■ “Ya basta de servir de escalera para los ambiciosos”, señala
Llama AMLO a partidos a “no traficar con el voto del pueblo”
Soyotlán del Oro, Jal., 8 de febrero. Andrés Manuel López Obrador señaló que durante los periodos de campaña, partidos políticos y candidatos “no deben traficar con el voto del pueblo”. En tanto, llamó a los ciudadanos a sufragar en libertad.
“Ya basta de servir de escalera para que unos ambiciosos se encaramen (en puestos públicos y de representación popular). El pueblo no está para limosnas, sino para justicia social”, advirtió.
El ex candidato presidencial convocó a sus principales seguidores en todo el país a una reunión nacional, programada para el 21 y 22 de marzo próximos, con el objetivo de definir la nueva etapa de la lucha política y de defensa de la economía popular.
“Con este movimiento, el año pasado paramos la privatización de Pemex, y ahora defenderemos la economía popular ante los efectos de la crisis de Estados Unidos, del mundo, que nos agarra con una economía muy debilitada y nos va a arrodillar más de la cuenta”, alertó.
López Obrador pretende que el Congreso de la Unión obligue al gobierno a utilizar el presupuesto público para apoyar las actividades productivas, en lugar de rescatar a los empresarios con el uso de las reservas internacionales del país para apuntalar el peso y beneficiar, con ello, a los potentados que tienen deudas de dólares en el exterior.
En el último tramo del proyecto iniciado hace dos años para llegar a todos los rincones del país, el político tabasqueño hace un llamado a sus simpatizantes, quienes acuden a las plazas públicas a escucharlo, para que no queden conformes con la corrupción y el “mal gobierno”.
López Obrador ha advertido en días pasados acerca de la omisión en que ha incurrido el gobierno “usurpador” de Felipe Calderón al no avisar a la población de la magnitud de la crisis económica por la que atraviesa el país y de la fuerza del “huracán” que se avecina por esta causa, el cual, dijo, “arrasará con todo”.
En cada asamblea informativa también difunde la propuesta que ha hecho de cambios al presupuesto, para que se puedan ahorrar cerca de 200 mil millones de pesos con base en una reducción de sueldos a altos funcionarios públicos y evitar que el dinero del pueblo se quede en las cúpulas del aparato burocrático.
El movimiento lopezobradorista está integrado por ciudadanos sin partido y también por militantes del PRD, PT y Convergencia. A través de estos dos últimos partidos impulsa a un grupo de colaboradores para que sean postulados como diputados locales y federales, ya sea por la vía de mayoría relativa (haciendo campaña para la elección del 5 de julio) y/o a través de representación proporcional (plurinominal).
De acuerdo con las primeras proyecciones, entre ellos se ubican algunos de sus propios representantes estatales e integrantes del “gobierno legítimo” de México, como Martha Pérez Bejarano, Bertha Luján, Octavio Romero, Enrique Ibarra y Agustín Ortiz Pinchetti, entre otros.
“No hay que pelearnos los del PRD, PT y Convergencia. Somos el Frente Amplio Progresista. Debemos estar unidos. Tampoco hay que pelearse con los priístas y panistas de abajo, quienes están igual de esperanzados, amolados y desinformados que la mayoría del pueblo de México. El problema está arriba”, afirmó.
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PRESIDENTE LEGITIMO
En CHOLULA: Sí cumplimos!!
ASI MISMO SE INSTALA O PEGA INFORMACION DIVERSA SOBRE EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CIVIL PACIFICA.
NUESTRO PRECANDIDATO EN LABORES DE DISTRIBUCCION DE UNIDAD NACIONAL.
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LOS VERDADEROS MIEMBROS DEL MOVIMIENTO OBRADORISTA, SERÁN RECONOCIDOS Y POSTULADOS Y LAS RATAS OPORTUNISTAS SE DESECHARAN DEL INTERIOR DE LOS PARTIDOS DE LA IZQUIERDA (INCLUSO EN EL MISMO PT):
Postula el PT a un ex perredista en Sonora
Hermosillo, Son. Tras abandonar las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Angel Haro Moreno fue presentado como precandidato único a la gubernatura de Sonora por el Partido del Trabajo (PT), que lo registrará el 16 de marzo ante las autoridades electorales. El también simpatizante del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador dijo que buscará aumentar los apoyos para el campo, la vivienda y la educación. Dijo que cambió de partido porque los líderes perredistas del estado responden a intereses del gobernador priísta Eduardo Bours.
