se pueden pelear en una elección municipal o estatal, pero siempre se ponen de acuerdo cuando se trata de lo principal, que es mantener el régimen de opresión, corrupción y privilegios que ya está podrido.
De paso por Cancún, Quintana Roo, dentro de su gira nacional Salvemos México, también instó a unos 4 mil simpatizantes que se congregaron en la Plaza de la Reforma, de la sede del ayuntamiento, a no creer que las cosas cambiarían con el retorno del PRI a la Presidencia de la República.
Si piensan que se solucionarían los problemas hay que decirles que sería como el regreso del dictador Antonio López de Santa Anna, porque si los priístas vuelven, y toco madera, venderían hasta Palacio Nacional
, expuso.
El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estuvo acompañado de Emiliano Ramos y Hernán Villatoro, presidentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) en la entidad; y de Rubén Darío Rodríguez, Luis Walton y Dante Delgado, líderes estatal, nacional y senador de Convergencia.
Durante el acto la dirigencia local priísta y el representante del gobernador Roberto Borge Angulo, en Cancún, Víctor Viveros, organizaron una rifa de televisores y neveras en la sede partidista; y López Obrador criticó al mandatario por ser anfitrión del ex presidente Carlos Salinas y de toda la mafia del poder, en su toma de protesta el pasado 5 de abril.
Recordó que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, llegó en el mismo avión de Salinas, y mientras duró el acto de investidura no entraban ni salían vuelos comerciales de Chetumal.
Antes, bajo el sol hiriente de Mérida, Yucatán, el ex candidato presidencial llamó a un millar de oyentes a no confiar en priístas ni panistas, pero sí convertir las regiones sur-sureste de México en bastiones democráticos.
Al encabezar un mitin en el parque de San Juan del primer cuadro de la ciudad, exhortó a evitar que se apague la llama de la esperanza, y previó que para las elecciones presidenciales de 2012 el Morena tenga en operación más de 65 mil comités en todo el país, donde participen ricos y pobres.
Vamos a conseguir que la justicia llegue a la vida cotidiana de las personas más humildes y con ello demostraremos al pelele Calderón cómo se trabaja por el bienestar social
, dijo sobre el titular del Ejecutivo; y censuró al gobierno por comprar 500 mil barriles de gas y al menos la mitad de la energía eléctrica de que disponen millones de hogares.
También reprochó a la gobernadora priísta Ivonne Ortega su proyecto de construir un tren bala para unir el sureste del país, que sería para turistas y no para la gente humilde.
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El plan de seis puntos integra acciones específicas para que retorne la justicia al país
Rosario Ibarra de Piedra se manifestó en favor de la presentación con vida de víctimas de desapariciones forzadasFoto María Meléndrez
Lunes 9 de mayo de 2011, p. 5
La Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad convocó ayer a un pacto social para detener la emergencia nacional que enfrenta el país producto de la violencia y la política gubernamental para combatirla. Entre sus principales ejes destaca la exigencia de cambiar la estrategia de guerra establecida en nombre de la seguridad pública; poner fin a la impunidad y ofrecer justicia a las víctimas de esta guerra; combatir la corrupción en las instituciones; enfrentar de raíz al crimen organizado, minando especialmente sus capacidades financieras; ofrecer alternativas culturales y laborales a los jóvenes, así como perfeccionar la democracia, ampliando la participación ciudadana.
El documento leído durante el mitin con el que concluyó la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad consta de seis puntos, cada uno de los cuales contiene acciones específicas. En el pacto se demanda, en primer término, verdad y justicia para los familiares de las víctimas, para lo cual se deben esclarecer los asesinatos, desapariciones, secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad.
Restructurar las instituciones de procuración y administración de justicia, incluyendo las redes de complicidad y omisión de autoridades. Se emplazó a las autoridades responsables a que, a más tardar en un plazo de tres meses, se esclarezcan los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, entre ellos, el homicidio de Marisela Escobedo, de la familia Reyes, de Susana Chávez, de Juan Francisco Sicilia, los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, entre otros.
Una segunda exigencia contenida en el pacto es poner fin a la visión militarista con que el gobierno de Felipe Calderón ha enfrentado al crimen organizado, asumiendo una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con un enfoque de defensa de los derechos humanos, “que evite la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, al tiempo que avance un modelo de seguridad alternativo que recupere experiencias comunitarias y de participación ciudadana
.
En este contexto exigieron que no se aprueben leyes o normas que quebranten los derechos humanos, bajo el concepto de seguridad nacional. Pidieron no aprobar las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, para que se aprueben leyes concertadas con organizaciones defensoras de derechos humanos.
Combatir la corrupción y la impunidad del Poder Judicial es el punto 3 del pacto propuesto que permita romper con las discrecionalidades con que se desempeñan las instituciones de procuración y administración de justicia, dotando de autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, pues la justicia no puede estar al servicio de cálculos políticos
. Asimismo, eliminar el fuero de funcionarios y legisladores para delitos de corrupción y crimen organizado. Demandaron también combatir las raíces económicas del crimen organizado reforzando las tareas de inteligencia financiera. Solicitaron un informe de los casos más notorios relacionados con el lavado de dinero en esta administración.
El quinto punto exige una nueva política social de emergencia hacia los jóvenes, porque el problema de seguridad no se resolverá con armas y violencia, sino con una política económica y social que genere alternativas educativas, culturales, laborales y de salud a los jóvenes, para recuperar paulatinamente el tejido social. Para tal efecto demandaron el incremento del presupuesto educativo para ampliar la matrícula escolar en los niveles de secundaria, educación media superior y superior.
El pacto plantea el perfeccionamiento de la democracia en el país, ampliando los cauces participativos y mejorando la democracia representativa. Por ello demandaron que en un plazo de dos meses se apruebe en la Cámara de Diputados la minuta de reforma política aprobada por el Senado, en la Cámara de Diputados.
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