■ Podría convertirse en un encubierto rescate de empresas, plantea
Aclarar el destino de dólares subastados, exige AMLO
■ Elba Esther, la que “maneja” la SEP, dice en gira por Michoacán
Rosa Elvira Vargas (Enviada)
Jiquilpan, Mich., 10 de octubre. Andrés Manuel López Obrador exigió que se transparente el destino de los cerca de 10 mil millones de dólares subastados por el Banco de México en tres días para apuntalar al peso mexicano.
“Que actúen con responsabilidad y con criterio técnico de libre mercado y competencia, no vaya esto a convertirse en un rescate encubierto de empresas y bancos”, planteó durante el segundo día de su gira por Michoacán.
Informado minuto a minuto de la evolución del mercado cambiario y de la subasta de 6 mil 400 millones de dólares realizada por el banco central para apuntalar la paridad del peso, el líder opositor manifestó su preocupación porque tales reservas se utilicen “como siempre para favorecer a los de arriba, a unos cuantos, a costa de la mayoría, del pueblo”.
Por ello, dijo, ha instruido a los economistas del “gobierno legítimo” para dar seguimiento al asunto. Pero desde ahora manifestó suspicacias sobre el destino de tales recursos porque “han convertido al gobierno en un comité al servicio de unos cuantos”.
En una primera lectura de lo ocurrido hoy, dijo que tal cantidad de divisas lanzadas a subasta es reflejo de “mucha especulación”, inédita, y que a pesar de esas medidas, la devaluación del peso se acerca ya al 30 por ciento.

Ante tal panorama, López Obrador arremetió de nuevo contra la “vulgaridad” de Felipe Calderón Hinojosa de soslayar los efectos de la crisis financiera de Estados Unidos sobre la economía mexicana. Y se refirió de nuevo a la advertencia que lanzó sobre el advenimiento de estos problemas, desde hace 14 meses.
“Pero entonces no nos hicieron caso. Optaron por la politiquería, por responder con absurdos, con tonteras y de manera muy irresponsable no actuaron a tiempo. Este es uno de los lamentables costos del fraude electoral de 2006”, aseguró frente a unos mil 500 habitantes del municipio donde nació Lázaro Cárdenas del Río, “uno de los dos mejores presidentes que ha tenido México”, a decir de López Obrador, ubicándolo al lado de Benito Juárez.
Desde sus primeras referencias al tema de la devaluación del peso y a la multimillonaria oferta de dólares de las reservas, el político tabasqueño insistió en que todo esto es resultado de mantener sin cambio la misma política económica desde hace 25 años.
“Si no nos hubiesen robado la Presidencia de la República, el país no estaría así. Se los aseguro. Nosotros planteábamos cambiar esa política económica y ellos, mantenerla. Ahí estaba la diferencia. Y siguieron con más de lo mismo, no cambiaron ni siquiera a los funcionarios, son los mismos. Ahí está por ejemplo el titular de Hacienda, el ineficiente de (Agustín) Carstens, discípulo de Francisco Gil Díaz, quien ocupó ese cargo con Vicente Fox y fue subsecretario con Carlos Salinas”, ilustró.
Desde sus primeras intervenciones, López Obrador arremetió contra el llamado plan anticrisis anunciado por Calderón Hinojosa. “¿Y por qué hasta ahora un programa de crecimiento y empleo? ¿Qué estaban haciendo en estos dos años?” Aseguró enseguida que el gobierno federal se vio obligado a diseñar esa nueva estrategia llevado por las circunstancias “y la presión de nuestro movimiento; de lo contrario, ya hubiesen entregado todo a los intereses del extranjero”, subrayó.
“Burro”
En todas las plazas visitadas este día –San José de Gracia, Jiquilpan, Sahuayo, Venustiano Carranza, Pajacuarán, Ixtlán y Zamora– el político tabasqueño fue muy duro en sus calificativos al gobierno de Calderón Hinojosa. Lo tachó de “inútil”, de no haber “pegado ni un clavo” en estos dos años y, de plano, indignado porque no se escucharon sus advertencias de la crisis económica, le espetó al inquilino de Los Pinos: “¡Burro, te lo estuvimos diciendo!”
