada, los medios de comunicación mendaces y manipuladores, los empresarios al acecho... Banderas caídas.
Pero no ha de ser de fracaso e impotencia la imagen que de estas caídas subsista. Cada vez son más los mexicanos a quienes queda claro el desastroso uso del poder que la camarilla felipesca ha hecho. Ni siquiera se trata de discusiones sobre ilegitimidad de origen, fraudes electorales o banderías partidistas: Calderón y su cártel gobernante están siendo tachados por cada vez más mexicanos a causa del deplorable papel que están realizando, por más que saturen el espacio mediático de propaganda que entre más groseramente falsa más reacciones en contra genera. No hay organización social, programa ni liderazgo que pueda encauzar plural y renovadamente la inconformidad generalizada, pero cada vez hay más conciencia y ganas de participar, de cambiar las cosas. De izar banderas.
Astillas
Chucho Ortega se irá en diciembre de este año, según se ha anunciado en el contexto de un plan de renovación escalonada de los diferentes niveles directivos del sol azteca en todo el país. La salida pareciera ser parte de un acuerdo de pragmatismo electorero: Chucho se alzará con lo que pueda de las alianzas perreánicas criticadas de palabra pero toleradas de hecho y, a partir de 2011, todo mundo dirá que lo pasado, pasado, y que hay que ver hacia adelante, hacia los siguientes comicios: la zanahoria electoral... Pobrecito secretario de Haciéndose, que no atina a destacar más que emitiendo deplorables comentarios optimistas sobre lo bien que, dice, le va yendo a México que, oh, sí, Ernesto Borreguito, ya está de regreso
en grandes ligas económicas... ¡Feliz fin de semana!
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En respuesta, la UNTPP demandará a funcionarios de Minatitlán, Tula y Ciudad del Carmen
Los empleados son obligados a firmar un documento que solicita desaparecer la unión de petroleros
Viernes 5 de febrero de 2010, p. 10
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) demandará ante los juzgados de distrito en materia administrativa a los gerentes de las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Minatitlán, Tula y Ciudad del Carmen, ya que esos funcionarios están obligando a los trabajadores a renunciar al sindicato con amenazas y han despedido a los que se niegan a hacerlo
, señaló el dirigente del gremio, Didier Marquina.
En una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los trabajadores Alejandro Corona Bahre, Fabiola Navarrete, Magdalena Torres Cobos y Maricarmen Camacho Mercado, que ya fueron cesados ilegalmente
por negarse a renunciar a la UNTPP, Marquina entregó copia de los documentos que les están obligando a firmar a los petroleros.
El primero de estos documentos es una carta dirigida al Lic. Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo
, en la que los profesionistas supuestamente le piden al funcionario que haga uso de los medios legales procedentes para que se proceda a la cancelación del registro de este sindicato (la UNTPP)
.
Según explicó Didier Marquina, esta es la misma estrategia que utilizó Pemex en 2008 para amedrentar a los trabajadores que se afiliaron a la UNTPP, sólo que ahora la paraestatal contrató al despacho privado del abogado César Roel para que sea el encargado de llevar a cabo el proceso.
Cabe referir que esta unión obtuvo apenas en enero el reconocimiento como sindicato por parte de la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, luego de que una juez determinó amparar a esta organización, que ha librado una amplia batalla legal para su reconocimiento oficial. Sin embargo, la dirección de Pemex se ha negado a recibir a la directiva de este gremio, así como a reinstalar al comité ejecutivo nacional del mismo, cuyos integrantes en su mayoría han sido despedidos.
Los trabajadores ya cesados relatan que sus superiores, o bien los encargados del área de recursos humanos de cada adscripción, los mandan llamar y les dicen que tienen que firmar su renuncia a la unión. Nos piden que pensemos en nuestra familia, en que no hay trabajo y quienes se niegan a la propuesta inmediatamente se les suspenden los pagos y se les retira la credencial como trabajadores, nos dejan en la indefinición, o jubilan por anticipado y sin pago
, relataron.
Los funcionarios de la paraestatal incurren en una violación flagrante a diversos ordenamientos, como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal del Trabajo, por lo que ya se presentó una demanda contra José de Jesús Chávez Mercado, gerente de la refinería de Tula, Hidalgo, y contra Esperanza Contrera, encargada del área de recursos humanos de la misma.
En los próximos días se demandará a Antonio Murillo Soberanes, encargado del despacho de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex; a Sergio Aceves Borbolla y Julio Isaac Sánchez Villanueva, directivo y jefe de recursos humanos de Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche; así como a varios funcionarios de la refinería de Minatitlán, entre otros.
