Hoy sabado a las 11.00 hos por 12.80, llamen saturen el telfono 
Mañana sábado 8 de marzo próximo a las 11:00 horas tendremos un debate el diputado federal del PAN José Antonio Diaz García y un servidor, en el programa de radio "El poder de los negocios" en el 1280 de AM sobre el petróeleo espero puedan escucharlo.
■ Hijo de Ignacio del Valle, entre los detenidos que dejarán el penal
Texcoco, Méx., 7 de marzo. César del Valle Ramírez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez y Rufino González Rojas obtuvieron su libertad absolutoria –aún no ejecutada hasta el cierre de la edición– tras permanecer presos un año y 10 meses en el penal Molino de Flores, ubicado en Texcoco, acusados de ataques a las vías de comunicación.
Otros 25 simpatizantes e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que enfrentaban proceso en libertad también fueron absueltos luego de que el cuarto tribunal colegiado de segundo circuito con sede en Toluca resolvió favorablemente la revisión de amparos en su favor.
Juan de Dios Hernández Monge, abogado del movimiento atenquense, informó que este viernes se resolvieron los dos amparos, uno de ellos el 1095/07, en favor de los activistas.
Ambos amparos, que habían sido otorgados meses atrás por el juzgado noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl y apelados por el Ministerio Público, benefician a 28 activistas que fueron absueltos del delito de ataques a las vías de comunicación.
De ellos, 25 enfrentaban un proceso en libertad, en el juzgado primero de lo penal con sede en el reclusorio Molino de Flores en Texcoco.
Solamente Rosales Gutiérrez, González Rojas y César –hijo de Ignacio del Valle, dirigente del FPDT de San Salvador Atenco, preso en el penal del Altiplano– estaban presos desde hace 22 meses, cuando fueron detenidos durante la toma de Atenco, en mayo de 2006, por policías federales y estatales. La mañana del 4 de mayo de 2006, César fue detenido tras ser golpeado y sacado del domicilio de sus parientes en el centro del municipio.
Sería la madrugada de este sábado cuando los tres dejarían el reclusorio.
El cuarto tribunal colegiado notificó al juzgado noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl de la resolución favorable, y éste a su vez ordenó la libertad absolutoria al juzgado primero de lo penal con sede en Molino de Flores.
María Trinidad Ramírez, madre de César y esposa de Ignacio del Valle, dijo que la resolución demuestra que todo el proceso que se les fincó a los activistas estuvo amañado.
“Estoy feliz como madre, pero esto no significa que vamos a bajar la guardia para obtener la libertad de los presos que aún quedan; lucharemos porque existe el compromiso moral y social para que todos sean liberados”.
Y es que 13 atenquenses aún siguen recluidos en los penales Molino de Flores y el Altiplano.
El Torito es inocente
El Secretario de Gobernación de México, el encargado de la política interior del país, ha proclamado recientemente su inocencia. No negó la veracidad de la documentación presentada por el enemigo publico numero uno, el frustrado candidato presidencial y proclamado, por sus seguidores, presidente legitimo de México. Donde se puede ver su firma en un contrato celebrado con PEMEX, cuando él era asesor de la secretaria de energía. Dio una serie de justificaciones, que solo en este país, donde la impunidad es la norma, van a ser tomadas en cuenta y como a los hijos de la exprimera dama, el propio expresidente Fox, el gobernador de Puebla, el de Oaxaca o cualquier otro delincuente político no se le declarada inocente o no culpable, sino, simplemente se concluirá que “No hay delito que perseguir”. Ah me olvidaba de mencionar a Bejarano, siempre hay que nombrar a Bejarano, el de los video-escándalos, que se ha convertido en la divisa de aquello de que “el que este libre de pecado que arroje la primera piedra”, o “para rateros: Bejarano; los que están en el gobierno solo son practicantes de usos y costumbres que prevalecen desde tiempos coloniales.”
Como buen filosofo mi capacidad de asombro no ha menguado, y supongo que está característica es igual de ingenua o ridículamente proporcional a la credulidad de personas que pueden tragarse declaraciones como :
“Resulta inmoral y doloso, afirmar que las operaciones de la empresa de mi familia, son el producto de las responsabilidades públicas que yo he ocupado en el pasado reciente; cuando la empresa en cuestión estableció relación comercial con Pemex, yo tenía catorce años de edad”.
Pues no sabía que podían contratar menores de edad como asesores del secretario de energía. Me parece que el tema es la extraña coincidencia temporal entre un contrato otorgado a la empresa donde él es el apoderado legal y al mismo tiempo funcionario de una secretaria a la cual pertenece PEMEX. Me parece que para esos tiempos ya estaba bastante peludito.
“por ello, resulta mezquino que se me acuse de beneficiarme económicamente de la política, cuando fue justamente la política la que me motivó a renunciar a mi patrimonio legítimo, producto del esfuerzo personal y familiar”.
La única razón por la que no se ha arrojado desde el Castillo de Chapultepec envuelto en el lábaro patrio, es su confusión acerca de cual bandera usar, si la de México o la de España.
En entrevista televisiva, Mouriño Terrazo refirió que los contratos presentados para difamarlo son legales y auténticos, que fueron firmados cuando era apoderado de la empresa familiar, pero que no hubo ninguna actuación indebida de su parte pues verificó que esos documentos fueran legales, así como su participación.
El funcionario federal explicó que desde noviembre 2003 dejó de ser socio de la empresa familiar e inició los trámites para dejar de ser el apoderado legal, por tanto no era parte interesada en la firma de esos contratos.
Solo los firmó porque no estaba interesado, él ya iba de salida. Ser apoderado legal de una empresa no implica que seas socio, o que de alguna manera tenga interés en que la empresa de su familia tenga un contrato con una paraestatal perteneciente a la secretaria donde él labora.
En cuanto a sus funciones como subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía o como diputado federal, detalló que nada tenía que ver con el tema de hidrocarburos o con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Solo le falta declarar. “Es más, ahora como alto funcionario, el Presidente me encargo las negociaciones de la reforma energética...y ni caso le voy a hacer”.
