También hay que ir a mentarle su madre a los gobiernos priístas y panistas y a funcionarios de PEMEX que en el fondo son los culpables de estas tragedias y a exigir que ésta no quede impune o que se protega a los responsables como ha pasado en los casos de la guardería ABC, mineros de Pasta de Conchos, Activista de Ciudad Juarez (Maricela Escobedo) y todas las demás tragedias que nos pasan a los sectores pobres de México y que por no tener los recursos para defendernos en el ámbito de la corrupción de las instituciones mexicanas quedan impunes.
A APOYAR, A PROTESTAR Y A ORGANIZARSE, SI NO ESTAS TRAGEDIAS SEGUIRAN OCURRIENDO A LO LARGO Y ANCHO DEL PAIS!!!!
Tragedia en Puebla
La PGR atraerá el caso en los próximos días: procurador local
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 2
Puebla, Pue., 20 de diciembre. Este lunes comenzó la reconstrucción de la zona de cinco kilómetros del municipio de San Martín Texmelucan dañada por la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), que costó la vida de 28 personas y produjo daños a 115 viviendas, de las cuales 32 fueron reducidas a escombros, informó el gobierno de Puebla.
Fuentes oficiales también dijeron que el número de muertos podría elevarse a 29, porque según los vecinos el cadáver de un menor fue reducido a cenizas por el intenso calor que provocaron las llamas que alcanzaron más 20 metros de altura, y la propagación que alcanzó el hidrocarburo entre las viviendas de las colonias San Damián, El Arenal y San Juan.
Por la mañana, gente que perdió sus viviendas quiso rescatar algunas pertenencias, pero los elementos del Ejército y la policía no lo permitieron. Los afectados clamaban por auxilio de las autoridades durante la visita a la zona de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón.
Aunque no se ha calculado la magnitud del daño, la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJP) consideró que Pemex tendrá que pagar 3.5 millones de pesos en indemnizaciones por las pérdidas humanas.
El procurador Rodolfo Archundia Sierra dio a conocer que si bien hay una averiguación previa en curso, la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá el caso en los próximos días.
La delegación poblana de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que hay una grave contaminación del río Atoyac, pero que los aceites derramados no llegaron a la capital del estado gracias las técnicas de contención aplicadas.
Manuel Beristáin Gómez, titular de la dependencia estatal, dijo que los servicios de agua reportarán los drenajes tapados por la infiltración de combustible, y se harán los análisis necesarios para determinar si los mantos freáticos, pozos y norias de la zona fueron contaminados.
Expresó que también se realizarán trabajos geológicos dado que el incidente dejó una especie de nata no sólo en el fondo del Atoyac, sino en el canal El Arenal, y es en este último donde se acumuló una mayor cantidad de material quemado que sedimentó, porque el hidrocarburo lo impregnó a lo largo de cuatro kilómetros, y ahora debe limpiarse y desazolvarse con equipo especializado.
Carlos Morales Badillo, delegado de la Conagua en Tlaxcala, indicó que fueron contaminados por el combustible otros 11 kilómetros de tres canales que cruzan varias comunidades de esa entidad, especialmente las de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla, donde unos 6 mil usuarios no podrán regar sus cultivos en una extensión de 5 mil hectáreas.
Sostuvo que el desastre del domingo no alcanzó mayores proporciones gracias a la movilización de socorristas de Protección Civil que obstruyeron el avance del combustible en otros canales, y al personal de Pemex que lo retuvo con ramas de árbol en el río Atoyac, unos 200 metros antes de llegar al río Zahuapan.
El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de Puebla, Francisco Castillo Montemayor, acusó a Pemex de actuar con lentitud; mientras el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, dijo que la situación está bajo control y se aplica una serie de pruebas al sistema de drenaje de San Martín para descartar el riesgo de un nuevo estallido por acumulación de gases.
El funcionario aseguró que la población afectada recibe ayuda necesaria, defendió al alcalde Noé Peñaloza, y negó que el municipio sea un paraíso de la ordeña de ductos, como aseguran los moradores de las colonias afectadas, quienes culpan a las autoridades locales por omisión, aun cuando conocían de esa actividad ilícita desde hace más de dos años.
Eso sucede en todo el país
, matizó Meneses Rojas al responder sobre el creciente movimiento contra el alcalde, a quien la voz pública culpa del retraso de los bomberos locales a la hora del desastre, dada su falta de equipo, salario y prestaciones.
Rocha
En las narices de César Duarte, gobernador de Chihuahua; a cien metros del fiscal del estado, Jorge Enrique Nicolás; junto al escritorio de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; frente a la silla del sedicente constitucional Felipe Calderón; bajo el brazo armado del general secretario Galván Galván, y al filo del agua que domina el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, Marisela Escobedo fue muerta de un balazo.
