DEL BLOG CCCP...
COMPAÑER@S DE LAS BRIGADAS CARRILLO PUERTO, UNIDAS VENECEREMOS Y VICTOR JARA DIFUNDIENDO EL MATERIAL DEL MOVIMIENTO:
CUMPLIENDO EL MANDATO DE NUESTRO PRESIDENTE LEGITIMO VARIOS BRIGADISTAS HEMOS SALIDO A REPARTIR NUESTRA INFORMACION (CARPETA CON HISTORIETA DEL FISGON Y ARTICULOS DE REFLEXION) EN DIFERENTES ZONAS DE CHOLULA Y PUEBLA Y QUEREMOS COMPARTIR CON EL RESTO DEL MOVIMIENTO ALGUNAS OBSERVACIONES QUE NOS ESTAN AYUDANDO BASTANTE A MEJORAR EL TRABAJO.
1.- SALIR EN GRUPOS DE 8-10 BRIGADISTAS Y DIVIDIR EL TRABAJO DE LA SIGUIENTE MANERA:
A) UNA PARTE DE LA BRIGADA REPARTE LA INFORMACION CASA POR CASA Y SE ENTREVISTA CON LOS CIUDADANOS.
B) OTRO COMPAÑERO CON AUTOMOVIL Y APARATO DE SONIDO VA PERIFONEANDO LO CUAL LLAMA LA ATENCION Y LA GENTE POR SI SOLA SALE DE SUS CASAS POR LA INFORMACION.
C) OTRO GRUPO DE COMPAS VA PEGANDO CARTELES EN POSTES O ZONAS PERMITIDAS DEJANDO INFORMACION VISUAL POR VARIOS DIAS EN LA ZONA, ESTOS MISMOS DAN APOYO LOGISTICO Y DE SEGURIDAD AL RESTO DE LA BRIGADA.
SENTIMOS QUE DE ESTA FORMA ES MAS EFECTIVO NUESTRO TRABAJO, NOS PERMITE AVANZAR MAS QUE SI VAMOS SOLOS O DISGREGADOS. POR ELLO LO COMPARTIMOS CON NUESTROS DEMAS COMPAÑEROS BRIGADISTAS POR SI LES PUEDEN SERVIR DE ALGO LAS RECOMENDACIONES. ACONTINUACION FOTOS DE UNA JORNADA EN LAS COLONIAS LA LIBERTAD Y AQUILES SERDAN DE PUEBLA.
CASA POR CASA, COLONIA POR COLONIA COMO LO PIDIO EL PEJE.
LA CAMIONETA HACIENDO LABOR DE PERIFONEO.
EL CARTEL QUE VARIAS BRIGADAS ELABORAMOS QUEDA PEGADO EN LOS POSTES DE LA ZONA, TAMBIEN ALGUNAS GENTES LO PIDEN PARA PEGARLO EN SUS VENTANAS Y ES UN MEDIO DE DIFUSION DEL MOVIMIENTO QUE QUEDA INFORMANDO POR MUCHOS DIAS.
LA CAMIONETA DE PERIFONEO TAMBIEN NOS AYUDA COMO MEDIO DE INFORMACION, POR CIERTO LOS MICROPERFORADOS PARA LOS MEDALLONES YA LOS TIENE EL MAESTRO CORDERO PARA AQUELLOS QUE QUIERAN PONER A TRABAJAR SU VEHICULO DIFUNDIENDO EL MOVIMIENTO.
EL INTERES DE LA GENTE POR INFORMARSE DEL TEMA ES AMPLIO Y LA MAYORIA RESPONDE DE MANERA MUY RESPETUOSA, AL FINAL DE LA JORNADA ES RECONFORTANTE PARA TODOS LOS BRIGADISTAS CUMPLIR CON LA TAREA Y PARTICIPAR EN ESTE DIGNO MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS ENERGETICOS.
Convoca AMLO a elevar a "rango supremo" la defensa del petróleo
Por encima de cualquier diferencia, la unidad del movimiento debe anteponerse a cualquier conflicto, incluso los del PRD.
La Jornada On Line
Publicado: 18/05/2008 18:56
México, DF. El "presidente legítimo" Andrés Manuel López Obrador llamó a elevar a "rango supremo" la defensa del petróleo, es decir, por encima de cualquier diferencia o conflicto. En ese sentido, afirmó que la unidad del movimiento que él encabeza, se antepone a los conflictos internos del PRD.
