CFE no puede vecinos cierran San Cosme 3 dias sin luz
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Etiquetas: SME
Hasta 2008, grandes consumidores debían más de $12 mil millones
altos funcionarios
Industrias, dependencias oficiales, universidades, municipios y bancos, entre los morosos
Algunos no pagan desde el año 2000
Al cierre de 2008, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reportó 12 mil 316 millones de pesos por cobrar, correspondientes a adeudos de industrias, empresas, dependencias gubernamentales, universidades, bancos y municipios, entre otros, con alto nivel de consumo y morosidad de pagos.
Esta cifra equivale, por ejemplo, a una cuarta parte de lo que destinó el erario en 2009 a este organismo, extinto por decreto presidencial el 11 de octubre pasado, con el argumento de que reportaba pérdidas por 25 mil millones de pesos.
En el documento, firmado por el presidente Felipe Calderón, se argumentó que ese nivel de costos de LFC no resulta conveniente para la economía nacional ni el interés público
, porque en su último periodo de vida perdió 30 por ciento de la energía comercializada.
Sin embargo, el decreto no hace referencia a la amplia lista de grandes consumidores morosos (cuentas especiales
), que reportan adeudos originados desde el año 2000. Clientes de los sectores público y privado que, pese a esa situación, seguían contando con el servicio de energía eléctrica.
“Teníamos también cartas factura por 800 millones de pesos; es decir, adeudos que conseguimos registrar, pero nunca se cobraron ni se hicieron efectivas; tampoco nos permitían concretar los operativos para la suspensión del servicio” eléctrico, aseguraron trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, en específico de la gerencia comercial, encargados de la recuperación de pérdidas no técnicas.
Los trabajadores entrevistados por este diario calculan, con base en documentos oficiales de LFC, que del total del adeudo de 2000 a 2008, cerca de 60 por ciento corresponde a empresas e industrias y el resto a dependencias y organismos del sector público. En este último apartado, señalaron, las secretarías del gobierno federal reportan actualmente deudas en el rango de los 5 y 15 millones de pesos, aunque alguna, como la Secretaría de Agricultura, Grupo Pozos
, reportaba en el último corte de la empresa (septiembre de 2009) 321.3 millones, y Bombeo Texcoco
45.1 millones de pesos.
Datos de Luz y Fuerza del Centro, difundidos por orden del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), detallan además que en las cuentas ordinarias
(clientes que no eran de alto consumo, pero que debían más de 500 mil pesos) el acumulado de adeudo era de 47 millones de pesos, durante el periodo 2000-2008.
La estructura para recuperar pérdidas no técnicas (incluido un manual con sustentos técnicos y legales para la operación de esta área) fue relegada por los funcionarios, de acuerdo con la versión de los trabajadores consultados.
“Los jefes nos decían: ‘échale ganas al cobro de cuentas ordinarias’, pero poco o nada se hizo con las cuentas especiales, área que se manejaba con total discrecionalidad. Imagínese ir a cortar un servicio y que el mismo dueño de la fábrica se comunicara ahí, frente a nosotros, con el ingeniero Zapata (responsable de la gerencia comercial en LFC), y luego éste nos ordenara que dejáramos el servicio como estaba.
“Luz y Fuerza fue quebrada deliberadamente; los altos funcionarios hacían arreglos y transas con los grandes usuarios y de todo se llevaban su tajada, económica o política. Veían en nuestra empresa una caja chica del gobierno, al grado de echarles pitazos a sus amigos que serían verificados”, afirman.
El lunes pasado, La Jornada publicó una parte de los adeudos de 541 cuentas especiales
, que acumulaban un saldo a pagar por 2 mil 160 millones de pesos. No obstante, éste fue sólo un acercamiento de los adeudos totales que presentaba LFC antes del cierre de este organismo.
Las decenas de cuartillas con información que debió hacer públicas Luz y Fuerza del Centro, en cumplimiento a una resolución de recurso de revisión (cuya copia tiene este diario), dan cuenta del mínimo nivel de recuperación de adeudos, en un rango de sólo 100 millones de pesos, contra un acumulado de morosidad superior a los 12 mil millones, indicador creciente desde 2000.
En ese año, los registros de morosos (clasificados por tener cuentas por pagar superiores a los 500 mil pesos) pormenorizaban deudas por 439.3 millones de pesos; al año siguiente se registró una leve mejoría, al quedar en 347.5 millones, pero en 2002 el indicador se disparó a 912.1 millones de pesos.
En 2003, el global de cuentas especiales
ascendió a mil 193 millones de pesos; al año siguiente fueron mil 475 millones, y en 2006, mil 770 millones de pesos.
Ya en el sexenio calderonista, en 2007, los adeudos sumaron mil 974 millones de pesos, y durante 2008 las cuentas rezagadas por cobrar subieron a 2 mil 582 millones, de ahí que el total durante el lapso 2000-2008 cerró en 12 mil 316 millones de pesos.
No se conocen datos posteriores al cierre de 2008 (o el monto de pagos parciales o totales hechos hasta antes del decreto de extinción del 11 de octubre).
Sin embargo, el último reporte citado precisa adeudos millonarios de municipios; tan sólo en los convenios (compromisos de pago) de ayuntamientos del estado de México, ascendió a mil 816 millones de pesos; Hidalgo, 316.3 millones, y Morelos, 232 millones de pesos.
Muchos municipios continuaban en 2008 con deudas millonarias, mientras el Poder Legislativo federal registraba adeudos –tan sólo en 12 meses– por 4.1 millones y la Procuraduría General de la República por 1.5 millones de pesos.
Respecto de dependencias federales, el listado de servicios de cuentas especiales
con adeudo mayor a 500 mil pesos (ejercicio 2008, sin contar deudas acumuladas) detalla un saldo por pagar –por ejemplo– de 7.6 millones de pesos de los servicios de agua potable, y de 16.6 millones del STC-Metro; 7.1 del estado de Hidalgo, y 4.4 millones del Inegi, por mencionar algunos de los contabilizados en el legajo entregado por Luz y Fuerza tras una solicitud de información.
La mayoría de las dependencias del gobierno federal estaban en la lista por tener deudas mayores al medio millón de pesos: Secretaría de Desarrollo Social, 1.3 millones; cancillería, 1.5 millones; Salud, 1.1; Secretaría de Seguridad Pública, 1.2 millones de pesos, entre muchas otras relacionadas en la solicitud de información 1850000006209.
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La oligarquía y sus empleados, PRI y PAN, le están tocando las costillas al tigre
, afirma
Los senadores de PRD, PT y Convergencia, preparados para rechazar los incrementos, dice
San Bernardo Mixtepec, Oax., 27 de octubre. Al insistir en un paquete económico que implica aumentar impuestos, gasolinas, diesel y luz, la oligarquía que gobierna al país, lo mismo que sus empleados, los políticos de PRI y PAN, ponen en riesgo la estabilidad social, aseguró aquí Andrés Manuel López Obrador.
Están actuando de manera muy irresponsable. Le están tocando las costillas al tigre; la gente no quiere violencia, ése no es el camino, pero la oligarquía y sus empleados están provocando y burlándose de la gente: están jugando con la paz pública
, enfatizó.
Al comenzar la undécima gira de trabajo por municipios de usos y costumbres de esta entidad, López Obrador subrayó que debe darse marcha atrás a la decisión de priístas y panistas en la Cámara de Diputados de aprobar un incremento al impuesto al valor agregado (IVA) para que los mexicanos paguen 16 por ciento, además del impuesto sobre la renta (ISR), que pasará de 28 a 30 puntos.
Sostuvo que la ratificación del dictamen de la ley de ingresos para 2010 en el Senado está por verse, ya que los legisladores que integran el Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) están preparados para rechazar cualquier aumento a los impuestos y a los precios de gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica.
