COMUNICADO DEL FNCR:
NO A LA REFORMA JUDICIAL , SÍ A UNA LEY DE AMNISTÍA GENERAL. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
AL PUEBLO DE MÉXICO:
Es de conocimiento público que las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados han tomado ya el acuerdo de aprobar en los próximos días la llamada reforma judicial, que significará la modificación, en materia de justicia penal, de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del texto constitucional.
A pesar de que diversos sectores sociales han elevado sus voces de preocupación sobre las gravísimas implicaciones de esta reforma, una vez más, el grupo gobernante, a través del Congreso federal, muestra oídos sordos, y sin un mínimo de consulta a la población, parece encaminado a una nueva imposición legislativa de espaldas a la sociedad.
En respuesta a la inminente imposición, las organizaciones y ciudadanos miembros del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) manifestamos que la pretendida reforma:
1. Incorpora a la Carta Magna la figura de arraigo, que ha sido definida como una forma arbitraria de detención preventiva por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Se argumenta que el propósito es combatir al “crimen organizado”; sin embargo, este concepto se mantiene en la más absoluta ambigüedad. Basta con que tres o más personas se pongan de acuerdo para presionar a algún funcionario o institución, con la intención legítima de resolver reivindicaciones de carácter social, para que eso se tipifique de “delincuencia organizada”. Como dice Amnistía Internacional, esto va más allá de la Convención de Palermo e implica un proceso judicial con garantías limitadas, una contravención al principio universal del Debido Proceso.
2. Más grave aún, se contempla la permisión del allanamiento de morada por parte de los agentes policíacos, respecto a lo cual Amnistía Internacional dice:
La propuesta de que los policías puedan ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando está en juego la vida o la integridad de las personas o en caso de flagrancia, genera serias preocupaciones. El abuso de poder por parte de policías para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia por Amnistía Internacional, advirtiéndose en no pocas ocasiones que la actuación policial ilegal ha sido disfrazada ante el Ministerio Público o ante el juez mediante el uso de evidencias fabricadas para justificar la actuación de los agentes policiales. La nueva facultad no se muestra en la dirección de eliminar tales abusos, ni tampoco incluye disposiciones que coincidan con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.
3. En la práctica, esta contrarreforma constitucional echa abajo derechos históricos del pueblo mexicano, lo cual viola flagrantemente el Artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala:
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El Estado mexicano se ha declarado respetuoso del orden jurídico internacional y, en particular, de la normatividad relativa a los derechos humanos, por lo que para ser congruente con ello tendría que retirar en lo inmediato la propuesta de reforma judicial.
4. Para el FNCR, la aprobación de la llamada reforma judicial representaría la culminación de una serie de cambios al marco jurídico orientados a fortalecer las funciones e instituciones represivas del neoliberalismo, para garantizar el control autoritario sobre los trabajadores, la ciudadanía organizada y la sociedad civil. Se busca legalizar lo que ya ahora se practica, pero es ilegal. Se pretende legalizar la criminalización de las luchas y los movimientos sociales, en concordancia con la agenda de seguridad impuesta por Estados Unidos al gobierno de nuestro país.
Por todo lo anterior, el Frente Nacional Contra la Represión :
Expresa su rechazo a la aprobación de la reforma judicial y exige al Congreso federal la deseche por regresiva y violatoria de los derechos humanos y de nuestras garantías individuales y colectivas.
Hace un llamado al pueblo, a los ciudadanos y a las organizaciones sindicales, sociales, populares, políticas y civiles a estar alertas, a movilizarnos de manera unitaria para impedir la aprobación de la reforma judicial y de todas las contrarreformas neoliberales que lesionarán de manera grave los derechos de todos los mexicanos.
Llamamos a participar de manera masiva en la MARCHA CONTRA LA REFORMA JUDICIAL Y POR UNA LEY DE AMNISTÍA GENERAL que haga posible la libertad de todos los presos políticos y la presentación con vida de todos los desaparecidos.
TODOS A LA MARCHA EL MARTES 19 DE FEBRERO, A LAS 4 DE LA TARDE , DEL HEMICICLO A JUÁREZ AL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.
FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN
ARTICULO DE NUESTRO PRESIDENTE:
¿PAÍS O COLONIA?
por Andrés Manuel López Obrador
A solicitud del periódico Reforma, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, publica hoy un artículo en el que describe su proyecto en materia petrolera y expone que el país se ha convertido en un importador de derivados del crudo dado, que no se ha dado prioridad al sector energético. El siguiente es el texto de dicha colaboración periodística.
Ciudad de México (18 febrero 2008).- A diferencia de la derecha y de sus tecnócratas, nosotros pensamos que podemos sacar adelante al país desterrando la corrupción de la que se alimentan y nutren mutuamente el poder económico y el poder político de México.
También creemos que es indispensable, para la transformación del país un modelo económico propio que tenga como eje aprovechar la vocación de trabajo de nuestro pueblo y el uso racional de los recursos naturales, sobre todo de los energéticos.
Aquí no trataré el problema de la corrupción política y de los beneficios que obtendríamos con erradicarla. No hablaré de los jugosos negocios que actualmente se están haciendo al amparo del poder público, como es el caso del reciente contrato de compra de gas a Repsol de España por 15 mil millones de dólares, asignado sin que se presentara ninguna otra oferta y con gas extraído en Perú y revendido a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos.
Tampoco me referiré a lo mucho que ganaríamos al liberar de la opresión a los trabajadores mexicanos, a quienes se les ha cancelado el futuro en su patria y se han visto obligados a emigrar para desatar en el extranjero su talento y laboriosidad.
El propósito de este artículo es resaltar la importancia estratégica del petróleo y de cómo podríamos convertirlo en palanca del desarrollo nacional. La relevancia del sector energético radica en que se extiende desde la extracción del crudo y el gas hasta la refinación, la petroquímica y la generación de electricidad. Los productos de estas industrias son insumos de otras y, así, se va formando una gran cadena de valor económico. Además las industrias energéticas usan de manera masiva bienes y servicios de otras ramas de la economía, con lo que se fortalece el mercado interno.
Por otra parte, todas las proyecciones indican que la demanda de energéticos seguirá en aumento; incluso, se estima que para el año 2020 será 50% mayor que la actual. Es decir, aun cuando se continúa investigando sobre otras fuentes de energía, todavía por varias décadas el desarrollo de la economía mundial seguirá sustentándose en los hidrocarburos.
Es en este horizonte en el que México goza de invaluables posibilidades de desarrollo. Nuestro país cuenta con reservas potenciales de crudo suficientes para producir gasolinas y petroquímicos y, además, posee en el subsuelo gran cantidad de gas natural que, cada vez, con mayor frecuencia se está utilizando para la generación de energía eléctrica.
Ahora bien, ¿por qué se ha desaprovechado este gran potencial económico y no se ha usado el petróleo para fomentar la industrialización, generar empleos y convertir a México en una potencia energética? La respuesta, aunque parezca increíble, tiene que ver con la idea que ha prevalecido, en los últimos 25 años, de privatizar la industria eléctrica y el petróleo. Y desde luego, detrás de esta concepción está el interés de quienes ambicionan apropiarse de recursos que son propiedad de la nación y del pueblo de México.
Sólo así se explica que desde 1983, en vez de modernizar la industria petrolera y convertirla en palanca del desarrollo nacional, todos los gobiernos neoliberales han optado, deliberadamente, por arruinarla y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado.
Durante este periodo, la política energética ha sido manejada con perversidad, de manera irresponsable y con una sorprendente falta de visión y sentido común. Lo único que les ha importado es vender petróleo crudo al extranjero haciendo a un lado la exploración de nuevos yacimientos y, sobre todo, dejando en el abandono la refinación y la industria petroquímica.
La inversión pública directa de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujo al mínimo; pasó de 2.9% del PIB en 1982, a 0.57 en el 2007. También en electricidad disminuyó de 1.2% del PIB en 1982 a 0.31% en el 2007. Es decir, en ese periodo la totalidad de la inversión pública en el sector energético cayó de 4.12 a 0.88% del PIB.
Por más de dos décadas, la producción prácticamente ha dependido de los campos descubiertos en los años setenta, sobre todo del yacimiento de Cantarell en el mar de Campeche y de los pozos de Chiapas y Tabasco.