Sin embargo, dijo, aunque los medios de comunicación resaltan este último asunto para desprestigiar la participación por la causa, "nada ni nadie podrá frenar la lucha en contra de la privatización de la industria energética".
El político tabasqueño abundó en la postura de los conductores de los principales noticieros de televisión, quienes "no dijeron ni pío cuando la derecha panista y el presidente pelele, Felipe Calderón, se robaron la Presidencia de la República en 2006".
De gira por Tlalmanalco, Ixtapaluca, Chalco, y Valle de Chalco, en el Estado de México, López Obrador se reunió con brigadistas de estas zonas. Ante ellos recalcó en algunas de sus propuestas dadas a conocer el jueves pasado a cargo de Claudia Sheimbaun, dentro del debate nacional sobre la reforma energética que se realiza en el Senado.
"Con la transparencia de los activos de Petróleos Mexicanos al capital extranjero, México dejaría de ser una nación libre, soberana e independiente y pasaría a ser una colonia o un estado asociado, dominado por intereses comerciales del extranjeros", explicó.
Detalló también que sería muy difícil sacar a México adelante sin el petróleo, por considerar que el mencionado hidrocarburo es el punto clave para el desarrollo económico e independiente del país.
REPORTE DE ACTIVIDADES DE NUESTRO PRESIDENTE LEGITIMO:
■ “Hemos ganado dos debates; queda claro que nuestros adversarios no tienen argumentos”
En la defensa del petróleo ahora más que nunca se requiere de estar unidos: AMLO
■ Reconoce el apoyo “significativo y trascendente” de Cuauhtémoc Cárdenas al movimiento
La Jornada',650,600); return false;"> Ampliar la imagen 
Morelia, Mich., 17 de mayo. En la lucha por la defensa del petróleo todos debemos estar unificados, unidos; no olvidemos que la patria es primero. Ahora se necesita de la unidad de todos, porque está en juego el destino de nuestro país, advirtió Andrés Manuel López Obrador, luego de hacer un amplio reconocimiento del “apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas en el movimiento para la defensa del petróleo”.
Este apoyo, agregó, ha sido significativo y trascendente en la lucha por la defensa de este bien nacional.
“No podemos permitir la privatización del petróleo, porque eso significaría dejar sin futuro a la mayoría de los mexicanos, a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuiestros hijos. Así es de grave este asunto”; por eso, insistió, “las diferencias las tenemos que hacer a un lado y tenemos que estar todos juntos”, subrayó el tabasqueño enmedio de los aplausos y los gritos de “¡unidad, unidad, unidad!”, que se prolongaron por varios segundos.
En la tierra del general Lázaro Cárdenas, López Obrador recordó la gesta por la nacionalización del petróleo, que enfrentó dos proyectos distintos de nación: el de la derecha más reaccionaria, que pugnaba por mantener el privilegio de unos pocos, y la visión nacionalista y popular en defensa de la nación.
Ahora, continuó, vuelve a presentarse este mismo dilema “y nos toca a nosotros evitar que, como entonces, se impongan los intereses privatizadores del grupo en el poder, enfermo de ambición”.
Nuevamente, hizo un reconocimiento a senadores y diputados del Frente Amplio Progresista que evitaron que se perpetrara otro asalto al país a través del “albazo legislativo” para que el PRI y el PAN aprobaran la iniciativa de reforma a Pemex del “gobierno espurio”.
Destacó que gracias a esa acción no sólo se detuvo esa maniobra, sino que se consiguió un debate nacional en el que hasta el momento ha quedado claro “que nuestros adversarios no tienen argumentos; hemos ganado los dos primeros debates. Vamos dos a cero”.
Aquí, en Michoacán, agradeció el “apoyo moral” del gobernador Leonel Godoy, con quien se reunió en privado por 15 minutos, y más tarde, en Toluca, en un encuentro con los brigadistas del valle de México, resaltó el apoyo de presidentes municipales, legisladores locales, diputados federales y senadores.