Recordó que el pasado lunes se realizó una asamblea del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular frente a la Cámara de Senadores, donde miles de ciudadanos exigieron a los representantes populares que no aprueben ninguna alza a las contribuciones vigentes ni a las tarifas de los combustibles.
Queremos patria para todos
No queremos que sigan empobreciendo al país ni aceptamos una mayor opresión, ni que México sea para unos cuantos. Queremos que haya patria para todos, para el pobre y el humillado
, advirtió el tabasqueño en su recorrido por los municipios de la Sierra Sur de Oaxaca.
Ante centenares de oaxaqueños que asistieron a las asambleas, reiteró que ya es tiempo de que el pueblo se sacuda a los caciques, como el ladrón y corrupto de Ulises Ruiz
.
Mencionó que el gobernador oaxaqueño tiene un hospital en la ciudad de México con valor de mil 500 millones de pesos, mientras en la mayoría de los 418 municipios de usos y costumbres carecen de lo más indispensable.
Con toda seguridad, los recursos salieron del presupuesto público. Ni modo que haya recibido una herencia, que sea un hombre rico. ¡No!, eso es del dinero de ustedes. Ya es tiempo de acabar con ese tipo de pandillas, de rufianes que tanto daño han hecho a México y a su pueblo. Ya no se debe permitir que el país sea para unos cuantos, mientras la mayor parte de los mexicanos sobrevive en condiciones de miseria. Ustedes tienen una gran oportunidad el año próximo, para acabar con 80 años de dominio priísta
, añadió.
Acompañado por los senadores Salomón Jara (PRD) y Gabino Cué (Convergencia), López Obrador recordó a los oaxaqueños que esos mañosos del PRI y del PAN tienen un truco bien ensayado. Primero empobrecen a la gente, y luego, en vísperas de las elecciones, les dan despensas, materiales de construcción y hasta dinero en efectivo; pero si se sigue vendiendo el voto, que es la única posibilidad de cambio, las cosas van a seguir igual
.
Esos mañosos
les entregan lo poco que les dan y les dicen: “‘Pero ya sabes, ¿eh?’ Tomen lo que les den, porque además es del dinero de ustedes, y díganles ‘¡No te preocupes, cuenta conmigo y toda mi familia!’ Pero el día de las elecciones reflexionen, recuerden que el voto es libre y secreto, y voten como les indique el corazón. El PRI los ha gobernado 80 años. ¿A poco no hay otros?”
Por la mañana, en entrevista, interrogado acerca de la recomposición del Frente Amplio Progresista, respondió que lo mejor es la unión de los tres partidos de izquierda para enfrentar los próximos procesos electorales. Yo lo veo bien.
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Acude Martín Esparza a una asamblea en la Facultad de Ciencias
¡paro nacional, ya!
Acciones concretas y paro nacional ¡ya!
, para echar abajo el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), fue el exhorto de un sector de la comunidad universitaria al líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza.
Tiempo, organización y discusión
para que las acciones sean contundentes, fue la respuesta del dirigente, quien aseguró que el próximo 5 de noviembre organizaciones sociales y sindicales pondrán fecha al paro o huelga nacional.
Durante un foro sobre el conflicto de Luz y Fuerza, realizado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, Esparza subrayó que en la lucha de los electricistas no hay reversa: o se va el gobierno o nos vamos nosotros
.
En un concurrido auditorio Alberto Barajas Celis, estudiantes, académicos y trabajadores de la máxima casa de estudios llamaron al SME a impulsar acciones como toma de casetas, carreteras, calles e instalaciones de gobierno, así como realizar paros escalonados, para subir el tono de la lucha por la defensa de la paraestatal.
SME, UNAM, unidos vencerán
, fue una de las muchas consignas que ayer se escucharon.
Por otra parte, en la mayoría de las facultades de la UNAM se inició la conformación de comités de apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas y se llamó al brigadeo masivo, escuela por escuela, casa por casa, a fin de contrarrestar el cerco y ataques
de los medios electrónicos de comunicación al movimiento de LFC.
Académicos del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades convocaron a una reunión para resolver la forma de apoyo al gremio. En tanto, estudiantes de Filosofía y Letras anunciaron que el pasado lunes, en asamblea, se resolvió convocar para que el próximo 4 de noviembre se desarrolle un paro de 24 horas en las universidades públicas de la ciudad.
Esparza llamó a que la lucha de apoyo a los electricistas sea pacífica y organizada, pero a la vez contundente
, para lo que exhortó a abrir la discusión en todas las áreas. En el Sindicato Mexicano de Electricistas, encantados de que mañana fuera la huelga, estamos puestos para ello, pero es importante ser contundentes en esa acción
, dijo.
Durante el foro, los académicos universitarios Luis Javier Garrido y Enrique González Ruiz coincidieron en que la liquidación de la empresa LFC, emprendida por Felipe Calderón, fue anticonstitucional porque el Ejecutivo se tomó atribuciones que no le corresponden. El primero aseveró que la medida tomada puede unificar a agrupaciones, personalidades y todo aquel que busca un México diferente.
González Ruiz aseveró que el gobierno federal consideró que la liquidación de la empresa eléctrica sería un golpe maestro
que le diera la legitimidad que no obtuvo con el fraude
electoral de 2006. Pero se equivocó, porque la derecha no conoce la historia de México y por ello no contaba con la combatividad y resistencia de los electricistas, quienes han soportado otras embestidas en el pasado
.
Humberto Montes de Oca, secretario del interior del SME, señaló que la experiencia debe verse hacia el futuro, pues representa una gran oportunidad para unificar en una sola lucha
a todos los movimientos democráticos y de izquierda.
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¿Grrr o miau?
Gatería legislativa
Tenis y tuiterismo
Costillas de tigre
a a la desesperada, las comisiones senatoriales encargadas del enredo fiscal acordaron citar hoy al experto en catarros letales, Agustín Carstens, para entretenerse un rato mientras Beltrones y Peña Nieto acaban de deschongarse. En otra pista del Circo del Futuro, el secretario de la revolución democrática del pregabinete beltronista, Carlos Navarrete, se arranca contra el precandidato del copete fiscal, Quique Gaviotón, exigiéndole que explique las razones por las que impulsó en la Cámara de Diputados alzas impositivas que ahora el muchacho chido de la película, el jefe Manlio, está tratando de frenar o exterminar.
Beltrones y Navarrete (Beltrinaba) demostrando que la izquierda vendida jamás será mal negocio: par de nuevos héroes patrios que luchan denodadamente, uno contra el 16 por ciento de IVA y otros molinos hacendarios de viento, y el otro a favor del tuiterismo útil, la jugada de distracción que trata de convencer que sí se puede luchar desde el volátil mundo de Internet y no desde las calles o la movilización física. ¡Sí se puede!, promueven los medios de comunicación tramposos, encantados de apoyar
movimientos minoritarios, selectivos, invertebrados y sin seguimiento político real. Ya antes hubo marchas de blanco que sólo sirvieron para los intereses televisivos que las promovieron y para construir liderazgos aprovechables como el del empresario deportivo Martí. Luego hubo un movimiento a favor del voto nulo que solamente confundió, dividió y convalidó los resultados electorales que hoy tienen al país en la actual desgracia (parte de esos mismos encantadores intelectualizados de serpientes ahora hacen ruido de oportunidad exigiendo que los partidos políticos le bajen a sus gastos, como si el punto fuera encontrar posicionamientos
facilones para promoverse y demostrar que luchan
aunque sea por clichés insuficientes). Nadie se hizo cargo de esos movimientos
más que para apropiarse de liderazgos inflados. Así sucede hoy con los tuiteros
supuestamente convertidos en actores políticos decisivos, en ejemplo de la buena lucha social posible (por cierto, el senador Navarrete está hoy en la presidencia de la mesa directiva del Senado porque Beltrones le cedió el lugar estelar en esa cámara, como Ruth Zavaleta le había cedido a Beltrones el lugar estelar en San Lázaro el día de la toma ilusionista de posesión de Felipe Copperfield). Sin tanto argüende, los concesionarios o permisionarios de nuevas frecuencias de radio consiguieron que en la nueva normatividad impositiva aprobada en el Senado se les permita no pagar esas obligaciones durante los primeros cinco años de operación, pues los pobrecitos empresarios difícilmente obtendrán ganancias en ese lapso, según consideraron los comprensivos senadores (influyentismo necesario).
