Viaje al fondo de la República

René Sánchez Galindo
21 de mayo de 2007

Hablar de reformas, hablar de democracia, hablar de propuestas, hablar de acuerdos, hoy más que nunca parace una burla para la gente. A la gente que se ve obligada, repito, obligada a trabajar en la ilegalidad, en la incertidumbre y en el abandono simplemente no le sirve esta democracia, ni estas propuestas, ni estos pseudo acuerdos. En los últimos 30 años un grupo de comerciantes de Puebla Capital han padecido al sistema político, económico y social. Hoy, están igual o peor.

Lo que leerán a continuación pretende ser un viaje a la realidad social del sistema político. No estamos hablando de pobreza extrema, no estamos hablando de una comunidad alejada de aquellas de las que sólo a pie o en algún animal se puede llegar. No. Esta travesía pretende adentrarse en una colonia vecina de una de las capitales de México. Una colonia popular sí, pero colindante con una zona residencial y con un club deportivo privado. En realidad lo que se pretende es enfrentarnos al tema de la corrupción, pero desde la óptica de la gente.

Los pobladores han luchado por más de 30 años porque se les regularicen sus casas, sus escuelas, su mercado, su área verde y porque se les provean servicios. Todavía hoy existen calles sin pavimentar, escuelas sin regularizar y falta o deficiencia de servicios básicos. En 1989 el Gobierno federal expropió e indemnizó al ejido donde se encontraba esta colonia bajo el mandato de regularizar y vender a precios de interés social ya que con esa base se indemnizó al ejido. La instancia encargada de la regularización es la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett.

Sin embargo, actualmente las escuelas, las calles, el mercado y el área verde siguen sin rergularizarse. 18 años y siguen irregulares, por lo tanto con servicios deficientes y manteniendo a la colonia como una colonia popular, pobre y sometida a las presiones de organizaciones caciquiles.

Durante estos 18 años posteriores a la expropiación, han existido múltiples solicitudes de regularización, pagos realizados a líderes que no entregaron cuentas, pagos a la Corett, que tampoco entregó cuentas a la gente; también han ocurrido varias reuniones con servidores públicos y con políticos, manifestaciones públicas, procedimientos jurídicos, entre otros actos, acciones y trabajos.

A lo largo del año 2006 y todo lo que va del 2007, una organización de comerciantes ha recurrido al derecho constitucional a la información y a la obligación gubernamental de transparencia y rendición de cuentas. A través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, se ha buscado aclarar qué ha pasado y qué pasa con la obligación federal de regularizar este predio. Asimismo se ha acudido a la Comisión de Transparencia Municipal para obtener las constancias que respalden los derechos de los legítimos poseedores.
La realidad: Nos encontramos ante una situación de total opacidad. Desde el 19 de enero de 2006, hace ya más de un año, se han formulando solicitudes de acceso a la información a la CORETT. Desde ese momento se pidió básicamente conocer la situación sobre la regularización del predio donde se encuentra el mercado, es decir saber si había sido donado al Ayuntamiento, si en cambio estaba por regularizarse mediante venta a sus ocupantes y posesionarios; igualmente se solicitó la tarifa correspondiente y la etapa en que se en contra el procedimiento de regularización.

La falta de claridad ha derivado en:

• 10 solicitudes de información a la Corett a través del IFAI
• 2 solicitudes de información al Ayuntamiento a través de la Comisión de transparencia.
• 7 recursos de revisión (481/06, 536/06, 667/06, 1077/06, 395/07 y 397/07 ante el IFAI y uno más 001/2006 a la Comisión de transparencia municipal, por cierto, el primero de su historia),
• 4 resoluciones del Pleno del IFAI (3 que modifican respuestas -536/06, 667/06 y 1077/06- y una que declara inexistencia -481/06-),
• 2 resoluciones del Pleno del IFAI pendientes,
• 9 meses de retraso con respecto a lo que ordena la ley para resolver el recurso de revisión municipal,
• 1 clasificación de reserva de información, que después CORETT declara inexistencia y que por otra solicitud de información después proporciona,
• 3 inconformidades por incumplimiento a las resoluciones del Pleno del IFAI (relativas a los recursos de revisión: 536/06, 667/06 y 1077/06)
• 4 contradicciones en la información proporcionada lo que representa infracciones a las leyes,
• Ningún procedimiento de responsabilidad, y
• Ninguna solución al conflicto, ni mucho menos información que lo aclare.

El hecho es que aún no se sabe si existe una tarifa para el predio, ni en qué etapa se encuentra. Por un lado declaran reservada la tarifa, por otro inexistente y finalmente proporcionan documentos en los que se aprecian varias tarifas.

Tampoco se sabe cuál es la etapa actual del procedimiento de regularización del predio. Por un lado dicen que la etapa de regularización está en decidir si se dona al Ayuntamiento o si se vende a los posesionarios y por otro lado proporcionan información que le ofrece en venta el predio a una organización. Por otro, entregan documentos por los que le piden al Ayuntamiento que les compre el predio.

La incertidumbre, la ilegalidad, la opacidad y el abandono en que las autoridades mantienen a estas personas genera injusticia, pobreza, desacuerdos y abusos.
Este viaje, continuará…

René Sánchez Galindo
ranazapatera@yahoo.com