Acosta Naranjo: "no quiere acabar diciendo que Calderón rebasó topes de campaña"

PRD: trata el IFE de ocultar gastos de la guerra sucia contra AMLO

ALMA E. MUÑOZ

El PRD acusó al Instituto Federal Electoral (IFE) de querer ocultar los gastos de la campaña presidencial panista, en especial las erogaciones relacionadas con la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos.

"No puede ser -planteó en una reunión interna el secretario general del partido del sol azteca, Guadalupe Acosta Naranjo- que los reportes del IFE nos digan que toda la campaña sucia del PAN costó 34 millones de pesos, cuando nosotros pagamos alrededor de 150 millones para responderla, y tardamos casi un mes en hacerlo, y de manera modesta".

Retó al órgano electoral a hacer público el egreso que en materia de anuncios propagandísticos realizaron todos los partidos políticos y a no dar una idea equivocada en este rubro. "Nosotros reportamos 465 mil promocionales como parte de la coalición Por el Bien de Todos y nos contabilizaron sólo 165 mil", puntualizó.

El PRD analiza el reporte de fiscalización del IFE para presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los 15 millones de pesos que se le impusieron como multa por presuntas irregularidades en sus gastos de campaña. "Así que inferimos que, en el caso del PAN, el número de los promocionales que transmitió, al igual que el PRI, rebasa los 500 mil", añadió.

Acosta Naranjo también se refirió a la imputación que el instituto electoral hizo ayer al partido respecto a que no sustentó gastos por 122 millones de pesos en anuncios de radio y televisión.

"Claro que tenemos todo sustentado; si no fuera así, por qué razón nos ponen una multa solamente por 15 millones de pesos. Están lanzando acusaciones sin sustento, y lo demostraremos a toda la opinión pública al entregar nuestros reportes", sostuvo.

Informó que a la brevedad el partido entregará discos compactos con la información de cada uno de los anuncios que difundió durante la campaña electoral de la hoy extinta coalición Por el Bien de Todos. Esto incluirá facturas, horarios, estaciones y canales de televisión por los cuales se transmitieron, y hasta los contratos correspondientes.

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD se mostró seguro de que los consejeros electorales "esconden" el gasto total que otros partidos ejercieron, y lo referente a la guerra sucia contra López Obrador.

"Creemos que hay tres razones de fondo para no hablar al respecto: o nos quieren ocultar esta parte, o el IFE no quiere terminar diciendo que Felipe Calderón sobrepasó de manera abrumadora el tope de campaña, o que las televisoras le regalaron o le dieron precios más bajos al PAN", advirtió.

Los consejeros electorales, argumentó, actúan para "ocultar que el PAN, en el caso de la candidatura a la Presidencia de la República, rebasó, y con mucho, los topes de campaña, además de que tuvo un trato preferencial en los medios", insistió.

"Nos dijeron durante el proceso electoral que esto ocurría porque ese partido estaba contratando mucho más y que nosotros estábamos contratando menos. Pero aquí funcionó al revés la ley de la oferta y la demanda: ahora resulta que el PAN reportó que gastó menos en televisión que la coalición Por el Bien de Todos y les cobraron más barato.

"En nuestro caso -subrayó-, transparentaremos todos nuestros reportes para demostrar que hay inconsistencias, tal como ocurrió con el monitoreo de la empresa de opinión Ibope. Primero nos dijeron que no habíamos reportado los gastos de 103 mil anuncios evaluados, y después nos descontaron más de 40 mil, porque admitieron que el reporte tenía fallas", como promocionales duplicados, "promocionales transmitidos en la hora 25 y una serie más de errores técnicos.

"Podemos demostrar -aseguró- que el Ibope solamente monitoreó -en 20 ciudades seleccionadas- 33 por ciento del conjunto de espots que se transmitieron. En total, 757 mil, y de ésos, 165 mil fueron nuestros; del PAN 249 mil y del PRI 304 mil".

Alguien, subrayó, "está mintiendo. Fue un monitoreo incompleto, una vil muestra, y si este monitoreo realmente es serio y científico, quiere decir que el PAN tiene, por lo menos, aproximadamente 240 mil anuncios más que nosotros. Nuestros análisis reflejan que el número real de promocionales transmitidos no fue de 757 mil, como se argumenta, sino que es cercano a los 2 millones, así que retamos a los otros dos grandes partidos y al IFE a transparentar toda esta información".

Acosta Naranjo resaltó que el gasto total de la coalición Por el Bien de Todos en la pasada campaña presidencial -según la información del IFE- fue de mil 88 millones de pesos; mientras el PAN reportó mil 82 y el PRI mil 129.

"De ese total, nosotros reportamos que gastamos en televisión 443 millones de pesos; el PAN, 347 millones, y el PRI 487. En gastos de operación (como representantes de casillas, promoción del voto y más) el sol azteca erogó 342 millones, el tricolor 63 y el blanquiazul 223.

por Milenio Diario

PAN nacional trabajará para ganar la gubernatura

Especial

En una entrevista publicada por Milenio Diario, el líder nacional del PAN revela que el plan es trabajar en conjunto entre los gobiernos panistas con ese partido para ganar las alcaldías, y posteriormente las gubernaturas. Entre esas posibilidades, dijo, está Puebla.

Puebla es una de las seis entidades del país donde el panismo nacional se centrará para ganar las gubernaturas con el apoyo de Felipe Calderón, desde la Presidencia de la República, y los gobiernos emanados de ese partido, reveló el líder nacional blanquiazul, Manuel Espino Barrientos, en una entrevista concedida a Milenio Diario. En ésta asegura que Juan Camilo Mouriño se quiere apoderar del PAN.

Además, dijo que la Presidencia de la República, trabajarán en conjunto con Acción Nacional para que Puebla y otras 11 ciudades del país las conquiste el partido albiazul en los comicios de este año.

Esta medida la asumirán tras la derrota de Yucatán: “Es un tema del que el blanquiazul parece haber aprendido la lección. Después de la derrota en Yucatán, el PAN se plantea intensificar su trabajo en 20 de las principales ciudades del país, que tienen entre tres y cuatro distritos federales cada una, con el fin de conseguir la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión en las elecciones intermedias de 2009”.

La intención, dijo Espino Barrientos, es conquistar tres o cuatro gubernaturas antes de culminar el sexenio.

“Las ciudades en las que se aplicará la fuerza blanquiazul son Tijuana, Mexicali, Gómez Palacio, Durango, Ciudad Juárez, Xalapa, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Zamora, Zacatecas, Oaxaca y Culiacán, entre otras. Ganar allí le permitirá aspirar a la conquista de tres o cuatro gubernaturas antes de terminar el sexenio. Los estados con posibilidades son —opina— Sonora, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Puebla y Quintana Roo. “El objetivo es acompañar a Calderón con la mayoría absoluta en el Congreso”, expresa el dirigente, quien ubica allí el meollo de las diferencias de su partido con el Ejecutivo.
Finalmente, Espino Barrientos indicó que para lograr esa meta se da apoyo total a la Presidencia de la República: “Sabemos que hay que apoyar al presidente y los gobiernos panistas, y si no coincidimos, lo vamos a plantear”.

Dada la importancia de la información, reproducimos la nota completa publicada ayer en Milenio Diario y firmada por Alberto Nájar.

“Mouriño quiere apoderarse del PAN: Espino

Manuel Espino, líder del PAN, niega la confrontación con el Presidente de la República ‛en el sentido estricto de la palabra’. Existe ‛diversidad de opiniones’, matiza. Pero advierte: en el primer círculo de Los Pinos hay personas que sí están en esa lógica y le apuestan al control total del PAN.

Acciones campechanas, define, que tienen nombre y apellido: Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien —según Espino— alienta la percepción de que el PAN y Felipe Calderón están distanciados. También lo culpa de la versión sobre el supuesto conflicto con Vicente Fox.

Por primera vez desde la campaña presidencial, el líder del blanquiazul habla abiertamente de sus diferencias con el equipo del jefe del Ejecutivo federal que, dice, va con todo por el control del partido.

En charla con Milenio da cuenta de una comida en la que Mouriño reveló la estrategia. Según Espino, el panista campechano dijo ahí: ‛Vamos por el consejo nacional y luego haremos un recuento para ver cuántos consejeros tenemos; los que no sean nuestros, vamos a ir por ellos, tenemos con qué. Hay puestos en el gobierno’.

Fue claro, agregó el líder de AN: ‛También vamos por la presidencia del partido’.

La primera señal ocurrió el sábado pasado cuando, por falta de quórum, se canceló la sesión del consejo en la que se votaría una propuesta de reforma de estatutos, maniobra que se preparó en la oficina de Mouriño.

El consejo panista elegirá al próximo dirigente, y ganarlo es clave. En esa tarea, el campechano no actúa solo. ‛Me preocupa que desde la Presidencia se quiera controlar todo. Me cuesta trabajo aceptar que el Presidente no lo consienta por lo menos’.

—¿Se lo dijo a Calderón? —Se pregunta al dirigente nacional del PAN.
—Hablé con él y le dije que había personas haciendo esas cosas, y me pidió que hablara con César Nava (el secretario particular de Calderón).
—¿Y?
—No puedo asegurar que el Presidente esté en esa intención de ir por todo, (Calderón) a mí no me ha dicho que deje el partido, esa información la recibí de otros.
‛

El PAN no puede convertirse en un apéndice del gobierno, pues el siguiente paso sería la imposición de gobernadores y candidatos al gusto del Presidente. Algo que va contra la naturaleza panista, en la que no levantan la mano al Ejecutivo.