Mouriño Terrazo hizo notar que quienes lo señalan de supuestamente violar la ley por conflicto de intereses no se han presentado ante las instancias pertinentes ni han presentado argumentos ni pruebas. Por ello, dijo, esperó hasta este momento para explicar esa situación ante la opinión pública.
"Ellos se han limitado al escándalo mediático", expuso el funcionario, quien manifestó su disposición de que las autoridades competentes lo investiguen para que no haya más dudas de su actuar.
No cabe duda que son unos cirqueros escandalosos esos señaladores y efectivamente deberían llevar sus argumentos y pruebas inválidas a las autoridades competentes. Como la Secretaría de la Función publica, como diría Jorge Zepeda Patterson, “una dependencia que forma parte del gabinete que él mismo coordina”, pero es que no se puede pedir competencia e independencia al mismo tiempo, ni que fueran funcionarios de la secretaria de energía y apoderados de empresas contratadas por ella. O mejor aun, que vayan a la Suprema Corte de Justicia, si ya falló a favor del gobernador Mario Marín ante tan flagrante delito, que les dura un pínche papel firmado.
■ Con la privatización de Pemex como trasfondo, ambos intensifican su actividad política
■ Desdeña a comisión especial del Congreso
■ Sólo sería útil para alentar el “escándalo”
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo que las comisiones especiales legislativas sólo sirven “para que no se llegue a la verdad jurídica, sino simplemente se sostenga el escándalo.
“Cuando no se trata de buscar la verdad, cuando no se trata de que se aclare jurídicamente una acusación, entonces se busca alguna manera de, insisto, mantenerlo vivo”, subrayó.
El funcionario concedió ayer por la mañana seis entrevistas a igual número de estaciones de radio. En una de éstas afirmó que al asumir su primer encargo como funcionario público (16 de octubre de 2003) continuó como apoderado legal de Ivancar, porque primero debió esperar a la asamblea de accionistas para manifestar su decisión de retirarse y, posteriormente, de hacer trámites ante distintas autoridades para informar del cambio de apoderado legal.
“Pero eso tú sabes que no puede ocurrir de la noche a la mañana; se tienen que hacer distintos trámites para ello”, argumentó.
En ese lapso (entre el 16 de octubre de 2003 y diciembre de ese mismo año) –añadió– ya había dejado de ser accionista pero todavía estaba en trámite dejar de ser apoderado legal, cuando surge este asunto del contrato.
“Verifico que mi firma en el mismo sea legal y lo firmo, con la tranquilidad que debe tener cualquier servidor público cuando hace un acto apegado a la ley (…) y fue ese, insisto, el último contrato que firmé como apoderado legal de esa empresa, de la cual estoy desvinculado completamente desde entonces”.
En la entrevista para el grupo Radio Fórmula, el secretario Mouriño admitió –al igual que en el resto de las pláticas con otros grupos radiofónicos– que sí firmó contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), como documentó el mes pasado el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Pero insistió también en que “no es delito ser apoderado legal”. El entrevistador le recordó el contenido del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el cual señala que un funcionario tiene que excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios.
Ante ello, el funcionario respondió que “jamás” ha participado en la toma de decisiones de Pemex, porque nunca ha estado en comité alguno de adquisición, precios o consejo de administración de la paraestatal o alguna de sus filiales; “vamos, no tuve nunca la responsabilidad de decidir o definir respecto de contratos de la empresa”.
Repitió que está “en la mejor disposición” para colaborar con las autoridades, porque “soy el primer interesado en que esto se aclare”.
Como en la víspera, en la entrevista para Televisa, Mouriño dijo que quienes han exhibido los contratos son aquellos que no quieren la transformación y modernización de México.
Fabiola Martínez
■ “Está por verse” la veracidad de sus dichos
■ “Vergonzosa”, la protección de los priístas
Ciro Pérez Silva Enviado
Coyuca de Catalán, Gro., 7 de marzo. Una vez que Juan Camilo Mouriño reconoció haber firmado contratos que beneficiaron a las empresas de su familia, “está por verse la legalidad o no de los mismos”, advirtió Andrés Manuel López Obrador, tras condenar “la vergonzosa” actitud que asumieron los legisladores del PRI, quienes en primera instancia aceptaron formar una comisión para investigar al secretario de Gobernación y, tras un encuentro privado con el funcionario, dieron marcha atrás.
Al referirse a la entrevista que el secretario de Gobernación concedió el pasado jueves a un noticiario de Televisa, en la cual aseguró que quienes lo acusan se oponen al desarrollo del país, López Obrador subrayó que con estas declaraciones Mouriño pretende colocar al país en “un mundo al revés”.
“Ahora sale y nos dice que él es muy patriota”, ironizó el tabasqueño, quien retó al secretario de Gobernación a que demuestre públicamente la legalidad de cada documento suscrito cuando se desempeñó como legislador federal panista y posteriormente como servidor público en la Secretaría de Energía.
“Ese señor reconoció que son auténticos los contratos y que él los firmó, pero eso sí, como si se tratara de un argumento leguleyo, dijo que eso fue algo legal. Eso está por verse”, insistió López Obrador, quien subrayó que los partidos del Frente Amplio Progresista no darán un paso atrás y formarán una comisión investigadora para aclarar las actividades del titular de Gobernación.
“Ahora resulta que los que nos oponemos al desarrollo del país somos nosotros y Mouriño se siente muy patriota; ya estamos en el mundo al revés. Piensa que lo van a defender Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, pero vamos a ir al fondo en las investigaciones”, planteó.
Es preciso, dijo, investigar a fondo el tráfico de influencias en que incurrió el funcionario. “Esto lo va a terminar de resolver la comisión una vez que haga una auditoría a fondo del sector energético. Que no estén pensando que nos vamos a echar para atrás”, enfatizó, luego de insistir en que detrás de la intención de privatizar el petróleo está “el afán de ambición, el interés de quedarse con esos recursos, que son de todos los mexicanos; eso no lo vamos a permitir”.