“Sí entendemos, ¿verdad?, que vamos a estar juntos en la lucha por la defensa del petróleo. ¿Saben que le daría mucho gusto a la derecha que nos dividiéramos para poder hacer de las suyas?”, reiteró López Obrador enmedio de nuevos vítores, aplausos y gritos de “¡no! ¡no! ¡no!”
Pero no van a lograr ese propósito, dijo el tabasqueño, y los convocó a seguir adelante.
En ambas entidades, López Obrador recordó que al ganarse el tiempo para el debate no puede haber un dictamen para reformar leyes que tengan que ver con el tema energético, y será hasta finales de julio, cuando concluyan los debates, que el tema volverá al Congreso.
Mientras tanto, añadió, “debemos informar más a nuestro pueblo, que la gente tenga más elementos, que haya más información, porque ellos (el gobierno) querían cometer este atraco en sigilo, de puntitas, sin que nadie lo supiera, a espaldas del pueblo. Y ahora nosotros tenemos que informarle a la gente de lo grave que sería que se entregara el petróleo a extranjeros”.
Y como ha hecho en las dos pasadas semanas, enfatizó que la propuesta de reforma del “espurio Calderón” no tiene nada que ver con abrir el sector energético a la iniciativa privada nacional, “ni siquiera eso, no van a resultar beneficiados los comerciantes ni los empresarios de México. Esta privatización es para beneficio de los grandes tiburones de los negocios del mundo del petróleo; son las grandes empresas petroleras internacionales las que están presionando y quieren quedarse con la riqueza que pertenece a nuestro pueblo”, apuntó.
¿Una reforma no pensada como ley?
La liviandad y el aplomo con los que los defensores de la reforma energética de Calderón argumentan sus apoyos a dicha reforma son de verdad pasmosos. Creo que el doctor Elizondo Mayer-Serra, del CIDE, invitado de lujo de los panistas al foro del Senado sobre la materia en su primera sesión, no se dio cuenta de que lo habían invitado para que diera sus opiniones sobre una reforma legal que dará lugar a cinco nuevas leyes reformadas, en caso de ser aprobadas. Entre otras ocurrencias, dijo dos que son de antología: una, la constitucionalidad de la reforma es inútil; dos, seguir alegando sobre la privatización de Pemex es absolutamente irrelevante.
José Agustín Ortiz Pinchetti le recordó que la Constitución es el pacto fundador de nuestra sociedad política y a ella hay que atenernos no a imitaciones extralógicas de otras realidades ajenas a nosotros. A su llamado a estudiar y a imitar las experiencias de Corea, Brasil y Noruega, David Ibarra le hizo notar lo elemental: nosotros no somos coreanos ni brasileños ni noruegos (Brasil con 36 por ciento de su PIB como ingreso fiscal, Noruega con casi 50 por ciento y México sólo con 11 por ciento) y tenemos nuestra propia problemática, antecedida de una historia tormentosa y debemos resolver nuestros problemas a nuestro modo. Ambos le hicieron notar que vivimos en un Estado de derecho y el respeto a nuestra Constitución es esencial.
Elizondo llegó a la conclusión de que el problema de Pemex no es constitucional y ni siquiera jurídico; la Constitución se ha cambiado 473 veces, dijo, y en cualquier momento se puede cambiar como se nos dé la gana. Y una ley, ¿qué cuesta hacer la ley que queramos? El problema es organizacional y operativo. Partió de la premisa de que de eso no sabemos nada y debemos ver lo que otros están haciendo para hacer lo mismo, imitándolos en todo lo que no sepamos resolver.
La derecha intelectual tiene un bonito modo de enfrentar el problema: hacer a menos de la Constitución y del derecho. Que lo digan nuestros doctorcitos titulados en Oxford y Harvard es comprensible. Que lo digan, además, sus juristas, es incomprensible. El sábado 10 de mayo, la profesora del CIDE, Ana Laura Magaloni, publicó en Reforma un artículo que es también de antología. Simplificando el pensamiento de uno de los más connotados jueces federales de Estados Unidos, el justice Oliver Wendell Holmes, afirma que éste dijo que la ley nunca es clara ni incontrovertible. Tengo en particular estima a los grandes juristas estadunidenses, en especial a los jueces y, entre ellos, el legendario John Marshall, Benjamin Cardozo y el propio Holmes.
