De la columna Trama Política
De la Jornada de Oriente
lunes 28 de agosto de 2006
TRAMA POLÍTICA
La democracia, el orden jurídico y los principios constitucionales
Mario Villar Borja
La estrategia de la Coalición por el Bien de Todos para enfrentar la última etapa de la elección de Estado más cínica y fraudulenta de los últimos 94 años de nuestra historia consiste en la aplicación de medidas que causan inconveniencias a los ciudadanos residentes en la capital del país, así como a sus visitantes. Estos daños que los jilgueros del régimen totalitario actual magnifican cotidianamente para ocultar el fraude a la ciudadanía al negarle la oportunidad de tener la certeza de que su voto ha sido respetado, no son comparables o equivalentes a los que la ineficiente realización de obras de los gobiernos panistas causa cotidianamente a la ciudadanía; como ejemplo tenemos los casos de la reparación de la autopista que cruza la ciudad de Cuernavaca (que duró cuando menos dos años), el libramiento de Cuautla (que no se concluyó en menos de tres años), el corredor que comunica a la ciudad de Querétaro con la de Corregidora (programada para terminarse en junio y que al paso que van no la concluirán este año), el espantoso paso a desnivel de la Juárez en Puebla, que partió la ciudad en dos por casi tres años, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora el régimen totalitario actual ha ordenado un estado de sitio alrededor de la Cámara de Diputados, impidiendo el libre tránsito de personas en esa zona, violentando las garantías individuales, pero contra esto no se protesta. Éstos han causado daños cuantiosos a negocios pequeños y medianos de mexicanos que no tienen la capacidad de comunicación con que cuentan los monopolios hoteleros y restauranteros, quienes, apoyados por el régimen totalitario actual, han magnificado el costo de la lucha por la democracia. Todo esto se justificó por los futuros beneficios que tales obras traerían para la ciudadanía, cuando la realidad es que fueron los gobiernos totalitarios los que causaron la afectación, y por eso no se dramatizó como ahora se hace con el plantón que se ha establecido en la capital de la República. ¿Qué no será mas importante el valor de tener un gobierno democrático verdadero que un daño temporal al transito de personas? Pero los niños “pirruris”, haciendo eco a la insidia panista, “dicen que los que afectan los derechos de tránsito de terceros” deberían ser condenados penalmente.
Los argumentos que dan los opositores a la democracia son de que no se debe violentar el Estado de Derecho, pues la defensa de la democracia, según ellos, afecta los derechos de otras personas, y los panistas incluso hablan de aplicar un ordenamiento menor para vulnerar los derechos constitucionales de los que protestan. Quienes sólo piden que se cumpla con lo establecido por el artículo 41 constitucional, de tener “elecciones libres, auténticas y periódicas”, y de que éstas den como resultado “la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”. Estos objetivos constitucionales del proceso electoral sólo se darán si se cuenta “voto por voto, casilla por casilla”. Desde está perspectiva, los que protestan contra la elección de Estado y las trampas electorales sólo están cumpliendo con sus obligaciones y derechos constitucionales. ¿Será democrático un régimen político que se despreocupa de las garantías individuales y combate a los partidos de oposición? ¿Será democrático el régimen que anula la democracia política?
De la Jornada de Oriente
lunes 28 de agosto de 2006
TRAMA POLÍTICA
La democracia, el orden jurídico y los principios constitucionales
Mario Villar Borja
La estrategia de la Coalición por el Bien de Todos para enfrentar la última etapa de la elección de Estado más cínica y fraudulenta de los últimos 94 años de nuestra historia consiste en la aplicación de medidas que causan inconveniencias a los ciudadanos residentes en la capital del país, así como a sus visitantes. Estos daños que los jilgueros del régimen totalitario actual magnifican cotidianamente para ocultar el fraude a la ciudadanía al negarle la oportunidad de tener la certeza de que su voto ha sido respetado, no son comparables o equivalentes a los que la ineficiente realización de obras de los gobiernos panistas causa cotidianamente a la ciudadanía; como ejemplo tenemos los casos de la reparación de la autopista que cruza la ciudad de Cuernavaca (que duró cuando menos dos años), el libramiento de Cuautla (que no se concluyó en menos de tres años), el corredor que comunica a la ciudad de Querétaro con la de Corregidora (programada para terminarse en junio y que al paso que van no la concluirán este año), el espantoso paso a desnivel de la Juárez en Puebla, que partió la ciudad en dos por casi tres años, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora el régimen totalitario actual ha ordenado un estado de sitio alrededor de la Cámara de Diputados, impidiendo el libre tránsito de personas en esa zona, violentando las garantías individuales, pero contra esto no se protesta. Éstos han causado daños cuantiosos a negocios pequeños y medianos de mexicanos que no tienen la capacidad de comunicación con que cuentan los monopolios hoteleros y restauranteros, quienes, apoyados por el régimen totalitario actual, han magnificado el costo de la lucha por la democracia. Todo esto se justificó por los futuros beneficios que tales obras traerían para la ciudadanía, cuando la realidad es que fueron los gobiernos totalitarios los que causaron la afectación, y por eso no se dramatizó como ahora se hace con el plantón que se ha establecido en la capital de la República. ¿Qué no será mas importante el valor de tener un gobierno democrático verdadero que un daño temporal al transito de personas? Pero los niños “pirruris”, haciendo eco a la insidia panista, “dicen que los que afectan los derechos de tránsito de terceros” deberían ser condenados penalmente.
Los argumentos que dan los opositores a la democracia son de que no se debe violentar el Estado de Derecho, pues la defensa de la democracia, según ellos, afecta los derechos de otras personas, y los panistas incluso hablan de aplicar un ordenamiento menor para vulnerar los derechos constitucionales de los que protestan. Quienes sólo piden que se cumpla con lo establecido por el artículo 41 constitucional, de tener “elecciones libres, auténticas y periódicas”, y de que éstas den como resultado “la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”. Estos objetivos constitucionales del proceso electoral sólo se darán si se cuenta “voto por voto, casilla por casilla”. Desde está perspectiva, los que protestan contra la elección de Estado y las trampas electorales sólo están cumpliendo con sus obligaciones y derechos constitucionales. ¿Será democrático un régimen político que se despreocupa de las garantías individuales y combate a los partidos de oposición? ¿Será democrático el régimen que anula la democracia política?
