Editorial

Calderón: delincuencia y despropósitos

En una inopinada reiteración de sus exhortaciones para el combate a la delincuencia, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, exigió ayer a la sociedad en general, a los medios informativos, y a los poderes Judicial y Legislativo, respaldo a sus estrategias de seguridad. Entre otras cosas, “exigió” a los ciudadanos que “no sean cómplices de la ilegalidad” y que denuncien los delitos; dijo que el Judicial “tiene” que emprender una transformación para “cerrarle el paso a la impunidad”, sugiriendo que es responsabilidad exclusiva de ese poder el hecho de que delincuentes como el presunto asesino material del jefe policiaco Edgar Millán se encuentren fuera de la cárcel a pesar de su trayectoria criminal.

Por añadidura, el gobernante “exigió” a los medios informativos que “manifiesten y divulguen las acciones” gubernamentales que “están deteniendo la estructura de los criminales, que es una estrategia que busca sembrar terror, es una estrategia compartida por los propios medios de comunicación” (sic), y a renglón seguido lanzó una acusación absurda e inaceptable: “quienes insinúan que el gobierno se haga para atrás en esta estrategia son, precisamente, quienes buscan que nosotros abandonemos a periodistas, a ciudadanos, a empresarios, a agricultores, a jóvenes, a la suerte y a las garras de la delincuencia”.

Lo que podría ser una fundada expresión de nerviosismo ante los dudosos resultados de las acciones policiaco-militares en curso –dudosos según las propias cifras oficiales, que apuntan a un deterioro sostenido de la seguridad pública y a un incremento de la violencia delictiva en lo que va de la administración calderonista– adquirió, en el discurso presidencial, el tono de órdenes –contrarias a la elemental lógica republicana– a los otros poderes de la Unión, de imperativos a los pocos medios que ostentan posturas críticas para que se hagan eco, sin chistar, del optimismo del discurso oficial, y de reparto de acusaciones por el avance de la delincuencia organizada, fenómeno que se explica, en buena medida, por las falencias e ineptitudes –improvisación, triunfalismo, desconocimiento– con las que el propio Ejecutivo federal emprendió su cruzada contra la criminalidad y la inseguridad.

El exhorto a la población a que denuncie el delito pasa por alto que la infiltración y la descomposición de las corporaciones policiales generan una inevitable desconfianza entre los ciudadanos, quienes en muchos casos se preguntarán, y con razón, qué cabe esperar de instituciones que no pueden garantizar ni la seguridad de sus propios mandos.

Las demandas al Legislativo para que endurezca las penas carcelarias y al Judicial para que deje de excarcelar a criminales atentan contra el principio de separación de poderes e ignoran que muchas de las excarcelaciones y las absoluciones se originan en acusaciones mal construidas desde instancias del Ejecutivo, y que de todos modos nueve de cada 10 delitos cometidos en el país no se traducen ni siquiera en una orden de aprehensión cumplida.

Por lo que hace a las “exigencias” a los medios y a los informadores de que acepten y difundan de manera acrítica las versiones oficiales sobre el combate a la delincuencia, resulta inevitable recordar que el gobierno federal carece de cualquier atribución legal para formularlas, y que la declaración misma es, además de un amago a la libertad de expresión, un despropósito de tintes autoritarios y hegemónicos.

Por añadidura, la insinuación de que la crítica a las políticas de seguridad en curso denota complicidad con el crimen organizado constituye un barrunto de chantaje, inaceptable e impresentable en un entorno democrático; una presión orientada a inducir la autocensura y, a fin de cuentas, la manifestación de una creencia inadecuada y peligrosa para el ejercicio del poder: los problemas se resuelven si se deja de mencionarlos, y para que las estrategias gubernamentales tengan éxito basta con que los medios las celebren y se abstengan de expresar señalamientos críticos en torno a ellas.

La acusación de que las discordancias ante la política de seguridad en vigor buscan que el poder público “abandone a periodistas” es particularmente agraviante cuando viene de un gobierno que en materia de garantías a los informadores está catalogado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) “entre los peores del mundo”, junto con los de Colombia, Irak, Sierra Leona, Somalia, Afganistán, Nepal, Rusia, Bangladesh, Pakistán, Filipinas e India, naciones en las que “buena parte de la violencia es perpetrada por los mismos estados, sin voluntad política para combatir la violencia de la sociedad”.

En suma, las palabras pronunciadas ayer por Calderón Hinojosa ante el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, fueron improcedentes, preocupantes e incluso ominosas, y rectificarlas sería lo mejor que podría hacer en favor de su propia investidura.