Al continuar una gira de trabajo por el estado de Guerrero, el tabasqueño comentó que, en principio, los priístas Beltrones y Gamboa estuvieron de acuerdo en que se integrara la comisión investigadora para el caso Mouriño, pero ambos legisladores recularon después de sostener una reunión privada con el propio secretario de Gobernación.
Calificó de vergonzosa la protección que ofrecen los priístas a Mouriño y aseguró que es similar al cobijo que le brindaron en el pasado reciente al gobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
“Ayer por la mañana (jueves) se pusieron de acuerdo los de arriba, los del PRI y los del PAN con Mouriño, pero de todos modos en la Cámara de Diputados el PRD tiene los 125 votos que se necesitan para integrar la comisión investigadora y va a auditar a todo este grupo, que es una verdadera pandilla de rufianes”.
Destacó que cualquier autoridad así carece del reconocimiento del pueblo y “pierde la vergüenza, y esto es lo que perdió el secretario de Gobernación”.
En el primer día de recorrido por Guerrero, el “presidente legítimo” invitó a los ciudadanos a asistir el próximo 18 de marzo, a las cinco de la tarde, al Zócalo de la ciudad de México, para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera.
Reiteró que los recursos energéticos son propiedad de los mexicanos y “la patria no se vende, sino que se defiende”.
En Zirándaro entregó 23 reconocimientos a igual número de guerrerenses que fundaron el comité municipal del PRD.
Este sábado el “presidente legítimo” sostendrá reuniones informativas con los habitantes de Tlapehuala, Totolapan, Arcelia, Acapetlahuaya, Izcapuzalco y Teloloapan.
■ Pemex: documentos falsos para salvar a Mouriño
■ Evidente alianza de los chuchos con Calderón
■ Zavaleta, ideóloga de Gamboa
Después de la comparecencia de Juan Camilo Mouriño, el jueves ante el Sutrite (Supremo Tribunal de la Televisión), surgen razonables dudas. ¿Al reconocer que firmó con Pemex contratos de servicios en beneficio de su empresa, Ivancar, cuando era diputado federal panista y luego coordinador de asesores de Felipe Calderón Hinojosa en la Secretaría de Energía, el favorito de Los Pinos se echó la soga al cuello o inició, más bien, su defensa jurídica? Veamos… En apariencia, Mouriño aceptó ser culpable de haber violado el Código Penal Federal, en la modalidad de tráfico de influencias, coalición de funcionarios y delincuencia organizada, infracciones por las que podría ser inhabilitado de por vida, multado e incluso enviado a la cárcel… Sin embargo, las acusaciones podrían desvanecerse al tenor del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala: “para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia (…) de su empleo”, todo servidor público deberá (inciso XIII) “abstenerse de celebrar contratos relacionados con prestación de servicios de cualquier naturaleza (…) con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte (…) sin la autorización previa y específica de la Secretaría (de la Función Pública) a propuesta del titular de la entidad o dependencia de que se trate”, en este caso Pemex… Dicho de otro modo, si los abogados del titular de Gobernación consiguen presentar una “autorización previa y específica” de la Secretaría de la Función Pública, emitida de 2000 a 2004, para que Mouriño firmara esos contratos a petición de Pemex, el mozalbete gallego quedaría a salvo… de la cárcel, de la multa y de la inhabilitación, y sus cómplices en el presunto tráfico de influencias –los ex directores de Pemex Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, así como el actual, Jesús Reyes Heroles– volverían a conciliar el sueño, pero nada lo librará del descrédito en que ha caído sólo dos meses después de haber asumido la oficina de Bucareli… Esta columna apuesta doble contra sencillo a que en este preciso momento el gobierno espurio está abocado a la búsqueda o falsificación de tales “autorizaciones previas y específicas”, y no porque Desfiladero posea una bola de cristal sino porque así lo adelantaron, indiscretos como son, el senador Santiago Creel y el líder panista Germán Martínez, luego de reunirse con Mouriño el jueves por la mañana… De acuerdo con una nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, publicada ayer en la página 5 de este diario, los sagaces tinterillos de la ultraderecha golpista opinaron que si el asunto saliera del Congreso –es decir, si dejara de ser político– y llegara al ámbito de la procuraduría, los asesores de Mouriño contarían con todos los elementos para defenderlo, “especialmente para justificar el porqué Pemex no tuvo otra opción, en el sureste”, que firmar esos contratos con Ivancar… Más claro, entonces, ni el agua. No obstante, no podrán desmentir que Mouriño violó la fracción número 14 de la citada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice que éstos deberán “informar por escrito al jefe inmediato y, en su caso, al superior jerárquico sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos (de interés personal, familiar o de negocios)” en que participen durante el desempeño de su cargo. ¿Y por qué no podrán desmentirlo? Hostia, porque el mismísimo Mouriño, durante su presentación en Televisa, el jueves, declaró en vivo y en directo, de costa a costa y de frontera a frontera, que mientras fue diputado federal y más tarde coordinador de asesores de la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, esto es, su jefe inmediato y superior jerárquico en ambos casos, “desconocía la existencia, a detalle, de mi participación en las transacciones” con Pemex… Salta a la vista, pues, que Mouriño está condenado a retirarse del servicio público antes de los “dos o tres meses” de gracia que le dio el diputado Juan N. Guerra, y que muy pronto caerá por varias e importantes razones: una, porque su situación jurídica, aun en el mejor de los casos, es insostenible; dos, porque su autoridad moral para prevalecer como “jefe” de la política interior es nula, y tres, porque todos los altos funcionarios que aparecen involucrados junto a él en presunto tráfico de influencias, delincuencia organizada y lo que resulte van a preferir sacrificarlo que sostenerlo… Es muy ilustrativo que, en esta obvia coyuntura, los principales chuchos del PRD intenten mirar