Repararán fallas eléctricas en Tepito a cambio de aportaciones económicas voluntarias
Se puede probar que inundaciones en el DF fueron por negligencia de la CFE: Martín Esparza
Miércoles 3 de marzo de 2010, p. 15
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, firmará este miércoles un convenio con el Frente de Organizaciones Sociales y Populares del Barrio de Tepito, con el fin de que empleados del gremio ordenen las instalaciones eléctricas de esa zona y reparen fallas.
Mediante este convenio los comerciantes de la zona pondrán los materiales necesarios para las reparaciones y darán aportaciones económicas voluntarias a los trabajadores del SME, indicó el dirigente en conferencia de prensa. Agregó que el sindicato buscará más acuerdos de ese tipo porque necesita recursos, pues aun cuando un tribunal ordenó la entrega de cheques por 21 millones de las cuotas sindicales, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, ha obstaculizado la liberación de los fondos
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En el piso nueve de la sede sindical, Martín Esparza sostuvo que se puede comprobar técnicamente que fue la negligencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que generó las fallas en el suministro eléctrico que provocaron las inundaciones de la zona oriente de la ciudad.
Hay forma de demostrar que las subestaciones Ayotla y Madero, que atienden el río Los Remedios y el canal La Compañía, no operaban de manera normal y por falta de energía no pudieron abrirse las compuertas, subrayó.
En la conferencia de ayer y antes, en un foro de Casa Lamm, el dirigente se refirió al emplazamiento a huelga presentado a Luz y Fuerza del Centro para el próximo 16 de marzo. Dijo que aún cuando fue rechazado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), ya interpusieron un amparo. En lo que se resuelve, abundó, se van a colocar las banderas rojinegras en todas las instalaciones de esa paraestatal.
Colocando las banderas de huelga no se va a permitir la entrada ni salida de nadie. Ni de miembros de la Policía Federal en todas las estaciones, subestaciones y centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro.
Martín Esparza explicó a reporteros y asistentes al foro que mientras no se resuelva jurídicamente el fondo del conflicto y no se desahoguen todos los recursos legales que ha interpuesto el SME ante diferentes instancias, sigue vigente el contrato colectivo de trabajo, por lo que sí se puede emplazar legalmente a paro.
Fisgón
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Comenzó a circular un nuevo libro del fallecido escritor y colaborador de La Jornada
La violencia de Estado en México documenta errores y fisuras en los servicios de inteligencia
Dejó lista la novela Las mujeres del alba, que se publicará en el segundo semestre del año
Miércoles 3 de marzo de 2010, p. 5
En los análisis políticos de seguridad nacional falta comprender que la guerrilla siempre es un fenómeno social
, advierte el ensayista Carlos Montemayor en su libro póstumo, La violencia de Estado en México: antes y después de 1968, que desde ayer está disponible en librerías del Distrito Federal y área metropolitana, y para este fin de semana, a más tardar, estará en toda la República Mexicana.
Montemayor, colaborador de La Jornada fallecido la madrugada de este domingo, dejó lista para su publicación la novela Las mujeres del alba, de acuerdo con un comunicado difundido por la editorial Mondadori, que desmiente las versiones publicadas en otros medios respecto de que ese título estaba incompleto. Las mujeres del alba se publicará en el segundo semestre de este año.
Tiraje de 4 mil ejemplares
El ensayo La violencia de Estado en México, cuyo adelanto presentó La Jornada en exclusiva para sus lectores en la edición del viernes pasado, se lanzó con 4 mil ejemplares, tiene 280 páginas y su precio de lista es de 249 pesos.