Día de fintas y tanteos, con los membretes representativos del empresariado poniendo el grito en el cielo de la Bolsa de Valores por la indecisión
de los legisladores y con producción variada de entretenimientos para que no todo mundo se tense o preocupe por la ruleta rusa económica que senadores y diputados juegan en estas horas: así saltó al escenario, por ejemplo, la recurrente duda sobre la identidad de los Aburtos (ahora, que unos certificados escolares, analizados por alguien que fue agente del Cisen, muestran historias diferentes del múltiple asesino solitario) y, para concentrar la atención del respetable en asuntos profundamente importantes, se convirtió en asunto vital para la nación el tema del costo y la marca de los tenis que un hijo de López Obrador llevó este lunes a la protesta a las afueras del Senado (acuciosidad periodística selectiva, con chismorreo que desemboca en la campaña mediática de desgaste a la figura de AMLO que desde el calderonismo se ha ordenado y se premia, sin que esas lupas histéricas toquen ni con el pétalo de una referencia crítica los casos de las verdaderas ofensas sociales que constituyen los comportamientos, prendas y costumbres de las elites políticas y económicas; clasismo pedestre abonado al clima de odio inducido).
Mientras sigue el jaloneo por el asunto de los ingresos pero, sobre todo, de los posteriores egresos, el tema de los trabajadores electricistas sigue acumulando pólvora y mechas. En la Carpa Bucareli se está representando una malísima obra de engaños en la que Alejandro Muñoz, el esquirol sindical habilitado por Los Pinos, acude, anhelante y comprometido, a presentar su plan de trabajo como representante sustituto del SME. Lleno de ilusiones y movido por su buena fe, Alejandro quiere restablecer la mesa de diálogo, sentarse a platicar, intercambiar ideas, opiniones y buscar una mejor salida
a los problemas actuales. El buen muchacho de la película financiada por Caldera Productions no es de inmediato aceptado por los caporales de la hacienda Bucareli, quienes anunciaron que se tomarán su tiempo para decidir si aceptan las propuestas del esperanzado Muñoz. Oh, ¿el patroncito Gómez Mont cederá a las peticiones del buen Alejandro, o lo acusará de tener ranchos con caballos finos y le cerrará las puertas de la capillita de Los enjuagues?
Así andarán las cosas que el prudente López Obrador se ha permitido la licencia literaria de decir desde la devastada Oaxaca profunda que la sociedad mexicana no quiere violencia, ese no es camino, pero le están tocando ya las costillas al tigre
. ¿Grrrr, o miau?, ese es el dilema felino. (Ca)Marchelo Ebrard, por su parte, organiza maullidos corales al agrupar tras de sí a las bancadas de la Asamblea de Representantes (incluso la panista, en un indicio de que algo se habrá concedido a los blanquiazules, tal vez alguna tregua respecto a Simitrio Dodi) para pedir al Congreso federal que respete la viabilidad financiera de la capital del país.
Y, mientras se ven las consecuencias políticas que tendrá para Humberto Moreira, de Coahuila, el haber sido el único gobernador que se opuso al 16 por ciento de IVA que los demás impulsaron en espera de mochadas presupuestales especiales, ¡hasta mañana, con FC confundiendo a Benedetti con Arjona!
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El recule y la bifurcación de los priístas por el paquetazo fiscal han puesto de cabeza al alto mando de Los Pinos. De aquí para adelante el señor Calderón sentirá vahídos y contrariedades continuas. Su minoría legislativa no le garantiza ningún piso sobre el cual ejercer, a capricho y sin apuros mayores, su talante iracundo, pequeño, santiguado y huidizo. Tampoco las maniobras de cooptación y arreglos en lo oscurito con los personajes del Congreso y con los mandones estatales le darán el oxígeno que la parte final de su administración parece requerir con urgencia. Menos aún tendrá el sustento partidista tan útil para cualquier navegación bajo condiciones adversas. El panismo ha dado fehacientes pruebas de no poder ir más allá de los decadentes mecanismos y rituales que le hereda el sistema de convivencia instaurado hace décadas. ¡Ah los tiempos idos del presidencialismo a la mexicana! La densa capa oscurantista que arroja a puñados la serie de crisis simultáneas que aquejan a México impide la circulación adecuada de promesas, ya nada se diga de realidades de cambio, ensanchamiento de horizontes o progreso sostenido.
México no es un Estado fallido, como publicitan algunos plumíferos imperiales, pero, tal como va, tampoco es viable. La conjunción de una serie de crisis sucesivas ha formado un muro infranqueable ante el cual se estrellan los desordenados esfuerzos de muchos. El modelo de producción y gobierno, sazonado en su mero núcleo con el trafique de influencias, ha demostrado su total inoperancia. La economía, en sus vertientes industrial, comercial, turística, financiera o agroalimentaria presenta un panorama desolador. La fábrica nacional es un complejo desconectado y subsidiario, atado por un TLC que la ha forzado a convertirse en maquinaria importadora. Los intercambios con el exterior son tan deficitarios que se han hecho insostenibles aun en el corto plazo de un año. No se tiene posibilidad de atender al mercado interno en casi todas las ramas de actividad, menos salir a competir al mundo con los grandes productores.
La cabalgante crisis social manifestada, con rigor inaudito, por la creciente pobreza niega la esperanza de alivio en el futuro. El peso muerto de millones de consumidores exiliados del mercado formal lastra cualquier intento de emplear economías de escala. El caos educativo es ya secular. Algo similar aqueja debido a la incapacidad de atender la salud de todos y poco queda de margen disponible para transitar a un estado de bienestar que podría atenuar las tribulaciones de las mayorías depauperadas. Los apenas 2 mil doctorados que se gradúan al año dejan al país a merced de los centros de innovación científica o tecnológica externos. La condena a la subordinación es el aciago destino que se otea en la actualidad (Brasil gradúa 12 mil doctorados al año, ya no se cita a los de India o Rusia, economías similares, para no sentirse chinches aplastadas). Las otrora orgullosas instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE), compuertas estabilizadoras, se ahogan con costos crecientes en sus servicios. Sucesivas reformas
las estrangularon hasta hacerlas incapaces de atender a sus derechohabientes. La reciente epidemia de A/H1N1 puso al descubierto un sistema de salud sin capacidad para atender a los desesperados que demandan atención inmediata y eficiente. La nula inversión en laboratorios para la producción de vacunas propias es sólo una cara reveladora de tales carencias. Una vez más, la dependencia del exterior es grotesca y obliga al señor Calderón a poner cara de mendicante ante proveedores externos.
Y así se puede extender la revisión crítica de los demás aspectos de la vida organizada de la nación. Sobresale, por desgracia para la sanidad y el avance de la República, un ángulo corrosivo en todo este desbarajuste: la captura de las instituciones nacionales por los grupos de presión que las doblega y las pone a disposición de sus masivos intereses y sólo a los de ellos. La casi totalidad de los individuos (un puñado de ellos) que integran dichas formaciones compactas se han adherido al cuerpo de la vida institucional y chupan la savia de los recursos públicos de los cuales dependen para su reproducción y crecimiento deformado y deformador.