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■ De Maria, responsable de politizar Resplandor...: Suárez del Real
“Para el INAH primero es el negocio y luego el patrimonio”
Ampliar la imagen Imagen del mitin que se realizó el 3 de febrero Foto: Francisco Olvera
“Es evidente que para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) primero está el negocio y después la protección del patrimonio”, expresó Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Afirmó que el responsable de “politizar” el tema de Resplandor teotihuacano ha sido el director del instituto, Alfonso de Maria y Campos.
Mañana, el legislador perredista realizará una “acuciosa” recomendación sobre las lecturas realizadas por el INAH a los puntos de acuerdo emitidos por la Comisión Permanente; además, afirmó que los legisladores no han recibido ningún proyecto técnico, libreto o guión del espectáculo.
“Llama la atención la decisión unilateral de De Maria y Campos para integrar una mesa de trabajo con especialistas ajenos al instituto, algo sobre lo cual se hizo especial exhorto en los puntos de acuerdo.
“Después de muchos años de defensa del patrimonio, hoy, lamentablemente, nos damos cuenta de que hubo un cambio en las prioridades del INAH: primero está el negocio y luego la protección del patrimonio.”
También es preocupante, continuó, preguntar “sobre qué trabajarán los especialistas del grupo técnico evaluador, porque hasta este domingo (los diputados) no hemos recibido ningún proyecto técnico autorizado por el INAH, así como ningún documento que especifique cómo realizará” el proyecto de luz y sonido; “otra vez, el INAH está haciendo las cosas al revés”, agregó.
El jueves pasado, el INAH envió una misiva a la Cámara de Diputados donde informa sobre la mesa de trabajo convocada por el instituto, denominada GTE (grupo técnico evaluador), que el diputado considera una “decisión unilateral.”
“El próximo martes enviaremos una respuesta muy acuciosa al respecto; voy a solicitar que se sigan correctamente los exhortos y recomendaciones, porque hasta ahora la respuesta del INAH no nos satisface.”
Suárez del Real señaló que la actitud de De Maria, de menosprecio a las opiniones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, “son inaceptables”, al venir de un funcionario que dirige tan importante instituto.
“Que no se olvide el director del INAH que Teotihuacán no sólo es patrimonio de los teotihuacanos y mexicanos, sino de la humanidad.”
Este lunes, los investigadores del INAH entregarán un documento dirigido a De Maria y Campos con sus comentarios acerca del proceso de integración del GTE, y ante “las interpretaciones torcidas y de mala intención sobre los exhortos camarales”.
También se referirán a la “descalificación” que hizo el director del INAH, quien borra de un plumazo “una trayectoria dedicada a realizar aportes en su materia de competencia”, así lo explicó Cuahtémoc Velasco, doctor en historia de México, y uno de los líderes sindicales; añadió que en ese mismo documento, que será entregado a la Secretaría de Educación Pública el próximo martes, refrendarán su postura de que renuncie Alfonso de Maria y Campos.
“Insistiremos en que la única solución digna ante los daños en Teotihuacán es que se cancele el proyecto, pese a los costos monetarios y políticos que implique.”
Hoy, los académicos del INAH apelarán de la resolución del amparo negado la semana pasada; el jueves realizarán un paro nacional, y el viernes harán la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por los daños al patrimonio arqueológico.
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Premios nacionales 2008
■ “El agro nacional tiene futuro”, afirma Edmundo García Moya
Para el gobierno “parece que ser campesino es pecado”
■ Fue premiado en el área de ciencias físico-matemáticas y naturales
Ampliar la imagen El agrónomo Edmundo García Moya Foto: Jesús Villaseca
En México estamos perdiendo importantes superficies de cultivo para sembrarlas de concreto, pues con la reforma al artículo 27 constitucional, aprobada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, la intención fue sacar a los campesinos de sus tierras, afirmó Edmundo García Moya, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008, en la categoría de ciencias físico-matemáticas y naturales, quien advirtió que sin liderazgo ni políticas públicas bien orientadas el desarrollo sustentable del campo mexicano aún es incierto.