Ellos, en realidad, nunca dudaron de la ley. La ley, decía Holmes, es un principio; la cosa a juzgar está allá afuera, en la calle, en la ciudad, en el mercado, en todo el país, y es ella la que nos impone las mayores dificultades. La ley dice lo que dice y hay que interpretarla, porque lo difícil de entender no es la ley, sino la realidad a la que está dirigida. De él son estas palabras: “Vemos… [la ley] cotidianamente… como actores en un drama del que ella es la providencia y la postestad reinante” (The mind and faith of justice Holmes, The Modern Library, 1943, p. 30). La profesora Magaloni, en cambio, nos dice que “las normas son mucho más porosas de lo que quisiéramos y…, por tanto, no hay verdades jurídicas inmanentes”.
Para decirlo sencillamente, inmanente es lo que permanece en algo, lo que no trasciende; lo trascendente es lo que sale, lo que trasciende. Las “verdades inmanentes” (que no existen) deberían ser, entonces, trascendentes, y cabría preguntar qué es lo que trascienden, aparte, desde luego, de explicar qué serían “verdades inmanentes”. Es difícil saber qué significa para ella cuando nos dice que la Constitución y sus leyes son ordenamientos que nunca nos dicen nada claro y cierto. Aun aceptándolo, sin conceder, no se le puede ocultar que, en última instancia, para interpretar el derecho están los jueces y, para interpretar la Constitución, está nuestro máximo órgano jurisdiccional, la Suprema Corte. Un ejemplo de “porosidad” lo da la doctora del CIDE hablando de la Constitución, en cuyo texto acusa “indeterminación”, otro concepto que no sé qué quiera decir.
Afirma que no sabe qué significan los conceptos “explotación”, “uso” y “aprovechamiento”, cuando el 27 dispone que éstos no corresponden a los privados. Del “uso”, ella se pregunta: “… si un particular usa petróleo para operar una máquina, ¿quiere decir que viola la Constitución?” A la doctora Magaloni debieron haberle enseñado en la escuela que “uso”, un derecho real, es utilizar una cosa que pertenece a otro; “aprovechamiento”, en la Constitución, un buen juez federal se lo diría, quiere decir usufructo (en el derecho común es el fruto de multas, exacciones por incumplimiento, derechos y cosas así) y “explotación” quiere decir el proceso productivo petrolero que culmina en un producto (que puede ser petróleo crudo, gasolina y otros). ¿En dónde ve la dificultad? La confusión, ciertamente, no está en la Constitución.
Ella, por lo demás, parece referirse a concesiones sobre recursos naturales, en general, pero sucede que en materia de hidrocarburos no las hay. Si se tratara de una mina, se podría hablar de “uso” por un particular, pero más apropiadamente de “usufructo”, todo lo cual no viene al caso.
Concluye su sesudo artículo recordando de nuevo a Holmes: en la interpretación de toda ley caben sólo dos opciones: una a favor y otra en contra. Eso es el descubrimiento del agua tibia y sólo quiere decir que no hay que confiarnos de la ley y menos de la Constitución porque nunca dicen lo que nosotros creemos que dicen. Si un juez razonara de esa manera acabaría en el manicomio. Yo, por lo demás, no me atrevería a decir, como lo dijo Elizondo en su presentación ante los senadores, que la Constitución es un “texto sagrado”. Es sólo un pacto político que nos permite convivir en un Estado de derecho. Tampoco diría que las leyes no pueden contener errores.
Según la derecha intelectual, a fin de cuentas, el problema de Pemex no es hacer una leyecita que ni siquiera puede decir lo que queremos. La conclusión no podía ser más peregrina: el Estado, su Constitución y sus leyes valen un comino. Este país es una empresa y hay que resolver sus problemas como tal. Amén.
La década perdida: ¿y tu sexenio, apá?
Debo confesar que tuve que meditar mucho sobre el tema al que dedicaría el artículo de hoy, pues a pesar de que reconozco que el asunto petrolero es y debe ser la prioridad en estos momentos para todos nosotros, no pude evitar escandalizarme ante las omisiones del ex presidente Carlos Salinas de Gortari en su libro titulado La década perdida, sobre todo en lo que se refiere al episodio conocido como el rescate bancario o el Fobaproa-Ipab.
