ARISTEGUI EN REFORMA

A fin de año, un grupo de conocidos intelectuales trajo a la mesa el asunto de la libertad de expresión y su importancia para una vida democrática. Enhorabuena por el tema. Promovieron una demanda de amparo en contra de la reforma electoral porque argumentan que la prohibición para comprar tiempo en radio y televisión atenta contra la libertad de expresión. La justicia rechazó éste y otros casi 80 amparos -promovidos por cúpulas empresariales- por notoriamente improcedentes.

Más allá de que las reformas a la Constitución no son materia de control jurisdiccional, el tema está ahí para el debate. Hay que tomarle la palabra a este conjunto de ciudadanos -preocupados por la libertad de expresión- para dar la batalla en donde sí se puede dar a favor de lo que esgrimen. ¿O creen que solamente en esa prohibición para comprar spots radica el único o el principal peligro a la libertad de expresión en México? Su estatura intelectual los obliga a conocer sobre las múltiples acechanzas a la libertad de expresión que hoy existen en México. El narcotráfico, los cacicazgos locales, la concentración en medios, por citar los más evidentes. Yo personalmente no creo que las nuevas reglas del juego político electoral coarten, como se dice, a un "régimen deliberativo democrático".

Digamos que es opinable. Lo importante es el tema. Debatir, en serio, qué es lo que posibilita o imposibilita, en este país, el libre juego de las ideas. Ésa es, en sí misma, una obligación de los intelectuales. Este grupo y los demás que se dedican profesionalmente al debate deben comprometerse, también públicamente, a promover una discusión profunda, por ejemplo, sobre una reforma de medios de comunicación como la que dejó perfilada la Suprema Corte de Justicia con su brillantísimo debate y resolución sobre la acción de inconstitucionalidad a la Ley de Radio y Televisión. Utilizar estos recursos intelectuales y jurídicos para impulsar un nuevo marco legal que garantice el acceso a la información libre, a la competencia y estándares de comunicación ética y profesional que este país requiere. Quedarse en la prohibición de spots a particulares como único tema de denuncia pública sería muy pobre para el tamaño de las firmas. Las restricciones para el uso del dinero -como herramienta electoral por parte de particulares- no son, por cierto, nuevas. Existen desde 1996. Ahora está en la Carta Magna y habrá sanciones al infractor. Evidentemente la reforma es una respuesta a la serie de abusos, intervenciones indebidas y prácticas antidemocráticas que marcaron, sin remedio, la elección presidencial del 2006 y que no recibieron sanción alguna para nadie pero que sí produjeron una profunda crisis político-electoral cuyos estragos todavía padecemos.

Los intelectuales reclaman con su recurso -bajo la batuta legal de Fabián Aguinaco- que se reduce el campo del ejercicio de la libertad de expresión de las ideas, así como de la libertad para deliberar... arrancando y eliminando de dicha esfera el derecho de los quejosos para acceder a los medios de comunicación con igualdad y equidad. No poder comprar spots, dice Aguinaco, restringe sus derechos "...al gobernado, al hombre de la calle, al intelectual y al campesino". ¿De veras creen que un campesino o ciudadano de a pie iba a comprar spots en el Canal 2 para hacerse escuchar? Si en verdad preocupa la libertad de expresión, no gasten la pólvora en infiernitos. La verdadera discusión está en recuperar el carácter público de los medios, en el tema de la regulación de telecomunicaciones, de radio y televisión, en los derechos de las audiencias, en el narcotráfico, en el asesinato de periodistas. Las libertades de conciencia, de opinión y de pensamiento son aquellas que permiten expresar y defender las ideas propias y criticar aquello que se estime conveniente, sin sufrir por ello reprimenda o represalia por parte de ente o autoridad alguno. Eso ocurre en democracia. ¿Estamos en ella? Un elemento principal radica en que los ciudadanos puedan incidir, de alguna manera, en lo que ocurre dentro de su entorno y en el marco de las decisiones y políticas que afectan al interés general. Opinar, decir, cuestionar y criticar deben ser valores irrenunciables en la vida de cualquier ciudadano. Informar, señalar, promover el debate y alentar la crítica son tareas que los medios de comunicación deben anteponer a cualquier otro interés. Ésa es, o debería ser, su tarea principal. Aquello del artículo 19 de la Declaración Universal: la libertad de expresión y opinión implica el derecho de no ser molestado a causa de sus opiniones y la de investigar, recibir e impartir información.

Los intereses económicos, de negocios, políticos o de cualquier otra índole no deben, bajo ninguna circunstancia, interferir en el libre flujo de la comunicación entre emisores y receptores. Cuando esto ocurre la víctima principal es, por supuesto, la propia sociedad. La libertad de expresión es reconocida en el mundo entero como un derecho humano fundamental. De su sano ejercicio depende la viabilidad y funcionamiento de una vida democrática. La pelea por ella debe ser irrenunciable. Los intelectuales están obligados a darla.