También insistió en la necesidad de recortar el “copete” de los privilegios concedidos a la alta burocracia, a la cual hasta se le llegan a pagar las cirugías plásticas con los seguros médicos privados que se les conceden.
En Sahuayo, también ante un auditorio numeroso al que se sumaron muchos maestros, López Obrador acusó a la dirigente del magisterio, Elba Esther Gordillo, de ser quien “maneja” la Secretaría de Educación Pública y dijo que Josefina Vázquez Mota es ahí apenas una figura decorativa.
Pesimista en sus pronósticos sobre lo que viene para el país, López Obrador insistió en que se debe modificar la estructura del gasto público para destinar más a la atención de tantos jóvenes a quienes se ha excluido del sistema público, “empujándolos en muchos casos a tomar el camino de las conductas antisociales”.
Esa, insistió, es una de las razones que explican el crecimiento de la violencia en México, de que se consignen ya cerca de 6 mil muertos en 19 meses, algo no visto “desde la Revolución Mexicana”.
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■ Los perredistas quieren revisar la documentación concerniente a la parestatal
Senadores del PAN, por avanzar ya en la privatización de Pemex; PRD, por esperar
■ Proyecto para energías renovables prevé subsidio a trasnacionales: asesores del FAP
Andrea Becerril
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Rubén Camarillo (PAN) y Francisco Labastida (PRI), secretario y presidente de la Comisión de Energia del Senado, en imagen de archivo Foto: José Carlo González
Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) tiene prisa para que se voten hoy los anteproyectos de dictamen de la reforma energética que están listos, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática decidieron anoche que esperarán hasta que les presenten la totalidad de los documentos, sobre todo aquellos que tienen que ver de manera directa con la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Necesitamos saber qué contienen los anteproyectos de dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia del Petróleo y la Ley Orgánica de Pemex; antes de eso no tiene sentido votar de manera individual, cada uno de los siete documentos”, comentó el senador perredista Arturo Núñez, luego de una larga reunión con el grupo de asesores del Frente Amplio Progresista (FAP).
Sin embargo, en entrevista por separado, el senador del PAN Rubén Camarillo consideró que los cuatro anteproyectos terminados se refieren a temas en los que hay consenso, “que se han discutido muchísimo y aunque no nos comen las prisas, creemos que pueden aprobarse, para pasar luego a los otros tres, en los que hay puntos divergentes”.
Los cuatro anteproyectos –el que crea la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables– fueron analizados por los senadores Núñez y Pablo Gómez, conjuntamente con los asesores.
En el encuentro, que se prolongó por casi cinco horas, los asesores Mario Di Costanzo, el embajador Eduardo Navarrete, Alberto Montoya, Fluvio Ruiz Alarcón y Gregorio Vidal, hicieron una serie de observaciones, sobre todo a la legislación propuesta en materia de energías renovables, ya que consideran que avanza en la privatización de la electricidad y además establece subsidios para las trasnacionales.
Respecto de los anteproyectos de dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, la Ley Orgánica de Pemex y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, donde están las disposiciones que podrían abrir la paraestatal al capital privado, deberán estar concluidos para el lunes, según se determinó en la reunión del jueves pasado, en la que el presidente de la Comisión de Energía, el priísta Francisco Labastida, dio instrucciones a los secretarios técnicos para que elaboraran los documentos respectivos, los que incluirían “corchetes” en aquellos puntos en los que no existe acuerdo.
En el anteproyecto de dictamen de la Ley Orgánica de Pemex se incluirá un capítulo especial sobre los contratos que la paraestatal podrá signar con empresas privadas, para edificar obras y alquiler de equipo y maquinaria.
Labastida reiteró ayer que ello no implica en forma alguna privatizar las áreas estratégicas de Pemex, porque se trata sólo de contratos para perforar pozos y para la construcción de refinerías y otras obras, y al contratista se le pagará exclusivamente por el trabajo que desempeñe.
La mayor discusión
El anteproyecto de Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y para el Financiamiento de la Transición Energética –uno de los cuatro que hoy considerarán los integrantes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos– es el que mayor discusión desatará, ya que se abre el camino para ahondar en la privatización de la electricidad.
El anteproyecto de dictamen se basa en las iniciativas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde en torno a ese tema y propone que empresas privadas, fundamentalmente trasnacionales, puedan generar electricidad, como lo hacen en la actualidad, pero mediante fuentes renovables, como la radiación solar directa en todas sus formas, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales, la energía oceánica en sus distintas formas, el calor de los yacimientos geotérmicos y la biomasa.