Señalo lo anterior porque, a pesar de que en el texto de Carlos Salinas abundan las referencias al libro titulado “El saqueo a los mexicanos: entender el rescate bancario para impedir otro Fobaproa” cuyos autores somos tanto un servidor como mi entrañable amigo Jorge Francisco Moncada, el señor Salinas omitió referir un capítulo que lo ubica como el gran responsable de este “saqueo a los mexicanos”.
Por ello, al final, lo importante no es que coincida con la conclusión de lo que fue el Fobaproa-IPAB, sino que se niegue a aceptar su grave responsabilidad en este saqueo, que por cierto fue resultado de una privatización.
De esta manera, el “texto demoledor” al que Salinas alude tantas veces en referencia a nuestra investigación sobre el rescate bancario, en su capítulo titulado “La reprivatización según Sa(n)linas” establece, entre otras cosas, lo siguiente:
En 1988 el gobierno salinista inició
Así, en 1990 modificó los artículos 28 y 123 de la Constitución, suprimiendo la exclusividad del Estado en la prestación del servicio de banca y crédito. En 1992 y 1993 reformó diversos ordenamientos legales que regulaban al sector.
Y el 5 de septiembre de 1990 se publicó el acuerdo presidencial que estableció los principios básicos del proceso para la desincorporación de las sociedades nacionales de crédito, así como sus objetivos prioritarios.
De esta manera, en 1991 se inició la reprivatización formal del sistema de banca múltiple para promover una economía abierta.
Las autorizaciones de bancos se licitaron al mejor postor y en las bases de desincorporación se establecieron medidas para evitar la concentración en pocas manos y para garantizar la participación de capitalistas grandes, pequeños y medianos.
Además, expresamente se ordenó que “el Consejo de Administración de las instituciones (desincorporadas) debía estar integrado por personas de reconocida honorabilidad, que contaran con amplio conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa”.
La reprivatización se concretó en un lapso de 13 meses y según Salinas el gobierno federal recibió por ella “39 mil 711 millones de pesos (y) como en el resto de las privatizaciones, los recursos obtenidos también se destinaron íntegramente al fondo para el pago de la deuda interna”.
Pero lejos de garantizar que los bancos quedaran en manos de quienes conocían a fondo el negocio bancario, el acuerdo del 5 de septiembre de 1990 sirvió más bien para la reafirmación de que las reglas son para romperse: empresarios, dueños de casas de bolsa e inversionistas inexpertos en el sector terminaron controlando la banca reprivatizada.
Se licitaron 18 bancos, cuyos precios alcanzaron hasta 5.3 veces más que su valor en libros y representaron utilidades para el gobierno por casi 12 mil 500 millones de pesos.
Pero resultó evidente la falta de apego a las condiciones que impuso el mismo gobierno para garantizar un proceso adecuado, puesto que desde que se anunció la reprivatización de los bancos, destacaron entre los interesados grupos financieros representados por 11 casas de bolsa y siete agrupaciones particulares: los compradores estaban principalmente relacionados con sectores empresariales e industriales a los que las casas de bolsa sirvieron como intermediarias para comprar los bancos.
Por eso en la mayoría de los casos los compradores carecían de experiencia financiera o crediticia y de conocimiento técnico suficiente para realizar sanas prácticas bancarias, lo cual provocó a su vez que resultaran incapaces de contratar equipos de administración eficientes.
Así, prácticamente de la nada, saltaron de lleno al negocio neobanqueros como José Madariaga Lomelí, Julio César Villarreal, Jorge Lankenau Rocha, Hugo Villa Manzo, Carlos Cabal Peniche o Isidoro Rodríguez Sáez, entre otros.
Lo peor, sin embargo, trascendió con el paso del tiempo ya que luego se supo que en muchos casos gran parte de la compra de bancos se financió con recursos que prestaron otros bancos ya privatizados, como sucedió en lo relativo a Inverlat, Banco Unión o Banco Internacional.
Por lo que ahora se sabe que desde un principio las instituciones desincorporadas no tuvieron una sólida capitalización: fueron negocios que se echaron a andar con capital de papel (dinero prestado) y de saliva (mediante acuerdos verbales).
Esto originó que a la postre, la crisis bancaria fuese más grave y profunda de lo que hubiese sido si en la reprivatización de la misma no hubiera existido corrupción, tráfico de influencias y favoritismos.