para otro lado con la secreta esperanza de que la suerte le vuelva a sonreír a Mouriño. Allí está el ejemplo de Ruth Zavaleta, quien decidió no hablar del tema porque, así dijo, “no soy Ministerio Público”, plasmando una idea tan seductora que el priísta Emilio Gamboa Patrón no tuvo empacho en repetirla textualmente…. De igual modo, por obra y gracia de los propios chuchos, que se ausentaron el pasado miércoles del salón de sesiones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se abstuvo de aprobar un punto de acuerdo para exhortar a los diputados federales a crear una comisión especial que investigue el tráfico de influencias y otros delitos atribuidos a Mouriño… Con tales posturas, los chuchos ratifican la evidente alianza que han establecido con Felipe Calderón, para robarse, o sea, ganar de cualquier forma, las elecciones internas del próximo domingo 16. Prueba de ello es la carta que una lectora le mandó a Julio Hernández y que éste publicó ayer, para contarle que recibió en su casa propaganda de Jesús Ortega, con datos que sólo poseen el IFE e Hildebrando, es decir, el gobierno de facto… Pero los chuchos están actuando a la sombra de los gobernadores perredistas, como sucede en el estado de Chiapas, donde Gyovani Campos, a nombre del secretario de Gobierno de Juan Sabines, Jorge Antonio Morales, coordina a los delegados de esa dependencia en las distintas regiones de la entidad, para que hablen con los presidentes municipales de todos los partidos políticos a fin de que éstos, en conjunto, le garanticen 100 mil votos a Ortega y a su candidato local, Alejandro Gamboa… Y el próximo viernes, anotenlo, a las 18 horas, en el auditorio de Villa Olímpica, el Círculo de Estudios de Coapa exhibirá La rosa blanca, la película de Roberto Gavaldón sobre la expropiación petrolera. La entrada será gratis, pero hay que llegar temprano. Y sigan escribiendo a jamastu@gmail.com
Senadores del Frente Amplio Progresista (FAP) lamentaron que el PRI siga siendo un apéndice del PAN y exigieron que Pemex dé a conocer cuántos contratos otorgó en el sexenio pasado al ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, adelantó que desde el Congreso el FAP pedirá a la dirección de Pemex un informe detallado de cuántas gasolineras tenía la familia de Mouriño antes de 2000 y cuántas tiene en la actualidad.
Asimismo, agregó, ya que Mouriño afirma que los contratos que firmó son legales, lo que sigue es verificarlo y para ello se deben confrontar con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para confirmar si no estaba imposibilitado para actuar como apoderado de su empresa familiar.
Además, “Pemex está obligado de precisar fechas, montos de contratos y qué calidad tenía Mouriño cuando firmó como apoderado de la empresa Ivancar”.
A su vez, el senador del PT Alejandro González Yáñez dijo que ya que el titular de Gobernación reconoció que los contratos dados a conocer por Andrés Manuel López Obrador son auténticos, es necesario efectuar una investigación a fondo. Deploró que el PRI a última hora decidiera no apoyar la comisión especial que desde el Senado investigaría el tráfico de influencias de Mouriño.
Intercambio de favores
Al respecto, el perredista Ricardo Monreal dijo que no sorprende que el PRI “se haya echado para atrás”, ya que decidieron proteger “al delfín de Calderón” en un claro intercambio de favores. “La moneda de cambio se llama impunidad, ayer fueron los gobernadores Mario Marín y Ulises Ruiz y hoy es Mouriño. “Es una pena que el PRI actúe así, como un apéndice del PAN”.
Por separado, el senador del PRI, Heladio Ramírez, consideró que la explicación que dio Mouriño en un noticiero de Televisa no satisface a los mexicanos y el funcionario debe dejar muy claro todo lo concerniente a los contratos con Pemex que firmó como apoderado de las empresas de su familia, siendo servidor público.
De lo contrario, señaló, seguirá en la incertidumbre.
Igualmente, el presidente de la Conferación Nacional Campesina (CNC), Cruz López, dijo que debe integrarse en el Congreso la comisión especial que investigue las presuntas irregularidades en las que incurrió Mouriño, pero también se debe exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) intervenga de oficio, ya que hay un delito relacionado con el ejercicio abusivo de funciones.
Ya se jodió · Helguera
El hombre de la legalidad · El Fisgón
■ Emisaria de la líder del SNTE intentó albazo en la sección 51
■ En Baja California, cientos de profesores disidentes se manifiestan para que el CEN los reconozca
■ Toman sede del sindicato en La Paz
Dos grupos antagónicos de profesores se enfrentaron a golpes cuando una enviada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dio a conocer que Dinorah García Hernández sería la nueva secretaria general de la sección 51 del gremio, con sede en Puebla.
La trifulca se suscitó alrededor de las 17:30 horas de este viernes, luego de que Sanjuana Serda Franco, delegada del CEN del SNTE, anunció que el “comité seccional de unidad” que dirigiría el gremio estatal, sería encabezado por Dinorah García, considerada delfín del dirigente saliente, Gustavo Espinosa Vázquez. El proceso de renovación tuvo que ser cancelado.
En su afán por suspender la votación nominal que avalaría la unción de la profesora –sobre quien pesan denuncias por asignación y venta de plazas, así como por compra de votos por 70 mil pesos–, un par de maestros intentó destruir la urna y se suscitó el primer enfrentamiento.
En medio de gritos de “¡fraude, fraude!” y “¡voto universal o paro sindical!”, los inconformes golpearon las mesas con los puños y un nutrido grupo de profesores encaró a Sanjuana Serda y Gustavo Espinosa para acusarlos de imposición, con la complicidad de la presidenta del CEN del SNTE, Elba Esther Gordillo.
En ese momento se suscitó una nueva gresca, y para obligar a las autoridades a suspender el congreso seccional les arrojaron sillas, voltearon mesas y aventaron jarrones.
En tanto, alrededor de mil 500 maestros protestaron frente al Centro Cívico de Mexicali, en Baja California, en demanda de que se pague a 3 mil trabajadores interinos, se restablecezca el diálogo con las autoridades y se reconozca al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, disidente del SNTE.