‛Me preocupa que desde el gobierno manden a alguien para ser presidente del partido —agrega— ahora que en el PAN se compran y coaccionan votos’.

Si funciona la estrategia de Mouriño, el PAN tendría un presidente que reciba línea desde Los Pinos. Algo que, dice Espino, ya opera en el gobierno federal.

‛Me preocupa que ni siquiera los secretarios de Estado decidan el nombramiento de delegados, y que todo pase por el tamiz de Juan Camilo. Ese es el ámbito del gobierno y lo respaldamos’, asegura, pero no significa que esté de acuerdo. ‛No quiero esa entrega total’ del partido.

Travesuras campechanas

El presidente del PAN relata otra ‛discusión campechana’, las diferencias del ex presidente Fox con Calderón. Y afirma: ‛ha habido un cilindrero que le da vueltas’ al tema.

Según Espino no hay choque del guanajuatense con el Presidente, quien incluso avala la posibilidad de que el primero encabece a la Internacional Demócrata de Centro, que lo alejaría de México algún tiempo.

Fox y Calderón conversaron sobre el tema, revela Espino, y también hubo acuerdo para que el ex presidente asistiera a la inauguración de la nueva sede de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) en enero pasado.

Pero entonces, afirma, hubo críticas en los medios sobre el renovado activismo de Fox, un escándalo ‛al más puro estilo campechano’. La travesura fue concebida ‛no en la cabeza presidencial, sino un poco más abajo’, en la oficina de Mouriño.

El colmo fue una llamada que recibió el ex presidente, cuenta Espino, en la que se le expresó el malestar de Los Pinos por el acto. ‛Le dijeron: 'ni te aparezcas por allí, no estamos de acuerdo en eso’.

Fox, ‛a quien acusan de imprudente’, canceló su asistencia a la ODCA para evitar que creciera el ruido político.

‛La jugó bien el PRI en Yucatán’
La plática con Espino inició con una pregunta: ¿Por qué entregó Yucatán?

Respondió serio: ‛Entregamos la plaza porque la perdimos. No ganamos’.

De hecho, los comicios empezaron a perderse 12 días antes cuando se difundió la versión de un presunto acuerdo de Los Pinos con la dirigencia del PRI para entregar la gubernatura yucateca a cambio de apoyo tricolor a las reformas estructurales.

‛Hubo desánimo del candidato, nos pegó incluso en Baja California’, cuenta Espino. ‛Empezaron a decir que iba a pasar lo mismo en ese estado. La jugó bien el PRI’.

A pesar del descalabro, el candidato Xavier Abreu llegó a la contienda con ventaja de entre dos y tres puntos, según los sondeos del blanquiazul. Y así lo dijo Espino.

Por la noche cambió todo cuando, en cadena nacional, Consulta Mitofski anunció la ventaja de cuatro puntos de la priista Ivonne Ortega, algo que sorprendió a los panistas, pues media hora antes esa encuestadora ponía arriba a Abreu por un punto.

Se quedaron quietos, porque Espino recibió un mensaje en su celular de un encuestador de confianza. El texto sólo decía: ‛Tiene razón Mitofski’.

‛Ese era nuestro referente’, cuenta. ‛No hubo nada que hacer. No nos interesaba el desorden electoral’. Al día siguiente el panista habló con Calderón para comentarle la estrategia que seguiría el partido, que incluía la defensa del triunfo en Mérida. También le recomendó hablar con la candidata ganadora y la lideresa del PRI, Beatriz Paredes.

No hubo, pues, elección de Estado. ‛No es el estilo del partido’, jura.

Por lo pronto, el análisis de la derrota apenas inicia, pero entre las pistas localizadas se encuentra la deficiente coordinación del PAN con el gobierno. El sistema que se utilizó en Yucatán no fue el óptimo, reconoce, y entre los errores incluye las giras de trabajo del Presidente de la República. ‛No es conveniente que vaya a hacer campaña a los estados’, subraya.

Es un tema del que el blanquiazul parece haber aprendido la lección. Después de la derrota en Yucatán, el PAN se plantea intensificar su trabajo en veinte de las principales ciudades del país, que tienen entre tres y cuatro distritos federales cada una, con el fin de conseguir la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión en las elecciones intermedias de 2009.

Las ciudades en las que se aplicará la fuerza blanquiazul son Tijuana, Mexicali, Gómez Palacio, Durango, Ciudad Juárez, Xalapa, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Zamora, Zacatecas, Oaxaca y Culiacán, entre otras.

Ganar allí le permitirá aspirar a la conquista de tres o cuatro gubernaturas antes de terminar el sexenio. Los estados con posibilidades son —opina Espino— Sonora, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Puebla y Quintana Roo. ‛El objetivo es acompañar a Calderón con la mayoría absoluta en el Congreso’, dice el dirigente, quien ubica allí el meollo de las diferencias de su partido con el Ejecutivo.

‛Sabemos que hay que apoyar al Presidente y los gobiernos panistas, y si no coincidimos, lo vamos a plantear’.

Y eso, recuerda Manuel Espino, no es pleito.

CUITLATLAN

El Lydiagate se prepara como arma electoral

Fermín Alejandro García

Se estima que la resolución sobre la segunda investigación del Lydiagate que lleva acabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría emitirse entre agosto y septiembre próximos. De ser así, se puede suponer que la SCJN se sometió al juego de los tiempos políticos, ya que son las fechas en que prácticamente arrancan las campañas de proselitismo de partidos y candidatos con rumbo a las elecciones locales de noviembre. De esa manera el dictamen final se acabaría convirtiendo en un mensaje que dañaría la imagen –más de lo que ya está– del gobierno del estado y del PRI.

Obviamente quien saldría beneficiado de ese manejo de tiempos es el PAN, partido que seguramente utilizará el fallo de la SCJN como parte de su propaganda electoral para golpear al PRI y buscar que este partido tenga un mal inicio en sus campañas.

El PAN ya ha dado suficientes muestras de que no busca que se haga justicia en el asunto del Lydiagate, sino únicamente lo utiliza para lucrar electoralmente. El año pasado los panistas primero dijeron que se iban a ir a fondo para que fuera resuelto en la Cámara de Diputados, luego lo congelaron y lo usaron para presionar al gobierno del estado y evitar que se involucrar en las elecciones federales de 2006. Ahora se busca seguirlo empleando como arma en contra del PRI.

Algunos litigantes que conocen la lógica con que se mueve la SCJN han señalado que luego de que el gobernador Mario Marín Torres ha declarado en un par de ocasiones ante magistrados del Poder Judicial federal, y que se ha indagado el Lydiagate por varios meses, ya debería estar listo el resolutivo. No había una razón para que se alargara tanto.

La idea que priva en diferentes ámbitos de litigantes, políticos priistas y de funcionarios gubernamentales, es que muy probablemente la resolución venga en este sentido:

En el fallo o recomendación que emita la SCJN se exoneraría al gobernador Mario Marín Torres, pero probablemente se pida o sugiera el castigo de los agentes de la Policía Judicial que detuvieron en Cancún a Lydia Cacho; a la juez Rosa Celia Pérez González, que fue quien giró la orden de aprehensión contra la periodista; y obviamente contra la titular de la Procuraduría General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez.

Pues se determinaría que si se violaron las garantías constitucionales de Lydia Cacho.

Eso es lo que se especula. Aunque el panorama es incierto. Por ejemplo, el año pasado muchos conocedores del ámbito jurídico le apostaban a que los ministros de la SCJN se iban a declarar incompetentes para investigar este asunto, y acabó ocurriendo todo lo contrario.

Ante la posibilidad de ese escenario, operadores del gobierno y del PRI se han dado a la tarea de difundir un par de peritajes de la conversación entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador Mario Marín Torres, que dio pie al inicio del escándalo del Lydiagate; y sobre un estudio acerca de la personalidad de la periodista Lydia Cacho.

Pareciera que la intención es crear desde ahora una contraofensiva para reducir el impacto que pudiera tener el fallo de la SCJN.

Sin embargo, el contenido de los peritajes no son contundentes para cambiar la percepción que mucha gente tiene sobre los actores políticos involucrados en el Lydiagate.

El peritaje sobre las grabaciones dice que están editadas, pero no señala cómo se cambió el sentido de la conversación entre Kamel Nacif y Mario Marín. Además, la SCJN no está basando su investigación en las pláticas telefónicas entre el empresario textilero y el mandatario poblano, sino en los procedimientos jurídicos que se utilizaron en contra de Cacho.

La grabación nunca se ha tomado como prueba. Solamente se le consideró como algo que se debía tener en cuenta ya que a partir del contenido de las conversaciones se podía encontrar pistas para continuar con la investigación.

Mientras que el peritaje sobre la personalidad de Lydia Cacho resultó un fiasco, pues la PGR, que fue la institución que lo elaboró, es la misma que lo desechó.

Y obviamente la PGR actúa en la lógica del PAN, no de un gobierno priista como el de Marín. Así ocurrió cuando se uso a la procuraduría para perseguir políticamente a López Obrador en 2005, como parte del intento que hubo de Los Pinos de que no fuera candidato presidencial.

Hasta ahora se percibe que las estrategias seguidas por el gobierno para contrarrestar los efectos negativos del Lydiagate han sido ineficaces. Y eso parece ser resultado de la también ineficaz labor del asesor jurídico del gobierno, Ricardo Velázquez.

