¿¿¿¿¿NO???????

LA JUSTICIA POBLANA, EN ENTREDICHO

Dos hechos ocurridos recientemente, como son la muerte del empresario Ricardo Ramírez, quien aparentemente perdió la vida a causa de torturas en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), y la denuncia de que el secretario técnico del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto, podría estar involucrado en un tráfico de influencias a favor de un hombre dedicado a cobrar la cartera vencida de un banco, muestran que el sistema de impartición de justicia en Puebla está en entredicho. El caso del empresario Ricardo Ramírez es un hecho preocupante, ya que de nueva cuenta se pone de manifiesto que la PGJ primero busca encubrir a supuestos policías que actuaron ilegalmente en lugar de ofrecer una investigación pronta y eficiente de un presunto acto de tortura. A los acontecimientos aquí narrado, se debe sumar otros casos ocurridos en los últimos tres años que muestran las deficienciasel aparato encargado de procurar justicia. Dicha situación no solamente es resultado de la mala selección de los funcionarios encargados de las áreas dedicadas a perseguir ilícitos, sino que no se ha dado una reforma que permita un buen funcionamiento del Ministerio Público, las corporaciones policiacas y otras dependencias de acuerdo a criterios de ética, respeto a los derechos humanos y legalidad. Uno de los problemas fundamentales es que los nombramientos de funcionarios del sistema de impartición de justicia se dan con criterios políticos, o incluso como resultado de actos de corrupción, y no de una verdadera selección de personajes que reúnan requisitos de ética y profesionalismo.