Por su parte, integrantes del Movimiento de Resistencia de la sección 2 del SNTE se manifestaron en la garita internacional Mexicali-Caléxico para exigir la destitución de la dirigente estatal Arcelia Galarza. Mientras, unos 400 trabajadores realizaron un plantón frente a las oficinas de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Culiacán, Sinaloa, en protesta por las reformas a la ley de este instituto y por el hostigamiento y presión que ejercen autoridades de la Secretaría de Educación Pública en contra de los empleados.
En ese contexto, tras acusar a Elba Esther Gordillo de imponer a Guillermo Aguilar Villavicencio como nuevo secretario general de la sección 3 del SNTE, con sede en Baja California Sur, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y del Movimiento Sindical Cabeño tomaron las instalaciones del sindicato en el municipio de La Paz.
■ El ahora secretario particular de Felipe Calderón fue el abogado de la paraestatal
■ El funcionario-empresario, “personaje confeso”, dice el coordinador perredista en San Lázaro
■ El titular de Gobernación no violó ninguna ley, exculpa el líder blanquiazul Héctor Larios
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados acusó al secretario particular del presidente Felipe Calderón, César Nava Vázquez, de haber participado en el negocio que estableció Juan Camilo Mouriño con Petróleos Mexicanos, cuando se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Energía. Javier González Garza, coordinador de la bancada perredista en San Lázaro, calificó al titular de la Secretaría de Gobernación de “personaje confeso” al aceptar que sí firmó contratos privados, y recriminó las mentiras reiteradas en que se debate el gobierno federal.
La reacción de líder de la bancada del PAN, Héctor Larios, fue inmediata al sumarse a la estrategia gubernamental que acepta como legales los negocios de Mouriño en su faceta de funcionario-empresario, y reprochar al PRD que “le apuestan a que le vaya mal a México, para que a la mejor ellos tengan oportunidad de llegar al poder”.
Para el diputado González Garza –quien convocó a conferencia de prensa en San Lázaro–, el gobierno calderonista se ha enredado en su campaña de desagravio patrocinada por los medios electrónicos: “¡en este país ya basta de mentiras! En una cadena internacional de noticias, Andrés Manuel López Obrador presentó un espot elaborado por el gobierno, en ese momento apareció una leyenda en la pantalla donde se decía que ‘el gobierno federal niega que este espot sea de él’. Una semana después empieza el espot. Entonces, ¿en qué quedamos?
“El señor Mouriño de pronto ayer dijo que sí fue un contrato. Que esos contratos son reales y son legales. Ya está confeso, porque él lo dice. ¿Para qué creen que se hizo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos? Para que cuando un funcionario esté en funciones y haga una cosa de esas no empecemos a discutir la calidad moral del funcionario, sino qué cosas no puede hacer un funcionario. Y este funcionario las hizo. Y ya está confeso.”
“¿Es una asociación delictiva?”
Con dureza, el perredista la emprendió contra los hombres cercanos a Calderón, al que dibujó así: “es el grupo que se junta para jugar futbol, entre ellos Felipe –aquí se les dice Felipillos–, César Nava, Germán Martínez, Ernesto Cordero, Jordi Herrera y otros. La pregunta es ¿ése es un equipo de futbol, es una asociación futbolística o es una asociación delictiva? Es la pregunta que me hago hoy”.
Respecto del caso Mouriño-Pemex, involucró a César Nava: “Si ustedes ven el contrato, viene la firma –efectivamente– de Mouriño. Esto ya lo reconoció Mouriño. Viene por gerente por Pemex Refinación el ingeniero Jesús Villarreal Gallegos, y luego viene una firma abajo que dice el licenciado José Antonio Prado Carranza, por la oficina del abogado general. ¿Quién era el abogado general? César Nava. ¿Qué está pasando? Hay una asociación ilícita para enriquecerse. Eso es lo que está pasando. ¿Hasta dónde llega?, ¿qué contratos hay?”, cuestionó.
El líder perredista emitió punzantes preguntas: “¿Cuántos contratos más hay?, ¿cuántas gasolineras tenía su familia antes de ser, él, funcionario público en el estado de Campeche?, ¿cuántas tiene ahora después de ser funcionario público?”
–Mouriño asegura que no se va de la posición que ocupa –se le insistió.
–Hoy hay un reporte que trae muchos más datos y van a salir muchos más, porque esto la verdad es que ya es un escándalo. El señor Mouriño dice que no va a renunciar, pero hay muertos que caminan porque no les han avisado que ya se murieron. Lo que le digo es que nos evite más chamba, que nos diga cuáles y cuántos contratos son de una vez, para entrarle, porque ¡aguas, éste es un tema que pone en peligro al país!
El sol azteca aporta mentiras, dice Héctor Larios
Por el contrario, Héctor Larios jugó a la ironía en tiempos difíciles para su partido. Acusó al PRD de aportar mentiras: “También tienen la seguridad de que la embajada de España le envió las boletas de votación al secretario de Gobernación; también tienen el acta supuesta de la mamá del secretario de Gobernación y también tienen la seguridad de que es español y también tienen muchas mentiras acumuladas”.
–Con el reconocimiento de Juan Camilo Mouriño de que estos contratos son auténticos, ¿no admite la comisión de un delito?
–No hay ni una sola norma jurídica que haya violentado el secretario de Gobernación, por la firma de estos contratos.
–¿No violó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos?
–Esa ley se refiere a que nadie que trabaje en una entidad o en un organismo descentralizado, siendo socio de una empresa, pueda firmar un contrato. Él era funcionario de Energía, no de Pemex. Número dos, esos contratos fueron firmados en su calidad de apoderado legal, cuando no tenía en propiedad absolutamente ninguna acción de la empresa.
–¿No violó la ley?
–De ninguna manera. Lee el artículo y te darás cuenta que se refiere a los que trabajen en una misma entidad y además que sean socios. Ninguno de los dos supuestos se da.