Lo de TV Azteca lo vi anoche, le metieron lo de Buendia

Los ataques de las televisoras contra nosotros, una advertencia a la SCJN: Bartlett y Corral

Martín Hernández Alcántara

Piezas fundamentales en la derogación de la llamada Ley Televisa, los ex senadores de la República, Javier Corral Jurado y Manuel Bartlett Díaz, han sido en los últimos días sujetos de una campaña feroz por parte de la empresa dirigida por Emilio Azcárraga Jean y por TV Azteca, el consorcio de Ricardo Salinas Pliego.

Manuel Bartlett señaló que la ley Televisa fue posible porque TV Azteca “tenían a sus empleados en las comisiones de las Cámaras en las que se analizó su proyecto a modo de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión / Foto: Rafael García / Archivo de La Jornada de Oriente

En casi media hora, ambos desnudaron nuevamente ayer los pormenores de la abrupta aprobación a las reformas propuestas por ambas compañías a la Ley Federal de Radio y Televisión, durante una entrevista que les hizo Fernando Canales en la edición matutina de Ultra Sistema de Noticias (USN).

Bartlett y Corral dijeron que los ataques que les profiere el monopolio no los amedrentan, pero que la campaña trasciende a sus personas, pues tiene la intención de enviarle un mensaje a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en estos momentos analizan las enmiendas.

Bartlett inició diciendo que la ley Televisa fue posible porque TV Azteca “tenían a sus empleados en las comisiones de las Cámaras en las que se analizó su proyecto a modo de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Emilio Gamboa y Enrique Jackson, entre ellos. La ley Televisa no es sólo contraria a la Constitución, sino completamente inmoral”.

Añadió que fue público cómo estas televisoras se cebaron en todo aquel que se opusiera a sus propósitos.

“Emilio Gamboa, célebre hoy ya, nos platicaba que deberíamos tener cuidado porque las televisoras estaban atentas a los movimientos que estaban haciendo los senadores y eran capaces de destruir cualquier aspiración de cualquier persona. Eso nos lo decían en los pasillos. ¡A mí me lo dijeron!”, expresó cuando Canales le preguntó al ex gobernador de Puebla si había recibido algún tipo de presión

–¿O sea que ustedes están para representar a Televisa y no al pueblo al que se deben? –preguntó irónico Canales.

–Absolutamente –señaló Bartlett–. Enrique Jackson y el coordinador de la fracción del PAN impusieron esta ley abiertamente. Lo dijimos entonces, se dijo siempre, pero ahora ya no existe la menor duda de que fue una imposición. Salinas Pliego se esconde detrás de sus empleados para insultar a quien se ha atrevido, a quien ha osado decir que la ley es inconstitucional. Él, Salinas Pliego, y los otros nunca pensaron lo que pasó. Suponían que con sus votos cautivos lograrían sacar su ley sin problemas, nunca imaginaron que nosotros lograríamos tener el 33 por ciento suficiente para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Es un peligro que sólo dos familias ostenten el poder mediático casi absoluto en el país. En nuestro caso es la diatriba, el insulto, la descalificación contra nosotros, pero en el caso de la economía es igual. En materia cultural es la destrucción del país cuando dos televisoras como estas se apoderan de la mente nacional y los hechos están demostrando qué clase de gentuza son”, remató Bartlett.

Por su parte, Javier Corral Jurado expresó:

“La televisión nos ha levantado el veto luego de muchos años de no aparecer en la pantalla, pues ya existimos. Esto es una muestra muy clara de las consecuencias nefatas que acarrea que haya tanto poder mediático concentrado en tan pocas manos. En cualquier país del mundo democrático esta concentración abusiva representa un delito. Hay quien puede considerar que es derecho de estos dos monopolios querer expandir su poder, lo que yo no considero legítimo es que lo hagan a través de mentiras, que lo hagan descontextualizando nuestras declaraciones, distorsionando los contenidos de la ley y censurando incluso a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como fue el caso de la ponencia del ministro Sergio Salvador Aguirre.

“El momento político electoral hizo que el partido (Acción Nacional), a través de sus bancadas, concurriera a sacar adelante la ley. La ley se revisó y había el compromiso de hacerle revisiones. Nosotros habíamos acordado en el grupo parlamentario más de 13 modificaciones al proyecto acordado con el partido; también habíamos acordado reformas en materia tanto de subasta como de concesiones, como correcciones al artículo 28; cuando de repente vino la petición del partido de que había que votar la ley porque el momento políticoelectoral así lo exigía, y porque las televisoras ya nos estaban enseñando los dientes, ya había mensajes intimidatorios. Finalmente, porque prevaleció el miedo a salir de la pantalla de televisión, porque fueron los chantajes tradicionales del poder de la televisión. Y esto fue lo que a final de cuentas hizo que el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado aprobara en su mayoría la ley; pero al igual que en el PRI hubo senadores en el PAN que decidimos no votar la ley y sí votar en conciencia contra la ley”, dijo el ex senador panista.

Y añadió: “Está muy acreditado que a los diferentes candidatos de los partidos se les presionó o para que avalaran o para que desatoraran la ley. Es clarísimo que fue Roberto Madrazo el origen de la negociación de esa legislación con Televisa, luego fueron y le dijeron al PAN que había que blindar a la televisión, que había que darle seguridad jurídica porque venía López Obrador y venía el caos, y luego fueron con el PRD y le dijeron que había que detener las concesiones que quería dar Martita Sahagún, de 327 estaciones de radio, y entonces fueron a sembrar distintos planteamientos a los partidos”.

“A Madrazo no lo tenían que amenazar con los otros, simplemente con él mismo, y lo que yo digo es que se impuso una rentabilidad mediáticoelectoral. Yo no dudo que haya habido otros intereses en términos de relación con los medios. Tampoco puedo afirmar que hubo billete de por medio como tú dices Fernando, pero digo simplemente que antes de que se impusiera la lógica políticoelectoral, estuvieron los operadores que siempre han estado en Televisa: ahí están dos de ellos en la Cofetel, los primeros beneficiarios de la ley Televisa fueron los senadores, que anduvieron negociando la ley; Héctor Osuna, Ernesto Gil Elorduy y, bueno, pues estuvo, Emilio Gamboa operando la ley; Enrique Jackson, Diego Fernández de Cevallos y estos la venían operando desde hace mucho. Primero la operaron para parar el proyecto nuestro, este proyecto que ahora quiere ser exaltado por TV Azteca diciendo que nosotros habíamos propuesto muchas cosas de estas; lo que no dicen es que las proponíamos de manera distinta, y que ellos mismos fueron a frenar al Senado”, denunció.

“El propio Jorge Mendoza, hoy flamante senador de TV Azteca, fue a insultar al Senado de la República y fue a tratar de intimidarnos. Ahí están los video; ahí están las grabaciones del canal del Congreso, donde este vicepresidente ejecutivo de TV Azteca es el que va a rebatir las intenciones de que queríamos crear un órgano verdaderamente autónomo”, agregó Corral.

“Sí –abundó–, la lógica electoral fue una, pero también ha influido el cuerpo de operadores que las televisoras han incorporado al Congreso, porque ahora ya están directamente ellos; ahí está Jorge Mendoza y otros concesionarios de la televisión, Javier Orozco de Televisa en el Senado. Ahora fueron ellos directamente a mover las cosas, no porque sus operadores no resulten, sino porque es evidente que quieren tener el control completo de las comisiones legislativas correspondientes”.

“Lo importante de todo esto, más allá de esta campaña de mentiras, de difamación y calumnias de Televisa y TV Azteca, esta campaña de intimidación incluso contra la Corte y hacia nosotros no es sólo contra nosotros, porque quien crea que los ataque son sólo en contra de Bartlett y contra mí, puede equivocarse, no es así. A través de nosotros quieren hacer llegar un mensaje a los críticos de la reforma y, por supuesto, a los mismos ministros de la Corte, para que vean lo que pasa a aquéllos que se oponen a sus intereses”.

–¿Entonces, lo que están haciendo con ustedes es en realidad un mensaje para los ministros? Las televisoras, en especial TV Azteca, les están diciendo a los ministros: “Lo que les pasa a estos dos les puede pasar a ustedes”, ¿qué opina don Manuel? –cuestionó Fernando Canales.

–Claro –contestó Bartlett– porque están viendo que en la Corte los argumentos que presentamos están teniendo resultados y hay ya un proyecto que está sugiriendo, declarar ya inconstitucional varios de los artículos de la llamada Ley Televisa, la furia, la desesperación es que está prosperando la acción de inconstitucionalidad y están yendo con esta perversidad en lugar de ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hemos estado haciendo en la defensa legítima de intereses.

“Pero, finalmente, Fernando, lo que están haciendo es confirmar lo que hemos advertido. En mi caso, sacando cosas de hace 20 años con mentiras y calumnias; es tan burda que me encuentro con gente en la calle que me dice que está indignada porque es evidente que lo que están tratando de hacer es todo tipo de posibilidad de quitarles un centavo a la fortuna de este personaje, porque cuando hablamos de TV Azteca no hay que dejar que el velo cubra a quien está detrás de todos esto: Ricardo Salinas Plego, quien tiene una historia que, cuando tengamos tiempo, Javier y yo vamos a analizarla, ahorita mismo estamos participando en el más alto tribunal de este país, en un juicio que ha sido histórico, donde ha habido declaraciones importantísimas –ayer el discurso del ministro Aguirre Anguiano, tocando precisamente el tema de las presiones, que las desecha todas en un discurso estupendo–; están indignados porque los hemos llevado a juicio”, remató el ex senador priista.