Las empresas generadoras de energía contarán además con un subsidio inicial, a través de un fondo para la transición energética, que se conformará con recursos públicos y en el que aún no se ponen de acuerdo los legisladores.
El panista Rubén Camarillo comentó que, de hecho, ya hay empresas privadas dedicadas a la generación de energía eléctrica y lo único que cambia es que ahora lo harán mediante fuentes alternas, renovables.
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■ Organizaciones civiles crean comisión coadyuvante para buscar el diálogo con el SNTE
Salida del Ejército y la PFP de Xoxocotla y Amayuca, exigencia popular en Morelos
■ Maestros, estudiantes, pobladores y partidos repudian uso de la fuerza para romper bloqueos
Rubicela Morelos Cruz (Corresponsal)
Xoxocotla · Ahumada
Cuernavaca, Mor., 10 de octubre. Maestros, pobladores, estudiantes y los principales partidos de oposición de Morelos exigieron al gobierno de la República la salida de los efectivos del Ejército y de la Policía Federal Preventiva (PFP) de Xoxocotla y Amayuca, municipios de Puente de Ixtla y Jantetelco, respectivamente, donde se mantienen apostados después de desalojar a sus pobladores, el miércoles y el jueves, de las carreteras que bloqueaban.
En cada pueblo se mantienen unos 800 elementos de las fuerzas federales para impedir que sus habitantes vuelvan a cerrar las vías de comunicación; en las entradas y salidas de ambas localidades también instalaron retenes, donde interrogan a las personas que entran y salen, denunció Óscar Miranda Avilés, de la comisión negociadora del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), quien rechazó las acciones violentas con las que el gobierno pretende terminar “nuestra inconformidad y la de los pobladores”.
Este día, unas 20 organizaciones –entre ellas los 13 pueblos por la defensa del agua, el aire y la tierra, la Unión de Pueblos de la Zona Oriente del estado, de derechos humanos, de academias, de pobladores y hasta del propio magisterio– integraron una comisión coadyuvante que buscará, “paralelamente pero sin rebasar a la comisión negociadora” del MMB, reanudar el diálogo entre las autoridades y maestros de la sección 19 del SNTE.
Encabezan esta comisión Medardo Tapia Uribe, investigador de la UNAM; Gilberto López, de la organización Paz y Democracia; Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y Ramón Ojeda Mestre, presidente de la Academia de Derecho Ambiental.
Tapia Uribe indicó que dicha comisión ya entró en contacto con autoridades estatales y federales para reabrir el diálogo y se pronunció por la salida inmediata del Ejército y de los policías federales del estado, la liberación de las personas detenidas y la cancelación de órdenes de aprehensión contra padres de familia, maestros y ciudadanos en general.
Medio centenar de profesores desaparecidos
Francisco Coronato Rodríguez, titular de la Procuraduría de Justicia del estado, informó que las 16 personas detenidas en Xoxocotla fueron puestas a disposición de esta institución por el delito de ataque a las vías de comunicación. Sin embargo, trascendió que serían liberados esta misma tarde.
De los 49 detenidos el miércoles durante el desalojo de Amayuca, aún continúan detenidos seis campesinos, a quienes les imputan los delitos de rebelión, motín, ataque a las vías de comunicación y sabotaje, y a diferencia de los otros, que ya salieron libres bajo fianza de la Procuraduría General de la República en la capital del país, adonde habían sido remitidos, éstos no han logrado reunir los 10 mil pesos que les exigen de caución, dijeron sus familiares.
Alejandro Trujillo González, dirigente del MMB y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Morelos, denunció que además de las 65 personas que las autoridades reconocen haber detenido oficialmente durante los operativos del miércoles y jueves, hay al menos 50 maestros aprehendidos y “desaparecidos”, incluidos entre éstos algunos que se ocultan por temor a que tengan en su contra órdenes de aprehensión.
Demandó la salida de los militares y de los agentes de la PFP para evitar más violaciones a los derechos de los maestros y de los habitantes de esos pueblos.
