miércoles, febrero 21, 2007

Calderón sin pueblo y la oposición débil

PEDRO ECHEVERRÍA V.

1 . Felipe Calderón, el presidente de los empresarios, está desesperado buscado que el pueblo aplauda su gobierno. A más de 75 días de haber tomado posesión no ha logrado entusiasmar a nadie, aunque sí a los poderosos empresarios que apuntalaron con mucho dinero su campaña. De cada 10 discursos pronunciados en ocho ha reiterado su llamado al combate “contra la inseguridad y la delincuencia organizada”. Para demostrar que “tiene la mano firme y que no retrocederá ante los que violan la ley”, al asumir la Presidencia se hizo rodear por el ejército encargándole intervenir en varios de estados de la República para “desmantelar bandas de narcotraficantes y garantizar la seguridad de los pobladores de cada lugar”. Los resultados del combate contra la delincuencia han sido magros.

2 . La población ha comenzado a ver al gobierno faccioso de Calderón como la exacta continuidad del funesto gobierno de Fox.

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RAZONES

Presidente y Ejército

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Cuando hoy el secretario de la Defensa , el general Guillermo Galván Galván, pronuncie su discurso en el tradicional desayuno del Día del Ejército, estaremos ante un momento particularmente especial en la relación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno federal. Como el presidente Calderón ha dicho, la designación de su gabinete de seguridad, en particular la de los mandos militares, fue una de las labores más difíciles del proceso de transición. El Presidente quería combinar la lealtad con una capacidad de operación de las Fuerzas Armadas en el respaldo institucional y el combate a la delincuencia organizada que diera una verdadera vuelta de tuerca a lo ocurrido en los años anteriores. Previamente a la designación del general Galván, pasaron por las manos del Presidente currículums, informes, y fueron necesarias muchas horas de pláticas con todo tipo de interlocutores. El Presidente fue cambiando su percepción de lo que necesitaba y de qué tipo de general secretario requería.

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La Ley Telmex

OCTAVIO ISLAS *

No pocos académicos e investigadores de la comunicación en México insisten en señalar a Televisa como la empresa más poderosa en la industria de las telecomunicaciones en México. Sin embargo, al reparar en la formidable expansión de Telmex, me parece que por lo menos deberíamos ya poner en duda tan socorrida tesis que procede de mediados de la década de 1970. Telmex hoy debe ser considerada como la empresa más importante en México en materia de telecomunicaciones. Simplemente reconozcamos cuan penetrante y significativa es su participación en un sector tan complejo, diversificado y rentable de nuestra economía. Además, en términos de poder real en México, la “capacidad de negociación” de Telmex definitivamente resulta equiparable a la de Televisa, pero con la enorme ventaja de que la influencia de Telmex hoy es mucho más discreta. Los intereses de Carlos Slim -el empresario más acaudalado en América Latina y hoy uno de los hombres más ricos del mundo-, se extienden a lo largo y ancho de nuestra abultada y contradictoria economía.

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Una agenda democrática

MAURICIO MERINO

Una vez más, el tráfago de la lucha partidaria está demorando la construcción de una agenda explícitamente destinada a consolidar la democracia mexicana. No me refiero sólo a la reforma electoral pendiente (que ha sido comentada y discutida hasta la saciedad, sin éxito), sino a las mudanzas que hacen falta en muchas otras instituciones políticas de México, para que la democracia no descanse, únicamente, en las reglas y los humores afincados en la distribución del poder político, sino en la publicidad, la transparencia, la eficacia y el control público de su ejercicio. Esa otra parte de la agenda democrática sigue fragmentada y detenida. Pongo tres ejemplos: hacia el final de 2006, cinco gobernadores (de Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Veracruz y Zacatecas) presentaron una iniciativa para reformar el artículo sexto de la Constitución, con el propósito de ofrecer condiciones y garantías iguales en materia de acceso a la información pública.

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