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Desplegado contra la campaña que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión mexicana

Defienden en México decisión de Hugo Chávez

De la redacción

Cerca de 100 políticos e intelectuales y unas 44 organizaciones sindicales y civiles de México se manifestaron en un desplegado contra la campaña que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión mexicana (CIRT) está haciendo en favor de Radio Caracas Televisión (RCTV), presentando como una "expropiación", la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de la emisora con el fin de convertirla en un canal público.

La decisión del gobierno venezolano, dicen, es mal vista por quienes están acostumbrados a aprovecharse de los bienes públicos como si fueran patrimonio propio.

Los firmantes señalan que la decisión de no renovar la concesión pública a una televisora es un acto legal, al que un gobierno tiene derecho para convertir las emisoras en organismos al servicio de la ciudadanía.

El documento agrega que la campaña injerencista de empresarios de radio y televisión mexicanos forma parte de una estrategia de la ultraderecha, que recientemente se ha caracterizado por actitudes en contra del proceso emancipador venezolano y de apoyo al gobierno estadunidense de George W. Bush.

Entre las personalidades firmantes figuran Pablo González Casanova, Samuel Ruiz, Gustavo Iruegas, Miguel Concha Malo, Magdalena Gómez, Héctor Díaz-Polanco y Claudia Gómez Haro.

Ayer T. V. Azteca se puso fatal, en un intento por manipular a la opinon publica

Opositores preparan movilizaciones de envergadura para el fin de semana

"Improcedente," el amparo solicitado por RCTV a la justicia venezolana

STELLA CALLONI

Un simpatizante del presidente venezolano, Hugo Chávez, en una marcha contra la renovación concesionaria al canal RCTV Foto: Reuters

Caracas, 23 de mayo. El presidente Hugo Chávez recibió hoy un fuerte respaldo de la justicia ante la resolución de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró como "improcedente" el amparo solicitado por la televisora privada Radio Caracas Televisión (RCTV), a la que el próximo domingo se le vence la concesión del uso del espectro radioeléctrico que no será renovada por el gobierno.

La magistrada Evelyn Marrero Ortiz, quien expuso la sentencia, sostiene que no se viola el derecho a la libertad de expresión porque RCTV puede transmitir por otros espacios, como el cable. Aunque la emisora privada señaló que hay algunas "contradicciones" y que hay una aceptación del recurso interpuesto, y que eso significa que "el caso seguirá siendo analizado por el Tribunal Supremo".

En un clima de evidente tensión, con serias amenazas opositoras, que intentan imitar a las acciones que precedieron el golpe frustrado del 11 de abril de 2002 y advertencias gubernamentales ante cualquier intento de desestabilización, esta medida reforzó otras decisiones judiciales anteriores, después que el gobierno presentó pormenorizados informes y documentos donde se enumeran los artículos ajustados a derecho nacional e internacional, que respaldan su decisión.

En este contexto, cientos de estudiantes marcharon este día por el centro de Caracas, con su característica vestimenta en rojo, en respaldo a la decisión del gobierno venezolano de Chávez de no renovar la licencia de transmisión del canal privado, que de hecho ha comenzado a despedir varios de sus programas. Convocados por el Comando Táctico Universitario y la Federación Bolivariana de Estudiantes, los manifestantes también abogaron por la democratización del espacio radioeléctrico con la salida al aire de la nueva Televisora Venezolana Social (TVes).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -que cumplió un significativo papel en el golpe de 2002 contra Chávez- consideró como "una barbarie contra la libertad de prensa, que no pertenece a los tiempos modernos", lo que llama el "cierre" de RCTV. Es evidente el respaldo a la oposición que habla de un "cierre que viola la libertad de expresión". Pero la SIP nunca hizo referencia a la acción golpista de estos medios en 2002 y a lo largo de los paros patronales y petroleros de ese año hasta principios de 2003.

Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP, anunció en Managua que una delegación de ese organismo viajará a Caracas el sábado y domingo próximos, lo que para algunos analistas es el indicio de que la oposición prepara acciones desestabilizadoras de cierta envergadura durante dos anunciadas marchas para esos días, incluido un cacerolazo el domingo 27.

El peligro de que se intente violentar la situación está latente y en las últimas horas los anuncios de alerta del ministro del Interior, Pedro Carreño, sobre el hallazgo de un arsenal después de la detención el pasado 17 de mayo de Fernando Alfonso Mardiel, indicarían que algunos grupos pretenden utilizar este caso para cometer hechos violentos.

En allanamientos que permitieron la detención de cinco paramilitares -utilizados por terratenientes y la oposición más dura contra las medidas del gobierno- se encontraron rifles, pistolas, bombas de gas cañones de escopeta, chalecos antibalas y contenedores con diverso material y municiones. Carreño advirtió que todas las marchas pacíficas han sido y serán toleradas, pero que no se permitirá las acciones violentas que impulsan algunos dirigentes opositores.

Las advertencias surgieron también desde el Ministerio de Defensa, señalando que están preparados para cualquier intento de reproducir un escenario similar al golpe de 2002. A su vez, los ministros del Poder Popular para las Telecomunicaciones, Jesse Chacón, y de Comunicación e Información, William Lara, dijeron que la decisión anunciada por la justicia ratifica que lo actuado por el gobierno está ajustado a derecho.

El espacio de RCTV será ocupado por la TVes, que cumplirá una función cultural, informativa, educativa "en bien de la nación" y será dirigida por la reconocida periodista, Lil Rodríguez, quien fue juramentada la víspera por el presidente Chávez, en un acto en que se reivindicó el papel de la mujer en este proceso.

Chacón, dijo estos días a La Jornada, que el concepto de la televisión "de servicio público" está originada en Europa y ratificó que la no renovación de la concesión a RCTV está enmarcada "dentro de una resolución del 27 de mayo de 1987, que le dio 20 años de vigencia a las concesiones que hasta ese momento estaban operando en el país". Precisamente esos 20 años se cumplen este domingo a las 12 de la noche.

De acuerdo con Chacón, al finalizar este año la televisora social TVes se podrá ver en 60 por ciento del territorio nacional, y ya el próximo año estará en todo el país. En tanto, el ministro Lara invitó a todos los simpatizantes a participar en una "gran fiesta popular" el próximo 28 de mayo, cuando comenzará el nuevo canal y recalcó que en el país se gobierna con la Constitución, como se ve en esta decisión del presidente Chávez .

Aseveró que ninguna medida tomada fuera del país podrá revertir las decisiones de la justicia nacional, ante una diversidad de intentos de llevar el tema al sistema interamericano de justicia, o en aparente alusión al Europarlamento y el Senado estadunidense que se proponen emitir resoluciones de condena.

Se destacó también que esta situación legal -de no renovar concesiones- fue aplicada "decenas de veces en Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina desde 1969, sin haber provocado una campaña internacional".

Soldados estadunidenses abatidos, pos ni modo que no

Encuentran el cadáver de un soldado estadunidense; podría ser uno de los 3 secuestrados

Sufre EU nueve bajas en Irak las últimas 24 horas; van 85 este mes

Urgen más de 40 mdd para atender la precaria situación de los niños iraquíes, dice la Unicef

Demócratas retiran su exigencia de un repliegue del ejército para liberar fondos para la guerra

AFP, REUTERS, THE INDEPENDENT

Funeral de un estudiante asesinado a tiros en Ciudad Sadr, noreste de Bagdad Foto: Ap

Bagdad, 23 de mayo. El ejército de Estados Unidos reconoció que en las últimas 24 horas sufrió nueve bajas, con lo que sus efectivos muertos en Irak durante este mes sumaron 85, mientras la policía iraquí anunció que encontró el cadáver de un soldado estadunidense en el río Eufrates, al sur de Bagdad, que podría ser el de uno de los soldados capturados hace 11 días en esa región.

Los soldados estadunidenses abatidos en las últimas horas en Irak, perdieron la vida en Bagdad y en la provincia de Al Anbar, lo que elevó la cifra de efectivos muertos en mayo a 85 y a 3 mil 433 desde la invasión el 20 de marzo de 2003.

La policía iraquí anunció el hallazgo del cadáver de un soldado estadunidense en el Eufrates, al sur de Bagdad, que podría ser el de uno de los soldados capturados hace 11 días en esa región, pero no fue confirmado por Estados Unidos.

"Hemos encontrado el cuerpo de un hombre vestido con un uniforme militar estadunidense y con un tatuaje en el brazo derecho", declaró el capitán Muthanna Hassan, de la policía de la ciudad de Musayeb, al sur de Bagdad.

El tatuaje es de inspiración occidental, según la policía, que estima que el cadáver pasó al menos dos días en el agua. "Fue alcanzado por varias balas, una de ellas en la nuca", como un tiro de gracia, su rostro estaba desfigurado por los disparos y el cuerpo fue entregado al ejército invasor que no confirmó si se trata de uno de los tres militares secuestrados el 12 de mayo tras una emboscada contra su patrulla al oeste de Mahmudiya, sur de Bagdad.

El Estado Islámico en Irak, una organización vinculada a Al Qaeda, se adjudicó el secuestro de los militares estadunidenses.

Al menos 41 personas fallecieron hoy en diferentes actos de violencia, 20 de ellas en un atentado suicida en la provincia de Diyala habitada por kurdos chiítas.

Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afirmó que necesita 42 millones de dólares para ayudar a los niños iraquíes en ese país o a los refugiados en Jordania o en Siria, según un comunicado publicado este miércoles.

"Las condiciones de vida de los niños iraquíes afectados por la violencia y los desplazamientos han llegado a un nivel crítico. La organización necesita 42 millones de dólares para llevar en los seis próximos meses la ayuda necesaria los niños en Irak, así como a los que huyeron con sus familias a Jordania y Siria", explicó la organización internacional.

Las condiciones sanitarias en Irak se han degradado desde la invasión de 2003. El sistema de abastecimiento de agua y el sanitario, que ya estaban en mal estado, resultó gravemente dañado.

El Unicef, que recibió 20 millones de dólares de los 80 millones que busca conseguir para sus proyectos en Irak este año, estimó que cubrir las necesidades urgentes de los niños iraquíes en los próximos seis meses costaría 42 millones de dólares.

El presidente estadunidense George W. Bush dio este miércoles pruebas adicionales según las cuales Osama Bin Laden quiere transformar a Irak en un "santuario" desde donde atacar a Estados Unidos, en un nuevo esfuerzo por justificar su compromiso con una guerra cada vez más cuestionada.

Bush también se refirió a la "responsabilidad" del gobierno del primer ministro iraquí, Nuri Maliki, de producir resultados.

Bush realizó declaraciones durante un acto con guardacostas en New London en Connecticut, en las que dijo que el líder de Al Qaeda encargó en enero de 2005 al ex jefe de esa red en Irak, Abu Musab Zarqawi, muerto en un ataque aéreo estadunidense en junio de 2006, preparar en suelo iraquí nuevos ataques en el exterior.

Por su parte, el aspirante demócrata a la Casa Blanca John Edwards propuso una retirada total en un año de las tropas de Estados Unidos desplegadas en Irak y reconciliar a la superpotencia con el resto del mundo tras "los peores abusos y enormes errores" de la era Bush.

El ex senador por Carolina del Norte lanzó un duro ataque contra Bush y su "doctrina política" de la "guerra contra el terrorismo", calificándola como "un eslogan diseñado exclusivamente para la política, no una estrategia para hacer que Estados Unidos sea más seguro".

La senadora por Nueva York, Hillary Rodham Clinton, pre candidata demócrata para las elecciones presidenciales, solicitó al Pentágono preparar los planes para el retiro de las fuerzas de seguridad de 147 mil soldados desplegados en Irak.

En una carta al secretario de Defensa, Robert Gates, Clinton señaló que "el Congreso debe estar preparado para retirar las tropas sin peligros inútiles".

De su lado, la senadora por Nueva York hizo estas declaraciones un día después que los líderes de la mayoría demócrata en el Congreso decidieran eliminar su exigencia de un cronograma de retiro de tropas del proyecto de financiamiento para la guerra en Irak.

En una sesión realizada en el Congreso para debatir la asignación de fondos para las guerras en Irak y Afganistán, la oposición terminó por dejar de lado sus intentos de condicionar los fondos para lograr el regreso de los soldados.

Los legisladores demócratas precisaron que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enviará a Bush, una nueva iniciativa de ley en la que desaparecen las exigencias de un calendario.

El vocero de la Casa Blanca, Tony Snow, explicó que el nuevo proyecto de ley aportará "los fondos y la flexibilidad que necesitan las tropas. Eso es lo que hemos querido todo este tiempo".

Los demócratas, quienes negaron que la decisión sea una derrota, aseguraron que la aprobación de esos objetivos obligará a Bush a presentar una serie exhaustiva de informes sobre su cumplimiento antes de agosto próximo.

Demoran informe sobre utilidades obtenidas en 2005

Denuncian maniobras de la SHCP en beneficio de la VW

CAROLINA GOMEZ MENA

A ocho días de que venza el plazo para el pago de utilidades, trabajadores de Volkswagen realizaron un plantón a las afueras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para demandar que dicha dependencia dé celeridad al desahogo de la impugnación para conocer los resultados fiscales reportados por la empresa en 2005, y exigir que se atienda la nueva objeción presentada ayer, pero sobre el ejercicio fiscal 2006 de la armadora automotriz.

Al respecto, José Luis Rodríguez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen, precisó que desde hace tres años la empresa aduce que ha tenido "pérdidas" y que es por ello que el monto de las utilidades ha descendido al menor nivel que se les puede proporcionar.

Desglosó que hasta antes de 2005 los trabajadores de la Volkswagen recibían en promedio utilidades equivalentes a 100 días de trabajo, pero ahora sólo les proporciona lo estipulado en su cláusula de garantía del contrato colectivo de trabajo, y que corresponde a 32 días.

El líder sindical deploró que "con las modificaciones legales realizadas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, ahora sea mucho más engorroso para los trabajadores saber la situación financiera de una empresa", y por ello comentó que se requiere que el Congreso de la Unión revise el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), aspecto que está regulado en el artículo 123 constitucional fracción IX.

"Actualmente existen muchos candados para que los trabajadores obtengan esa información, cada día es más difícil saber a ciencia cierta en qué condiciones financieras está una empresa con el objetivo de corroborar que el reparto de estos recursos es fiel a la realidad".

De acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos, la PTU es una "retribución adicional y extraordinaria que tienen derecho los trabajadores a percibir de manera proporcional en las utilidades de las empresas por cada ejercicio. Este es un reconocimiento a los trabajadores, pues aportan su trabajo al proceso de las ganancias que perciben los empresarios"
Luego de señalar que ayer por la mañana en la oficina regional de la SHCP de Puebla presentaron la segunda impugnación, el dirigente refirió que el argumento que la citada dependencia federal esgrime para no haber dado trámite a la impugnación del año pasado, es que con el cambio de administración federal "no se le siguió proceso a nuestra queja y nos piden esperar un año más para tener el resultado, cuando lo que marca la ley son tres meses como máximo para acuso de recibo y en total nueve meses para resolver".

El mejor "Guerra entre mafias · Helguera"

Se imaginan a Espino de presidente de la Republica

Espino miente, dice el PAN de Yucatán

Los asesores llegaron contratados por el panismo local, aseguran

Yazmín Rodríguez, Ricardo Gómez y Sergio Jiménez
El Universal
Jueves 24 de mayo de 2007

La dirigencia del PAN en Yucatán desestimó afirmaciones de su líder nacional, Manuel Espino, acerca del envío de operadores políticos de Los Pinos a los comicios estatales.

El secretario general panista en la entidad, Jorge Gamboa Wong, expresó: Miente Espino. Si vinieron operadores de Los Pinos sólo los vio él.

Rosa Ceballos Madera, presidenta del comité municipal del PAN en Mérida, afirmó por su parte que los señalados como "operadores" de Juan Camilo Mouriño (jefe de la Oficina de la Presidencia de la República) "vinieron contratados por el PAN en la entidad para asesorar al candidato panista Xavier Abreu y no fueron pagados por Los Pinos".

Fuentes cercanas al aspirante a la gubernatura confirmaron que Abreu se reunió en diversas ocasiones con personas cercanas a Mouriño o que trabajaron bajo sus órdenes en la campaña presidencial de Felipe Calderón, pero no necesariamente laboran en Los Pinos.

Entre ellos se encuentran el asesor en imagen Antonio Solá y Jorge Manzanera -considerados los más cercanos a Mouriño-, así como Alberto Castillo, Héctor Muñoz y Hugo Alfredo Sánchez Camargo, este último es yucateco y actual coordinador de giras presidenciales.

El martes Espino reclamó públicamente a Mouriño su presunta injerencia en el proceso yucateco y le pidió respetar al partido en los comicios.

Un día antes, en Los Pinos, Espino se reunió con Mouriño para decirle: "Nos metiste el pie en Yucatán", según una versión del círculo cercano al dirigente panista.

De acuerdo con fuentes estatales, Solá -ex coordinador de imagen en la campaña presidencial de Felipe Calderón- logró convencer, por instrucciones de Mouriño, al aspirante derrotado para que cambiara su campaña de propuestas por una estrategia "negativa", lo que, señalan, le restó popularidad y simpatía.

En este contexto, Espino acudió ayer a la Secretaría de Gobernación para dialogar con su titular, Francisco Javier Ramírez Acuña.

La denuncia del dirigente será analizada el lunes durante la reunión de la Comisión Política, uno de los órganos internos del PAN con mayor poder de discusión.

El coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, identificado con Espino, exigió autonomía entre el partido y el gobierno federal. Dijo que la denuncia de Espino "por algo será".

"Quizá hubo personas que influyeron en la toma de decisiones de la campaña, que no intervinieron haciendo campaña, que no hubo una intervención ilegítima, pero que sí intervinieron en lo que no les compete, que es el partido; creo que tiene que haber autonomía entre el partido y el gobierno", precisó.

Nolos va a meter, silos mete no puede estar él en las calles

El Congreso pide retirar tropas de labor policiaca

Plantea fortalecer los cuerpos de seguridad pública

Arturo Zárate
El Universal
Jueves 24 de mayo de 2007

La Comisión Permanente exhortó al presidente Felipe Calderón Hinojosa a "evitar el despliegue del Ejército mexicano en tareas civiles de seguridad pública".

Con los votos de las bancadas del PRI y del PRD, diputados y senadores aprobaron un punto de acuerdo en el que piden al mandatario "instrumentar estrategias de fortalecimiento de las policías de investigación, prevención y protección".