En el apartado final, Carlos Montemayor, en su faceta de ensayista e investigador, advierte que la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994, la del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en junio de 1996 y los atentados de esta organización armada en oleoductos de Pemex en julio de 2007, demostraron, entre otras cosas, que los servicios de inteligencia del Estado mexicano habían venido arrastrando desde hacía tiempo ciertos errores, ineficiencias y fisuras
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Aspectos, añade, que ya había tratado en sus libros Chiapas, la rebelión indígena en México, Los informes secretos y La guerrilla recurrente, de los cuales se desprende que la caracterización de los movimientos guerrilleros desde la perspectiva oficial forma ya una estrategia de combate y no de un análisis para comprenderlos como procesos sociales
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El resultado de esa postura hace a un lado elementos indispensables para entender políticamente los movimientos armados y plantear su solución de fondo
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Y destaca que, si bien el libro y el análisis se ocupa de los movimientos guerrilleros, también puede hacerse un paralelismo con el comportamiento del Estado mexicano frente al crimen organizado, particularmente el narcotráfico
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Su análisis subraya además que las medidas represivas policiales o militares no siempre han logrado frenar los movimientos populares de inconformidad social
, ejemplos de esto fueron la insurgencia de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas, el movimiento estudiantil de 1968, el surgimiento de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de las Fuerzas de Liberación Nacional, base de trabajo que dio origen al EZLN; mientras que el EPR, recuerda, fue en respuesta a la matanza de Aguas Blancas, y deja caer una a una las cuentas de los errores en la estrategia frente a esos movimientos a partir de una falla fundamental: falta en los análisis políticos de Seguridad Nacional comprender que la guerrilla siempre es un fenómeno social. Por su estructura clandestina, por su capacidad de fuego, por su configuración como fuerzas de autodefensa o ejércitos populares, la opinión pública, los discursos oficiales y los análisis de gobierno eliminan sistemáticamente la vinculación de la guerrilla con procesos sociales concretos y la convierten en delincuencia o criminalidad inexplicable
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Maquiladora huye sin pagar a 130 obreros
Miércoles 3 de marzo de 2010, p. 29
Nuevo Laredo, Tamps., 2 de marzo. Propietarios extranjeros de la maquiladora Lobo aprovecharon el fin de semana anterior para desaparecer con todo y maquinaria, sin pagar sueldos y ahorros a 130 obreros.
Representantes de los obreros, que fabricaban puertas y ventanas de madera, expresaron su malestar. ¿Qué vamos a hacer? Nos dejaron sin el sueldo de la semana, y lo peor es que ni el Sindicato de Maquiladoras sabe qué pasó. Nos pide calma, pero ¿cómo vamos a sostener a nuestras familias?
, reclamó la ex empleada Raquel López.
Sostuvieron que la semana pasada notaron una situación un tanto sospechosa
y esperaban dialogar con su delegada sindical, Guadalupe Dávalos, pero ésta no se presentó a la empresa entre el 22 y el 26 de febrero. Este martes se negó a hablar y se escondió en la factoría.
Los ex trabajadores protestaron por la actitud pasiva
del Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo, que en lugar de actuar les pide calma
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La maquiladora Lobo operó durante 21 años en Nuevo Laredo, 18 en la esquina de las calles Venustiano Carranza y Campeche. En 2007 se mudó a bulevar Las Torres.
Antonio Serafín Tiscareño, quien tenía más de 15 años en la planta, reprochó la actitud hostil
del dirigente sindical Luis Eduardo Martínez López, quien maltrató
a los afectados en lugar de brindarles apoyo.
No se vale. No creemos que el Sindicato de Maquiladoras no se haya dado cuenta de la huida de los dueños de la empresa. Debía haber sabido que andaba mal económicamente
, dijo otro de los hoy ex empleados.
Acusaron al gerente de la empresa, Santiago Iruegas Cruz, de sacar el equipo de la planta y de no pagar salarios a los obreros ni la renta del edificio.