Agrónomo, egresado de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, y profesor-investigador del Colegio de Posgraduados desde hace 36 años, afirmó que a pesar de los enormes retos que enfrenta el agro nacional, “tiene futuro, pero no lo hemos sabido encauzar”. Las dependencias gubernamentales, insistió, no tienen interés en brindar apoyos ni dar oportunidad a los agricultores de participar en este desafío, “pues parece que ser campesino es pecado, cuando este sector generó las bases de nuestro desarrollo”.
En entrevista con La Jornada, García Moya, especialista en el estudio de zonas áridas y semiáridas del país, creador de uno de los conceptos más innovadores para el estudio de estos ecosistemas, es decir, “islas de fertilidad”, aseguró que ser uno de los científicos galardonados con el premio más importante que concede México a sus artistas y científicos lo hace sentir “más comprometido. Como servidor público, siempre he tratado de aportar lo que sé, inclusive desde que cuidaba chivas en el campo, porque he sido muy afortunado. Estudié en instituciones públicas, he tenido becas hasta la fecha; por eso, de alguna manera tengo que corresponder a todo lo que se me ha dado”.
–¿Qué papel juega la ciencia en el desarrollo de México y del campo?
–Debería ser el motor del desarrollo. Sin embargo, al menos en el tema ecológico, hay expresiones que muestran cierta decepción, pues los científicos se ven, en cierta forma, imposibilitados de hacer realidad sus descubrimientos; hay muchas restricciones. Nuestra tarea es hacer ciencia, dedicarnos a investigar, proponer alternativas, pero de ahí a que esas propuestas se hagan realidad y beneficien a la sociedad hay un enorme trecho.
¿Quién hará el trabajo sucio?
–¿Qué ha fallado?
–El gran reto es incidir en la elaboración de políticas públicas. Los científicos somos pésimos en esa tarea. Estamos muy orientados al campo de estudio y no queremos distraernos para seguir produciendo nuevos artículos y publicar en grandes revistas, como Nature o Science, como marcan los nuevos criterios que se nos han impuesto, pues de lo contrario estás fuera de la jugada, pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio del conocimiento. Sólo Copérnico, Galileo o Einstein han sido capaces de contribuciones trascendentes, pero la mayoría de nosotros tenemos que realizar un enorme esfuerzo con 99 por ciento de trabajo y uno por ciento de inspiración.
–¿Cuáles son los retos para lograr un desarrollo sustentable?
–Las señales que tenemos ante nosotros son bien claras: calentamiento global, deforestación y cambio en el uso de la tierra; sobre todo, tenemos apetito por dilapidar los recursos naturales que están a nuestro alcance, y a este ritmo colapsaremos. No se trata de ser fundamentalista ecológico ni agorero del desastre, porque eso también se puede convertir en obstáculo, sobre todo si pensamos que la nueva tecnología puede resolver todos los problemas, y no es así. No se trata, como se insiste, de un problema de sobrepoblación del planeta, sino de niveles de consumo de energía, de insumos; es ahí donde no hemos logrado incidir.
–¿Un mayor conocimiento del agro podría alentar un desarrollo más sustentable?
–El problema es que tenemos un sector abandonado. El último secretario de Agricultura que conocía el campo fue Óscar Bravo, y el subsecretario, Lorenzo Martínez Medina, agrónomos destacados. Ya se ha subrayado que el problema del campo no es técnico ni científico, sino de política agrícola. El caso del maíz es muy claro; con una cultura agrícola milenaria y con más de cien variedades de maíz, ¿qué necesidad tenemos de entrarle a los transgénicos? No quiere decir que estemos contra el saber, pero hay científicos que lucran con la ciencia.
–En un momento de crisis mundial, ¿qué pasa con la ética de los científicos?
