OPINIÓN
La Jornada de Oriente



Julio Glockner


E s p e r a n d o a l a C o r t e
Si alguien pensaba que el Frente Cívico había desaparecido, que se había desvanecido en los avatares del proceso electoral, estaba totalmente equivocado. Hay problemas que persisten en la memoria colectiva y que no se pueden hacer a un lado. Los actos que lastiman gravemente la moral pública y el Estado de Derecho pertenecen a este tipo de problemas.
El gobernador confundió la prudencia ciudadana, que está en espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con indiferencia y olvido. El hecho de que estemos reunidos nuevamente en este zócalo es una garantía de que la sociedad no está dispuesta a olvidar los agravios que se le han hecho a la moral pública ni a permitir que los abusos de poder cometidos por altos funcionarios queden impunes.
Debemos sentirnos orgullosos de estar aquí, porque nuestra presencia significa la defensa de la dignidad ciudadana, la defensa de los valores más elementales que tienen que ver con la preservación de la integridad física y moral de la persona.
Esa preservación es un derecho universal, y ha sido gravemente violado en la persona de los niños y niñas que han padecido el abuso sexual por parte de pederastas que los han inducido a formar parte de un abominable turismo sexual con infantes, de un negocio organizado en redes de prostitución infantil. El procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, acaba de declarar hace unos días que Jean Succar Kuri, recién extraditado a México y encarcelado en Chetumal, es uno de los líderes de estas redes.
Ese derecho universal ha sido violentado también en la persona de una mujer, de una periodista, Lydia Cacho, que tuvo el venturoso atrevimiento de recoger en un libro los testimonios de estos niños y poner de este modo al descubierto a un buen número de presuntos responsables, que hoy exigimos sean investigados.
Como suele ocurrir en nuestro país, las consecuencias de estos señalamientos, hechos por las propias víctimas, no condujeron a un investigación sobre los hechos revelados por Lydia Cacho, sino, en la más completa aberración y perversión de la justicia, condujeron a la aprehensión y el encarcelamiento de la propia periodista.
Es aquí donde interviene, todos lo sabemos (y ahora está reconocido oficialmente por la PGR, al declarar auténticas las grabaciones que escandalizaron a todo el país y repercutieron en la prensa internacional) el licenciado Mario Marín, poniendo al servicio de un particular, el señor Kamel Naciff, los órganos del Estado, en particular la Procuraduría General de Justicia de Puebla, que en un operativo cuya filmación ha visto todo el país, envió a sus agentes a la ciudad de Cancún a detener a Lydia Cacho cuando llegaba a sus oficinas en el Centro Integral de Apoyo a la Mujer. ¡Un despliegue policiaco propio para la detención de un peligroso narcotraficante aplicado en la detención de una periodista defensora de los derechos humanos !
Esto es justamente lo inadmisible, y la fuente de donde emana nuestra inconformidad e indignación con el gobernador. éste es el punto clave del reclamo ciudadano hacia su persona. No le estamos cuestionando su triunfo electoral ni las obras públicas que afanosamente ha venido realizando para limpiar su imagen. Esto no tiene nada que ver, aunque es una lástima que la función pública se ejerza con eficiencia sólo bajo condiciones de presión social.
Lo que estamos demandando es que se esclarezca legalmente la responsabilidad del gobernador en estos vergonzosos acontecimientos y que sea sancionado conforme a la ley, porque la única respuesta que hasta ahora ha dado, una y otra vez, ha sido la negación de su responsabilidad en este asunto. Él está en su derecho de hacerlo, pero para eso precisamente están las instituciones: para establecer una verdad jurídica acerca de estos hechos y actuar en consecuencia.
Lo que podríamos llamar el juicio de la sociedad, el juicio de la opinión pública, ya existe, y lo señala como responsable. Pero esto no es suficiente, no acaba de satisfacer a esta sociedad, que siente que las instituciones que ha creado no responden a si interés, ni están asumiendo con seriedad su responsabilidad.
éste no es un movimiento contra Mario Marín por razones políticas partidistas. éste es un movimiento de política ciudadana a favor de la preservación del Estado de Derecho, que es la única forma de garantizar la preservación de la integridad física y moral de las personas que mencioné al principio.
No estamos pidiendo nada extraordinario ni nos sentimos implicados en un problema de odios personales o fobias partidistas. Estamos pidiendo, simple y sencillamente la aplicación de la ley. Estamos pidiendo, simple y sencillamente un acto de justicia. Confiando, todavía, en que tenemos instituciones adecuadas y personas que las conducen capaces de realizar su trabajo con rectitud y honradez.
No obstante nuestra confianza, debemos tener muy en cuenta que en este país, donde la injusticia es el pan de cada día a causa de componendas políticas, o de la simple compraventa de fallos judiciales, debemos tener en cuenta que la decisión de la Corte puede ser adversa a la causa que estamos defendiendo, es decir, puede ser adversa a las víctimas infantiles y a una de sus más valientes y lúcidas defensoras. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a cruzar de brazos ante la impunidad? Dejo esta pregunta flotando en el aire y en nuestras preocupaciones.
Este movimiento, como tal, no tiene ningún interés partidista; el único interés que tenemos es el de dejar bien claro, a cualquier gobernador del partido que sea, que no vamos a permitir más abusos de poder, más corrupción, ni más impunidad en el estado de Puebla.
Esta gran confluencia ciudadana comprende, lo sabemos, a muchísima más gente que no está aquí, de todos los sectores y clases sociales, de todos los partidos políticos y también a los que no tienen preferencia por ningún partido. Con esta gran confluencia ciudadana estamos demostrándonos a nosotros mismos y mostrando al país una gran civilidad y una particular sensibilidad. Una sensibilidad que sabe anteponer la solución de los problemas que nos atañen a todos, a las diferencias que en otros ámbitos nos distinguen. Creo que este logro no es poca cosa, que debemos cultivarlo y ampliarlo en un ambiente de colaboración y respeto mutuo, hasta alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto, que no es otro que la defensa del Estado de Derecho.
Por esta razón demandamos:
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dé a conocer a la sociedad cuál es el sentido de su recomendación, una vez que han examinado el caso.
Exigimos la realización de una investigación sobre el robo de la computadora en la CNDH que contenía importante información sobre el caso Cacho y la presentación de los presuntos responsables.
Demandamos que la fiscalía especial creada en marzo de 2006 con la supuesta misión de investigar la pederastia y la prostitución infantil rinda a la sociedad un informe sobre sus actividades. Queremos saber qué ha hecho la Fiscalía durante estos seis meses en los que se han cobrado sueldos pagados con nuestros impuestos.
Por último, reiteramos la necesidad de que el gobernador Mario Marín se separe de su cargo, para no entorpecer las investigaciones, y que éstas se concluyan hasta las últimas consecuencias que marca la ley.




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