EL CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO ESTATAL
EDITORIAL DE LA JORNADA DE ORIENTE
Este miércoles el consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velásquez Cruz, ofreció una rueda de prensa para intentar justificar, desde el punto de vista político, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ampliar la investigación acerca del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Sobre la intervención de este funcionario público se puede afirmar que, aparte de los errores que ha cometido el mandatario Mario Marín Torres para enfrentar el llamado Lydiagate, la actuación de Ricardo Velásquez parece ser lo que más ha afectado al gobierno del estado en dicho asunto.
Una prueba de ello es que el consejero jurídico la semana pasada, sin ningún fundamento, festinó que la SCJN exoneraría a Mario Marín, lo cual no ocurrió. Todo indica que esa actitud obedeció a una fallida estrategia que buscaba presionar a los ministros de la Corte para que dieran por terminado el asunto de la detención indebida de Lydia Cacho y se determinara que no se violaron las garantías individuales de la periodista.
Por si fuera poco, ayer el consejero adoptó una actitud de confrontación hacia la SCJN, y en especial hacia el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, que por donde se le vea no parece en nada contribuir a que el mandatario poblano obtenga un fallo favorable del máximo tribunal del país.
Pese a que el panorama parece complicarse para el gobernador de Puebla, todavía está a tiempo de rectificar y evitar que Ricardo Velásquez siga generando complicaciones en detrimento del gobierno estatal.
Consejero de Marín reprocha que Gudiño Pelayo quiera guiar las investigaciones
Martín Hernández Alcántara
Ricardo Velásquez Cruz, consejero jurídico de
Mario Marín, exhibió
un discurso contradictorio: dijo que la
decisión del máximo
tribunal de ahondar las pesquisas beneficia
al mandatario, y luego la cuestionó,
manifestando que los
ministros “ni siquiera saben” qué más van a indagar,
pese a que los integrantes de la Corte dejaron
claro que la hipótesis principal que guiará en
adelante la investigación es saber si el titular del
Ejecutivo poblano ordenó violentar los derechos
de Lydia Cacho / Foto: Rafael García Otero
El consejero jurídico del gobierno estatal, Ricardo Velásquez Cruz, reprochó al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo que pretenda orientar las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la presunta concertación del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y de otros funcionarios del servicio público estatal para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Asimismo, el funcionario lamentó la “indecisión” que ha tenido el máximo tribunal del país para resolver el caso, y aseveró que esa conducta dubitante ha mermado a la institución.
En una conferencia de prensa que brindó ayer, el principal artífice de la defensa legal del gobernador Mario Marín Torres intentó tergiversar el sentido de la ampliación de las investigaciones sobre las transgresiones a los derechos de la autora de Los demonios del Edén. El poder que protege la pornografía infantil.
De entrada, cuestionó que la Corte hubiera designado a los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, dándoles plena libertad para realizar las indagatorias, para que a la hora de la verdad los resultados de dichas indagatorias fueran rechazados. También expresó su desacuerdo en que el ministro instructor de la extensión de las investigaciones, José de Jesús Gudiño Pelayo, pretenda orientar las hipótesis de búsqueda.
“Les voy a expresar una respuesta que me duele mucho, porque es el máximo órgano de justicia, y el hecho que se vea este tipo de indecisiones, como que la debilita un poco; sin embargo, yo sé que van a recomponer el camino; que lo que voten ellos seremos respetuosos, pero realmente si el ministro Gudiño Pelayo dijo que se iba a investigar, y luego dijo que no estaba conforme con lo que se investigó, pues yo creo que es un problema serio ahí. ¡Imagínense ustedes que hubieran cambiado a los magistrados!... ¿los magistrados serían culpables de no haber cumplido las expectativas de los ministros, máxime cuando tenían toda la libertad para investigar?; entonces, ¿ahora quiere decir que van a investigar lo que un ministro diga?, bueno, que lo investiguen”, declaró.
