"Inservibles", 3 millones 700 mil micas: no tienen foto, firma ni huella digital
Engaño con la credencialización del Seguro Popular costó $368 millones
La secretaria de Salud del "gobierno legítimo" presentó la denuncia formal ante la SFP
La secretaria de Salud del "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador, Asa Cristina Laurell, presentó ayer una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), por probable daño patrimonial a la hacienda pública estimado en más de 368 millones de pesos.
Como presuntos responsables señala a servidores públicos que en 2005 ocupaban diversos cargos en esa comisión e intervinieron en un proceso administrativo de licitación plagado de irregularidades, que violó la normatividad respectiva y derivó en un contrato que favoreció a las empresas Image Technology México SA de CV y E-Siglo SA de CV, según se consigna en la denuncia.
Dichas empresas obtuvieron el contrato para emitir 3 millones 700 mil credenciales que identificarían a las familias beneficiadas con el Seguro Popular, pero que "no sirvieron, ni van a servir", porque incumplieron lo acordado y a finales de 2006 se determinó que se realizara otra licitación para renovarlas.
La entrega a los beneficiarios de esas credenciales, denominadas Tu salud, se hizo junto con una carta del entonces presidente Vicente Fox, donde se afirmaba que aquéllas eran portables y que las familias inscritas al Seguro Popular podrían ser atendidas en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal, además de que podrían obtener medicamentos de una supuesta Red de Farmacias del Seguro Popular.
Sin embargo, precisó Laurell, esa propaganda "engañó una vez más a los ciudadanos", porque para hacer efectiva la portabilidad de la credencial previamente se debieron firmar convenios de colaboración interestatales e interinstitucionales, para dar atención a los derechohabientes a escala nacional, y en la fecha en que se emitieron las credenciales no existía ningún acuerdo de esa naturaleza en el país.
En entrevista, momentos después de presentar la denuncia en la SFP, la funcionaria del "gobierno legítimo" destacó que la renovación de esas credenciales -que no tuvieron ningún uso-, costará ahora a los contribuyentes alrededor de 485 millones de pesos.
Por ello se consigna en la denuncia la "falta de planeación en el ejercicio presupuestal de los recursos destinados a la credencialización" de los beneficiarios del Seguro Popular; la opacidad en la licitación pública 12161001-004-05 para la contratación del servicio de credencialización; el mal manejo de los recursos públicos referidos, y el daño patrimonial al erario.
Entre las diversas irregularidades sobresale, primero, que la licitación se llevó a cabo bajo la modalidad de tiempos "recortados", por lo que se limitó la participación en el concurso de otras empresas; segundo, la credencial no tenía fotografía, firma ni huellas dactilares de los beneficiarios, por lo que se incumplió la normatividad al respecto.
Tampoco se establecieron los módulos de afiliación y orientación para cumplir con esa norma ni la infraestructura requerida en las entidades de la República para automatizar los registros de información en materia de gestión de servicios de salud y poder otorgar el servicio a escala nacional.
En esa lista de errores se agrega que no incluyeran en las credenciales el chip con los datos de los beneficiarios y sus familias para ingresar información complementaria al expediente clínico, ni funcionaron como tarjetas "inteligentes" para acceder al suministro de medicamentos.