La miscelánea impositiva recientemente aprobada por los diputados se atrevió a dar un golpecito (por unos 28 mmdp) a la famosa consolidación fiscal: el paraíso evasor y de elusión de impuestos que utilizan, al menos, las 400 empresas más grandes y poderosas de México. La protesta no se ha hecho esperar, sus personeros han salido a denostar todo el paquete y los senadores han acudido presurosos a su agrio llamado para disolver el atrevimiento. La elite política no cometerá semejante desacato. Los privilegios deben permanecer en la oscuridad impune de donde hay imperiosa necesidad de sacarlos, si se quiere enmendar la ruta decadente. Ventilar tales privilegios ha sido tarea de justicieros: un real logro del movimiento que encabeza López Obrador. La feroz insistencia en señalar la desbalanceada distribución de la riqueza que tiene postrada a la nación de los mexicanos, poco a poco impone su ánimo liberador.
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Los votos de PRI y PAN en comisiones beneficiaron a Televisa
Se apresuraron a decidir cuando perredistas se ausentaron del salón
Los privilegios fiscales para las empresas que incursionarán en las nuevas bandas de telefonía celular fueron aprobados ayer en comisiones del Senado, con los votos de PRI y PAN. Se aprovechó un momento en que los perredistas Tomás Torres, Minerva Hernández y Rosalinda López estaban fuera del salón donde sesionaron las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos, para votar la Ley Federal de Derechos, sin discusión alguna.
La senadora Hernández reclamó el procedimiento, hizo notar que se ausentó apenas un minuto, ya no pudo reservar para su discusión el artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, y ahora deberá discutirlo ante el pleno.
En entrevista, la legisladora comentó que ese artículo ha sido fuertemente criticado por diversos grupos, e incluso por el diputado panista Javier Corral, ya que la intención es beneficiar directamente a la empresa Televisa con tales exenciones.
El artículo 244-E incluye beneficios para las empresas que incursionarán en las bandas 1.7 y 2.1 gigahercios del servicio de telefonía móvil de triple play.
Diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, enviaron escritos al Senado para rechazar lo que consideraron privilegios fiscales a los nuevos competidores en el mercado de telefonía celular, ya que durante un periodo de entre dos y tres años no pagarán impuestos.
Entre las principales empresas que van a competir en la licitación de las nuevas bandas, consideradas las más importantes para los servicios móviles de triple play están Televisa y Nextel.
Aunque haya asegunes...
El senador Tomás Torres deploró que un tema tan importante no se haya discutido, pero coincidió en que el debate se dará ante el pleno, cuando se vote la Ley Federal de Derechos.
Cuestionado al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista José Isabel Trejo, reconoció que no discutieron este tema con el diputado Corral. “Sé que hay asegunes y polémica, pero decidimos votarlo en sus términos, tal como se aprobó en la Cámara de Diputados”.
–Se habla de que las exenciones serán hasta de 5 mil millones de pesos, ¿es momento de ello en una situación de crisis?
–Yo dejaría esa crítica para reflexionarla, pero por lo pronto la decisión ya está tomada –dijo.
Sin embargo, el senador perredista Tomás Torres dijo que se deben tomar en cuenta las opiniones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), toda vez que se trata de la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, que es un bien de la nación.
Se deben valorar, indicó, las implicaciones de exentar el pago de derechos hasta por tres años a las empresas que van a incursionar en las nuevas bandas para telefonía celular.
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Aguascalientes, Ags., 27 de octubre. El líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación (Canainpa), José de Jesús López Martínez, anunció que a partir del primero de enero se incrementará el precio de la pieza de pan de 3 a 3.50 pesos. En rueda de prensa expresó que ya es insostenible costear los insumos que han subido en los dos últimos dos años; no podemos aguantar más esta situación
.
Expuso: debo reconocer tristemente que algunos compañeros han tenido que bajar incluso la calidad de los ingredientes, y pese a ello media docena tuvieron que bajar las cortinas porque ya no pudieron seguir así
.
Explicó que los precios del pan y del bolillo deberían estar en 3 pesos, pero muchos los ofrecen a un peso con 80 centavos a las tiendas para que ofrezcan el bolillo a 2 pesos, y no hay ganancia para nosotros
.
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Piden regularizar el servicio, sin importar si lo presta la CFE o Luz y Fuerza del Centro
Elías Ayub les promete crear una comisión especial para analizar el caso del estado de México
Suspende Peña Nieto participación en acto público con burócratas por protesta de electricistas
Los apagones provocan pérdidas de aproximadamente 100 millones de pesos al día a las más de 500 empresas de la zona industrial de Naucalpan, informó Mario Abredot, propietario de Química Foliar, SA, quien exigió al gobierno federal resolver el conflicto originado por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Lo único que queremos es energía eléctrica, un servicio confiable y de calidad. No nos importa si es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o LFC
, reclamó Abredot en nombre de una comisión de 300 compañías afectadas por los apagones ocurridos a las dos de la tarde y las 11 de la noche del lunes.
Algunos problemas que enfrentan las empresas, explicó, son daños en la maquinaria, pérdida de contratos por retraso en la entrega de mercancías, pagos por labores no realizadas y mayores gastos por la operación de plantas de electricidad.
Rafael Carmona Pardo, de la Confederación de Cámaras Industriales y presidente de la Cámara de la Industria Arenera, dijo que el lunes una comisión de empresarios mexiquenses abordó en el Club de Industriales del Distrito Federal a Alfredo Elías Ayub, director de la CFE, y le pidió garantizar el suministro.
Elías Ayub ordenó crear una comisión especial de funcionarios de la CFE para tratar el caso del estado de México
, dijo, y confió en una pronta solución, porque de lo contrario los industriales podrían despedir personal o encarecer sus productos para enfrentar las pérdidas.
Los apagones de las dos semanas recientes también han afectado la zona industrial de Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, donde la producción se ha interrupido en periodos que van de 30 minutos a más de 10 horas.
Eric Covarrubias y José Luis Medina, empleados de Plobaños Metropolitano, informaron que desde el jueves han ocurrido a diario apagones que paralizan las empresas.
Julio César Martínez Contreras, encargado de la compañía Kaseres SA de CV, dijo que el jueves 22 de octubre duramos sin luz 12 horas
.
Entretanto, casi 100 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizaron ayer una manifestación en Texcoco, estado de México, para exigir que la CFE salga de la zona y se derogue el decreto presidencial que extinguió LFC.
Los manifestantes se apostaron temprano cerca de la Universidad Autónoma Chapingo, de donde partieron al palacio municipal. Hicieron una parada frente a la subsecretaría regional de Gobierno, donde demandaron al gobernador Enrique Peña Nieto que defina su postura ante este conflicto.
Peña Nieto canceló ayer su participación en la ceremonia del 71 aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de México y Municipios, ante una manifestación de integrantes del SME en el centro de Toluca. En su representación envió a Luis Miranda Nava, secretario de Gobierno.
Los electricistas llegaron a las 10 de la mañana y bloquearon con unos 100 vehículos la avenida Lerdo, el principal acceso al primer cuadro de Toluca. Esto retrasó que los burócratas ocuparan las 10 mil sillas colocadas en la plancha de la Plaza de los Mártires.
En Pachuca, Hidalgo, Víctor Manuel Mena Vázquez, coordinador comercial de la CFE, dijo que se atenderán caso por caso
los pagos por adelantado que empresarios de la construcción hicieron a LFC para que suministrara energía eléctrica a los futuros usuarios de las 100 mil casas que se edifican en la entidad.
En Oaxaca, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación abrió un centro de acopio y la cuenta 0168715246 de Bancomer para la recolección de víveres y donativos en beneficio del SME, informó Azael Santiago Chepi, secretario general del organismo.
