Cacho acusa a Marín de obtener de forma “ilícita” su expediente
Martín Hernández Alcántara
Desde que Lydia Cacho Ribeiro interpuso una denuncia penal contra Kamel Nacif Borge y Mario Marín Torres por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y cohecho –entre otros delitos– el 14 de marzo pasado, el gobernador de Puebla pudo haber tenido acceso al expediente radicado en la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, gracias a tratos “ilícitos” con funcionarios intermedios de esa instancia que le dieron facilidades para enterarse de las declaraciones y pruebas aportadas por la informadora.
Lo anterior fue revelado ayer en una entrevista telefónica por la autora de Los demonios del Edén. El poder que protege la pornografía infantil, quien además confirmó que la titular de la Procuraduría General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, se presentó en la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Mujer, acompañada de 10 custodios para exigir que se le tomara su declaración, a pesar de que no había sido citada por la representante social, Alicia Elena Pérez Duarte.
La intención de Blanca Laura Villeda, abundó la defensora de los derechos humanos, era presionar a la agente del Ministerio Público para que le permitiera leer el expediente de las investigaciones iniciadas a raíz de la denuncia. No lo consiguió, pero sí pudo hacer que el comandante de la Policía Judicial poblana que detuvo a Cacho en Cancún, Quintana Roo, quien permaneció en las instalaciones de la Procuraduría General de la República por 14 horas.
A decir de la periodista, el uniformado más que tener interés en rendir su declaración ministerial, estaba comisionado a enterarse del contenido del expediente para informárselo a Laura Villeda, quien a toda costa ha intentado obtener la información.
El asunto de fondo es que en la denuncia fincada en la Fiscalía que encabeza Pérez Duarte, Villeda –quien ha acusado a la agente de ser parcial por su amistad con Lydia Cacho– ni siquiera ha sido llamada a comparecer, por lo que en sentido estricto no tiene argumentos para reclamar que se le tome declaración, abundó la informadora.
Tal vez lo que pretendía la procuradora, añadió, era repetir el logro que tuvo días antes, cuando se presentó ante la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Contra Periodistas, pues ahí sí, bajo presiones, hizo que el representante social José Luis Vasconcelos le tomara su declaración.
Lydia Cacho dijo tener información de que el gobierno de Mario Marín Torres mediante prácticas “ilícitas” obtuvo el expediente de su caso radicado en la fiscalía de Vasconcelos, aunque deslindó al agente del Ministerio Público de cualquier responsabilidad y dijo que el gobernador pudo haber sobornado a funcionarios de nivel medio.
En otro tema, la periodista también se manifestó confiada de salir exonerada del delito de difamación, luego de que el juez que arbitraba la causa en su contra en Quintana Roo, trasladó el proceso a un tribunal del DF.
Cabe recordar que en abril pasado, el apostador Kamel Nacif Borge demandó a Cacho Ribeiro por difamación y calumnias –los llamados delitos de prensa–, asegurando que, con la publicación de Los demonios del Edén, ella lo había vinculado a una red de pederastas, aunque en el texto jamás aparece dicha aseveración.
Del delito de calumnias, la autora fue exonerada, y ahora considera que sucederá lo mismo, pues en la capital del país el delito que se le imputa ni siquiera está tipificado como tal.
Ayer por la tarde se supo que Nacif “se presentó a declarar a la Procuraduría de Justicia capitalina para enfrentar las acusaciones por amenaza de muerte que hizo en su contra su esposa, Irma Benavides”, según un despacho de El Universal on line.
“Hace dos semanas, Irma Benavides denunció ante la Procuraduría de Justicia capitalina que en reiteradas ocasiones ha sido víctima de amenazas de muerte y de violencia”.
Pese a que el procurador anunció que el viernes era la comparecencia del polémico empresario, éste se presentó el jueves a las oficinas centrales de la PGJDF, contextualizó la fuente.