–Aún nos falta mucha cultura científica y tener más convicción sobre nuestro trabajo, porque somos proclives a dejarnos embaucar por nuestras limitaciones, y es muy fácil que empresas digan que vienen a apoyar un proyecto sin saber quiénes están detrás, porque la ciencia tiene ética, límites, que deberían quedar plasmados en la Constitución. Sin embargo, la ética sí se ha deteriorado en razón de las carencias que enfrentamos. Aunque esto no es una justificación; quizá sí es una explicación, porque si bien han existido destellos de apoyo al desarrollo científico, no han sido consistentes ni oportunos.
–¿Dedicarse a la ciencia es una carrera de obstáculos?
–Definitivamente. Hay muchos colegas que no han resistido los embates de la falta de recursos por muchas razones, peor aún cuando son egresados de escuelas públicas. En mi caso, en marzo próximo cumpliré 37 años como profesor-investigador de tiempo completo en el Colegio de Posgraduados, y me han tocado épocas buenas, cuando el gobierno federal destinaba recursos a la investigación, pero también había liderazgo; ahora hay restricciones muy severas, y si el sector agrícola, en general, vive una debacle, nosotros tampoco estamos en bonanza.
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Astillero
■ El rife del IFE
■ Entre magos y catavinos
■ ¿Quién se lleva los dólares?
Ampliar la imagen CRITICAN POSTURA DE LAS TELEVISORAS. John Ackerman, colaborador de La Jornada, critica la postura de las televisoras frente al reglamento de Radio y Televisión, durante la Asamblea de la Resistencia Creativa, que se realizó ayer frente al Hemiciclo a Juarez, en la ciudad de Mexico Foto: Cristina Rodríguez
Todo el andamiaje institucional relacionado con las elecciones está deslegitimado de origen, tanto por el contenido faccioso que los partidos imprimieron a los nombramientos de funcionarios que por ello están obligados al agradecimiento a quienes los inventaron o habilitaron, como por la consustancial debilidad de esas estructuras y personajes ante los poderes reales de este país (el dinero, los grandes medios electrónicos, la criminalidad expresa –el narcotráfico y sus rubros anexos–, y la rapacería impune de gran parte de la clase política).
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, está presidido por una mujer que presume de gran amistad con Margarita Zavala, la esposa del ocupante formal de Los Pinos, y al mismo tiempo es susceptible de influencia importante por parte del grupo cerrado que acompaña en su búsqueda del 2012 a Manlio Fabio Beltrones. María del Carmen Alanís agrega a esos ingredientes, muy preocupantes en quien debe coordinar los esfuerzos justicieros en los conflictos electorales, su propia historia de pleitos de poder en el IFE con Luis Carlos Ugalde y, luego, en un tramo laboral fuera de nómina, la venta de servicios de asesoría de lujo a la banda de buscadores de presupuesto público para fines particulares que se llamaba Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, dependiente de la PGR, está en condiciones parecidas. Su titular, Arely Gómez González, constituye un caso comprobado de tráfico de influencias y de utilización de cargos públicos para promociones políticas como la que le llevó de un puesto estratégico en la oficina del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la actual Fepade, donde sus coordenadas políticas son definidas por Televisa y por grupos políticos con intereses en las contiendas electorales de cuyas irregularidades punibles habrá de tomar nota la fiscal Gómez de dados cargados.