–¿Que hay un equipo de futbol?
–No está involucrado ni un pedazo ni todo el PAN ni nadie. Yo les sugeriría que fueran entrenando, porque este equipo de futbol les va a meter una goliza.
6 de marzo del 2008. Este día es de luto para los Derechos Humanos en México, ya que el Senado de
Navarrete le pide documentos
Arturo Zárate
El Universal
Viernes 07 de marzo de 2008
Para evitar desgastes políticos y ahorrar recursos, Carlos Navarrete, coordinador del grupo parlamentario del PRD, recomendó a Juan Camilo Mouriño que entregue, a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, toda la documentación que firmó en 2002 como apoderado de una empresa contratista en Pemex.
Según el perredista, de esa manera no se desgastaría la imagen de la dependencia ni el Congreso tendría que disponer de recursos para financiar la creación de una comisión especial investigadora.
Además, que si en el Senado no se crea la comisión especial investigadora solicitada, se constituiría en la Cámara de Diputados.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, dijo que si la denuncia la hubiera presentado su grupo y estuviera convencido de que se cometió un delito, la llevaría a la Secretaría de la Función Pública o a la Procuraduría General de la República.
Santiago Creel, coordinador del PAN, sostuvo que el Senado no es el foro para esclarecer ese tipo de denuncias y que en todo caso debe de ser llevada a las autoridades competentes.
■ Sin su voto no se podrá conformar la comisión especial que investigue al funcionario
■ No somos MP, argumenta
■ Denuncia Navarrete Ruiz “ofensiva política” desde Los Pinos
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República dio marcha atrás, y ya sin su voto no se podrá conformar la comisión especial para investigar el presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo. “No somos el Ministerio Público ni la procuraduría”, comentó a manera de explicación el coordinador del tricolor en Xicoténcatl, Manlio Fabio Beltrones.
En un evidente cambio en la postura priísta expresada el martes pasado, ayer Beltrones Rivera dijo que varios miembros de la Junta de Coordinación Política consideran que no existe fundamento legal para conformar una comisión de esa naturaleza, y planteó que una denuncia como la presentada contra Mouriño Terrazo por los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) debe encauzarse de “manera institucional”.
Por su parte, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete Ruiz, denunció que el mismo martes se desató desde Los Pinos y Bucareli “una ofensiva política” para convencer a gobernadores, legisladores, dirigentes partidistas y figuras relevantes de proteger a Mouriño.
Sin el PRI, explicó, el Frente Amplio no logra 50 por ciento de firmas del total de integrantes del Senado para conformar la comisión. De todas formas, agregó, “no nos dormiremos en nuestros laureles” y se apoyará la investigación. Demandó luego al secretario de Gobernación que si realmente está dispuesto a que se aclaren las cosas, que entregue a la Auditoría Superior de la Federación todos los documentos relacionados con los contratos que negoció con Pemex.
Con ello, dijo, le ahorraría tiempo y recursos al Congreso y un largo periodo de desgaste a la Secretaría de Gobernación, toda vez que el Frente Amplio presentará los documentos en su poder a fin de que se cotejen.
En entrevista aparte, Beltrones dijo que si él fuera el denunciante habría acudido a la Procuraduría General de la República o a la Secretaría de la Función Pública y exigido una investigación a profundidad.
–¿No queda en el aire la posibilidad de que el PRI se convierta en tapadera del secretario de Gobernación?
–No. Estoy comentando, y lo hago con firmeza, que no le toca a ningún partido político exonerar a nadie. En el PRI somos extremadamente responsables en un asunto tan delicado como éste. Tampoco podemos establecer culpabilidades plenas sin haber tenido conocimiento total de los documentos.
En tanto, el panista Santiago Creel llegó casi al final de la reunión previa de su bancada para informarles del compromiso de apoyar y apuntalar a plenitud a Juan Camilo Mouriño.
En ese contexto, les dio pormenores del encuentro que horas antes sostuvo con el secretario de Gobernación, al que asistieron también el coordinador de los diputados blanquiazules, Héctor Larios, y el dirigente panista, Germán Martínez. Dijo que la reunión giró alrededor de la estrategia para defender a Mouriño.
La mayoría de los senadores del PAN festejó la decisión, pero hubo algunos que cuestionaron a Creel sobre cómo defender al funcionario, ya que no les han dado elementos para contrarrestar la difusión de los documentos dados a conocer por Andrés Manuel López Obrador, en los que aparece la firma de Mouriño como apoderado de empresas de sus familiares para la obtención de contratos de servicios con Pemex.
En entrevista, Creel Miranda señaló que confía en los dichos del titular de la Secretaría de Gobernación de que no tiene ningún problema legal y anunció que el funcionario seguirá siendo el interlocutor político para la reforma energética.
Por otra parte, en algunas estaciones de radio se decidió eliminar de sus noticiarios toda la información relativa a las acusaciones por tráfico de influencias contra Mouriño.
No he hecho nada indebido: Mouriño
Indica que tanto él como Calderón saben de dónde vienen los ataque
Jorge Ramos, Ricardo Gómez y Andrea Merlos
El Universal
Viernes 07 de marzo de 2008
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aceptó haber firmado los contratos entre las empresas familiares y Petróleos Mexicanos, que éstos son “auténticos y legales” y que siempre ha actuado en “estricto apego a la ley”.
Aseveró que nunca ha utilizado sus cargos públicos para su beneficio, y acusó a sus detractores políticos de pretender “debilitar y disminuir” al gobierno de Felipe Calderón, y de apostarle al fracaso del país.
Mouriño hizo una defensa a ultranza de su actuación política en una entrevista que concedió al noticiero de televisión que conduce Joaquín López Dóriga.
Como prueba de que no ha beneficiado a las empresas familiares, Mouriño dijo que hace 23 años se contaba con 10 pipas de transporte al servicio de Pemex y que ahora son sólo ocho.
“No hay, de ninguna manera, actuación de mi parte, que haya favorecido a la empresa (familiar) como se me ha acusado dolosamente”, declaró el secretario de Gobernación.