El Pacto Morelos por la soberanía alimentaria energética los derechos de todos los trabajadores y las garantías constitucionales –formado por sindicatos independientes– acordó realizar manifestaciones para exigir la derogación inmediata del decreto de extinción de LFC, la salida de las fuerzas policiacas y militares de los centros de trabajo electricistas y el retorno inmediato a la legalidad.
Silvia Chávez, Mario A. Núñez, Javier Salinas, Israel Dávila, Carlos Camacho, Octavio Vélez y Rubicela Morelos
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Da pena ver a Calderón hecho un guiñapo
Convoca a organizaciones a la unidad para derogar el decreto sobre la liquidación de LFC
Es el momento de iniciar, desde el Senado de la República, un debate nacional sobre los privilegios de las cúpulas del poder económico y político en México
, para revisar por qué los asalariados, los profesionistas y pequeños y medianos industriales pagan hasta mil 500 por ciento más impuesto sobre la renta que los grandes empresarios y banqueros del país, sostuvo ayer Andrés Manuel López Obrador, luego de llamar a la unidad de las organizaciones para que se derogue el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
En la asamblea del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular que encabezó ayer frente al Senado, López Obrador pidió a los legisladores del Frente Amplio Progresista que desechen la falsa afirmación de que no hay de otra
y que tienen que aprobar el paquete fiscal. Instó a los senadores a actuar en consecuencia
, como hicieron los diputados de esta corriente cuando se opusieron a la cascada de incrementos a los impuestos.
A las organizaciones sociales, sindicales y políticas las exhortó a mantener la resistencia civil pacífica contra el aumento de impuestos y movilizarse contra la ilegal e injusta
decisión de Felipe Calderón de quitarles su empleo a más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Acompañado en el templete por legisladores y políticos, López Obrador dijo que es todo un espectáculo observar cómo diputados de PAN y PRI aprueban aumentos de impuestos, cuando hasta hace unos meses, en sus campañas políticas, de manera cínica prometían a sus electores lo contrario.
Las cámaras de Diputados y de Senadores están convertidas en un mercado de intereses y componendas, sostuvo el ex candidato presidencial. Agregó que es inconcebible que en plena crisis, cuando el país se está hundiendo, para mantener los privilegios de la alta burocracia y de los potentados se decida exprimir aún más al pueblo con una carga tributaria injusta, y a la vez se determine endeudar a la nación.
En el acto, en el que estuvieron, entre otros, Alejandro Encinas, Claudia Sheinbaum, José Agustín Ortíz Pinchetti, legisladores como Laura Itzel Castillo y Alejandro González Alcocer, el secretario del exterior del SME, Fernando Amezcua, y personalidades como Isela Vega y Jorge Arvizu, El Tata –quien propuso que ahora LFC se denomine Luz y Fuerza del Pueblo
–, López Obrador expuso que es una pena ver a Calderón hecho un guiñapo, obedeciendo fielmente a una camarilla en el poder, escucharlo decir que quiere ayudar a los pobres aumentando impuestos. Da pena ajena cada vez que abre la boca
.
Recordó que el 13 de octubre se presentaron en ambas cámaras dos proyectos de decreto para enfrentar la crisis de las finanzas públicas sin aumentar impuestos, combustibles ni endeudar al país, las cuales se basan fundamentalmente en aprobar una ley de austeridad republicana para recortar el gasto corriente del gobierno y eliminar los privilegios fiscales a la oligarquía, por lo que planteó a los legisladores que promuevan estas iniciativas antes de que se vote la Ley de Ingresos.
Postura insultante
Respecto del conflicto en el SME, comentó que resulta insultante que el pelele
de Calderón diga que no tiene problemas de conciencia por haber mandado a todos los trabajadores del SME al desempleo, lo que refleja que no tiene conciencia ni sentimientos
sobre lo que significa el sufrimiento de las miles de familias afectadas, lo que significan las lágrimas y el dolor de las trabajadoras que fueron echadas a la calle.
La defensa del SME es la defensa de los derechos del pueblo. Es defender las conquistas de todos los trabajadores y campesinos, de los estudiantes y de los sectores más pobres del país. Si no hacemos nada por ellos, la oligarquía no se detendrá, con soberbia y autoritarismo irá por más y contra todos
, advirtió López Obrador, mientras en la explanada se coreaba ¡Aquí se ve la fuerza del SME!
y todos los asistentes levantaban el puño.
En esta asamblea, al senador Ricardo Monreal le tocó definir lo que le espera al país si se aprueba el paquete fiscal. Sostuvo que quienes ganen hasta 6 mil pesos mensuales pagarán 8 por ciento adicional de impuestos; casi 20 mil pequeñas y medianas empresas cerrarán; otros 500 mil empleos desaparecerán; la canasta básica se encarecerá 30 por ciento. En tanto, los 50 grandes contribuyentes del país pagarán el equivalente a 74 pesos anuales, como hicieron el año pasado.
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La más reciente iniciativa en esta dirección surgió el pasado 24 de octubre durante la efervescencia de las movilizaciones en defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Fue bautizada como Asamblea Nacional de la Resistencia Popular. Se propone organizar un Frente Nacional de Lucha para revertir las decisiones del gobierno federal y pasar de las acciones aisladas a las colectivas. En unos días deberá decidir si convoca a una huelga o a un paro cívico nacional, en repudio al decreto de expropiación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y contra el aumento de impuestos.
Aunque proveniente de un tronco sindical distinto, no es la primera vez que los trabajadores electricistas proponen acciones similares. Una primera iniciativa en esta dirección fue esbozada en enero de 1972, cuando una decisión gubernamental acabó con el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), encabezado por Rafael Galván, para asimilarlo en las filas del sindicato oficialista. El STERM lanzó entonces la propuesta de formar la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) a la que se sumaron tanto el Frente Auténtico del Trabajo como el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, de Demetrio Vallejo. El proyecto abortó a los pocos meses de vida, cuando los electricistas democráticos acabaron negociando su sobrevivencia al seno de un nuevo sindicato nacional: el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).
Poco tiempo después, en 1975, el hostigamiento en contra de los trabajadores democráticos se recrudeció y las fuerzas oficialistas se lanzaron a aniquilar esta expresión dentro del SUTERM. Nació entonces la Tendencia Democrática (TD) y la propuesta de agrupar a la naciente insurgencia obrera, campesina, popular en un gran frente: el Frente Nacional de Acción Popular (FNAP).
En su origen, el proyecto pretendía reditar la experiencia de la formación del Comité Nacional de Defensa Proletario en tiempos de Lázaro Cárdenas, impulsado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El FNAP fue organizado alrededor de la columna vertebral de la TD y de su programa de lucha: la Declaración de Guadalajara. En ella se proponían una serie de reformas para relanzar la Revolución Mexicana encabezada por la fracción progresista del gobierno. El frente y sus principales impulsores fueron finalmente aplastados.
Simultáneamente a la experiencia del FNAP, una serie de fuerzas que después participarían activamente en la formación de las coordinadoras de masas, ensayaron un intento de convergencia paralela de organización, para diferenciarse, en parte, del proyecto de la TD. Estas fuerzas estaban organizadas básicamente como frentes populares regionales (Frente Popular Tierra y Libertad en Monterrey, Frente Popular de Zacatecas, Frente Popular Independiente en el DF, Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Itsmo en Oaxaca) y buscaban articular un gran frente popular nacional. El proyecto desapareció sin pena ni gloria ante las dificultades de encontrar un eje de sustentación social efectivo.
Desde entonce, no pocos sectores del movimiento popular desconfían de los intentos de formar convergencias a partir de grandes programas de lucha y de aparatos centralizadores. Rechazan la idea de que la unidad política sólo es posible a partir de la unidad orgánica y de que existe una dirección del movimiento social prexistente –que es, simultáneamente, responsable de la centralización– en la medida en que ha elaborado el camino de la lucha materializado en un programa.