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Helguera
Decadencia y democracia
La vida democrática mexicana apunta, con claro acento de veracidad y frustración, hacia una distancia, cada vez mayor, entre las normas diseñadas para ordenar su cauce y prácticas cotidianas, respecto de las necesidades, las penurias y deseos ciudadanos. Aquí y ahora, la transición democrática nuestra se ha extraviado en medio de silencios cómplices, ajustes tardíos o acosada por un barullo ensordecedor que los de arriba derraman sobre la masa indefensa y confiada. Tales mandones han tratado, con poquitero éxito, de convencer a la audiencia mediática sobre un sinnúmero de tonterías: se habla de cenas, comidas dilatadas, acuerdos entre exquisitos y cenáculos donde los actores estelares dieron el toque final, depuraron métodos legislativos o esgrimieron el argumento terminal para interrumpir o continuar tan vital asunto que a todos atañe. La lectura de las entrevistas que llevó a cabo la periodista Carmen Aristegui, condensadas en reciente publicación, es muestra de tan conspicuos aconteceres entre refinados personajes. Ahí, la transición democrática se exprime hasta condensarla en una serie interminable de trasiegos que llevan a cabo ilustres sujetos de la vida pública nacional. Pocas de las voces ahí registradas apuntan sus miradas hacia las masas como fuerza determinante del proceso democrático. Pocos recuentan la influencia o el empuje de los movimientos populares que hacen posible y hasta determinan tanto el nivel alcanzado como la calidad de una democracia.
Los variados índices con que se puede dimensionar la distancia que media entre las normas democráticas y el estado que guarda la sociedad hablan por sí mismos. Se reconoce, de antemano, que la democracia no produce empleos ni valor económico agregado, tratados de comercio, universidades de calidad o avances científicos apreciables. Sin embargo, no se puede disociar tal modo organizativo de la vida en común de sus acompañantes en variados campos laterales de la actividad productiva, educativa, artística o en el bienestar colectivo. Veintisiete años de un crecimiento económico deficiente, apenas 2.1 por ciento en promedio (83-09) anual. PIB per cápita de 0.1 por ciento anual promedio en similar periodo. Tasa de inversión bruta fija de 1.9 por ciento de crecimiento anual. Salarios mínimos que han perdido 71 por ciento de su poder adquisitivo son indicadores que dan sólido mentís a las linduras de un modelo en plena decadencia que se exige prolongar. Sólo la ignorancia de la realidad y la rapaz audacia de algunos beneficiarios se propone continuar. La ruptura democrática de la que se habla insistentemente, la lentitud de su perfeccionamiento, las distorsiones que ha sufrido por años, las irresponsabilidades de los encargados de vigilar su desarrollo o las salvedades que se introducen como distractores para no reconocer sus limitantes hablan, con precisión numérica, de la distancia que separa a las elites de las pulsiones populares. El grupo dirigente, en su creciente separación de los sentires y requerimientos de las mayorías, distorsiona la vida democrática nacional. Es una forma adicional de corromper el ambiente colectivo y hacerlo que trabaje para beneficio de unos cuantos. En ello reside la crítica de una democracia a la mexicana, su lamentable estado actual, el uso y desuso de sus atractivos y exigencias para imponer (no sin cínicas premuras) y hacer prevalecer un modelo que sólo ha beneficiado a unos cuantos y continuar acrecentando sus desmedidos privilegios.
¿Cómo separar las deficiencias democráticas que aquejan a México del desprecio por las vicisitudes, los nulos programas de atención a las desesperanzas de los 7 millones de ninis que ruedan por el país? ¿Cómo se relacionan los manipuleos de los haberes públicos, los groseros fraudes dirigidos por maestros sindicados, gobernadores o delegados federales que manosean los esfuerzos asistenciales, con esa ignorada masa creciente de trabajadores del campo desterrados de sus parcelas productivas por los imperiales dictados de un tratado comercial? ¿Habrá conexión vital entre la ausencia de una política estructural hacia la juventud con la dura abstención de ese sector social, no se diga nada respecto de la inseguridad? ¿Cómo incidieron las reformas pensionarias a la inequidad reinante y de éstas respecto de la desconfianza hacia los políticos y la desilusión por la democracia? ¿Dónde situar las preocupaciones de intelectuales, críticos, artistas y demás abajo firmantes, siempre atentos a las ambiciones de los de arriba; será acaso en las trabas a reformas políticas siempre calificadas de trascendentes y definitivas o en la supervivencia de unos 50 millones de desamparados que no encuentran reposo, empleo y nulo horizonte de esperanza por una vida digna?