Por su parte, Vicente Ríos dijo: “nos trataron como delincuentes de alta peligrosidad; fue un operativo muy grande que deberían de implementar contra los integrantes del crimen organizado, no contra nosotros”.
Por la mañana, un centenar de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos marcharon por las principales avenidas de la capital y concluyeron en la explanada del Zócalo, donde manifestaron su apoyo a los maestros. “¡Morelos no es cuartel, fuera Ejército de él!”, exigieron. Al arribar al Zócalo fueron recibidos con aplausos por los maestros en plantón, quienes recalcaron que la entrega de las calles del primer cuadro de la ciudad no es el final de su movimiento.
Buscan destitución de Adame
En una conferencia de prensa conjunta, los dirigentes estatales del PRD, PRI, PT y PVEM demandaron a sus similares nacionales que exijan a la Presidencia de la República respeto a la autonomía del estado y que retire al Ejército y la PFP de Morelos. Uno de ellos, el priísta Guillermo del Valle Reyes, solicitó analizar “las acciones políticas y jurídicas a su alcance para exigir que el gobernador, el panista Marco Antonio Adame Castillo, deje el cargo y se le finque responsabilidades por permitir la imposición de la fuerza como medio para resolver el conflicto de los maestros morelenses”.
A todo esto, Blanca Nieves Sánchez Arano, vocera del movimiento magisterial que repudia la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), denunció que los representantes de las seis delegaciones de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) están siendo hostigados y perseguidos por policías federales y soldados para tratar de intimidarlos y terminar con el conflicto que ha imposibiltado que los 400 mil niños de la entidad inicien el ciclo escolar 2008-2009.
Después del mediodía, los delegados de la sección 19 del SNTE iniciaron una reunión para analizar los tres desalojos que han sufrido: Tres Marías, Amayuca y Xoxocotla. Luego de una hora, los delegados acordaron acudir a informar a las bases sobre las detenciones y analizar la situación del movimiento.
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■ Dará la CNTE más apoyo al plantón “representativo” frente a la SEP; anuncia marcha para el 17
La población desconoce los retrocesos que traerá la ACE, advierten mentores
■ Las autoridades dicen lo que les conviene para golpear al movimiento, acusan profesores
Emir Olivares Alonso
Profesores de Morelos defendieron el movimiento que mantienen desde hace más de 50 días y aseguraron que “las autoridades no han dado a conocer a la opinión pública el contenido total de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)”, por lo que “se desconocen los retrocesos” que este acuerdo traerá para el sistema educativo del país.
Por otro lado, la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó la noche del jueves impulsar un mayor apoyo al plantón “representativo” instalado desde el pasado miércoles en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), además de que el próximo 17 de octubre los maestros volverán a tomar las calles de la ciudad de México para realizar una marcha del Zócalo a Los Pinos exigiendo que se cancele ese acuerdo educativo y en rechazo a la “represión” contra el movimiento magisterial morelense.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Blanca Nieves Sánchez y Martha García, de la comisión de prensa del movimiento magisterial de Morelos, denunciaron que durante los operativos en varias comunidades de la entidad se han presentado 200 lesionados, 100 presuntos desaparecidos y 25 detenciones, por lo que llamaron a diferentes organizaciones civiles a solidarizarse con ellos.
Las profesoras subrayaron que la ACE “no puede estar por encima de la ley, por lo que su aplicación es anticonstitucional”. Agregaron que las autoridades federales y estatales “dicen lo que les conviene para golpear al movimiento”, por lo que rechazaron que los mentores morelenses sólo demanden que se garantice su derecho a vender o heredar su plaza.
“No estamos en contra de la educación con calidad, pero debemos analizar los contenidos pedagógicos; éstos deben responder a los contextos de cada región, no puede generalizarse”, debido a que los niños de comunidades rurales no tienen los mismos beneficios que los citadinos.
Hicieron hincapié en que si bien es cierto que la ACE plantea el tema de la infraestructura de los planteles, “ésta dependerá de las cuotas de los padres de familia, con lo que se viola el texto constitucional que dice que la educación debe ser laica y gratuita. Este acuerdo recarga la infraestructura en los padres de familia, cuando debe ser el Estado el que garantice ese desarrollo”.
Las profesoras destacaron que la ACE responde a los intereses de un partido y se aprobó “para pagar facturas” de Felipe Calderón a la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. Sin embargo, acotaron que habría que cuestionar la honestidad de “cualquier gobierno que pacte con Gordillo” debido al historial de la dirigente sindical.