De hecho, Velásquez exhibió un discurso contradictorio, pues por un lado dijo que la decisión del máximo tribunal de ahondar las pesquisas beneficia al mandatario, y luego cuestionó la decisión, manifestando que los ministros “ni siquiera saben” qué más van a indagar, pese a que en la sesión del pasado martes los integrantes de la Corte dejaron claro que la hipótesis principal que guiará en adelante la investigación es saber si el titular del Ejecutivo poblano ordenó violentar los derechos de la informadora.
Además, mintió al asegurar que en los resultados de la investigación presentados por los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín no se concluye que hubo transgresiones a los derechos fundamentales de la autora. No obstante, ambos aseveraron en el texto que sometieron a consideración del pleno que las anomalías detectadas en el proceso contra Cacho sólo pudieron consumarse con la participación concertada de funcionarios de los aparatos de procuración y administración de justicia del estado de Puebla, “existiendo, en consecuencia, la violación de las garantías individuales de la periodista, en específico la establecida en el artículo 17 de la Constitución, consistentes en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia para impartirla en los términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial; así se rinde el informe para que la SCJN sea quien determine si hubo o no violaciones graves a las garantías individuales”.
Pese a los insistentes cuestionamientos de los reporteros, Velásquez Cruz se negó rotundamente a admitir que la nueva acción a emprender por la Corte implica un revés para Marín, y hasta arguyó que si los ministros tuvieran la convicción de que el gobernador es culpable, ya hubieran procedido en su contra desde hace meses, pero que no se han encontrado elementos en su contra, pese al escudriñamiento al que ha sido sometida su vida pública y privada.
Velásquez Cruz hizo una disertación sobre la complejidad del caso, recordando que solamente tres veces en la historia la SCJN ha ejercido sus facultades de investigación: en las dos anteriores –las matanzas de Aguas Blancas y León– las votaciones sobre dictámenes fueron unánimes, dijo, pero en esta ocasión se ha impuesto el criterio de la mayoría a través del sufragio. Eso puede dar una idea, abundó, de hasta qué punto el terreno que se está pisando en estos momentos es nuevo para todos; “no hay doctrina que pueda servir de referente”.
A pregunta expresa, aseguró que la aceptación que hizo Kamel Nacif Borge de la veracidad de las conversaciones que tuvo con el pederasta Jean Succar Kuri, el diputado federal priista Emilio Gamboa Patrón y el gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán no incidirán en las pesquisas que la SCJN realiza a Mario Marín.
Reiteró su opinión de que la Corte no debe considerar para nada las grabaciones de los diálogos del empresario libanés, por ser de naturaleza ilícita.
Sobre la eventual procedencia de un juicio político contra Mario Marín Torres en la perspectiva de que el tribunal supremo determine que sí tuvo responsabilidad en las vejaciones a Lydia Cacho Ribeiro, Ricardo Velásquez Cruz contestó que esa posibilidad “es muy remota”, porque la soberanía y representatividad de la sociedad poblana se encuentra depositada en el Congreso local y habría que ver si los integrantes de ese órgano están dispuestos a actuar contra el llamado góber precioso.
CUITLATLÁN
Velásquez, un lastre del gobiernoFermín Alejandro García
El consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velásquez Cruz, salió ayer a hablar con la prensa para intentar crear una imagen de que al mandatario Mario Marín Torres no le afecta negativamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ampliar la investigación del Lydiagate. Lo único que se pudo constatar con las declaraciones de este servidor público es que se ha convertido en un lastre que está hundiendo al gobernador.
Tan sólo una expresión que usó este miércoles lo exhibe en su falta de capacidad. Cuando habló con los reporteros de la fuente de gobierno dijo que en la nueva etapa de la investigación que emprendió la SCJN el Poder Ejecutivo estatal aportará las pruebas suficientes para demostrar que actuó correctamente en el caso de Lydia Cacho.