Legisladores del PAN y PRD protagonizaron el debate sobre si debe o no el Ejército hacer labores policiacas.

Aunque los priístas se mantuvieron al margen de la discusión, a la hora de votar lo hicieron en el mismo sentido que los perredistas.

El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado perredista Jesús Humberto Zazueta.

La organización Amnistía Internacional (AI) expresó que hay una preocupación real por la intervención de militares en el combate al crimen organizado, en voz de Liliana Velázquez, presidenta de AI en México, al presentar el informe sobre El estado de los derechos humanos en el mundo.

En Washington, Antonio María Costa, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el crimen, avaló los esfuerzos antidrogas del gobierno mexicano, sobre todo por las medidas radicales que ha adoptado el presidente Calderón.

QUe bien, premian en vida a "heroes"

Premian con 3 mdp a policías por incursión en Atenco y siderúrgica

Corrieron riesgo en los operativos, considera la SSP; también informó que tres integrantes de la PFP de los 783 que intervinieron en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo del 2006, fueron suspendidos durante 50 días

María de la Luz González
El Universal
Jueves 24 de mayo de 2007

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal otorgó estímulos económicos por más de 3 millones de pesos en total a los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que participaron en los operativos de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán, y en San Salvador Atenco.

La dependencia premió así tanto el riesgo que considera corrieron los agentes federales, como los resultados de ambas intervenciones policiales, aunque éstas le generaron dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por uso excesivo de la fuerza pública y de las armas.

En un reporte entregado por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la SSP también informó que tres integrantes de la PFP de los 783 que intervinieron en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo del 2006, fueron suspendidos durante 50 días.

La sanción fue impuesta por la Comisión de Honor y Justicia de la PFP, por presuntas violaciones al reglamento interno de la corporación que no fueron detalladas. Los agentes ya cumplieron su sanción y se reintegraron a sus labores en la dependencia.

Sobre los estímulos otorgados a los agentes federales, la dependencia informó que se entregaron tres millones 982 mil 291 pesos a mil 46 policías que participaron en los operativos de Sicartsa y Atenco, sin detallar el monto que recibió cada uno.

La SSP informó que los estímulos se otorgaron con base en el análisis que realiza en el Comité de Estímulos, el órgano colegiado constituido para evaluar las acciones sobresalientes y demás actos meritorios que realicen los integrantes de la corporación.

Los criterios a evaluar son el riesgo en el que se vieron involucrados los agentes durante el desempeño de sus funciones y los resultados obtenidos en los operativos.

La sección tercera del Estado Mayor de la PFP precisó que los grados del personal recompensado van de cabo operativo a inspector general, sin identificarlos por sus nombres.

Por una resolución del IFAI, a solicitud de la propia PFP, los nombres e identidades del personal que intervino en los operativos de Texcoco y Atenco fueron declarados información reservada y así permanecerán por los próximos 10 años para garantizar su integridad.

De acuerdo con un informe interno de la corporación, en esos operativos intervinieron 783 agentes de las Fuerzas Federales de Apoyo: 155 el día 3 de mayo, comandados por el inspector jefe Saúl Enrique Briones Sosa, y 628 el día 4, bajo las órdenes del comisario Gudmaro Rodríguez Leyva.

La incursión policiaca, en la que también participaron integrantes de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y la policía municipal de Texcoco, terminó con la detención de 207 personas, dos civiles muertos y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, incluidas agresiones sexuales a 47 mujeres.

Los operativos de Sicartsa y Atenco se realizaron a principios del año pasado, con unas semanas de diferencia.

Q¿Que paso? el cerote corote con patas pide apoyo de todos no criticas

Rechazan que militares hagan tareas policiacas

Congreso exhorta al Presidente a fortalecer a agentes de investigación; AI expresó que hay una preocupación real por la intervención de militares en el combate al crimen organizado

Arturo Zárate y Liliana Alcántara
El Universal
Jueves 24 de mayo de 2007

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión y Amnistía Internacional (AI) se pronunciaron en contra de que el Ejército realice tareas que le corresponden a los policías en el combate al crimen organizado.

Ayer, con los votos del PRI y PRD, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta al presidente Felipe Calderón, específicamente, "a instrumentar estrategias de fortalecimiento de las policías de investigación, prevención y protección, a fin de evitar el despliegue del Ejército mexicano en tareas civiles de seguridad pública".

En tanto, AI expresó que hay una preocupación real por la intervención de militares en el combate al crimen organizado y que el uso de las fuerzas armadas en ese combate abre la posibilidad de que se cometan graves violaciones a los derechos humanos por su falta de capacitación para realizar tareas policiales.

"Consideramos que las fuerzas armadas no están capacitadas ni están diseñadas para tales funciones (policiales), por lo tanto, se corre el riesgo de que resulte en graves violaciones a los derechos humanos, como ya lo dijo y lo denunció recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos", afirmó Liliana Velázquez, presidenta de AI en México.

El 15 de mayo, la CNDH aseguró que miembros del Ejército han cometido graves violaciones a los derechos humanos en Michoacán durante operaciones contra el narcotráfico.

En el mismo contexto, legisladores del PAN y PRD debatieron sobre si debe o no el Ejército realizar esas tareas. Los priístas no le entraron a la discusión, se mantuvieron en sus lugares. A la hora de votar lo hicieron en el mismo sentido que los perredistas.

El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado perredista Jesús Humberto Zazueta, precisamente del estado de Guerrero, donde el gobernador Zeferino Torreblanca, quien también milita en el mismo partido, solicitó la intervención del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.

Por eso, el senador panista Alejandro Zapata Perogordo habló de que había incongruencia en la posición asumida por la bancada del PRD, aunque también compartió el punto de acuerdo sobre la necesidad de fortalecer a los cuerpos policiales.

Además, Zapata aceptó que las fuerzas armadas únicamente deben de intervenir en casos de excepción, pero que todo este asunto se requiere ver de manera integral y hacer reformas que permitan fortalecer los sistemas policiales del país.

El debate en la sesión de la permanente lo abrió el diputado Raymundo Cárdenas. En tribuna se puso a leer en voz alta EL UNIVERSAL, la nota con el título "Frente multinacional contra narco, migración y maras".

Según el diputado, el texto le daba más elementos para insistir en sacar al Ejército de las tareas policiales, porque de otra manera, con el tiempo, ante los planes del país vecino del norte para crear un perímetro de seguridad, los militares van a ser utilizados hasta para detener a migrantes.

Contrario a los perredistas que aseguraban que no hay una estrategia para combatir a la delincuencia organizada, el diputado panista Cruz Pérez Cuéllar sostuvo que se tiene y que no se detalla porque implicaría alertar a los delincuentes.

En Washington, Antonio María Costa, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el crimen, avaló los esfuerzos antidrogas del gobierno mexicano.

"No hay duda de que los principales protagonistas del crimen organizado que contrabandean droga, especialmente la procedente de Colombia hacia Estados Unidos, son los cárteles mexicanos", afirmó.

Sin embargo, Costa hizo notar que México tenía también "un lado positivo" en el escenario centroamericano con las medidas radicales que han adoptado el presidente Felipe Calderón y su antecesor Vicente Fox.

"Nosotros apoyamos lo que están haciendo (los mexicanos)", dijo.

Indicó que el narcotráfico "no es sólo un problema de narcotraficantes, sino un problema de condiciones" sociales, económicas y políticas, en la cual la corrupción y lavado de dinero jugaban un papel importante.

"Yo creo que el nuevo gobierno mexicano está al tanto de esto, está tomando medidas enérgicas y nosotros lo alentamos a seguir haciéndolo", agregó.

CNDH pide usar "gastritis" contra crimen

CNDH pide usar inteligencia y no balas contra crimen

Demanda hacer respetar la ley para recuperar la tranquilidad social

Justino Miranda
El Universal
Jueves 24 de mayo de 2007

CUERNAVACA, Mor.- El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, exigió al gobierno federal hacer valer el respeto a la ley para recuperar la tranquilidad social, pero lo instó a no ceder a la "vieja idea autoritaria de ser eficaces contra el hampa por encima del área de derecho y la dignidad humana".

El pronunciamiento fue secundado por el gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, quien expresó la necesidad de sumar esfuerzos y coordinar acciones en torno al combate al crimen organizado.

Soberanes expresó su preocupación por la ola de violencia que envuelve al país cuyas pérdidas de vidas humanas, dijo, crean un ambiente de zozobra e impotencia de la sociedad. Con estos hechos aseguró que la paz y la armonía de los mexicanos están en riesgo.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el gobernador morelense suscribieron un convenio de colaboración en materia de derechos humanos, en donde fueron considerados el organismo estatal y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.

Soberanes precisó en su participación que es una obligación del Estado mexicano asumir y garantizar la seguridad en las calles, pero también dotar a las fuerzas policiales de la capacitación y enseñanza necesarias para respetar los derechos humanos.

La batalla contra el crimen organizado no debe ser "una lucha de balas, sino de inteligencia", asentó.

Más adelante convocó a las autoridades a no dejar que el crimen organizado y la delincuencia se conviertan en algo cotidiano y se apoderen de la soberanía nacional.

Para el presidente de la CNDH, la creación de la Policía Federal Preventiva hace 10 años fue con la intención de que se encargara de combatir al narcotráfico, pero eso también lo viene haciendo el Ejército desde hace 40 años. Por este motivo, Soberanes dijo que es necesario realizar un análisis serio para enfrentar al crimen organizado.