Al final, lo más preocupante es que quien sentó las bases para generar una década perdida sea ahora quien elogia a Felipe Calderón y a su reforma energética.
■ Pretende un esquema como el aplicado al sector eléctrico, que sólo benefició a trasnacionales
Para entregar Pemex, Calderón emplea argumentos de Salinas
■ Ponentes del pasado debate señalan que la iniciativa impediría usar de manera integral al sector energético como palanca de desarrollo; Pemex sería “simple administradora de contratos”
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Durante la primera semana del debate nacional en torno a la reforma de Felipe Calderón para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado, buena parte de los ponentes advirtieron que se pretende instrumentar un esquema similar al aplicado a partir de 1992 en la industria eléctrica, por el que 30 por ciento de electricidad la generan empresas trasnacionales, que se llevan grandes ganancias sin riesgo alguno y sin que se hubiera modificado la Constitución.
Javier Jiménez Espriú, Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Agustín Ortiz Pinchetti, entre otros, coincidieron en que los argumentos empleados en 1992 por Carlos Salinas de Gortari para justificar la apertura del mercado eléctrico y los esgrimidos en la actualidad por Calderón en torno al petróleo, son los mismos.
Como ahora, se habló entonces de “fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); se argumentó que no se privatizaba, que no se vendería un solo tornillo, luego de amenazarnos, igual que hoy con el petróleo, que en pocos años nos faltaría energía eléctrica”, comentó Jiménez Espriú.
El ex director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo notar que la realidad es que la tercera parte de la generación total de electricidad para el servicio público la llevan a cabo empresas extranjeras, que han hecho “un negocio redondo” que “les ha dejado pingües ganancias”, sin que se haya reflejado en ningún beneficio para los ciudadanos.
Cargan con todo
Jiménez Espriú aclaró que ese 30 por ciento de la energía eléctrica en el país la generan productores independientes, en su gran mayoría empresas extranjeras, que le venden a la CFE la totalidad de su producción y trajeron todo de sus respectivos países para construir las plantas: “ingeniería, piezas, fierros, tablas, gente y hasta el agua que se tomaban”.
Durante el debate del jueves pasado, la secretaria de patrimonio nacional del “gobierno legítimo”, Claudia Sheinbaum, por su parte señaló que las trasnacionales traen sus equipos técnicos, sus propios trabajadores, y se llevan la riqueza fuera del país.
Las trasnacionales que operan en el sector eléctrico “hicieron la ingeniería, se vendieron sus propias plantas y utilizan el gas, porque es la forma más cómoda de producir, aunque creándonos un conflicto absolutamente enorme, porque México debe importar grandes cantidades de gas”.
Sheinbaum, en ese sentido, hizo notar que México eroga más de 20 mil millones de dólares anuales por la importación de gasolina y gas, y la decisión de seguir usando este último, en lugar de otras fuentes de energía, como las renovables, “es absolutamente irracional”.
En gran medida obedece, sostuvo, “a negocios de los más altos funcionarios públicos, que se evidencian en los contratos de compra de gas a Perú y Nigeria, de bajo costo, pero vendido a la CFE a precios mucho más altos”.
Jiménez Espriú resaltó que las trasnacionales “se vinieron con un contrato verdaderamente fantástico, en el que venden toda la energía que producen”, y no debe olvidarse que la electricidad es un bien que se tiene que consumir en el momento de la producción. No la podemos guardar. Se va por las redes, conforme la jala la gente que lo usa”.
Explicó que existe en toda la red de CFE algo que se llama el despacho económico de carga, donde, en función de la demanda, “empiezan a jalar de las diferentes plantas, las más económicas”, la corriente eléctrica para satisfacer las necesidades.
Pero en el compromiso que el gobierno mexicano adquirió con esas compañías extranjeras, “si les jalamos de sus plantas o no, de todas maneras la CFE les paga. Es, pues, un negocio redondo, se llevan una utilidad fantástica sin ningún riesgo. Y eso es lo que yo me temo que sucedería con la refinerías mexicanas”.
Jiménez Espriú reveló también que las cifras y las tendencias de crecimiento de la demanda que se presentaron para justificar la participación de los productores independientes de energía “estaban alteradas” y eran “exageradas”.