Con todo, le toca la peor parte a los nueve miembros con voz y voto del consejo general del IFE. Sus designaciones provienen sin sombra de duda de un auténtico reparto de botín entre piratas de la política, con la asignación de cuotas para cada partido y, en el caso del presidente, Leonardo Valdés Zurita, la utilización del tufo de izquierda que aún le quedaba para convertirlo en materia de uno de los giros de colaboracionismo que los Chuchos perredistas han tenido con el felipismo, al improvisarlo como presunto triunfo del PRD en la cúpula del IFE cuando los referentes actualizados de LVZ estaban en los servicios a Felipe Calderón y el PAN. Más débiles que la camada que encabezó Luis Carlos Ugalde (lo que ya es mucho decir) y con la etiqueta de sus sastrerías políticas a la vista, los consejeros generales del periodo leonárdico parecen irremediablemente condenados a dar las peores notas en los procesos comiciales a su cargo. Pero he ahí que, de pronto, en un evidente acto de soberbia, el duopolio televisivo, y otras firmas menores, le han ofrecido al desguanzado IFE una oportunidad dorada de reivindicación, así fuera parcial y breve. No será fácil que se vuelva a aparecer en el abollado radar de ese instituto una posibilidad así para recomponer la imagen y aparentar fuerza. Sólo con un tanque de oxígeno de este tamaño podrán sobrellevar las jornadas venideras de duro trabajo y feroces pruebas los consejeros electorales de pulmones mínimos.
Ahora bien, a Luis Carlos Ugalde le gustaba la magia desde joven e hizo estudios profesionales de esas artes de engaño mucho antes de que llegara al IFE. Leonardo Valdés Zurita es catador de vinos y degustador de buenos platillos (en León, donde daba clases antes de ser habilitado por los Chuchos y el felipismo como consejero presidente del instituto del circo electoral, Valdés y su esposa, Beatriz Calderón, instalaron Agatha, una academia de gastronomía). El primero terminó su carrera de prestidigitación numeral entre abucheos del público y una especie de retiro obligado de la vida pública (da clases en una universidad privada y ha escrito su testimonio denominado Así lo viví, título en el que dicen que hubo fraude, porque originalmente era “vi”, pero los mapaches duplicaron la palabra). El segundo está ahora en riesgo de agriar el vino de la muy diluida confianza ciudadana en las paupérrimas instituciones electorales si es que en nada o en muy poco queda el escándalo de las maniobras dolosas de las televisoras respecto a los espots electorales. La verdad es que al tal IFE no le queda más que rifársela de verdad, sin engaños ni medias tintas, sin engaños burocráticos ni maniobras legaloides. Sólo así podría aspirar a alcanzar un respeto mínimo, que necesitaría confirmaciones continuas, en los tiempos ríspidos en curso.
Astillas
Nadie sabe, nadie supo: transacciones electrónicas de elite transfieren diariamente reservas nacionales en dólares a cuentas bancarias sin que se informe quiénes son los compradores y con qué criterios específicos se hacen esas operaciones a domicilio cibernético. La crisis global habrá de significar la aparición de privilegiados que ganen lo que otros pierden. En México es urgente saber quiénes se están beneficiando de la presión al peso y de la colaboración del Banco de México y la Secretaría de Hacienda para seguir alimentando el apetito especulativo imparable de los tiburones hasta hoy anónimos. ¡México, creo en ti!... Y, mientras la administración felipista le sigue buscando ruido al chicharrón minero, con una fijación contra los caciques sindicales que no se ve en su relación con similares ámbitos como el petrolero y el magisterial, por citar algunos, ¡hasta mañana, con las fisuras inocultables en el panismo neoleonés por los caprichos impositivos de Germán y Felipe en la candidatura a gobernador de la entidad, una tragicómica imitación fallida del dedazo priísta a cargo de aprendices indolentes y torpes!
Doble, triple y cuádruple moral · Helguera
¿IFE fallido?
Tuvieron que pasar 10 largos días desde el abierto desafío lanzado por las televisoras en contra del Estado mexicano para que el Instituto Federal Electoral (IFE) se decidiera a iniciar hoy la investigación formal del caso. En lugar de responder inmediata y enérgicamente frente a estos actos claramente violatorios a la ley, los consejeros electorales prefirieron gastar su tiempo la semana pasada con una serie de desplegados, declaraciones, reuniones y solicitudes de información que no tuvieron relevancia jurídica alguna. Tal tibieza por parte de la autoridad únicamente sirvió para regalarle tiempo sumamente valioso a las corporaciones televisivas, que ellas sí utilizaron para armar su defensa jurídica.
