Trama Política

La ilegitimidad y la acción
republicana

La Jornada
Mario Villar Borja
El día 1 de septiembre por primera vez en nuestra historia reciente el presidente de la República no rindió su informe ante el Congreso de la Unión, porque –según él– se faltó al respeto a la institución presidencial, cuando, por el contrario, lo que realizaron los diputados del PRD y del PT fue una acción republicana al exigir en nombre de la sociedad que el presidente cesara la flagrante violación a la Constitución Mexicana, especialmente al artículo 29, donde se establecen las condiciones para que se pueda decretar el estado de sitio que Fox ordenó ilegalmente en un diámetro de cinco kilómetros alrededor de las inmediaciones del Congreso. Cuando las instancias del poder público no se conforman con las normas de su competencia, las que facultan y regulan el ejercicio de sus funciones, entra la ilegitimidad, dejando en suspenso la institución que representan y, en consecuencia, Vicente Fox, al no cumplir con su mandato constitucional, no representaba en esos momentos a la institución presidencial.
En días recientes la insidia panista ha exigido respeto a instituciones mexicanas como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tratando de menoscabar las acciones propuestas por Andrés Manuel López Obrador; los panistas yerran también, pues estas instituciones están representadas por individuos que de forma perversa han entrado en ilegitimidad, por su actuación, y en consecuencia a quienes no se respeta es a aquellos que han denigrado a la institución que representan. Se respeta a la institución, mas no a quienes la representan, y se advierte a la soberanía nacional (el pueblo) sobre la incorrecta aplicación del razonamiento jurídico y de la doctrina de la correcta aplicación judicial del derecho por parte de estos dos organismos.
El IFE actuó de manera fraudulenta en el proceso electoral, erigiéndose como uno más de los elementos que contribuyeron en la elección de Estado de 2006, elección que estuvo marcada por acciones ilegales por parte del Ejecutivo federal, la intervención de personajes extranjeros, la participación ilegal de instituciones supuestamente apolíticas (las cúpulas empresariales, empresas como Jumex, Bimbo, Sabritas–Pepsi y tiendas Coppel, entre otras), además de que realizó un procedimiento totalmente fraudulento en el conteo de votos, así como un manejo criminal de los paquetes electorales, e incluso entregaron el padrón electoral al Partido Acción Nacional por conducto de Hildebrando, la del cuñado de Felipe Calderón. Ahora, para dar borrón y cuenta nueva y eliminar toda la evidencia de su fraude, el IFE pretende quemar las boletas electorales.
Por su parte, el TEPJF ha dictaminado la elección ilegalmente, pues a pesar de que reconocen la existencia de la elección de Estado y otras graves irregularidades en la etapa de campaña, la dan por buena, cayendo también en la ilegitimidad, asestando a la nación un “golpe de Estado” al acreditar a Calderón como presidente electo. Estas dos instituciones “ciertamente” no están representadas por funcionarios legítimos.
La aplicación del derecho que ha hecho el gobierno de Fox a través de estas dos instituciones es parecida a la de Hitler (otro dictador ultraderechista) en Alemania de 1933 a 1943, convirtiendo a la legalidad en un arma envenenada que se lanza a la espalda del contrincante político. El poder se reclama legítimo si reposa en principios, tradiciones y creencias válidas, mas cuando éste se funda en el fraude, la ilegalidad y la ilegitimidad, no es posible su aceptación; Felipe Calderón será un presidente ilegítimo, como anteriormente lo fue Carlos Salinas de Gortari.