Nunca hubo falta de abasto, pero se amenazó con que habría apagones en los próximos años y no era cierto. “Hoy tenemos un exceso de reserva y estamos pagando, usemos o no la energía que producen las plantas independientes, porque se hizo el planteamiento indebido, porque se propuso una tendencia de crecimiento que estaba más allá de la realidad”.
Además, debido a que usan como combustible el gas, provocaron un problema, ya que se cuadruplicó el precio de éste en el mercado mexicano y se llevó a la quiebra a una gran cantidad de empresas nacionales de construcción industrial. “Prácticamente se acabó con la ingeniería mexicana”, y en caso de que se privaticen las refinerías y se entreguen los ductos y la exploración y explotación de petróleo a empresas extranjeras, sería el “golpe letal”.
En los dos primeros foros del debate sobre las iniciativas de Calderón, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que permitir que se viole la Constitución, como se hizo en el caso de las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se pretende ahora con la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, es aún más grave que reformar la propia Carta Magna.
A su vez, José Agustín Ortiz Pinchetti expresó que las iniciativas de Calderón cancelan la posibilidad de usar de manera integral al sector energético como palanca del desarrollo nacional, ya que “al otorgar permisos a los extranjeros y privatizar la exploración, perforación, refinación, la petroquímica, el transporte y los ductos y el almacenamiento de petrolíferos, se dejaría a Pemex como simple administradora de contratos y abastecedora de petróleo crudo”.
Consideró “lamentable, por inmoral, la actitud que han asumido los defensores de esas reformas, al sostener de modo cínico que estas modificaciones no pretenden violar la Constitución ni implican privatizar la industria petrolera”.
MUY INTERESANTE EL DESFILADERO DEL ESTA SEMANA:
Desfiladero
■ México 2009: toda forma de oposición quedará proscrita
Bajita la mano, la ultraderecha golpista ha tejido una telaraña de acero para estrangular judicialmente al Frente Amplio Progresista (FAP), sacar del Poder Legislativo al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, colocarlo en el terreno de la ilegalidad, justificar su represión, someter al Gobierno del Distrito Federal y neutralizar a Andrés Manuel López Obrador, con el fin de garantizarle a Estados Unidos y a España, antes o después de las elecciones de 2009, la privatización total de Pemex.
Como no bastó el fraude electoral de 2006 para controlar a los millones que se oponen pacífica, democrática y activamente al programa depredador de Felipe Calderón Hinojosa, éste ha puesto en marcha una ofensiva que se desarrolla en varios frentes. A saber, a) dinamitó desde adentro, con la entusiasta colaboración de los chuchos, al Partido de la Revolución Democrática (PRD), con lo que el FAP perderá la mayor fuerza política que lo integra; b) limpió el Instituto Federal Electoral (IFE) al enterrar los despojos del mafioso Luis Carlos Ugalde para sustituirlo por Leonardo Valdés Zurita (Vazurita), quien prepara desde ya el fraude del año entrante que le robará el máximo número posible de diputaciones al FAP.
De manera simultánea, c) otra vez con el apoyo irrestricto de los chuchos, en este caso representados por Ruth Zavaleta, modificó las leyes que rigen el funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal, para destituir a los actuales consejeros del instituto electoral capitalino (IEDF), y remplazarlos por cuadros sumisos a los intereses que aborrecen a Marcelo Ebrard y sueñan obsesivamente con imponerle una mayoría panista en la Asamblea Legislativa, antes de destituirlo.
Todo lo anterior, naturalmente, en función del compromiso que Calderón contrajo con los estadunidenses –a partir de su encuentro con Jeffrey Davidow, en noviembre de 2003, en California– y, a través de Juan Camilo Mouriño, con la gasera gallega Repsol, para entregarles Pemex a cambio de que lo sentaran en la Presidencia de la República.
A tal efecto, el pasado 10 de abril –aniversario luctuoso de Emiliano Zapata– Calderón Hinojosa envió al Senado sus primeras cinco iniciativas de reforma –para permitir la participación de empresas privadas en exploración, explotación, refinación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos–, con los pueriles pretextos de que eso “fortalecerá” a Petróleos Mexicanos (Pemex), “nos” ayudará a extraer el crudo ultrapesado de las aguas profundas y harán posibles “más hospitales, carreteras y escuelas para que ningún mexicano se quede sin estudiar”.
