Lectura de la posición del Presidente Legítimo en intervención de Ortiz Pinchetti. Debate en el Senado.
Intervención en sesión de apertura del “Primer Foro de los Debates sobre los Principios que deben regir la Reforma Energética”. Senado de la República. México D.F., a 13 de mayo de 2008
-EL C. LIC. JOSE AGUSTIN ORTIZ PINCHETTI: Gracias.
Voy a hacer una aclaración, que considero pertinente, vengo en representación del gobierno legítimo de México, y voy a dar lectura a una postura, a un documento preparado por el presidente, que es, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Como se trata de definir los principios que deben de regir la reforma energética, me atrevo a señalar, los que para nosotros son fundamentales, ante de dar lectura al documento, elaborado por Andrés Manuel.
El primer de estos principios, para nosotros. Es que las iniciativas de la llamada reforma energética, en realidad contrarreforma petrolera; son un intento de privatización.
El segundo importante punto, importante. Que son, inconstitucionales.
El tercero, también, esencial, que el verdadero problema de Pemex, está en la corrupción. Y que mientras no se resuelva ese problema, que tiene por lo menos dos vetas; la veta interna y la veta en que se han saqueado a Pemex, por parte del Gobierno Federal, mientras que no se resuelvan esos problemas, no podemos pensar en que, en construir una verdadera reforma petrolera.
Y cuarto punto, que sí tenemos propuesta. Y que esa propuesta está basada en un concepto optimista. Nosotros sí creemos que México tiene los recursos y los hombres necesarios para aprovechar el auge petrolero.
Ahora doy lectura a la ponencia, que envía Andrés Manuel.
Empiezo por considerar el fundamento constitucional, que impide la privatización de la industria petrolera. El párrafo sexto del artículo 27, establece: “tratándose del petróleo y de los hidrocarburos de hidrógenos, sólidos, líquidos y gaseosos o minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones, ni contratos, ni subsistirán aquellos que se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de sus productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.
Este fragmento, el artículo 27, no formó parte del texto original, como hemos visto en las intervenciones anteriores.
Fue reforzado a través de reformas al artículo 27 constitucional, que aparecieron, que fueron publicadas en 1960.
El decreto de expropiación del 18 de marzo de 1938, concentró en la Nación la propiedad de todos los bienes destinados a la industria petrolera. Esta propiedad a favor de la Nación, hizo posible que la industria petrolera, en todas sus etapas, quedara bajo su control. Así ocurrió, tanto, en la exploración, como en la extracción, en la refinación, en el almacenamiento, el transporte, la distribución del petróleo y de los hidrocarburos.
No obstante, con la precavida intención de evitar, en el futuro, malas interpretaciones legales, el Presidente Lázaro Cárdenas anunció en su informe del 1° de septiembre de 1938, al Congreso de la Unión, que enviaría una iniciativa de reforma constitucional, para que –según sus palabras— que no vuelva a darse concesiones del subsuelo, en lo que se refiere al petróleo y que el Estado sea el que tenga control absoluto de la explotación petrolífera.
En virtud de esta reforma publicada en el Diario Oficial del 9 de noviembre de 1940, se adicionó el párrafo del artículo 27, que dice: “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones, y la Ley Reglamentaria respectiva, determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos…”.
De esta suerte, la explotación de yacimiento de petróleo y de hidrocarburos, en su sentido de acción y de efecto de sacar utilidad en la industria petrolera, quedó en exclusivo al provecho propio de la Nación y reservada al control del Estado.
Pero ambas ambiciones, la de una minoría de potentados y las presiones internacionales, obligaron a que el Presidente Avila Camacho, al amparo de la Ley Reglamentaria del 27, en materia de petróleo, diera autorizaciones que evadían la prohibición constitucional, para otorgar concesiones mediante llamados contratos-riegos, de los que también se ha hablado aquí, en extenso.
Por esa razón el Presidente Adolfo López Mateos, promovió una nueva reforma, para agregar en su párrafo sexto: “que no se otorgarán concesiones, ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”.