Afirmó que de ninguna manera ha pensado en renunciar, y que quienes lo acusan “no están dando a conocer la película completa”.
“Los que me quieren hacer a un lado no lo van a lograr (…) no nos vamos a dejar ni amedrentar ni nos vamos a hacer a un lado ante ataques infundados, dolosos porque no están diciendo la verdad... no tengo nada de qué avergonzarme, no he hecho nada indebido y por eso sigo adelante como secretario de Gobernación”, expuso.
Dijo que desde que llegó a Gobernación, el 16 de enero, comenzaron a cuestionar su nacionalidad, luego que se metieron con su madre y fueron hasta la tumba de su abuelo pero todo ha sido “mentira tras mentira”.
Lo que intentan, añadió, es tratar de desvirtuar un trozo de historia para golpear.
Admitió que el presidente Felipe Calderón no estaba enterado al detalle, pero “sabe de donde viene, no es un ataque clandestino. Sabemos de dónde viene, sabemos la razón y ante eso la determinación del Presidente es seguir adelante”.
EL UNIVERSAL publicó el pasado 28 de febrero copias de dos contratos por adjudicación directa que firmó Mouriño en calidad de representante legal de las empresas de su familia, con Pemex.
En tanto, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados prácticamente se convirtió en la defensa más importante de Mouriño, al señalar que no tiene “sustento jurídico” la petición del Frente Amplio Progresista (FAP) para integrar una comisión que investigue al secretario de Gobernación.
A pesar de las declaraciones de su coordinador, Emilio Gamboa, en el sentido de que están a favor de la transparencia, en los últimos días se opuso a la creación de esta comisión.
La razón que esgrimió Gamboa fue que las denuncias del PRD en torno al tráfico de influencias no tienen “ni pies, ni cabeza”.
El coordinador de la bancada del PRI, en el Senado, Manlio Fabio Beltrones se reunió con Mouriño en la Secretaría de Gobernación.
A su salida, dijo que es necesario ordenar el debate en torno a Mouriño, y evitar linchamientos anticipados o exoneraciones que no caben.
Ayer por la tarde, coordinadores del FAP dieron a conocer a EL UNIVERSAL una nueva redacción del propósito de la comisión, que fue criticada por Emilio Gamboa.
El nuevo texto señala investigar la legalidad de los contratos otorgados a terceros por Pemex, y sus subsidiarias, la CFE y Luz y Fuerza del Centro, en virtud de existir indicios suficientes que presumen distintas irregularidades “entre ellas el tráfico de influencias por parte del apoderado legal de la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de C V”.
“Quiero dejar claro, porque parece que hay una comparsa entre PRI y PAN, y no es cierto. El punto de acuerdo pide crear una comisión investigadora de todos los contratos que han tenido con terceros Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro, ¿saben qué representa eso? Que nos lleguen 55 mil cajas de documentos, no vamos a tener capacidad para investigar nada”, argumentó Gamboa Patrón.
“Lo que le dije al Frente es ‘concreticen qué es lo que piden y denle sustento jurídico, porque no lo hay en lo que estaban pidiendo’, y me dijeron que iban a redactar otro”, explicó.
El coordinador del PRI en San Lázaro, ha insistido en que mientras no existan pruebas fehacientes del tráfico de influencias, no apoyarán la comisión, pues desde su punto de vista, “las últimas que hemos integrado no han dado los resultados esperados”.
Exoneran a28 procesados por violencia en Atenco
Tribunal confirma amparo otorgado por juzgado de distrito en Neza
Liliana Alcántara
El Universal
Viernes 07 de marzo de 2008
Los 28 procesados por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación por los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco fueron exonerados y podrían salir en libertad hoy, informó el abogado Juan de Dios Hernández Monge.
Explicó que ayer, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en Toluca confirmó el amparo otorgado por el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Nezahualcóyotl en favor de los 28 procesados en el penal Molino de Flores, de los cuales tres están en prisión y 25 enfrentan el proceso bajo fianza.
En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que por ese motivo, hoy podrían salir en libertad César del Valle Ramírez, Georgina Rosales González y Rufino González Rojas, presos en el penal Molino de Rosas desde el 6 de mayo de 2006.
Sin embargo, aclaró que el caso de Georgina Rosales González estaría aún pendiente, pues sólo a ella, el Juzgado Noveno de Distrito le negó el amparo por el delito de ataques a las vías de comunicación, aunque podría enfrentar el proceso en libertad bajo fianza, pues ese delito no está considerado como grave.
Dijo que hoy, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de Toluca tendrá que notificar esta decisión al juez de amparo para que éste a su vez ordene la libertad inmediata, proceso que podría durar todo el día.
■ Cuestionan su propuesta de que la ASF sea la que indague los contratos de Ivancar con Pemex
■ El partido no puede convertirse en tapadera del gobierno de Calderón, señalan legisladores
■ Le piden que en la reunión del próximo martes considere apoyar la solicitud del FAP
Ampliar la imagen 
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, dio marcha atrás ayer a su compromiso inicial de que se constituyera una comisión especial que investigue al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sea la que indague los contratos de Transportes Especializados Ivancar con Petróleos Mexicanos. Esa postura confrontó a la bancada del tricolor, pues un sector definió que el partido no puede convertirse “en tapadera” del gobierno de Felipe Calderón.
La división entre los diputados priístas fue producto de un acuerdo con el coordinador panista, Héctor Larios, postura que objetó un grupo que se opuso a la actitud colaboracionista de Gamboa y le reprochó su “cercanía con la administración federal”. En la reunión plenaria de la bancada, previa a la sesión ordinaria, Gamboa Patrón insistió en que las pruebas aportadas por el Frente Amplio Progresista (FAP) que vinculan a Mouriño con la obtención de contratos mientras fue diputado federal de Acción Nacional y asesor de Calderón en la Secretaría de Energía, no son suficientes para integrar una comisión especial.