Años más tarde, en 1983 y 1984, al calor de la crisis económica y teniendo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como columna vertebral, se dio vida a nuevos proyectos que intentaron articular el descontento social: el Frente Nacional por la Defensa del Salario, Contra la Austeridad y la Carestía en el cual se integraron las organizaciones que se decían izquierda revolucionaria
y la Asamblea Nacional Obrero Campesino Popular. Sin mucho éxito, estas convergencias llamaron a la realización de dos paros cívicos, en los que participaron alrededor de un millón de personas en todo el país. Se movilizaron los mismos de siempre, aunque, eso sí, todos juntos por primera vez.
Irónicamente, la crisis económica abonó el terreno para una crisis del movimiento popular. Si en la lógica de muchas de las direcciones del movimiento popular la crisis era el terreno nato para su expansión y un incremento en su protagonismo, los hechos mostraron lo contrario. La lucha reivindicativa sufrió un reflujo profundo –desigual en cada región del país y en cada sector social– y las organizaciones de masas quedaron reducidas a una trinchera defensiva.
Hoy, de nuevo, una parte muy importante de la izquierda popular se propone ensayar formas de acción en común. Tiene como antecedente inmediato los diálogos nacionales auspiciados por el SME. Como sucedió en 1972 y 1975, son los electricistas y la lucha por su sobrevivencia como gremio lo que anima la nueva voluntad unitaria.
La solidaridad con la lucha del SME es fundamental en este momento; independientemente de lo que se piense de su dirección, no puede regateársele. Sin embargo, cabe preguntarse si es factible unificar exitosamente en un gran frente nacional, en las actuales circunstancias, la solidaridad con los electricistas y la organización del descontento popular. La experiencia del pasado obliga a pensar que no. Una y otra vez, la lógica de la lucha inmediata del sector con mayor fuerza política ha terminado por dominar y absorber las demandas de sus aliados. Y sigue pesando entre diversos actores sociales la preocupación por ser utilizados como masa de maniobras por otros actores políticos y sus agendas electorales y parlamentarias.
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Todo en veremos
Priístas, indecisos
¿CNDH? Luego
Protesta contenida
Véase el escenario del pasmo: los priístas, que luego de los comicios pasados se consideraban el faro inextinguible de la República, ahora pelean subterráneamente, cual topos de tres colores, en busca de alguna salida que les otorgue botín presupuestal para los gobernadores del presente, unidad interna para sobrevivir al agarrón actual entre Peña Nieto y Beltrones, y viabilidad electoral para 2012 tan temprano tambaleante para quienes se hacían ya de retorno en Los Pinos. Los diputados priístas peñietos se aferran a su canasta básica presupuestal del uno por ciento más de IVA (Alfonso Navarrete Prida, cuya carrera política y judicial ha estado asociada a Arturo Montiel y a Quique 16%, defiende lo aprobado en San Lázaro con pasión gaviotona), mientras el taimado Beltrones pelea por echar abajo cuando menos esa cifra simbólica, en busca de emparejar los cartones futuristas con el gobernador del estado de México, que hasta antes de esta crisis de bancada era entendido como el puntero casi inalcanzable en la carrera por suceder a... a... ¡ah, sí, al licenciado Calderón, que en 2006 había sido impuesto como encargado de Los Pinos!
La incapacidad de dar salida a los problemas se ha manifestado también en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En una abierta confesión de que esa decisión senatorial es solamente una parte del proceso mayor, y definitorio, de reparto de rebanadas de pastel, ayer se suspendió la teatralización que presuntamente analizaría aptitudes, antecedentes y viabilidad de los aspirantes a sacrificarse con el manejo de la desbordada bolsa embolsable de recursos que se manejan en la CNDH. Dado que los apostadores están hoy sumamente ocupados en la ruleta mayor (la discusión del paquete fiscal), se ha declarado una especie de receso en la maquinita tragamonedas menor (la CNDH) para retomar la farsa en cuanto los capos hayan ajustado cuentas en lo que hoy más les interesa.
Y Felipe sigue de viaje. Es decir, en Centroamérica. Disfrazado de vendedor estrella de electricidad barata (candil de Guatemala y oscuridad del SME), allá pronuncia una de esas frases con las que la historia (clínica) lo recordará: Luchamos contra ellos, no por tener una obsesión misma con el tema de las drogas, sino porque sabemos que el tema medular es la derrota del crimen organizado que sojuzga a los pueblos
. Dentro de algunos días también podrá jurar que no tiene obsesión contra el SME, aunque ya ha echado a andar al disidente útil llamado Alejandro Muñoz para que pida
a Gobernación de Cevallos que se reanuden negociaciones con ese sindicalismo moderno, dialogante, colaboracionista (que conste que no se está hablando para nada de los Chuchos) que sí sabe defender a sus representados. Pero, en realidad, todo sigue igual de entrampado: las interrupciones del servicio eléctrico continúan en las zonas antes atendidas por el SME y el gobierno felipato no ha podido organizar las alternativas de solución, así fueran mediante esquirolaje o leva. Eso sí, ya se anuncia que en noviembre se emitirán las bases de la licitación de una red de fibra óptica para telecomunicaciones y se espera que en enero ya estén asignados los contratos para los ganadores, aunque... bueno, por esos imponderables del destino, hasta ahora la principal empresa interesada es Televisa, llena de gracia por los artículos transitorios que le permitirán pagar impuestos por mil 900 millones de pesos dentro de dos o tres años, cuando este nuevo negocio del espectro radioeléctrico se haya afianzado, y oportunamente liberada de conflictos, liquidaciones y demás en el ámbito correspondiente a Luz y Fuerza del Centro y el SME.
Todo (aparentemente) en pausa. En San Lázaro le dan reversa a la decisión arbitraria de Francisco Ramírez Acuña de declarar cumplida la comparecencia del secretario de los trabajos, Javier Lozano, para sacarlo del escándalo y el golpeteo políticos de ese día. Tendrá que regresar el melómano trágico al lugar de los hechos, mientras el SME se alista a solicitar el recurso de amparo por la extinción de su fuente de trabajo, a demandar a quien corresponda por el despido injustificado que han sufrido y a revelar a diputados la información confidencial que el calderonismo ha retenido hasta ahora.
El mitin lopezobradorista frente al Senado queda también en el álbum de las imágenes congeladas. No se dijo nada que no se hubiera dicho antes o no se pudiera haber dicho sin necesidad de hacer un acto masivo. Presencia política, testimonio de lucha, reiteración del espíritu de combate, e incluso la recurrencia al esquema de los diálogos institucionalizados en el Senado, ahora pedidos para discutir sobre los privilegios de las cúpulas políticas y empresariales. Y la insistencia en que los legisladores, sabidamente minoritarios, destinados al fracaso numérico, presenten iniciativas, las defiendan y queden con la satisfacción del tiempo perdido en llegar al final previsto.
Y, mientras el secretario de Salud, José Ángel Córdova, actualiza la historia aquella del catarrito según Carstens, ahora diciendo que los mexicanos no subiremos el grado de alerta por la influenza, como los gringos lo acaban de hacer por instrucciones de Obama, ¡hasta mañana, con diputados advirtiendo que la lucha contra el narco será afectada
si le recortan mil millones de pesos de presupuesto a la Sedena!
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No han faltado en ese lapso voces que, sin fundamento alguno, han atribuido tales situaciones a supuestas acciones de sabotaje de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pese a que esa organización gremial, aun colocada por el gobierno federal en la perspectiva de la desaparición y del desempleo masivo para sus integrantes, ha dado pruebas de sensatez y contención y ha encauzado sus acciones de protesta por vías intachablemente pacíficas y legales.