La primera respuesta del IFE, el desplegado publicado el día de la Candelaria, fue una irresponsabilidad, por decir lo menos. En este vergonzoso documento, la institución abdicó de su obligación de velar por el cumplimiento de la ley y prefirió deslindarse de las acciones de los medios de comunicación. Como un policía indolente que al atestiguar un asesinato se dedica a ahuyentar a los curiosos en lugar de perseguir al delincuente, con su desplegado la máxima autoridad en materia electoral se limitó a ser un simple espectador del proceso electoral.
Acto seguido, los consejeros pasaron de ser meros observadores a convertirse en víctimas pusilánimes. En respuesta a la golpiza que las televisoras le propinaron, el IFE balbuceó que este comportamiento era “atípico” y solicitó una explicación por escrito. Ingenuamente, los consejeros aceptaron la versión inicial de las televisoras, como si todo hubiera sido el resultado de una gran confusión.
El colofón fue la reunión celebrada en las oficinas de la Secretaría de Gobernación el miércoles pasado. Si el IFE hubiese iniciado el procedimiento sancionador en tiempo y forma, las televisoras ya habrían tenido que comparecer ante el instituto electoral. Pero en lugar de tener que someterse a la autoridad, los representantes de Televisa y Tv Azteca se dieron el lujo de “dialogar” tranquilamente con el consejero presidente en el despacho de Fernando Gómez Mont, amigo de las empresas televisoras. Tal como ocurrió en los tiempos de Luis Carlos Ugalde, el IFE de nuevo ha declinado su responsabilidad de garantizar la aplicación la ley y de paso ha anulado su autonomía al ser un invitado más en la mesa de una negociación política.
El viernes pasado, el IFE finalmente decidió que sí había materia para emprender una investigación formal del caso, pero inexplicablemente decidió posponer el inicio del proceso sancionador para hoy. Habría que recordarles a los señores consejeros que durante los procesos electorales absolutamente todos los días y horas son hábiles, así que no había razón alguna para tomarse el fin de semana. Pareciera que una vez más la autoridad electoral simplemente quiso demostrar su generosidad hacia las televisoras. Asimismo, los consejeros se negaron a emitir medidas cautelares para obligar a los medios a modificar su comportamiento hasta que el instituto tome su decisión final.
No hay duda de que el comportamiento de las televisoras viola la ley electoral. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) prohíbe que los medios de comunicación modifiquen las pautas. También señala explícitamente que se debe sancionar “la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los partidos políticos” (artículo 350, (d)). La interrupción de programas de televisión, el agrupamiento de los espots y la inclusión de una “cortinilla” que busca desprestigiar al IFE, los partidos políticos, los legisladores federales y hasta al gobierno federal, evidentemente forman parte de una estrategia para darle la vuelta a la legislación electoral y “denigrar a las instituciones y a los partidos políticos”.
Televisa y Tv Azteca han sostenido que se les avisó muy tarde y que no les quedó otra más que interrumpir la transmisión deportiva. Ello es falso, ya que las pautas fueron enviadas a los medios con un mes de anticipación. Asimismo, el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral permite la modificación de las pautas en caso de “eventos extraordinarios y de interés general”, siempre y cuando el concesionario lo solicite por escrito. Además, en el pasado reciente el IFE ha sido flexible hasta el extremo al respecto, permitiendo en ocasiones una tolerancia de hasta 25 minutos antes y después de la hora pautada.
Siguiendo el ejemplo de Felipe Calderón, quien en el aniversario de la Constitución cuestionó el “catastrofismo” y denostó a quienes buscan “ver debilitada a la nación y a las instituciones”, la semana pasada el consejero presidente Leonardo Valdés también reclamó que se trate “de disminuir, deteriorar o minar la credibilidad de las instituciones”, y afirmó que es “necesario generar confianza en las instituciones nacionales y no minarlas”.
Pero Calderón, Valdés y el séquito de expertos en materia electoral que rodea a este último, se equivocan si creen que la mejor forma para fortalecer al Estado es por medio de un respaldo ciego y acrítico. Al contrario, quienes realmente estamos por el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas debemos ejercer la crítica constante, pues ésta constituye un elemento esencial en la reconstrucción de nuestras instituciones fallidas.