Barraza aceptó su culpabilidad en varias ocasiones, pero la presidenta del tribunal que lo juzgó, Catalina Ochoa Contreras, el redactor Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid, tercer integrante del tribunal, no hallaron elementos para condenarlo, dijeron que la Procuraduría de Chihuahua había armado mal la acusación y dejaron en libertad al homicida.
El entonces gobernador, José Reyes Baeza, se lavó las manos; en el DF, todo mundo se lavó las manos, y mientras más se las lavaban, más fuerte era la pestilencia.
Tras quedarse huérfana de su hija, ayuna de justicia, desnuda de patria que le respondiera, Marisela hizo una manta con el retrato de la muchacha muerta, se la puso de vestido y marchó, acompañada o sola, en demanda de castigo para el asesino y en protesta por tanta mierda.
El 30 de julio de 2010, Marisela tocó a la puerta de la residencia oficial de Los Pinos en demanda de justicia. Iba acompañada por Bertha Alicia García, mamá de Brenda Berenice Castillo García, una chava con un hijo de meses que desapareció el 6 de enero de 2009 en la ciudad de Chihuahua cuando salió a buscar trabajo; nadie ha vuelto a verla desde entonces, pero su desaparición no causó el ruido ni el revuelo que ha provocado el secuestro y la presunta liberación de Fernández de Cevallos. Por esos días, Calderón desarrollaba una
agenda privada(¿estaría preparando sus fiestas del Bicentenario o armando el futuro político de su hermana en Michoacán, o bien planeando ofensivas contra los electricistas, o revisando sus negocios inmobiliarios particulares en la colonia Las Águilas?) y las dos madres dolientes fueron recibidas por el asistente del secretario particular de un funcionario de medio pelo. O algo así.
Marisela recibió amenazas de muerte. Lo supieron en las oficinas municipales, estatales y federales, pero ya saben cuán ocupados viven los funcionarios de todos los niveles. A nadie se le ocurrió ponerle escolta, nadie se interesó por la mamá anónima de una muerta anónima, salvo un puñado de ciudadanos también anónimos que le dieron una palmada en la espalda, le regalaron una sonrisa triste o le ofrecieron una lágrima.
Y ya saben lo que pasó después: tras recibir unos abrazos, unas sonrisas y unas lágrimas solidarias, lo siguiente que Marisela recibió fue un balazo en la cabeza.
Los funcionarios citados, más otros, están satisfechos consigo mismos y en paz con sus conciencias respectivas porque cumplen con su deber: velan por la seguridad, se aseguran de la aplicación de las leyes y garantizan que los ciudadanos puedan ejercer sin cortapisas sus derechos y garantías.
Son los costos de la guerra. Ésta será larga y cruenta, pero treinta mil y pico de vidas, más las que se acumulen esta semana, son un precio bajo para recibir una palmada en la espalda por parte de Obama.
Los funcionarios podrán dormir tranquilos. Pero unos cuantos ciudadanos –neuróticos que somos– sabemos que le hemos fallado a Marisela; que debimos clamar, patear la puerta, arrebatar micrófonos en actos oficiales y en fiestas infantiles y gritar:
¡Con una chingada, háganle caso a esta mujer!
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com - http://twitter.com/Navegaciones
Helguera
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MOVILIZACION POR LA LIBERACION DE MIGUEL
MARQUEZ RIOS PRESO POLITICO DEL SME EN
PUEBLA.
Cientos de sindicalistas del SME, organizaciones solidarias y poblanos acompañaron a nuestro compañero Miguel Márquez en la comparecencia que se realizó en Ciudad Judicial, coincidiendo en exigir la libertad de todos los presos políticos del sindicato.
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OAXACA, México, "Acaba un capítulo negro en la historia de Oaxaca. Un capítulo que nunca más debe repetirse", aseguró animado el diputado de este estado sureño de México, Flavio Sosa, cabeza visible del movimiento social que en 2006 lo paralizó y fue brutalmente reprimido.
"En Oaxaca debe haber reconciliación, sobre la base de la justicia. Se tendrá que castigar a quienes desaparecieron (personas), asesinaron y torturaron. Y sobre esas bases, habrá que construir un andamiaje jurídico para el estado, que incluya una reforma integral a la constitución", reflexionó Sosa a IPS.
Este 1 de diciembre toma posesión como gobernador Gabino Cué, quien encabezó una alianza opositora que terminó con ocho décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado, uno de los tres más pobres del país y el de mayor presencia indígena.
Esa misma alianza permitió a los partidos opositores obtener 28 de las 42 bancas del regional Congreso Local, una de ellas para Sosa, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), preso durante ocho meses en una cárcel federal de máxima seguridad y otros ocho en una prisión del estado, tras las protestas de 2006.