Este tecleador consultó a un experto en el tema, quien señaló que la SCJN va a realizar una investigación de hecho, de algo que ya pasó; no es un juicio como para que las partes involucradas aporten pruebas y alegatos; por tanto, no tiene sentido lo dicho por Velásquez.
Luego resulta un contrasentido que mientras el gobernador aseguró que “...la ampliación de la investigación –de la SCJN– es bienvenida, pues llegar a la verdad nos conviene a todos”, sale Velásquez a cuestionar la “indecisión” de la Corte porque no se atrevió a resolver ya el Lydiagate, y particularmente fustiga al nuevo ministro instructor del caso, a José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien veladamente acusa de querer orientar las indagatorias.
Y lo más triste de su actuación es que Velásquez la semana pasada sin ningún reparo afirmó que Mario Marín Torres esta semana sería exonerado por la SCJN, y en realidad sucedió todo lo contrario.
¿Qué creía este funcionario?, que con esas expresiones se iba a presionar a la Corte para que su fallo no fuera favorable a la periodista Lydia Cacho? Es un absurdo pensar así, pero parece que la soberbia que caracteriza al consejero jurídico del gobierno del estado no le permite ver la realidad.
Con lo que pasó el martes de esta semana no quedó la menor duda: los ministros de la SCJN se van a ir al fondo del Lydiagate, y eso puede incluir la cabeza del gobernador Mario Marín Torres.
Para los conocedores de este tema hay varias lecturas de lo ocurrido, pero una que destaca es que la decisión de la Corte sería una muestra de que el gobierno federal, y principalmente el grupo político del próximo jefe del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón, se estarían deslindando del mandatario poblano, y tal vez hasta habría el interés de empujar su posible remoción, o por lo menos que sufra graves consecuencias por la detención indebida de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Aunque es importante aclarar –dicen quienes conocen los entretelones de dicho asunto– que el Lydiagate estaría siendo utilizado por el círculo cercano de Felipe Calderón Hinojosa para intentar golpear a un importante grupo de priistas, entre ellos Emilio Gamboa Patrón, como parte de una estrategia para obligar al PRI a aprobar las reformas legislativas que en su momento proponga el gobierno de Calderón.
Y como parte de esa estrategia uno de los principales damnificados, obviamente, es Mario Marín.
Me explico: se especula que no fue fortuito que el mismo día que la SCJN decide prorrogar la investigación del caso de Lydia Cacho aparece publicado un desplegado en la prensa nacional que es firmado por el empresario Kamel Nacif Borge, en el cual reconoce que es su voz la que se escucha en las grabaciones que en febrero de este año provocaron la peor parte del escándalo del Lydiagate, y las que hace dos semanas involucraron a Emilio Gamboa Patrón; es decir, el empresario textil de tajo echó abajó la estrategia que durante meses siguió el gobierno del estado de Puebla de señalar que la voz que se escucha en la grabación de Marín y Nacif sí es la del mandatario poblano, pero que estaría “truqueada”.
Se dice que tal vez miembros cercanos al grupo de Felipe Calderón habrían ofrecido a Nacif un acuerdo de protección consistente en que aporte elementos para acabar de enlodar a priistas importantes.
Ese acuerdo de protección consistiría en que Kamel Nacif deje de defender legalmente al pederasta Jean Succar Kuri –quien, al parecer, no tiene posibilidades de salir de prisión–, y a cambio se evitaría que este empresario resulte involucrado en posibles delitos relacionados con abusos a menores de edad.
¿Por qué Nacif tendría que aceptar un trato así? La clave podría estar en lo que informó Lydia Cacho de que el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) ya está investigando a Kamel Nacif y a Jean Succar Kuri por tráfico y abuso sexual de menores de edad.
Y como parte de todo este entramado, algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrían captado la inquietud de círculos panistas de que no se diera carpetazo al Lydiagate.
Tal vez todo lo anterior sólo sea resultado de medias verdades o se aleje de lo que realmente está pasando. El tiempo determinará si esto que se ha narrado es una versión convincente.
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