Cascarita duopólica · Rocha
Editorial
Bajo el acoso de los poderes fácticos
En días recientes, con el telón de fondo de una inusual exhibición de divergencias entre el Banco de México (BdeM) y el gobierno federal, la devaluación del peso ha experimentado intensos embates especulativos. Con el afán de contener la devaluación de la divisa nacional, la institución monetaria ha “quemado” miles de millones de dólares de las reservas internacionales del país, primero mediante subastas y, posteriormente, por medio de las llamadas “intervenciones directas”, mecanismo de suma opacidad que abre la puerta a la asignación de grandes cantidades de divisas, a precios preferentes, a entidades financieras privadas. En el contexto actual, y tras cinco lustros de un mal entendido “realismo” monetario y de satanización oficial de mecanismos como el control de cambios, las instancias públicas carecen de otros mecanismos para incidir en el tipo de cambio y no tienen más recurso para contener la caída del peso que transferir las reservas de dólares del país a los especuladores. Cabe preguntarse qué ocurrirá si estas reservas se agotan antes que el apetito de los cambistas por obtener ganancias fáciles –y legales, al fin de cuentas– a costa de la destrucción de uno de los indicadores fundamentales de la economía.
No es éste el único ámbito en el que un poder fáctico (el de los capitales financieros, en este caso) ha desplazado en el mando a una autoridad pública. Hoy mismo el país asiste a una nueva ofensiva de los concesionarios de canales televisivos orientada a revertir los cambios legales recientemente aprobados en materia electoral y que limitan sus ganancias económicas derivadas de la propaganda partidista. En su afán por doblegar la voluntad de las cámaras legislativas, del Instituto Federal Electoral (IFE) y de los políticos en general, los conglomerados empresariales que explotan las concesiones de frecuencias de televisión han emprendido una campaña para hacer odiosa, a ojos de las audiencias, la actividad electoral, y para ello han insertado la propaganda electoral que tienen que transmitir, por ley, en las emisiones en vivo de actos deportivos, provocando interrupciones obviamente molestas.
A diferencia de lo que ocurre en el ámbito cambiario, en donde el grupo gobernante se quedó, por decisión propia y por convicción de fanatismo neoliberal, sin instrumentos de control, en el terreno de la televisión abierta las autoridades disponen de mecanismos para restablecer el orden y para evitar que el usufructo de un recurso que pertenece a la nación, como es el espacio radioeléctrico, sea utilizado para denostar los procedimientos democráticos y para profundizar la animadversión de la sociedad –acendrada y justificada, por lo demás– hacia la esfera de la política partidista. El propio IFE ha iniciado un procedimiento contra Televisa, TV Azteca y Sky para sancionar las conductas mencionadas. Por su parte, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podría optar, si persiste esa suerte de golpismo mediático, por retirar las concesiones a las empresas correspondientes o, cuando menos, por abrir el espectro de las frecuencias televisivas a nuevas señales, medida que contrarrestaría el desmesurado poder fáctico de lo que, con la campaña mencionada, volvió a ratificarse como un duopolio.
Una de estas medidas alentaría el desarrollo de la pluralidad en el ámbito televisivo y contribuiría a contrarrestar la percepción generalizada de que el gobierno en turno es más sensible a los intereses de los grandes consorcios mediáticos que a las necesidades de la población y a los imperativos de la soberanía nacional. Pero, lo más importante, se despejaría el peligro de que los concesionarios privados consoliden y legalicen un poder fáctico e ilegítimo como lo hicieron en años anteriores, y con consecuencias tan nefastas como las que hoy pueden verse con los capitales especuladores en el ámbito cambiario.
Regaño · Hernández
Calderón y Marín en el país de las maravillas
El 14 de febrero se cumplen tres años de que se reveló la historia infame del “góber precioso” que conmovió a la opinión pública y al sistema político. Ese día, La Jornada publicó un reportaje de Blanche Petrich que exhibía al gobernador de Puebla, Mario Marín, como cómplice (al menos) de la red de pederastas incrustados en el poder que vejó, encarceló y pudo matar a Lydia Cacho por documentar los delitos de esa gente.