Con respecto al gas, los tecnócratas nunca avizoraron la importancia estratégica que llegaría a tener este energético. A la refinación y a la petroquímica se les privó de recursos para su expansión y modernización. Desde hace 25 años no se construye una nueva refinería y por eso estamos importando 307 mil barriles diarios de gasolina, que podríamos estar produciendo en nuestro país, generando empleos para los mexicanos.
Es tan absurdo lo que han hecho que este año se comprará gasolina en el extranjero con un valor de 10 mil millones de dólares, exactamente lo que costarían las tres refinerías que necesita el país para ser autosuficientes en este combustible. En suma, el sector energético no ha tenido prioridad en los planes gubernamentales y México se ha convertido en exportador de crudo e importador de productos con mayor valor agregado.
Todo esto nos ha llevado a una gravísima situación de dependencia. Se compra caro en el exterior la cuarta parte del gas que necesitamos en el país y 40 por ciento de la gasolina que consumimos.
Por si fuera poco, en México, la electricidad y el gas, le cuestan más al consumidor y al empresario que en Estados Unidos y que en otros países del mundo. En cuanto a la gasolina, mientras nosotros pagamos en diciembre de 2007 el litro en 8 pesos con 74 centavos, en otros países petroleros como en Rusia valía 8.48; en Estados Unidos, 7.51; en China 7.16; en Nigeria, 5.28; en Emiratos Árabes, 4.99; en Ecuador, 4.34; en Irak, 3.49; en Kuwait, 2.32; en Arabia Saudita, 1.32; en Irán, 0.97 y en Venezuela 50 centavos por litro.
Ante este panorama y esgrimiendo la falta de recursos económicos y de tecnología, el gobierno usurpador pretende consumar la fechoría de privatizar esta riqueza de la nación y compartir la renta petrolera con empresas extranjeras.
Debe saberse que Pemex, a pesar de la corrupción y del mal manejo, genera cada año un gran superávit de 60 mil millones de dólares, más de 6 por ciento del PIB. Es la empresa más rentable del país (extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se vende hasta en 80 dólares).
Pemex es la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo del mundo. Los impuestos que pagó el año pasado fueron de 60 mil millones de dólares, equivalentes al 38 por ciento del presupuesto del gobierno federal, y a más de tres veces, lo que pagaron de impuestos sobre la renta todas las empresas privadas del país. Si Pemex no invierte lo suficiente, es porque el gobierno se lo confisca todo.
En cuanto a la tecnología, es falso que irremediablemente tengamos que asociarnos con empresas extranjeras y no se pueda contratar. Además hay trabajadores, técnicos e ingenieros petroleros mexicanos con mucha experiencia.
No olvidemos que, contra todos los pronósticos de las compañías extranjeras, Petróleos Mexicanos, en 1938, salió adelante en sus operaciones, como puede lograrlo, con más razón ahora. Es cosa de convocar a quienes saben y están dispuestos a contribuir.
Sólo los tecnócratas acomplejados y vende patrias, pueden argumentar que hoy Pemex no puede y que su entrega al sector privado, nacional o extranjero, es la única salvación.
La política de fortalecimiento energético que proponemos, sin apertura al capital privado, ni nacional ni extranjero, implicaría en una primera etapa, invertir con carácter de urgente, 400 mil millones de pesos que se destinarían a la exploración de nuevos campos, al desarrollo de los yacimientos de gas natural, a la perforación de nuevos pozos, a la construcción de tres nuevas refinerías, a la modernización y ampliación de plantas petroquímicas, a la investigación y tecnología (incluyendo fuentes de energía alternativa) y al mantenimiento de las instalaciones petroleras.
Como es lógico, la pregunta obligada es ¿de dónde saldría el dinero? La propuesta que hacemos es que estos fondos se obtengan de dos maneras: por un lado, proponemos que se reduzca el gasto corriente y de operación del gobierno en 200 mil millones de pesos.
Esto implica, entre otras cosas, suprimir las partidas del presupuesto destinadas a garantizar los privilegios de la alta burocracia que se ha convertido en una de las castas más favorecidas del mundo. Aclaro que no proponemos reducir el gasto en inversión ni reducir los sueldos de los trabajadores de base y eventuales ni en obra pública, en educación y salud, ni en programas de apoyo a los más desprotegidos; sino reducir el gasto burocrático y el destinado a la operación del sector público, donde se ha registrado el incremento más cuantioso en los años recientes.