Señalaron además que desde antes de que iniciara el movimiento magisterial en Morelos, los profesores insistieron en conocer el contenido total de la ACE, lo cual les fue negado por las autoridades educativas del estado. Por esa razón –señalaron– solicitaron esa información al Instituto Federal de Acceso a la Información, donde “nos dijeron que en 20 días habría respuesta”, lo cual aún no ocurre.
Agregaron que la opinión pública sólo achaca la responsabilidad del conflicto que se vive en la entidad a los profesores; pero “no se preguntan qué hace el gobierno, el cual se desentiende del problema, pese a que es su responsabilidad”.
Prevén paro nacional
Por otro lado, representantes de las secciones 3 de Baja California Sur; 18 de Michoacán; 22 de Oaxaca; 9, 10 y 11 del Distrito Federal; 36 del Valle de México, y 31 de Tlaxcala, entre otras, que participaron en la asamblea nacional representativa de la CNTE, informaron que durante la marcha del próximo 17 de octubre se dará a conocer la fecha para un paro nacional como medida de presión para la cancelación de la ACE, la derogación de la Ley del ISSSTE y el cese a la represión en Morelos.
En tanto, Gloria Mora, portavoz de los profesores que se encuentran en plantón “representativo” desde el pasado miércoles afuera de la sede de la SEP, señaló que luego de dos días de haberse instalado “las cosas están tranquilas y, aunque muchos nos critican por ser pocos, debemos recordarles que se trata de un plantón representativo, no masivo”.
■ El gobernador de Guerrero acata exhorto de atender demandas
Mentores de Michoacán toman casetas de peaje en respaldo a sus homólogos
Ernesto Martínez y Sergio Ocampo (Corresponsales)
Unos 300 maestros de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron por segundo día consecutivo al menos ocho casetas de cobro de las autopistas Siglo XXI y de Occidente, en Michoacán, y permitieron el libre paso a los automovilistas, en apoyo a los maestros de Morelos y en rechazo a la aplicación de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE).
En tanto, una comisión de maestros, encabezados por su dirigente, Artemio Ortiz Hurtado, se trasladó a Cuernavaca, Morelos, para apoyar a los profesores de esa entidad, quienes el pasado jueves se enfrentaron a golpes con la policía.
En la autopista Siglo XXI, que va de Uruapan a Lázaro Cárdenas, los profesores tomaron desde las 10 de la mañana las casetas de Taretán, Arteaga, San Ángel Zurumucapio, Santa Casilda y Feliciano. Mientras, en la autopista de Occidente (México-Guadalajara) se apoderaron de las casetas de Maravatío, Contepec, Zinapécuaro y Panindícuaro.
El subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno de Guerrero, Israel Soberanis Nogueda, informó que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo acatará el exhorto que le hizo el jueves pasado el Congreso local para que atienda las demandas de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado (CETEG), que este viernes cumplieron 40 días en plantón afuera del palacio de gobierno en Chilpancingo, en demanda de que se cancele la alianza educativa.
Por otro lado, la dirigencia estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa informó que la Secretaría de Educación de Guerrero dio marcha atrás a su intentona de desaparecer la licenciatura en educación primaria.
Marcos Cruz López, dirigente de los normalistas, informó que el pasdo jueves se reunieron con el titular de la dependencia, José Luis González de la Vega, en el puerto de Acapulco, después de varios meses de gestionar una audiencia con carácter resolutivo.
Explicó que González de la Vega propuso que para el próximo año escolar, en la convocatoria de nuevo ingreso haya 80 espacios para la licenciatura en primaria y 60 para educación física.
En ese sentido, el dirigente estudiantil señaló que existe el acuerdo de que los 520 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa cursen talleres de náhuatl, amusgo, mixteco y tlapaneco.
Finalmente, dijo que hasta ahora la Secretaría de Educación no dio respuesta a la demanda de plazas para los 120 egresados de ese plantel, pero que el titular de la dependencia se comprometió a hacerlo en breve.