Ante la previsible respuesta del FAP, que tenía lista una huelga legislativa en ambas cámaras del Congreso para evitar el madruguete de los petrosenadores, la ultraderecha usó como de costumbre la artillería pesada de los medios y el bombardeo implacable de los levantacejas y de los espots calumniosos, como el de Hitler. En medio de la gritería por el supuesto “secuestro” del Poder Legislativo, los senadores del PRIAN aprobaron al vapor un conjunto de leyes anticonstitucionales, mientras sus diputados, con la abierta complicidad de Zavaleta, creaban las condiciones necesarias para descabezar al instituto electoral capitalino, cosa que harán la semana próxima.
Así, después de alabar hipócritamente el acuerdo “civilizado” que pactó un debate sobre la reforma calderónica, la ofensiva siguió su curso. Los chuchos se apoderaron de la dirección del PRD, con el respaldo del tribunal federal electoral, sujeto a los designios del gobierno espurio, y el IFE de Vazurita, apenas anteayer, se quitó la máscara al multar con 119 millones de pesos a los partidos integrantes del FAP por sus críticas a las promesas electorales de Calderón, mientras imponía una sanción de sólo 10 millones al PAN y al Verde Ecologista por la campaña sucia que en horario estelar, durantes meses, repitió que López Obrador era “un peligro para México”.
Moraleja: la ultraderecha golpista ha abolido la Constitución. Mouriño es inocente aunque se demuestre lo contrario; el góber precioso también, y con él –ya lo dijo la Suprema Corte– todos los pederastas amigos de los de arriba; Ulises Ruiz puede seguir asesinando a los oaxaqueños; a Etilio González Márquez le asiste el privilegio de mandar a chingar a su madre a sus gobernados; Enrique Peña Nieto avanzará rumbo a la Presidencia cada vez que se ufane de la represión que mató a dos jóvenes, violó a decenas de mujeres y encarceló, después de moler a palos, a un centenar de indígenas en Atenco; Eduardo Bours será condecorado, entre otras cosas, por haber metido presos a los ecologistas que trataban de salvar los últimos árboles de la ciudad de Hermosillo, y nadie será perseguido, investigado ni sentenciado nunca por las desapariciones y los descuartizamientos de mujeres en Ciudad Juárez.
¿Quiénes son entonces los verdaderos destinatarios del “¡ya basta!” que Calderón lanzó el pasado lunes, dando un manotazo de impotencia, desde Los Pinos? ¿Los 110 millones de mexicanos, a quienes les exigió que “no sean cómplices y denuncien los delitos sin solapar la existencia de criminales”? ¿O los jueces, a quienes, sin tener facultades para ello, ordenó que “cierren el paso a la impunidad” e impidan que los malhechores salgan de la cárcel “por su propio pie”? ¿O los medios de comunicación, a los que insultó al acusarlos de “compartir” (sic) la “estrategia de los criminales que buscan sembrar terror”?
¿Quiénes son los culpables de la evidente disolución del gobierno en México? ¿Los medios? ¿Los jueces? ¿Los ciudadanos? ¿O la ineptitud extrema de un fanfarrón sin escrúpulos, que asaltó la Presidencia nada más pero nada menos que para despojarnos del petróleo? Lo cierto es que mientras en el Senado comenzaba el debate sobre el futuro de Pemex, Calderón envió, ahora a los diputados, una sexta iniciativa de reforma, para establecer la reducción de impuestos, de entre 15 y 20 por ciento, que beneficiará a Repsol y Halliburton por extraer el tesoro de las aguas profundas.
¿Más claro? Ni el agua. Al terminar el debate, los senadores y diputados del PRIAN consumarán la privatización de Pemex. La única forma de impedirlo es la movilización popular. Desde ya. ¿Cómo? Impulsando en las calles, en los mercados, en los parques, en las centros de trabajo, de estudio y de entretenimiento, y en todo lugar una profunda deliberación popular sobre el futuro de este país sin leyes ni gobierno, antes que, tras las elecciones de 2009, Calderón decrete que toda forma de oposición a su “gobierno” será proscrita y castigada, si bien nos va, como delito de terrorismo.