Las insinuaciones veladas y las acusaciones abiertas en contra de los electricistas soslayan, en cambio, la que parece ser la razón económica evidente de las extendidas y constantes interrupciones en el suministro del fluido eléctrico: la imposibilidad de suplir a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en la totalidad de sus funciones y las lógicas e inevitables fallas de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la operación de una red que se ha ido volviendo laberíntica, compleja y obsoleta no por voluntad de los trabajadores del SME, sino por el abierto designio gubernamental de chatarrizar la entidad distribuidora de energía, designio que alcanzó su punto culminante en la actual administración, pero que se venía aplicando desde hace cuando menos una década. En suma, con los elementos de juicio disponibles y salvo prueba en contrario, es el empeño oficial por desaparecer LFC y golpear al SME el que ha venido causando las afectaciones al suministro de energía eléctrica en el centro del país.
En esta circunstancia, la prudencia y un sentido básico de interés nacional aconsejarían dar marcha atrás en una medida que no sólo acentúa el clima de polarización política imperante, sino que ha introducido factores de profundización de la crisis económica, del desasosiego social y hasta de la inseguridad que padece la sociedad. Si el gobierno carece de certeza sobre la capacidad de la CFE de revertir a muy corto plazo los problemas de abasto eléctrico, bien haría en dejar sin efecto el cuestionado decreto de extinción de LFC y, de esa manera, evitar a la sociedad el elemento adicional de zozobra de los apagones, y ahorrarse una confrontación de cauces inciertos con el SME y sus aliados políticos y sociales. Sería pertinente considerar, a este respecto, que la rectificación honesta de un error, lejos de desacreditar y disminuir, consolida y refuerza la imagen de los gobernantes ante las sociedades.
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También interpondrá el amparo contra la extinción de LFC
despido injustificado
Subsiste la materia de trabajo
, afirma el líder del gremio, Martín Esparza
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentará este miércoles 28 de octubre una demanda legal contra el gobierno federal por el despido injustificado
de más de 44 mil trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), ya que subsiste la materia de trabajo
. También ese mismo día interpondrá el amparo contra el decreto de extinción de la empresa.
De esta forma, la presente semana será definitoria en cuanto a la defensa legal que iniciará el SME en contra de la desaparición de su fuente de trabajo, señaló en conferencia de prensa el dirigente del gremio, Martín Esparza Flores, quien dijo que, en todo caso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es ahora el patrón sustituto, porque no ha desaparecido la materia de trabajo.
Sostuvo que el hecho de que ambos recursos legales sean interpuestos antes de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resuelva la terminación de las relaciones laborales de la paraestatal con el sindicato
da cuenta de que en este proceso el gobierno federal actuó ilegalmente e hizo todo al revés.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que cuando se decreta la extinción de una fuente laboral primero se tiene que informar a los trabajadores, luego se presentan a conciliación ante la junta para que ambas partes den sus posturas y al final esta instancia emite una resolución que tiene que ser acatada. En este caso, incluso primero estarán presentadas las demandas por despido injustificado antes que la JFCA dé su veredicto, el próximo 30 de octubre, lo que evidencia que el proceso estuvo mal hecho desde el principio, indicó el dirigente.
Hizo ver que dicha ley indica además que mientras subsista la materia de trabajo no puede cerrar una empresa. Sin embargo, en este asunto es más que evidente que el decreto es un asunto político
, una consigna para acabar con un contrato colectivo de trabajo y un sindicato que le estorba al gobierno federal para seguir abriendo de par en par las puertas del país
a las trasnacionales y empresas de energía privadas.
Planteó que precisamente ante la JFCA van a defender legalmente que no pueden darse por concluidas las relaciones laborales con la empresa, pues se sigue operando la infraestructura de la misma, siguen trabajando las estaciones y subestaciones de servicio. Entonces ¿cómo van a demostrar que no hay materia de trabajo?
, preguntó.
Expuso que una cosa es que el asunto lo haya manipulado
el gobierno federal y otra muy distinta que sea legal; por ello, además de las demandas laborales y el amparo contra el decreto de extinción, también se apoyará la controversia constitucional que interpondrán legisladores de varios partidos en contra del decreto de Felipe Calderón.
En ese contexto, el Sindicato Mexicano de Electricistas entregará a los diputados toda la información de LFC que el gobierno federal clasificó como confidencial
para negársela a los legisladores, dijo Esparza. Comentó que tiene las minutas que se elaboraron en las reuniones de la junta de gobierno de la empresa, ya que en las mismas siempre participaban representantes del sindicato.
La información comprende el manejo de la administración de Luz y Fuerza de los últimos años; lo referente a la concesión del negocio de fibra óptica a WL Comunicaciones; los convenios firmados entre esta empresa –de la cual son socios dos ex secretarios de Energía, Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond–, así como los descuentos
otorgados por la empresa al estado de México, al cual se perdonaron
adeudos por más de 2 mil millones de pesos; a Hidalgo, al cual se disminuyeron de un plumazo 549 millones de su deuda, y a Morelos, al que se condonaron más de 232 millones de pesos.
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En la primera sesión Martín Esparza expone la situación del SME
Este lunes se iniciaron las sesiones públicas del primer Tribunal Internacional de Libertad Sindical, el cual deliberará en los próximos seis meses acerca de si en México hay un problema integral de falta de libertad gremial y de intervencionismo gubernamental, como expusieron ayer frente a los miembros de ese jurado varios líderes sindicales, entre ellos Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Integrado por una veintena de expertos en materia laboral y en la defensa de los derechos humanos, este tribunal representa un ejercicio de justicia ciudadana
inédito en el mundo, según palabras del historiador estadunidense James Cockroft, uno de los integrantes del jurado.
El veredicto final de este tribunal será presentado a las autoridades mexicanas federales y a todas las instancias internacionales, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo y el organismo para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Ayer, el ex templo de Corpus Christi fue abarrotado por juristas, estudiantes, académicos de diversas universidades públicas del mundo y por trabajadores electricistas. Ahí, una y otra vez retumbaron las voces de ¡duro, duro!
y aquí se ve la fuerza del SME
.
Afuera del recinto, en avenida Juárez, se apostaron cientos de trabajadores electricistas en apoyo a su dirigencia sindical.
Ante el tribunal ciudadano, Esparza cuestionó la política laboral del gobierno de Felipe Calderón, además de poner énfasis en la gravedad de que más de 44 mil familias que dependían de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) se queden sin un ingreso por su trabajo.
El pasado proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue intervenido por el Estado con recursos económicos importantes de las cuotas de los trabajadores, para buscar imponer una directiva afín a los intereses privatizadores del gobierno
, sostuvo.
“Hasta los que roban, los que asesinan, tienen derecho a ir a un juzgado para defenderse, para ser escuchados, tener el derecho de audiencia, pero es la forma en que está gobernando este Ejecutivo, mediante decretos, con el Ejército mexicano y la Policía Federal, de manera fascista.
No estamos de acuerdo con las autoridades, con los órganos de impartición de justicia en el país, desde la Suprema Corte, que no se ha pronunciado, desde el Congreso y desde la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la forma que está conduciendo la política laboral este gobierno
, recalcó Esparza.
En representación de la causa general de sindicalistas disidentes habló Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Durante su discurso, el también asesor legal del SME, recordó los casos recientes en que las autoridades laborales mexicanas han embestido
a los movimientos sindicales.
El jurista criticó el caso de la persecución penal que enfrenta el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, por no ser afín al gobierno y, por supuesto, también criticó la determinación del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien de manera arbitraria
negó la toma de nota a Martín Esparza. Asimismo, sostuvo que el decreto presidencial que extinguió a LFC es totalmente inconstitucional
.
Entre los miembros del tribunal mundial destacan intelectuales de la talla del escritor uruguayo Eduardo Galeano; la senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, quien tiene un amplio historial en la lucha por la defensa de los derechos humanos; el juez venezolano especializado en el ramo laboral Rubén Darío González; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, y el sacerdote dominico Miguel Concha Malo, articulista de La Jornada.