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■ Advierte que no negociará la ley con aquellos que sean detenidos durante estas acciones
Toda la fuerza del Estado contra bloqueos en Morelos: Gobernación
■ Descarta propiciar salida de líder del SNTE
■ La CNTE anuncia que reforzará movilizaciones
Fabiola Martínez
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La líder nacional del magisterio, Elba Esther Gordillo, acompañada por Eduardo Bours, gobernador de Sonora, inauguró ayer la 26 Reunión Extraordinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la ciudad de Hermosillo Foto: Ulises Gutiérrez
El gobierno federal utilizará toda la fuerza del Estado para desalojar las vías de comunicación bloqueadas durante el conflicto magisterial en Morelos y no negociará la ley con aquellos que sean detenidos en calidad de presuntos responsables de ese tipo de acciones.
Respecto al pliego de peticiones de los integrantes de las secciones que integran la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fuentes de alto nivel de la Secretaría de Goberanación (SG) advirtieron que el gobierno está interesado en agotar todas las posibilidades de diálogo pero carece de atribuciones para propiciar la salida de algún dirigente sindical.
La salida de Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), “es un asunto que no está en nuestra cancha”, señalaron.
Mientras profesores de la CNTE anuncian que reforzarán sus movilizaciones, como medida de presión para lograr la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), en el gobierno aseguran que no se permitirá la afectación de terceros y, en cambio, se descontarán salarios a los maestros que no asistan a laborar.
Además de la suspensión de pagos, la SEP ha iniciado la contratación de “nuevos profesores” para recuperar las actividades del curso escolar vigente, de ahí que confían en que los niños y jóvenes regresen a las aulas en breve y, de esta forma, se evite una problemática mayor.
“Estamos trabajando todos los días” para que el conflicto en Morelos no escale a niveles como los registrados en Oaxaca en 2006”, aseguraron.
Sin embargo, las fuentes consultadas subrayaron que la ACE no será modificada y, respecto a las otras peticiones de los maestros inconformes, precisaron que la Ley del ISSSTE es una normatividad que ya está en vigor.
La secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y el titular de la SG, Juan Camilo Mouriño, se reunieron ayer en privado y, junto con sus principales operadores para atender este caso, establecieron comunicación vía telefónica, desde Bucareli, con el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame.
En ese encuentro se rediseñó la estrategia ante el conflicto magisterial y se delimitó respecto a qué puntos pueden considerarse en una mesa de diálogo con la comisión negociadora de la CNTE.
Entre los objetivos gubernamentales destaca la difusión de los “beneficios de la ACE” y, sobre todo, que cada parte haga lo que le corresponde; en el caso especial del SNTE –señalaron–, debe revisar la relación con sus afiliados y la propia SEP debe ajustar la comunicación con el magisterio.
El gobierno enviará a la policía federal para desalogar las vías bloqueadas porque considera que la libre manifestación a la que tienen derecho los docentes no debe ser en prejuicio de terceros.
No obstante, destacaron que derivado de los bloqueos en la semana que concluye “ya hay denuncias penales” y detenidos, varios de los cuales salieron bajo fianza. La cancelación de las averiguaciones previas “es un asunto que no se ha planteado como parte de la negociación”, manifestaron.
Respecto a la ACE, las fuentes gubernamentales aseguraron que no hay quien se oponga a mejorar la educación pública en el país, pero se requiere una campaña de difusión de dicho acuerdo, como la vía para distender el conflicto.
También comentaron que la representación gubernamental (a nivel federal y estatal) ha dialogado “con todas las partes” involucradas, incluida la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo.
■ Invita Gordillo a inconformes al diálogo
■ “Ni un paso atrás con la ACE”, advierte
Laura Poy y Ulises Gutiérrez Enviada y corresponsal
Hermosillo, Son., 10 de octubre. En busca de una “salida” al conflicto magisterial que se vive en Morelos, Elba Esther Gordillo Morales, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aceptó “invitar” a la comisión negociadora del magisterio morelense para que acuda ante el Consejo Nacional del gremio, a “exponer sus razones y tratar de alcanzar salidas al conflicto”, pero subrayó que en la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) “no habrá ni un paso atrás”.
Tras encabezar la inauguración de la 26 sesión extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, acompañada por el gobernador sonorense Eduardo Bours, insistió que el rechazo a la aplicación de la alianza en el país es un “problema de falta de información; por eso pedimos, no una servidora, sino el consejo, que venga la comisión negociadora de la sección 19 de Morelos, porque nunca hemos estado cerrados a la negociación, al diálogo, a escuchar todas las voces, pero siempre por los cauces de la vía institucional”.