La mencionada reforma, tuvo, pues, el propósito obvio de determinar con… determinar con la indebida práctica de eludir la prohibición constitucional, para concesionar la explotación de los yacimientos petrolíferos, con la celebración de contratos de empresas privadas.
Posteriormente… posteriormente hubo reformas muy importantes, en materia constitucional, el artículo 25 y 26 se reestructuraron para definir perfectamente el control que sobre las áreas estratégicas tenía el Estado, con lo cual se remachó toda esta evolución.
Actualmente, es precisamente este mandato constitucional… estos mandatos constitucionales, que pretende violarse, con las iniciativas enviadas al Senado de la República, por el Presidente usurpador, Felipe Calderón.
Por ejemplo, en la iniciativa de Ley para la Creación de la Comisión de Petróleo, en el artículo 3, se dice: “que corresponde a dicha comisión, otorgar y revocar los permisos que la ejecución, funcionamiento y desmantelamiento de obras y trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos”.
Por lo que toca a la iniciativa, en materia de Ley Orgánica de Pemex, la propuesta de Calderón establece, en el artículo 46: “que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable determinada o determinable, con base en obras y servicios especificados, al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar, a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos correspondientes —dice la iniciativa— y podrá pactar incentivos pendientes a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicios, los cuales serán pagaderos, únicamente en efectivo.
El ingeniero Cárdenas, ha expresado sus puntos de vista, respecto de este punto.
Si nos vamos a la Ley Reglamentaria del Artículo 27, en el ramo del petróleo, se abren las puertas a la iniciativa privada de actividades de la industria petrolera —hasta ahora— reservadas en exclusiva al Estado mexicano.
Privatizar es convertir actividades que en exclusiva estaban reservadas al Estado, al sector público, en actividades que pueden realizar los particulares, los privados; la cosa es tan obvia y tan evidente, tan gruesa que casi no valdría la pena, ponernos a discutir alrededor de eso…
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…..tan gruesa que casi no valdría la pena ponernos a discutir alrededor de ella. Las iniciativas de reformas y adiciones dejan fuera la exclusividad del Estado, el transporte, el almacenamiento de gas indispensable y necesarios para interconectar su explotación y su elaboración. También da oportunidad a la iniciativa privada de intervenir en la distribución y ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos.
En el artículo cuarto del Proyecto establece que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado previo permiso podrán realizar actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y petroquímicos básicos. Y propone Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación del petróleo y también consigna que las personas que pretendan realizar o prestar los servicios a los que se refieren los dos pasos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipo. Qué falta para considerar que existe una privatización.
En suma, es evidente que las iniciativas de Ley propuestas por Calderón son violatorias de la Constitución y obedecen a los intereses creados que desde la expropiación del petróleo han estado en acecho para consumar el gran atraco de la privatización de la industria petrolera nacional.
Solo quisiera agregar que es lamentable, por inmoral, la actitud que han asumido los defensores de esas reformas al estar sosteniendo el modo cínico que estas modificaciones no pretenden violar la Constitución ni implican privatizar la industria petrolera.
Las iniciativas de Calderón cancelan la posibilidad de entrar de manera integrar al sector energético como palanca del desarrollo nacional. Es necesario señalar que al otorgarse permiso a los extranjeros y privatizar la exploración, perforación, refinación, la petroquímica y el transporte y los ductos y el almacenamiento de petrolíferos, se dejaría a PEMEX como simple administradora de contratos y abastecedora de petróleo crudo. Nos quieren quitar la posibilidad, afirma Andrés Manuel, de utilizar todo el potencial del sector energético para llevar a cabo el desarrollo económico independiente que necesita nuestro país. Nos quieren condenar a que solo vendamos materia prima y nunca podemos utilizarla a producir nosotros mismos la gasolina, los productos petroquímicos y la energía eléctrica y con ello industrializar a México, crear empleos, favorecer nuestro mercado interno, reducir los precios al consumidor del gas, la luz y las gasolinas y sobre todo elevar los niveles de bienestar de nuestro pueblo. Existe además un síntoma muy delicado por lo que toca a la entrega de la soberanía.