En febrero de 2006 el país estaba inundado de campañas electorales. A cambio del voto, los candidatos decían a los ciudadanos lo que quisieran escuchar, en un juego de prometer y mentir. Como las grabaciones que inculpaban a Marín se divulgaron masivamente por radio y televisión, en las altas esferas se rasgaron tantas vestiduras que los almacenes exclusivos de ropa experimentaron un repunte de ventas fuera de temporada.
Antes de tres días, el entonces candidato panista Felipe Calderón Hinojosa ya había adoptado una postura oportuna, firme e histriónicamente ética: él, en persona, fue a demandar ante el Congreso poblano que se juzgara al mandatario priísta. Adherentes de la otra campaña en Puebla resucitan ahora, como escueta ayuda de memoria, un cable de la agencia gubernamental Notimex del día 17, donde se informa que el candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República presentó una solicitud de juicio político contra el gobernador Marín.
“Ante la ausencia de personal de la Oficialía de Partes, el abanderado panista entregó el documento a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, María de los Ángeles Gómez, en el que exige que se enjuicie a Marín en torno a las conversaciones sostenidas con (el empresario maquilero) Kamel Nacif contra la periodista Lydia Cacho.”
Notimex registra la presencia de 100 reporteros, camarógrafos y fotógrafos, “lo que originó incluso el cierre de calles y bloqueo del tráfico vehicular”. Fue tal el tumulto que, “aunque Calderón mostró la disposición para hacer declaraciones, fue imposible por la cantidad de reporteros”. El aspirante presidencial “salió en medio de una oleada de periodistas” y “abordó la camioneta que lo transporta, custodiado por elementos del Estado Mayor Presidencial” (que ya como aspirante lo cuidaba).
Todo mundo lo vio y escuchó. El mismo día, Calderón Hinojosa inauguró su casa de campaña en Cholula. Abundaba el cable: “Un cúmulo de simpatizantes gritaba en torno a los hechos presuntamente protagonizados por el gobernador Marín, ‘¡que se vaya, que se vaya!’ No se hicieron esperar las manifestaciones en apoyo a la postura que el aspirante presidencial panista tomó en este caso, al que calificó como ‘terrible violación, atropello a los poblanos y a todo México’”.
El candidato advirtió: “Si permitimos que ese atropello se consume y quede impune, también ocurrirá en otras partes”, porque Marín, explicaba Calderón, “violentó la justicia con base en la petición expresa de un empresario”.
El candidato andaba inspirado. Aclaró que no se trataba sólo de defender a la periodista, “sino también de la violación” a menores de edad: “Queremos que se juzgue el atropello de los derechos humanos de todos los mexicanos representados en la persona de Lydia Cacho”. Además, “puntualizó que ésa fue la razón central que lo llevó a presentar la demanda de juicio político”, concluía la información.
En este país en poder de la impunidad, quienes mayores cuotas de ella han alcanzado dentro de la ley son ciertos gobernadores priístas que cometen delitos de manera sostenida y sin escatimar la violencia ilegal donde no funcionan el chayote, la manipulación económica de la población, las amenazas y el mareo con estrellas y propaganda impúdica desde los monopolios televisivos.
El rating de estos intocables lo encabezan el poblano Marín, el oaxaqueño Ulises Ruiz y el mexiquense Enrique Peña Nieto. Con los dos últimos Calderón ha colaborado en sus acciones represivas y su manera de hacer negocios, como candidato, como presidente “electo” y luego en funciones. Justo es reconocer que de éstos nunca se quejó, como sí lo hizo del primero.
Pero el pragmatismo todo lo nivela. Ya en Los Pinos, no le ha hecho el feo al otrora juzgable señor Marín. Juntos inauguran obras, anuncian cosas, presencian espectáculos típicos, firman documentos. Se sonríen. El gobierno paga boletines para que todos veamos que no pasa nada. Nada.
Y por aquello de arráncame el recuerdo: por poco y compite este año en los Óscares, en nombre de México, la película más costosa del sexenio, y dicen que de la historia, feminista además, patrocinada por ese gobierno de Puebla. Y todos contentos.