Error de lectura
Todo indica que el gobierno estatal continúa haciendo una lectura mala e incompleta sobre el caso Cacho. Desde diciembre del 2005, cuando inició este waterloo, la administración marinista se ha empecinado en minimizarlo, en tratar de que la realidad nacional (y hoy internacional) se ajuste a su discurso del “no pasa nada” y en esgrimir argumentos legaloides que no sirven para afrontar un problema social derivado de una injusticia multievidenciada.
Hoy, los elementos con que el gobierno y sus defensores intentan afrontar el caso Cacho son tres: el abierto chantaje a Calderón Hinojosa y al PAN con el secuestro de la reforma fiscal calderonista”, la denuncia por los supuestos o reales excesos de la SCJN y la negativa tajante a aceptar cualquier recomendación de los ministros esgrimiendo como argumentos la soberanía estatal y/o la separación de poderes.
Lo que el priísmo nacional y el gobierno de Puebla se niegan a aceptar es que el caso Cacho ya rebasó las fronteras nacionales y se ha convertido en poco menos que en un asunto de Estado para Felipe Calderón Hinojosa, como lo dejan entrever varios elementos.
Los homenajes a Lydia Cacho de varias instancias internacionales, el desplegado que conocidas personalidades mundiales publicaron en diversos medios solidarizándose con ella en su posición contra la administración marinista y la abierta crítica de la gestión de George Bush a la presidencia de México por su nula actuación en el delito contra la trata de blancas, hacen pensar que al gobierno de Puebla puede no bastarle el compromiso electoral con el PAN, la sumisión de los medios de comunicación poblanos y la complicidad de los diputados, senadores y gobernadores priístas, para superar esta crisis.
Un elemento importante que el priísmo no ha tomado en cuenta es que parece ir a la baja la necesidad que Calderón Hinojosa tiene de él, porque ganó la contienda interna del PAN, hoy tiene un control absoluto de su partido y algunos sectores importantes de la izquierda, como el propio Marcelo Ebrard y Jesús Ortega, parecen alejarse de Andrés Manuel López Obrador y acercarse a la mesa de negociaciones con la supuesta presidencia legal.
Tampoco puede negarse que, lamentablemente, ha ido a la baja la inconformidad, protesta e indignación ciudadana por las elecciones presidenciales, lo que se demuestra claramente con la reducción del poder de convocatoria de López Obrador y la cada vez menor cantidad de asistentes a sus eventos.
Incluso, el abierto apoyo que Beatriz Paredes Rangel, Manlio Fabio Beltrónes y Emilio Gamboa Patrón han externado a Mario Marín Torres y Ulises Ruiz puede no garantizarles mucho, debido a que la primera carece del control de los diputados y senadores, mientras que los otros dos tampoco están en posición de asegurar que sus supuestos coordinados votarán en el sentido que ellos les digan, ante la existencia de muchos gobernadores priístas dispuestos a que sus representantes populares saquen adelante cualquier propuesta calderonista.
Además, las protestas que Estos hechos le dan a Calderón Hinojosa cierto margen de maniobra política, para deshacerse de aliados incómodos que le fueron esenciales en la elección del 2006 y en la toma de posesión, pero que hoy le impiden alcanzar la legitimidad social deseada, sobre todo al erigirse como un supuesto presidente que no ha generado empleos, sino encarecimiento de productos básicos y la militarización del país.
Otro hecho que parece que el gobierno de Puebla no ha analizado es la consecuencia de que Reforma u otro diario nacional empiece a difundir fragmentos incómodos de grabaciones de conversaciones de funcionariosimportantes, en represalia por el desafío de no acatar alguna o varias recomendaciones de la SCJN.
En este sentido, las señales que hasta el momento se han enviado desde la corte y la federación es que están dispuestos a usar las grabaciones obtenidas de manera legal, con tal de desprestigiar aún más a los poblanos involucrados y ablandar a toda la clase política priísta.
Finalmente, algo que también debería tomar en cuenta el priísmo nacional es la consecuencia electoral de permitir que el caso Cacho se mantenga en el limbo político y legislativo, ya que su uso permitirá al PRD y al PAN, especialmente a éste último, lucrar políticamente en cualquier circunstancia, no sólo por la conversación de Mario Marín con Kamel Nacif, sino por la protección que el tricolor le ha dado a mandatarios cuestionados.
En pocas palabras, el PAN seguirá teniendo por tiempo indefinido un cheque al portador extendido por el gobierno de Puebla y endosado por la cúpula nacional del partido.
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