Tal parece, por la intensa derrama de preguntas y gritos que esparcen a puñados los medios, que lo medular son las alianzas electorales espurias, el despliegue cotidiano de los discursos del señor Calderón, las trifulcas de senadores en pos de una candidatura o los mea culpa de narcotraficantes y no la búsqueda efectiva para paliar la crisis con salidas concretas, justas, permanentes y modos modernos de hacer política, ésa que se hace con y para la gente.
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Hernández
La tragedia en la ABC pudo evitarse, señala informe de magistrados de circuito
El ex gobernador de Sonora y el alcalde de Hermosillo no observaron el cumplimiento de la ley
Ambos debieron verificar el acatamiento cabal del reglamento de estancias infantiles
Miércoles 3 de marzo de 2010, p. 7
El informe de 385 páginas elaborado por la comisión investigadora del caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que puede consultarse en Internet, sostiene que es clara la existencia de deberes jurídicos incumplidos de parte de las diversas autoridades federales, estatales y municipales que, de haber sido satisfechos en su oportunidad, hubieran evitado la propagación del incendio
ocurrido en junio de 2009.
Parte de la conclusión de la comisión integrada por los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Rozon Sevilla refiere que el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, es responsable porque no observó que se diera cumplimiento a la legislación en materia de guarderías.
Al gobernador del estado le corresponde un deber de observancia de las leyes, tanto de las que correspondan directamente al Ejecutivo, como las que están a cargo de las diversas autoridades que de él dependan
, señala.
El informe agrega que Bours Castelo “debió verificar que se diera cabal cumplimiento a la normatividad en materia de protección civil en su estado, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución, corresponde al gobernador (…) exigir de las autoridades que dependan del Ejecutivo el cumplimiento estricto de las obligaciones que imponen la Carta Magna, la Constitución estatal y las leyes que de ellas emanen”.
La misma previsión corre a cargo del titular del ayuntamiento de Hermosillo, Ernesto Gándara, pues el artículo 136 de la Constitución de Sonora indica que le corresponde vigilar el estricto cumplimiento de las leyes vigentes de todos los ámbitos de gobierno, hecho que no aconteció
, sostiene el informe.
Respecto del señalamiento de la comisión contra el ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, los magistrados concluyeron que estuvo involucrado por firmar los contratos de subrogación con particulares que operan miles de guarderías sin tener facultades para ello.
El informe agrega que todas estas conductas de omisión no son más que la suma de factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente, que desencadenaron el incendio y sus trágicas consecuencias: 49 niños muertos y 65 lesionados
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Añade que la revisión del expediente “permite advertir que en 2003 la guardería ABC solicitó autorización para la ampliación de su capacidad instalada de 160 niños a 192. (…) En el procedimiento de ampliación de la capacidad instalada de la guardería ABC no se recabó la ficha técnica con la cual se debió verificar que las características estructurales y funcionales del inmueble cumplieran la previsión del muro corta fuego, ni las licencias de funcionamiento y dictamen de seguridad municipales, acción que era responsabilidad de las delegaciones (del IMSS)”.
Acerca de las responsabilidades, el informe precisa: es verdad que desde el año 2001, en que inició operaciones la guardería ABC, las personas que fungieron como titulares de esos órganos de gobierno fueron diversos. Sin embargo, no es el caso considerar que por el hecho de haber ostentado el cargo tengan algún tipo de responsabilidad, pues lo cierto es que deben tomarse en cuenta únicamente a las autoridades que ostentaban tales puestos en el momento del siniestro
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Rocha