En el nuevo marco legal propuesto por Calderón se compromete la soberanía al aceptarse la obligación de acudir, en caso de controversias con las empresas extranjeras, a Tribunales Internacionales, lo cual como recordamos mucho estaba estrictamente prohibido en la Ley de Transferencia de Tecnología que tenía otra dimensión muchísimo menos importante.
Por ejemplo se dice en el Artículo 44 que “cualquier controversía relacionada con licitación, adjudicación y ejecución de contratos se resolverá de acuerdo con las Leyes mexicanas y se someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes en México o a Tribunales Nacionales e Internacionales”. Y en el Artículo 49 se dice “que tratándose de actos jurídicos de carácter internacional, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán convenir la aplicación del derecho extranjero y la jurisdicción de Tribunales Extranjeros en esos asuntos mercantiles y celebrará acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto”.
Tengamos presente que si perdemos la soberanía, como sueñan los entreguistas, será muy difícil por razones geopolíticas recuperar el dominio de la nación sobre nuestros recursos petrolíferos. ¿Cuánto faltaría entonces para dejar de ser un país y convertirnos en colonia? ¿Queremos que los gobernantes sean una burocracía al servicio de intereses externos? De estas dimensiones es el riesgo que corremos.
En primer término, se destaca otro tema en el documento de Andrés Manuel. Aunque todos sabemos que el principal problema de PEMEX es la corrupción, Calderón en vez de llevar a cabo acciones para enfrentarla, o al menos para plantearla, establece en sus iniciativas la creación de un régimen de excepción para alentarla y legalizarla. La iniciativa de la Ley Orgánica de PEMEX de manera abierta y descarada propone que Calderón obraría a los integrantes del Consejo de Administración de Pémex y que esos incondicionales tendrían facultades para excusarse de llevar a cabo licitaciones públicas y entregar los contratos de obras y servicios por asignación directa a sus empresas favoritas. Además podrían actuar sin informar a la sociedad, sin rendir cuentas, sin estar sujetos a otro régimen de responsabilidades como cualquier otro servidor público. También podrían conceder a su arbitrio sueldos fuera de presupuesto, autorizar incentivos adicionales a funcionarios y empresas y contratar deuda pública sin autorización del Congreso.
Si vamos al Artículo Octavo se propone que “como miembros del Consejo a cinco representantes del cuestionado Sindicato de Trabajadores Petroleros, y tanto ellos como los 10 restantes y el Director General de Pémex, tendría el privilegio de la impunidad, porque según el Artículo 37 de la Iniciativa, Petróleos Mexicanos contratará a favor de los miembros del Consejo y del Director General seguros, fianzas o cauciones que cubren el monto de las posibles indemnizaciones de daños y perjuicios”. Se trata ni más ni menos de legalizar la impunidad. De algo así como blindar jurídicamente los futuros pemexgate, más burocracia del cuello blanco.
En las 5 iniciativas que se proponen en notoria la creación de Consejos, Comisiones y Comités que engrosarían aún más la alta burocracia existente en todo el sector energético. No hay nada en las Iniciativas de Calderón para dotar a Pémex de geólogos, ingenieros petroleros o técnicos especializados para lograr operativas, sino solo se habla de contratación de financieros y administradores. Se quiere crear una superestructura tecnocrática. Las funciones importantes dependerán del Consejo, Comités, de la Comisión del Petróleo. Inclusive el Director General de Pémex se quedaría como un adorno. Al mismo tiempo se trata de un aparato centralizado donde todo dependería de Calderón y de la Secretaría de Energía.
Calderón nombra a los Consejeros. La Presidenta del Consejo es la Secretaría de Energía que tiene voto de calidad en caso de empate y propone al Secretario del Consejo. Además se crean 3 comités con 3 consejeros cada uno: el Comité de Transparencia, el Comité de Estrategia e Inversiones y el Comité de Remuneraciones. A estos Consejeros los propone la Secretaría de Energía. A su vez el Comité de Transparencia designa al auditor externo y decide sobre la contratación de otros auditores.
El Comisario de Pémex será nombrado también por el Ejecutivo Federal y dependerá de la Secretaría de Energía. Todos estos órganos, tanto el Consejo de Administración como los Comités y el Director General tendrán, por Ley, estructuras burocráticas y sueldos que será fijado de acuerdo con el mercado laboral.