Conviene decir que el gasto corriente del sector público, del año 2000 hasta la actualidad, aumentó de 714 mil millones de pesos a un billón 466 mil millones; es decir, se duplicó.
Por otro lado, proponemos que todo el excedente que se obtenga por encima del precio del petróleo aprobado por la Cámara de Diputados, se invierta en el desarrollo del sector energético.
Para tener una idea del potencial de esta medida, si se mantuviera el precio internacional actual del petróleo por un año, este excedente sería de más de 200 mil millones de pesos.
Al respecto conviene recordar que, durante el gobierno de Fox, tan sólo de excedentes por los precios altos del petróleo, se recibieron 10 mil millones de dólares por año en el trienio de 2004 a 2006. Y la desgracia fue y sigue siendo, que todo ese dinero, en vez de destinarse a modernizar a Pemex, a promover el desarrollo de México y a garantizar el bienestar del pueblo, se derrochó en beneficio de la alta burocracia o se fue por el caño de la corrupción.
REPORTANDO LAS LUCHAS OBRERAS:
Marchan de SLP al DF obreros despedidos por Grupo Modelo
Trabajadores despedidos de Industrial Vidriera del Potosí, perteneciente a Grupo Modelo, partieron ayer en caravana de esa entidad a la ciudad de México, para protestar por la “persecución y represión” que ha cometido esa empresa “contra su sindicato democrático y sus dirigentes”. El gremio informó que la firma ha cesado injustamente a más de 200 obreros, incluidos todos los representantes del comité ejecutivo sindical. Se trata, señaló, de una “limpia política y represión abierta” contra el sindicato democrático debido a que los trabajadores hace un año se independizaron de un organización afiliada a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y en represalia se realizó el despido masivo. Francisco Retama, asesor legal de la organización, explicó que el gobierno del estado se ha negado a intervenir para solucionar el conflicto, además de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desechó dos emplazamientos a huelga interpuestos por los trabajadores para defenderse de los despidos. La caravana se detendrá hoy en Querétaro, donde realizará una manifestación.
EN TORNO A LA "LEY GESTAPO":
Bernardo Bátiz V.
El engaño de la
reforma judicial
No los diputados, sino los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN en la cámara, anuncian que en unos días concluirán la primera etapa de la reforma constitucional en materia penal, que se ha presentado al público consumidor como “la reforma judicial”. Si lo hacen, estarán consumando una acción política que tarde o temprano se les echará en cara y que todavía podría frenarse en las legislaturas de los estados, pues para una reforma constitucional no basta la aprobación en el Congreso federal.
Pero vamos por partes. Tanto Emilio Gamboa como Héctor Larios, coordinadores del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, atropellan la forma y el fondo al pretender imponer la reforma de marras; la forma en cuanto ellos toman la palabra por todos sus compañeros legisladores, acuerdan entre sí y olvidan el principio básico del derecho parlamentario, según el cual todos los legisladores son iguales en su representación y su voto es individual y libre. El que los coordinadores acuerden y los demás tan sólo confirmen disminuye el papel del órgano colegiado y convierte a los diputados, de representantes de la nación, con plena autonomía para opinar y para votar en los asuntos de su competencia, en simples peones del ajedrez político que juegan sus jefes o patrones, que no coordinadores.
Pero allá ellos. Lo más importante es el atropello a los derechos humanos con reformas que significan un retroceso respecto de la legislación actual y que además contravienen declaraciones contenidas en pactos internacionales aceptados mundialmente y suscritos por México.
Esto es grave sin duda; juristas que no pueden ser tachados de izquierdistas, como Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez y Luis María Aguilar, entre otros, se han pronunciado en diversos foros y en distintos tonos en contra de las pretendidas reformas y han señalado el grave riesgo de que constituyan la formalización de la autorización a los atropellos policiacos y a la violación de derechos humanos elementales. Pero hay todavía algo más: la reforma judicial ha sido manejada en forma mediática, como un producto de mercado que hay que “vender”, y así se han dicho sobre ella mentiras y verdades a medias.