También conforman este grupo colegiado el abogado y asesor parlamentario de la Central Sindical Uruguaya, Hugo Barreto Ghione; la actriz y activista social Ana Colchero, además de los académicos de la universidad española de Castilla-La Mancha y de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marta Olmo, y el profesor decano en materia laboral Alfredo Sánchez Alvarado. Asimismo, presidentes de colegios de abogados, historiadores y académicos expertos en el área laboral de Colombia, Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y México.
El próximo miércoles, el tribunal tendrá un fallo preliminar, y el primero de mayo de 2010, al final de la marcha por el Día del Trabajo, dará lectura al veredicto final.
Después de que concluyó el primer día de sesiones públicas del Tribunal Internacional de Libertad Sindical –continúan este martes–, el historiador y politólogo James Cockroft, en entrevista con este diario, habló de los motivos que lo llevaron a participar en esta propuesta que nació hace un año, luego de una reunión entre líderes sindicales y que fue organizada por la dirigencia del Centro de Investigación y Asesoría Sindical.
Hay un ataque violento contra las y los obreros, no solamente del Sindicato Mexicano de Electricistas en este país, sino en todas partes del mundo. La tradición democrática de ese sindicato es para nosotros una gran expresión y por eso seremos solidarios
con esos trabajadores, expuso Cockroft.
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extinguidapor el gobierno espurio; ha salido a la luz, también, el empeño del grupo gobernante por entregarle al consorcio WL Comunicaciones la red de fibra óptica de LFC; la marginación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la propia LFC en los millonarios procesos de adquisición de electricidad por la dirección de Exploración y producción de Pemex, a cargo de Carlos Arnoldo Morales Gil, y el otorgamiento de tales contratos a dos transnacionales españolas. Lo que Javier Lozano tuvo el descaro de llamar
la privatización silenciosade LFC ha venido ocurriendo, en efecto, pero no ha sido a favor del sindicato, sino de los cuates y socios de Calderón. ¿Cuántas comisiones y de a cómo les habrán tocado a los integrantes de este gobierno por no cobrar la luz a grandes empresas, por facilitar redes de propiedad pública a corporativos particulares, por debilitar a las entidades públicas para que las privadas se fortalezcan?
Los agravios a la sociedad perpetrados por este régimen de coyotes han llegado a tal punto que hoy, en el escenario político, se encuentra la perspectiva de un paro nacional como punto de confluencia de diversas oposiciones. La idea –lanzada el sábado pasado en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, y al calor de la campaña de solidaridad hacia el SME– podría parecer temeraria y hasta descabellada, toda vez que no existe en México experiencia sindical ni política y lo más parecido a una paralización económica del país no ha sido consecuencia de una protesta opositora, sino del desempeño estúpido e irresponsable del calderonato ante la crisis en curso.
Desde 1936 no se ha intentado una huelga nacional y el tema ni siquiera se había planteado en los últimos seis años, es cierto. Pero el país tampoco había padecido una administración que conjugara ilegitimidad, ineptitud y corrupción en dosis tan masivas como la actual.
Es posible que la embestida oficial contra LFC y contra el SME contribuya a afinar el guión de este sexenio como no lo han hecho ni la inverosímil guerra contra el narcotráfico
ni la intentona privatizadora de la industria petrolera del año pasado ni el empeño por reconcentrar la riqueza por medio de canalladas fiscales ni el súbito y fársico discurso presidencial que dio cuenta del descubrimiento de la pobreza en el país. Una buena parte de la sociedad –que excede ampliamente al movimiento lopezobradorista y al círculo de solidaridad directa con el SME– está harta del coyotaje institucionalizado y de la gestión administrativa enfocada a intereses amigos. Un paro nacional en protesta por ese estilo personal de gobernar puede conjuntar voluntades y energías sociales insospechadas. Por ahora no hay fechas ni rutas críticas, sino una mera idea que se robustece y alimenta por la indecencia misma del actual régimen. A ver.
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El ex procurador mexiquense encabeza al grupo legislativo que definirá el recurso más adecuado
Buscan que el gobierno entregue la información en que se basó para liquidar a la paraestatal
En la primera reunión del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que definirá el recurso legal contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la diputación del PRI consideró que la opción más viable es la controversia constitucional.
Alfonso Navarrete Prida, quien coordina esa instancia legislativa, planteó que la acción de inconstitucionalidad sería cuesta arriba
, porque para presentarla requeriría sumar el consenso de diputados y senadores.
Se dejó abierta la posibilidad de convocar a funcionarios del gobierno federal, e invitar a una representación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para aportar información, ante la negativa de diputados del PAN de construir un acuerdo que obligara al grupo a tomar como base las opiniones de los trabajadores y de la administración de Felipe Calderón.
De inicio, el PAN pretendió limitar a tres las reuniones de trabajo antes de tomar una decisión y presentar una propuesta definitiva al pleno camaral. Francisco Hernández Juárez (PRD) planteó que ante la magnitud del conflicto, los diputados debemos ser generosos con el tiempo y no ser tan insensibles como para considerar que con dos o tres reuniones es suficiente
.
Además, dijo, el conflicto no lo generaron la Cámara de Diputados ni los partidos, sino la insensibilidad del gobierno, y ahora nos hemos echado a cuestas
contribuir a resolverlo y posiblemente quitarle al país
un grave problema.
Tanto el líder de los telefonistas como los diputados Gerardo Sánchez (PRI), Ramón Jiménez (PRD) y Jaime Cárdenas Gracia (PT) plantearon la necesidad de escuchar a los trabajadores del SME, pero también requerir la información técnica en que se basó el decreto de extinción de Luz y Fuerza, y que el gobierno federal clasificó como reservada por 12 años.
No podemos de manera rígida, inflexible e insensible abordar un tema de interés nacional, que no se generó por una medida estrictamente jurídica, sino de una acción política irresponsable de Calderón
, argumentó Ramón Jiménez.
Jaime Cárdenas planteó además que la Secretaría de la Función Pública debe explicar por qué avaló los resultados del convenio de productividad entre el SME y Luz y Fuerza en 2007, con el cual se demostró que la empresa sí cumplía con los requerimientos de productividad
.
El panista Roberto Gil, quien ese año fungió como coordinador de asesores del secretario de la Función Pública, Germán Martínez, adujo que el grupo de trabajo no podía violar el mandato del pleno a este grupo de trabajo
para recibir a los electricistas ni extralimitarse, pues sólo las comisiones ordinarias de la Cámara tienen la facultad de citar a comparecer a funcionarios públicos.
Además, sostuvo, la Auditoría Superior de la Federación recomendó en la revisión de la cuenta pública 2006 extinguir por decreto a Luz y Fuerza. En respuesta, Jaime Cárdenas sostuvo que las conclusiones del órgano fiscalizador se basaron en razones técnicas contables, y no en un análisis jurídico sobre las competencias del Ejecutivo o del Congreso
.
Navarrete Prida pidió al grupo de trabajo facultarlo para gestionar ante el gobierno federal la entrega del diagnóstico de Luz y Fuerza elaborado por la Secretaría de Energía, y que sirvió de base técnica para el decreto presidencial de extinción de la empresa, para distribuirlo entre los legisladores.
Hernández Juárez entregó al grupo un documento con los fundamentos de la controversia constitucional, elaborado por un abogados que asesoran al SME.
Navarrete Prida aseguró que las conclusiones del grupo dejan a salvo los derechos de los afectados para que interpongan su juicio de garantías. Para que no parezca que nosotros hicimos una maniobra que les hizo nulo un derecho, pensando que somos instancia para resolver
, acotó.
México, Distrito Federal
Lunes 26 de octubre de 2009
Publicadas por
Anónimo
a la/s
6:22 a.m.
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