Además se propone crear la Comisión del Petróleo integrada por 5 Comisionados quienes serán propuestos también por la Secretaría de Energía.
En la misma Iniciativa el Artículo Cuarto Transitorio……
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… daría de energía. En la misma iniciativa el artículo cuarto transitorio dice que “la Cámara de Diputados ha propuesto, y les digo, asignará la Secretaría de Energía los recursos presupuestarios necesarios para la debida consecución del objetivo de la Comisión del Petróleo y en su caso se establecerán los derechos correspondientes para su financiamiento en la ley respectiva”. Y concluye Andrés Manuel: “en fin, una maraña burocrática discrecional, onerosa, que hará aún más ineficiente y corrupta toda la operación de PEMEX”.
Señoras senadoras, señores senadores.
Como es lógico, nunca aceptaríamos semejante agravio al pueblo de México y a la nación. Hablemos claro, las iniciativas de Calderón no tienen ningún propósito para fortalecer a PEMEX, sino para entregar la industria petrolera a los grandes tiburones de aguas profundas del mundo de los negocios.
Y finalmente esta es nuestra propuesta, que por cierto se ha dado a conocer desde el 18 de marzo y se ha vuelto a dar a conocer en innumerables instancias, por eso me sorprende muchísimo que se diga que no tenemos una propuesta.
Nosotros no planteamos ni permitiremos nada que signifique violar la Constitución y privatizar la industria petrolera ni comprometer la soberanía nacional.
Estos son nuestros cinco lineamientos básicos:
Uno. Que se destinen todos los excedentes por precios altos del petróleo al fortalecimiento de PEMEX para ser invertidos en exploración, perforación, refinación, petroquímica, mantenimiento, construcción de ductos e instalaciones petroleras, así como para el desarrollo tecnológico. Estos excedentes significarían para este año 20 mil millones de dólares adicionales que al ser entregados a PEMEX representarían más del doble del presupuesto actual de ese organismo público.
Sólo agregamos que desde el gobierno de Vicente Fox no hay transparencia ni se conoce el destino de estos recursos.
Segundo. Debe de fortalecerse el Instituto Mexicano del Petróleo para llevar a cabo, entre otras actividades, todas las investigaciones para exploración de petróleo en tierra y en aguas someras, fundamentalmente en el sudeste, donde realmente existen reservas posibles y probables hasta para 20 años en adelante.
El Consejo de Administración de PEMEX debe reducir su número de miembros que dependen del Ejecutivo Federal y del Sindicato; y en su lugar el congreso debe elegir por consenso de los partidos a representantes de la sociedad civil de inobjetable honestidad, cuya tarea primordial sería evitar la corrupción de los contratos públicos, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias.
Que se fortalezcan las áreas sustantivas de PEMEX para atender sobre todos los problemas operativos que tienen que ver con la disminución de la producción de la sonda Campeche, donde no sólo disminuye el volumen extraído de petróleo crudo por la decadencia en yacimiento Cantarell, sino por problemas de contaminación de nitrógeno y de agua que han llevado a cerrar cien pozos y a quemar alrededor de 700 millones de pies cúbicos diarios de gas por falta de inversión y negligencia.
Quinta y última, que se reunifique PEMEX en una sola empresa de estado, revirtiendo su división artificial en diferentes subsidiarias para manejar de manera integral todo el sector energético desde la extracción del crudo y gas hasta la refinación.
La petroquímica y la generación de electricidad para aprovechar toda la cadena de valor que permite impulsar el desarrollo económico independiente que necesita el país y el bienestar del pueblo de México.
En unos días más presentaremos a la unión pública nuestra propuesta actualizada y detallada.
Por último, solicitamos, señores senadores y senadoras, que se contemple y analice desde ahora la posibilidad de llevar a la práctica una consulta ciudadana al pueblo de México sobre el tema del petróleo.
Como hemos venido afirmando, es posible que la última palabra sobre las reformas petroleras la tengan los legisladores; pero la primera palabra siempre la tendrá el pueblo de México.
Muchas gracias.
(Aplausos)