En su opinión, la actuación de las corporaciones policiales ha sido ineficiente hasta ahora y es por eso que ha sido necesaria la presencia de los soldados en los operativos que se realizan en varios estados del país.

Soberanes Fernández dijo que si el Ejército pierde la lucha contra el narcotráfico, estaría en riesgo la soberanía del país, por lo que sugirió que el combate al narco no debe ser una lucha de balas, sino de inteligencia.

En este sentido, conminó a las instituciones bancarias y al gobierno mexicano a tener un mayor control sobre los flujos de dólares que manejan los capos del narcotráfico.

Itinerario Político Ricardo Alemán 24 de mayo de 2007

El tiempo de la Corte

Está en juego la preservación del equilibrio institucional, cuya salud depende de la confianza social en las propias instituciones

Nadie sabe el sentido final que tendrá la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la controversia constitucional de la llamada ley Televisa, cuyo proyecto elaborado por el ministro Sergio Aguirre Anguiano comenzará a ser discutido a partir de hoy en el pleno del máximo tribunal.

Pero lo que sí se sabe es que más allá de las presiones externas -que han surgido de todas las partes en disputa por la permanencia o la caída de la llamada ley Televisa-, entre los ministros de la Corte prevalece un sentido de cuerpo, de institución del Estado que, como en pocas ocasiones, en la controversia que desahogan podría hacer valer una auténtica división de poderes. La Corte va, en el fondo del debate, por la consolidación de su papel como poder equilibrador de los otros poderes y, por consecuencia, defensor de los derechos de las minorías.

Los ministros saben -y por eso la advertencia del ponente Sergio Aguirre Anguiano, de que actuarán sin ideologización, sin politización partidista, en apego al interés público y en rechazo a las presiones interesadas- que más allá del interés de las partes, de las supuestas bondades o perversidades de las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, lo que está en juego es la confianza social en las instituciones, en los poderes de la Unión y en la auténtica división de poderes.

Pareciera un acto retórico, pero lo cierto es que la intensidad del debate sobre la llamada ley Televisa -que ha tenido lugar entre los propios ministros-, el sometimiento que frente a poderes fácticos experimentaron los poderes Ejecutivo y Legislativo, y las evidencias de que la citada ley presenta fallas evidentes en su referente constitucional, movieron a una profunda reflexión de los ministros que, al final del camino, concluyeron que el actual "es el momento de la Corte". ¿Por qué? Porque son el último peldaño de la escalera institucional por el que pueden transitar las minorías que reclaman el apego a la Carta Magna.

Y es que en el debate, votación y sentencia del recurso de controversia constitucional contra la citada ley no tiene su parte medular en los intereses de las partes, tampoco en el futuro de las industrias de la radio y la televisión, y menos en la razón que les pueda asistir a los impulsores o los impugnadores de la ley Televisa: lo que está en juego es la preservación del equilibrio institucional, cuya salud depende de la confianza social en las propias instituciones, una confianza y credibilidad que resultó severamente dañada por el conjunto de acontecimientos que gravitaron en el proceso electoral de julio de 2006, y del que sin duda es producto la ley Televisa.

Como todos saben, una importante porción de mexicanos -que por las razones que se quiera creyeron en un partido y un candidato presidencial- se dicen agraviados por el resultado electoral y han puesto en duda la legitimidad del nuevo titular del Ejecutivo, del jefe del gobierno y del Estado. Otro sector de ciudadanos, que puede incluir a porciones del anterior, pero que suma a otros grupos sociales, cuestionó con razones fundadas el sometimiento que frente a los poderes fácticos -como los poderosos industriales de la radio y la televisión- mostraron el Ejecutivo y el Legislativo.

Por eso, una buena porción de ministros de la Corte -de ese reducido grupo de nueve- tiene claro que en estricto apego a la interpretación del postulado constitucional no pueden legitimar las decisiones tomadas por los cuestionados poderes Ejecutivo y el Legislativo -respecto de la ley Televisa-, sin que con esa eventual legitimación contribuyan a poner en riesgo el último reducto de confianza y credibilidad institucional.

Más aún, las presiones que han recibido los propios ministros, la Corte en su conjunto, y las campañas de desprestigio, de persecución grosera contra impugnadores de la ley Televisa que han enderezado las televisoras -en especial la del Ajusco- han contribuido a que los propios ministros, pero sobre todo una importante porción social haya concluido que, en efecto, los poderes fácticos deben ser sometidos a la constitucionalidad y regulados para evitar persecuciones como las que son evidentes. Parece que nadie les dijo a los "mandones" del duopolio televisivo y a las familias que detentan la radio que con sus campañas de persecución sólo confirmaron los temores de quienes impugnaron las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, y le dieron carta de naturalización a la versión popular de que la legislación en cuestión fue producto de un chantaje político.

En efecto, nadie sabe qué ocurrirá cuando los ministros de la Corte emitan su sentencia sobre la controversia constitucional. Pero lo que sí se sabe es que una mayoría comparte los términos del proyecto elaborado por el ministro Aguirre Anguiano, documento base para la discusión que hoy arrancará en el Pleno de la Corte, y que podría ser asumido y votado por mayoría, una mayoría que incluso podría ser calificada. Y es que el de hoy es "el momento de la Corte", para bien o para mal. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx

El enano gasta mas en publicidad que ningun otro

Transparentar la propaganda EDITORIAL DE EL UNIVERSAL 24 de mayo de 2007

Las revelaciones de que, para su primer año de gobierno, el presidente Felipe Calderón ha presupuestado casi 4 mil millones de pesos en promoción y de que el gobierno del ex presidente Vicente Fox trató de ocultar su gasto respectivo en plena campaña electoral mueven a la reflexión sobre los criterios usados para ese fin y a la necesidad de normarlo, subrayando el concepto de rendición de cuentas y transparencia, y alejándolo del de propaganda embozada y/o culto a la personalidad.

En sus primeros seis meses el presidente Calderón duplicó la inversión en comunicación social y publicidad registrada durante el mismo periodo del sexenio anterior. Esto no quiere decir que Fox gastara poco, sino que su estrategia fue distinta: concentró casi 30% del presupuesto público para este rubro en el cierre de su periodo de gobierno.

De agosto de 2005 a mayo de 2006, en plena campaña electoral, sólo para gastos de producción -no tiempos de emisión- Fox declaró erogaciones por 23 millones de pesos, cuando en realidad fueron 40. El fallido intento de engaño quedó exhibido a través de un recurso legal del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Desde luego, el gobierno tiene la obligación de informar a la ciudadanía de lo que hace y de lo que se propone hacer. Ese es uno de los deberes de la transparencia en un régimen democrático.

Las inversiones en campañas informativas de todo tipo, desde las de alfabetización pasando por las de protección civil y hasta las de vacunación, resultan indispensables.

Lo que tendría que ponderarse es cuáles son los conceptos que rigen la tarea de difusión gubernamental, plagada de rubros autorreferenciales como los trabajos de bacheo de caminos, la compra de patrullas de policía, la construcción de banquetas o muchas otras tareas consustanciales a la cotidianidad de la administración pública que no ameritarían ser publicitadas. ¡No les pagamos para que nos presuman! Si están haciendo lo que tienen que hacer ¿para qué publicitarlo?

Peor aún resulta la inversión en propaganda que tiene como propósito la "imagen del funcionario", eufemismo para disimular lo que con crudeza ha de llamarse culto a la personalidad.

Esto no es un vicio reducido a la figura presidencial, sino desparramado en todos los niveles de la jerarquía oficial, hasta en las posiciones más modestas. La construcción y cuidado de la imagen de los funcionarios que no sea producto de su buen desempeño público no debe gravitar sobre el erario.

Una cosa es informar, rendir cuentas usando los modos más eficaces para calar en la opinión pública, y otra encaramarse en ese tren para hacer campañas políticas embozadas y mover el incensario como péndulo para divinizar figuras harto humanas.

Hay una confusión interesada entre deber de informar, mercadotecnia política, publicidad partidista y propaganda personal que debe ser cuidadosamente deslindada. La comunicación es parte de la política moderna, decíamos, pero muchos funcionarios para los cuales no estar en pantalla es no existir olvidan que el que vive por los medios también muere por los medios.

Lecciones de Yucatán Jorge Chabat 24 de mayo de 2007

Cada vez que el PRI gana una elección en algún estado de la República se escuchan los mismos argumentos: "El PRI está vivito y coleando". "este es el laboratorio para las elecciones presidenciales". "esta es la debacle del PAN o del PRD". Sin embargo, estas predicciones nunca se cumplen.

El PRI, en efecto, está vivito y coleando, pero eso no significa que va a ganar la Presidencia de la República, como tampoco una derrota del PAN o del PRD significa la debacle de esos partidos, aunque ciertamente las elecciones mandan mensajes. ¿Cuáles son los mensajes de la elección en Yucatán?

Por principio de cuentas, lo que queda claro es que no se gana sólo con la camiseta. Las épocas en que un futbolista (de las Chivas, por cierto) podía arrojar la camiseta al suelo y decir que los rivales con eso tenían ya pasaron. Lo que está claro es que hay que sudar y trabajar por el voto. Si uno se duerme en sus laureles, se puede perder.

