EDITORIAL

EL CASO DE GRISELDA TIRADO

El mes pasado se cumplieron tres años de que fueron encarcelados Zamudio García Reyes y Amelia Cruz Sánchez por estar acusados de ser los autores material e intelectual, respectivamente, del asesinato de Griselda Tirado Evangelio, quien era defensora de los derechos humanos y era originaria del municipio de Huehuetla. Hasta ahora, estos personajes no han sido sentenciados pese a que ya se cumplió el término constitucional para que se realice un juicio.

Este caso muestra, una vez más la descomposición del aparato de justicia en el estado, ya que después de tres años no se ha podido aclarar el homicidio de Griselda Tirado, persistiendo muchas dudas, que van desde si son realmente los asesinos las dos personas detenidas o si fueron otros los autores de la ejecución de la luchadora social.

Independientemente de que sean culpables o inocentes, es inadmisible que las dos personas que están recluidas en el penal de San Miguel por el caso de Griselda Tirado se les tenga ahí sin una definición jurídica que determine si tienen que purgar una pena o ser liberados. Estos dos internos tienen derechos y se les tiene que determinar su situación jurídica cuanto antes.

Parece que el caso de Griselda Tirado está destinado a tener la misma suerte de otros asesinatos de líderes políticos, luchadores sociales o defensores de los derechos humanos, que nunca se acaban de aclarar, persiste desconfianza en los resultados de las investigaciones y los servidores públicos encargados de los casos cometen actos de negligencia u omisión que solamente complican los procesos legales.