Sin embargo, después de una amplia discusión –señalaron diputados priístas–, se acordó que durante la reunión del próximo martes en la Junta de Coordinación Política, Gamboa considere apoyar la solicitud planteada esta semana desde la tribuna por los coordinadores de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.
El temor de que la Junta de Coordinación Política –encabezada por el panista Héctor Larios, respaldado por PRI y Partido Verde– eche abajo la conformación del grupo de legisladores que investigarán a Mouriño, dio cauce a una reacción legal del PRD. En ese contexto, Juan Guerra Ochoa anunció que el FAP elabora un recurso de amparo contra la junta por afectar “inconstitucionalmente el derecho de la minorías”.
Para el perredista, la actitud en que ha incurrido Larios, quien ha postergado “indebidamente la comisión, manifiesta la desesperación del gobierno y su partido, el PAN, que corroboran cada día que pasa la responsabilidad legal y ética de Mouriño, quien por cierto ya está tocado y en dos o tres meses deberá ser removido para darle una salida digna”.
Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, dijo que el PRI terminó por aceptar que la única forma de satisfacer la exigencia de la sociedad porque se aclare el probable tráfico de influencias en que habría incurrido Mouriño, será a través de la legalidad y la transparente aplicación de la ley.
“En relación con la comisión para investigar la licitud de los contratos de Pemex, sus subsidiarias y algunas empresas públicas, ayer por la noche el Frente Amplio y el PRI fuimos conviniendo cuáles serían las bases legales para que no haya, en mi opinión, disparos de salva en una materia tan importante como lo es el debate público sobre la legalidad de los contratos del actual secretario de Gobernación cuando estuvo al frente de su empresa.
“El tema es que nosotros primero mantenemos los principios de acción, no investigamos personas; no podemos aventar un yo acuso, pero sí podemos establecer las bases técnicas y sobre todo legales, para que la comisión reciba la bendición el próximo martes, no sólo de los miembros del Frente Amplio y de la bancada del PRI, sino de las ocho fracciones, para que nazca con objetivos claros.
“Después de anoche (miércoles) sentimos que vamos a acabar de observar cuáles son las bases y las pruebas que tenemos para que nazca muy focalizado, dicho de otra manera, para que no convirtamos a la comisión naciente de investigación de los contratos de Pemex, en otra comisión que eventualmente tuviera un futuro incierto y se viera obstaculizada. En ese sentido, la idea es que el martes, y no creo que deba pasar de ese día, podamos mantener el principio básico, más allá del diseño de esa instancia legislativa.”
Por su parte, Emilio Gamboa acotó su postura y se defendió ante los señalamientos de “colaboracionista”, al precisar: “Lo quiero dejar muy claro, porque parece que hay una comparsa entre el PRI y el PAN. El punto de acuerdo (para crear la comisión) dice: ‘que se cree una comisión investigadora de todos, de los contratos que ha tenido con terceros Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro’. ¿Saben qué representa eso? Que nos lleguen 55 mil cajas de documentos; no vamos a tener capacidad para investigar nada.
“Lo que le dije al Frente Amplio es: concreticen qué es lo que piden y denle sustento jurídico, porque no lo hay en lo que estaban pidiendo. No es cuestión de que si prescribió o no. Este es un asunto de ética. Aquí tenemos que ver si hubo tráfico de influencias o no, por lo que debe quedar ventilado ante la sociedad y transparentar los actos de cualquier funcionario público. El PRI, como siempre, está en favor de la transparencia.”
Por otra parte, el pleno aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, para que revisen y en su caso sancionen presuntas irregularidades en Pemex Exploración y Producción zona norte. El dictamen del punto de acuerdo señala que de conformidad con el diputado proponente, Antonio del Valle, del PAN, al interior de Petróleos Mexicanos “no se actúa conforme a derecho, toda vez que se presentan irregularidades y corrupción en las licitaciones, contratos públicos y adjudicaciones de obras y servicios a la paraestatal”.
Firmé los contratos; son legales: Mouriño
El PRI entra al rescate del titular de Gobernación
Jorge Ramos Pérez
El Universal
Viernes 07 de marzo de 2008
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aceptó haber firmado los contratos entre las empresas familiares y Petróleos Mexicanos y recalcó que éstos son “auténticos”, pero “legales”.
Tras señalar que siempre ha actuado con “estricto apego a la ley”, aseveró que nunca ha utilizado sus cargos públicos en beneficio propio.
Al defender su actuación en una entrevista que concedió a Joaquín López Dóriga en su noticiario de televisión, Mouriño acusó a sus detractores políticos de pretender “debilitar y disminuir” al gobierno de Felipe Calderón y apostarle al fracaso del país.
Señaló que desde que llegó a Gobernación comenzaron a cuestionar su nacionalidad, luego se metieron con su madre y fueron hasta la tumba de su abuelo, pero todo ha sido “mentira tras mentira”.
Mouriño Terrazo afirmó que de ninguna manera ha pensado en renunciar, que seguirá adelante, pues no tiene nada que ocultar ni de qué avergonzarse.
El pasado 28 de febrero este diario publicó copias de dos convenios por adjudicación directa rubricados por Mouriño con Petróleos Mexicanos, en calidad de representante legal de las empresas de su familia.
En la Cámara de Diputados, la bancada del PRI prácticamente se convirtió en la defensa más importante del funcionario, al señalar que no tiene “sustento jurídico” la petición del Frente Amplio Progresista (FAP) para integrar una comisión que investigue al titular de Gobernación.
Coordinadores del FAP dieron a conocer ayer a EL UNIVERSAL una nueva redacción del propósito de la comisión. (Con información de Ricardo Gómez y Andrea Merlos)
El día sábado 8 de marzo próximo a las 11:00 horas tendremos un debate el diputado federal del PAN José Antonio Diaz García y un servidor, en el programa de radio "El poder de los negocios" en el 1280 de AM sobre el petróeleo espero puedan escucharlo.
Gracias.
Columnistas
 | ||||||
| ||||||