En segundo lugar, lo que queda claro es que las deserciones de candidatos despechados afectan al partido del cual salen los desertores. La salida de Ana Rosa Payán del PAN, después de un complicado proceso de selección del candidato blanquiazul, afectó la imagen y el voto por ese partido. Ciertamente, todos los partidos enfrentan este tipo de problemas, pero algunos los pueden procesar mejor y mantener a los precandidatos perdedores dentro del redil. En este caso, claramente el PAN no pudo hacerlo.

En tercer lugar, lo que también está superclaro es que las lealtades partidistas son efímeras y pragmáticas. La mayoría de la población en un estado puede votar por el candidato de un partido en la elección presidencial y por el candidato de otro partido en la elección estatal. Ello fue evidente en la elección yucateca. A pesar de que Calderón ganó la mayoría de los votos en ese estado en julio del año pasado, y de que la popularidad del Presidente ha aumentado a nivel nacional, el candidato panista a la gubernatura perdió.

En cuarto lugar, lo que también se puede apreciar de la elección en Yucatán es que hay partidos que tienen una gran presencia en algunos estados y que incluso están cerca de ganar la Presidencia, y son, al mismo tiempo, inexistentes en otros estados, como es el caso del PRD.

Por último, también se puede apreciar que las derrotas agudizan los conflictos internos en los partidos, sobre todo en partidos que tenían opción real de ganar como es el caso del PAN. Después de la derrota panista en Yucatán, el presidente del blanquiazul, Manuel Espino, le echó bronca al presidente Calderón al pedirle a Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, que en los próximos comicios no mandara "operadores políticos que no se coordinen con la dirigencia del partido". Evidentemente, Espino trata de compartir los costos de la derrota.

A pesar de que la derrota yucateca le pega también a Felipe Calderón, pues Xavier Abreu era su candidato, lo cierto es que la victoria del PRI entierra el descontento tricolor por la supuesta o real intervención de la Presidencia de la República en la elección yucateca. Ello claramente allana el camino para la negociación de algunas reformas, como la fiscal o la energética. Y en este sentido es obvio que Calderón tiene una ganancia neta: se pueden ganar reformas estructurales aunque se pierda una gubernatura. Claro, no faltará quien hable de una concertacesión, pero la verdad es que una ventaja de varios puntos es difícil de negociar y más difícil de instrumentar.

Asimismo, la derrota panista en Yucatán presenta al presidente Calderón como un demócrata que está dispuesto a reconocer las derrotas, imagen que, por cierto, contrarresta la propaganda perredista de que Calderón ganó la Presidencia mediante un fraude.

El PRI deberá evaluar serenamente su victoria en Yucatán. Es sin duda un buen inicio para la gestión de Beatriz Paredes al frente del tricolor y seguramente habrá otras victorias. Pero suponer que esto marca la recuperación definitiva de ese partido es querer tapar el sol con un dedo. El PRI sigue teniendo redes muy fuertes en varios estados pero no tiene, hoy por hoy, una propuesta a nivel nacional.

En las elecciones estatales y municipales realmente no se necesita tener una ideología ni una propuesta de país. A nivel nacional sí. Por ello no hay que irse con la finta. El PRI tiene que resolver sus serios conflictos internos, de los cuales el reciente libro-entrevista a Roberto Madrazo es sólo la punta del iceberg.

Si ello no ocurre (y no se ve cómo pueda ocurrir) el PRI se va a consolidar como un fuerte competidor a nivel local, pero también como una fuerza incapaz de ocupar un lugar relevante a nivel nacional. Habrá que ver si al PAN no le pasa lo contrario: ganador a nivel nacional y perdedor a nivel local.

jorge.chabat@cide.edu

Analista político e investigador del CIDE

´Spots´ y corrupción Enrique del Val Blanco 24 de mayo de 2007

Todos los comentarios que han aparecido en los diversos periódicos de nuestro país han sido críticos de los partidos políticos por los excesivos gastos realizados durante la pasada campaña electoral. La causa principal, pero no la única, que generó esta crítica es la información dada a la luz pública sobre los más de 280 mil spots que no fueron reportados a la autoridad electoral.

Recordemos que desde la campaña de 2003 para elegir diputados los partidos fueron sancionados por haber realizado gastos más allá de lo autorizado; en la campaña de 2006, de elección presidencial, diputados y senadores continuaron con la misma política. Total, si las multas son menores al gasto efectuado y seguramente tendrán su guardadito para pagarlas, o bien pedirán a la Cámara de Diputados, a través del Instituto Federal Electoral (IFE), más dinero para las campañas políticas, al fin y al cabo es el pueblo quien acaba pagando estos excesos.

El centro de la situación han sido los spots, en demasía y no justificados, pero hay otras cosas, como son los gastos efectuados por diversos organismos privados, principalmente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que financió spots destinados a meter miedo a la población si ganaba el candidato del PRD. También todas las llamadas telefónicas que recibimos los ciudadanos, sin pedirlas, por parte de los diversos partidos, dirigidas a apoyar a sus candidatos y que también representan un costo, lo mismo que los múltiples correos electrónicos. Sumando todo, seguramente durante la pasada campaña electoral todos rebasaron la cifra autorizada por el IFE y acordada con los mismos partidos políticos.

Ha quedado demostrado fehacientemente que la videopolítica es la que rige hoy en México y que los grandes ganadores son la radio y la televisión, quienes sin sufrir mucho reciben cuantiosas cantidades de dinero que, incluso, no quieren reportar. Hasta la fecha la "prestigiada" Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) no ha informado sobre quién contrató y quién pagó los 281 mil spots que se tienen registrados, lo cual demuestra la calidad moral de los miembros de esta cámara.

El IFE ha sancionado a todos los partidos políticos que participaron en la pasada campaña electoral con la ridícula suma de 97 millones de pesos, y supuestamente dará parte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la necesidad de hacer una investigación sobre presuntos delitos fiscales cometidos por los partidos, en connivencia con los medios electrónicos.

La CIRT está violando el convenio que firmó con el IFE el año pasado, mediante el cual les obligaba a informar de toda compra de publicidad que hicieran los diversos partidos políticos. Hasta hoy ninguna de las empresas afiliadas ha dado información completa y, lo que es peor, nadie sabe cómo se puede obligar a estos concesionarios soberbios a hacerlo, dada la debilidad manifiesta del IFE e incluso del gobierno federal.

Estamos frente a un grave problema: el desprecio de los partidos políticos por ajustarse a ley, siendo ellos los primeros obligados a cumplirla. ¿Cómo podemos esperar que en verdad este país pueda ser de primer mundo, con estos escandalosos casos de corrupción, donde todos los partidos políticos están metidos? ¿Con qué cara pueden exigir que se luche contra la corrupción, tanto privada como pública, si ellos mismos están sumidos en ella? No es esta la mejor manera de avanzar en los procesos democráticos, si los que tienen que poner el ejemplo no cumplen.

Por eso es que debe haber una reforma profunda al financiamiento de los partidos y sus campañas políticas, pues hasta ahora es más rentable violar la ley que cumplirla, y esto no puede seguir así. Somos, a pesar de los discursos, un país pobre y, por tanto, las cuantiosas sumas que se entregan para estos efectos deben reducirse sustancialmente. Se debe terminar con la política de poder comprar todo el tiempo de televisión y radio que quieran; deberían ajustarse a utilizar los tiempos públicos y cuando menos obligar a los medios electrónicos a ceder tiempo gratis en los periodos de campaña.

Ninguna de las compañías televisoras y radiofónicas es pobre en utilidades. En aras de una verdadera competencia de ideas, y no de dinero, todos deberían tener las mismas condiciones y recursos, los cuales también deberían estar regulados, y no como ocurre hasta hoy que, tiempo después de transcurridas las campañas, empezamos a enterarnos del cochinero que, en mayor o menor medida, han hecho todos los partidos.

El gobierno y la Suprema Corte de Justicia tienen la gran oportunidad de retomar la soberanía y conducción de los medios de difusión. Recordemos que todos son sujetos de una concesión que otorga el Estado, quien está obligado a tomar las medidas necesarias para contar con las mejores condiciones para la vida democrática del país, y no que sea un mero negocio particular de un grupo reducido que se ha enriquecido gracias a estas concesiones y a los contubernios que pueden generar con los diferentes gobiernos en turno.

Hay muchas propuestas sensatas para terminar con estos hechos lamentables. El IFE en primer lugar y el gobierno en segundo deberían hacer algo definitorio para que en las próximas campañas electorales no volvamos a lamentarnos de lo sucedido. Los mexicanos en su gran mayoría están hartos de leer y ver que sus políticos están metidos en la corrupción y que, además de pagar multas irrisorias, no les pasa nada. Hay responsables en el sector privado y en el público, incluidos los partidos, y deberían pagar las consecuencias; si no, el desinterés y la apatía seguirán creciendo en nuestro país, gracias a estos hechos.

Se está a tiempo. Esperemos que la SHCP haga su trabajo hoy y se castigue a los responsables, para mandar un mensaje claro de que la ética y la honorabilidad deben ser preservadas por todos, empezando por los partidos políticos y sus dirigentes. Lo que se requiere hoy son más acciones contundentes y menos palabras y discursos huecos. Ésta es la principal demanda de muchas personas preocupadas en verdad por el futuro de nuestro país. Ojalá y lo entiendan, antes que sea demasiado tarde y ocurra lo que en Argentina, cuando el pueblo pidió que "se vayan todos".

Analista político y economista

Espino es hijo de Clavillaso, por eso no dijo lo que dijo, lo que dijo

Una bonita nota