La APPO, conformada por unas 300 organizaciones, y sindicatos de magisterio protagonizaron seis meses de movilizaciones en demanda de la renuncia del gobernador saliente, Ulises Ruiz, por alegada corrupción generalizada. La protesta terminó con una cruenta represión, en que más de 20 manifestantes murieron y cientos fueron heridos.
En las horas previas al cambio de gobierno, Oaxaca, la capital del estado del mismo nombre y toda la región es una olla que bulle. Un cosquilleo de esperanza, incredulidad e incertidumbre recorre a sus habitantes, aunque no todos son optimistas.
"La primera prueba de Gabino Cué será Ulises Ruiz. Su credibilidad depende de que haya sanciones o impunidad para é", dijo a IPS Florentino López, presidente del Frente Popular Revolucionario, que, como la mayoría de organizaciones de la APPO, apoyó al nuevo gobernador.
La tensión no ha faltado en el proceso hacia el cambio de este miércoles 1. Manifestaciones, alertas, desplazados y el asesinato de importantes dirigentes campesinos hace unas semanas abonan rumores a la incertidumbre que impera entre los oaxaqueños.
El 22 de octubre fue asesinado Catarino Torres en sus oficinas del Comité por la Defensa Ciudadana. Era un importante líder regional que simpatizó con causas no armadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de la APPO. También estuvo recluido en una prisión federal tras las protestas de cuatro años atrás.
Un día después fue asesinado Heriberto Pazos, histórico líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult) fundador del Partido Unidad Popular, el único indigenista en el país.
El Mult es una organización con 30 años de presencia en la región, simpatizante del EZLN y que durante años ha estado confrontada con la paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, por el control de esa zona de San Juan Copala.
Pazos ya había sufrido un atentado en 2003, cuando luchaba por formar el partido indígena. Es el séptimo dirigente social importante asesinado o desaparecido durante la administración de Ruiz.
Entre ellos, destaca la muerte de Timoteo Alejandro Ramírez, líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente y promotor de la autonomía del municipio de San Juan Copala, decidida en 2007. Los triquis mantienen desde los años 70 diferentes formas de batalla por sus derechos como pueblo.
"La investigacion que se tiene que hacer de los autores materiales e intelectuales de esos asesinatos va a marcar la pauta del gobierno de Cué", dijo desde Ciudad de México Francisco Cerezo, del no gubernamental Comité Cerezo, que ha documentado más de 1.300 casos de personas detenidas por motivos políticos entre 2002 y 2008.
"En Oaxaca se está dando el fenómeno que hubo en el país cuando llegó Vicente Fox. La gente le cree al nuevo gobierno más por la esperanza de un cambio que por la razón, porque en realidad están llegando los viejos políticos reciclados", dijo Cerezo.
Fox conquistó la Presidencia de México en el año 2000, cuando el derechista Partido Acción Nacional rompió siete décadas de hegemonía del PRI, en un proceso que se consolidó con el triunfo de su correligionario Felipe Calderón en 2006.
Oaxaca concentra la cuarta parte de los 2.438 municipios de México. Más de 70 por ciento de sus 570 municipios se rigen por el sistema de usos y costumbres, una forma de gobierno basada en antecedentes históricos de vida comunitaria ancestral. Otros 152 lo hacen por el sistema de partidos.
La mitad de los 3,5 millones de oaxaqueños pertenecen a alguno de los 16 pueblos originarios asentados en el estado.
Otra de las grandes incógnitas sobre el nuevo gobierno es el conflicto en la región triqui, donde una comunidad que se declaró autónoma en 2007 fue sitiada más de un año por grupos armados ilegales, ante la mirada complaciente de las autoridades regionales y federales.
El acoso ha causado decenas de muertos y desplazados desde entonces. Incluso una caravana humanitaria internacional fue emboscada en abril, cuando intentaba llegar a la localidad.
La duda surge porque Cué fue parte del equipo del ex gobernador Diódoro Carrasco (1992-1998), a quien se atribuye la paramilitarización en la zona y el aumento de la violencia contra organizaciones sociales.
Pero estos días los oaxaqueños apuestan a la esperanza. En 2006, las manifestaciones de la APPO terminaron con líderes encarcelados, una veintena de muertos, una masiva represión policial y torturas generalizadas, según denuncias de activistas.
Ulises Ruiz se mantuvo en el cargo, gracias a un acuerdo político con el gobierno federal, pero cuatro años después los votantes cobraron su actuación en las urnas.
"Para las organizaciones sociales y políticas que participamos en la APPO hay un antes y un después de 2006, ya no es el mismo pueblo", aseguró López. Desde su nuevo cargo como diputado, Sosa coincide: "Hay una sociedad civil activa, participativa, en una nueva relación con el gobierno, y los cambios tienen que verse de inmediato".