En conferencia de prensa, insistió en que se buscará “hacer llegar esta invitación a los maestros de Morelos, aunque aquí están los delegados institucionales; hacemos el llamado a la comisión negociadora, para que, con libertad y claridad, exponga su posición”.
Insistió en que la ACE tiene como único objetivo elevar la calidad de la educación, y que entre sus “muchas bondades está mejorar la infraestructura escolar, la formación de los docentes, la posibilidad de que quien trabaje más gane más y de que sean maestros los que verdaderamente tienen vocación”.
Cuestionada sobre la creciente tensión en Morelos, luego del ingreso a esa entidad de elementos del Ejército y de cientos de policías estatales y federales, aseguró que “no hay necesidad de llegar a esos límites si se agota el diálogo, pero también debemos ser claros que no hay que provocar” e insistió en que “no hay mejor espacio que el de la negociación política, donde cada quien cede una parte, a fin de evitar la polarización”.
Por ello, calificó como “muy lamentables” los hechos de violencia suscitados en la entidad, aunque aseguró que “no hubo heridos. Sólo un maestro, y en cuanto nos enteramos, intervine para tratar de investigar”, y agregó que en el conflicto de Morelos se ha enfrentado a un gobierno estatal “titubeante, en un escenario donde es muy importante que se respete el estado de derecho y la legalidad”·
Gordillo Morales, quien estuvo acompañada de los dirigentes del SNTE en la entidad, reiteró que la ACE “salió de nuestros congresos, de reuniones serias, e inclusive si hay algunos aspectos que hoy son cuestionados nos honra decir que los propuso el sindicato, independientemente de cómo se haya manejado”.
Y reconoció que es “cierto que la base tiene, en puntos muy específicos, confusión. No hay información”, y señaló que la Secretaría de Educación Pública tenía el compromiso de aplicar una campaña de información en todo el país, que “hoy estamos exigiendo que se cumpla”.
Agregó que en la dependencia federal hay “miopía al no entender la evolución y evolutividad (sic) de las organizaciones sociales”, en referencia a la aplicación de la ACE, con la cual no se puede hacer “ninguna excepción y menos en un estado con miseria, desnutrición y narcotráfico”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, exigió que cese la represión contra el magisterio de Morelos y que se presente a los maestros desaparecidos durante el operativo policiaco que se llevó a cabo en Xoxocotla, mientras organismos de defensa de las garantías fundamentales resaltaron que sin diálogo está cancelada la posibilidad de consolidación de la democracia en México.
Los activistas también señalaron el riesgo que implica para la paz social la persistente participación del Ejército en acciones de represión contra movimientos sociales. Además, dijo Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), habría que recordar las experiencias pasadas de San Salvador Atenco y Oaxaca, las cuales siguen vigentes con procesos judiciales abiertos y personas detenidas en penales de alta seguridad. Estos hechos –apuntó– tenían que haber servido para evitar que se repitieran.
Al respecto, Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, destacó que mientras el gobierno no tome la decisión de modificar las instituciones policiacas y de justicia para que asuman una cultura de respeto a los derechos humanos, “seguiremos viendo acontecimientos como los de Morelos”.
Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, se cuestionó sobre el costo de mantener a los militares y fuerzas policiacas en acciones de represión y lo que habría invertido el gobierno si hubiera tomado la alternativa del diálogo con los inconformes.
Los activistas coincidieron en señalar como “grave error” de las autoridades no haber escuchado las peticiones de los maestros antes de decidirse por la imposición del proyecto de la Alianza por la Calidad Educativa. Menos aún cuando sólo intervinieron en su diseño la Secretaría de Educación Pública y la dirigencia del SNTE, en particular Elba Esther Gordillo.
A su vez, el senador perredista Graco Ramírez acusó al gobernador de Morelos, Marco Adame, y a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, de haber incumplido un acuerdo con legisladores para privilegiar el diálogo en la solución del conflicto con los maestros. “Sin embargo, bastó un manotazo de Gordillo para que ambos se echaran para atrás y decidieran escalar aún más el conflicto al reprimir a los mentores” recalcó.