Por ejemplo, se dice que lo que se pretende es instaurar en México un proceso penal en el que la oralidad, el carácter controversial, la transparencia y la inmediatez sean sus “nuevas” características; pero resulta que nuestros juicios penales ya son orales: hay audiencias, careos y otras diligencias, las más importantes del juicio, que ya tienen esa característica; ya son transparentes y públicas, salvo excepciones razonables; hay la obligación de los jueces de estar presentes en todas las diligencias de los juicios, que es lo que significa inmediatez, y ya tienen nuestros procesos el carácter controversial desde 1917, puesto que los jueces de instrucción que en el siglo XIX investigaban y dictaban sentencia fueron sustituidos en la nueva Constitución por jueces imparciales, árbitros del proceso y directores del mismo, equidistantes entre el Ministerio Público, la parte acusadora y la defensa del acusado. Esto es, desde 1917 nuestro proceso penal es acusatorio y controversial.
Todo esto tiene, sin embargo, un sentido: es sólo una cortina de humo para introducir detrás de ella, en nuestra Constitución, francas y abiertas restricciones a los derechos humanos garantizados en el capítulo primero de la misma, dando marcha atrás en garantías fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones personales y de la libertad individual.
Las reformas serán, so pretexto del combate a la delincuencia organizada y la pretendida modernización de nuestro tribunales (léase imitación de programas estadunidenses de La ley y el orden), un paso firme hacia un Estado policiaco y represor.
¿Qué está en el fondo? En el fondo está dar más facultades a las policías, restárselas a las procuradurías para convertir a éstas y a sus agentes en simples litigantes acusadores en los procesos y dejar la investigación en manos de la policía, la que se ha planeado desde el sexenio pasado como centralizada y controlada desde el Ejecutivo federal, autorizada para actuar con manos libres en la persecución de quienes los mismos policías definan como criminales.
Me parece que el busilis de la reforma, el punto más grave, que amarra las otras violaciones a las garantías individuales, está en lo que se pretende hacer con el artículo 21 constitucional.
En la redacción elegante y precisa del actual artículo 21 se dice que la investigación y persecución de los delitos incube al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; en la propuesta a debate, se modifica este párrafo para quedar de la siguiente manera: “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”. Así, sin matizar, ministeriales, judiciales, preventivas, federales, estatales o municipales, o cualquier otra que por ahí aparezca, con el agravante de que, de paso, se cuela, sin aparecer en texto alguno, que los militares con los que mayoritariamente se formó la Policía Federal Preventiva serán también investigadores y perseguidores de delito.
Ciertamente, ya se cometen atropellos; reiteradamente sabemos de allanamientos violentos, de verdaderas tomas de pueblos y rancherías, de disparos y de muertes en los retenes de calles y carreteras, y ya nos estamos acostumbrado a que los policías humillen y vejen, obligándolos a arrodillarse o a tenderse en el suelo, a todos los que detienen, sean culpables o no, sospechosos o simples viandantes; ya hay cateos sin orden judicial, arraigos injustificados y detenciones arbitrarias, pero lo que se pretende ahora es que todo eso tenga un sustento constitucional y nada menos, oh ironía, nada menos que en el capítulo de garantías individuales.
Es cierto que en la reforma se agrega un matiz que en apariencia la salva, que las policías estarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público, pero a éste, para tenerlo bien controlado, simultáneamente se le restringen derechos laborales en el apartado B) del artículo 123 de la Constitución, que va en el paquete; quisiera ver a un agente del Ministerio Público de un pueblo, o de cualquier lugar, dando órdenes o controlando a los militares de la Federal Preventiva o a los policías del AFI o a los que García Ramírez ha llamado los “supercomandantes”.
Con la reforma al 21 se ponen en el primer párrafo, en igualdad de responsabilidades, a la institución investigadora, el Ministerio Público, con las policías, y esto es abrir la caja de Pandora de las arbitrariedades y puerta a un Estado persecutorio y de mano dura, que con estas reformas recibirá el banderazo de salida. Las leyes secundarias se encargarán de los detalles.
No hay duda de que esta reforma es un retroceso, es tan grave como la del ISSSTE o la de los energéticos, porque será el instrumento que puede usarse para reprimir movimientos sociales. Ciertamente, la gente, el pueblo, ante crímenes y delitos reales y también ante la propaganda para meter miedo, exige seguridad y ésta debe prestarse por parte del Estado, pero no al precio de la libertad.
