TENDAJÓN MIXTO

Algo para recordar

Jaime Ornelas Delgado

Si atendemos lo que dice Rosendo Salazar, un obrero metido a cronista de las luchas de los trabajadores, la conmemoración del 1 de mayo ocurre por primera vez en México en 1913, apenas unas semanas después del golpe de Estado de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de la República, respectivamente, asesinados ambos el 22 de febrero de ese año.

Lo significativo a destacar en este caso es el hecho de que esa primera celebración de un 1 de mayo por los trabajadores mexicanos, transcurrió, como en este año bajo, una presidencia legal pero carente de legitimidad dado que provenía de un golpe de Estado, equiparable al fraude electoral cometido por los aparatos gubernamentales.

En efecto, después de la muerte de Madero el felón Huerta cubrió todas las formalidades constitucionales para tomar posesión del Ejecutivo, sin embargo de la legalidad ni el pueblo, ni las fuerzas revolucionarias que habían surgido en el movimiento que encabezó Madero para echar de la presidencia al dictador Porfirio Díaz, le concedieron jamás legitimidad alguna a su gobierno. La Revolución que desató la traición huertista y la usurpación que la siguió, fue la mejor expresión del repudio del pueblo de México y de las fuerzas revolucionarias a la traición y la usurpación huertista.

Este año, el 1 de mayo y las combativas marchas de los trabajadores transcurrieron también bajo un gobierno usurpador, ilegítimo porque proviene de una inmoral campaña electoral y de un escandaloso fraude electoral que prefiguran las condiciones en que se producirán los combates futuros de los ciudadanos que habrán de enfrentar a un gobierno cada vez más autoritario y alejado de la población.

Sin duda, la falta de legitimidad del gobierno de Felipe Calderón lo conduce a cobijarse en las fuerzas armadas. Evidencia de esta situación es la creciente presencia militar en todos los actos de gobierno ilegítimo. El caso es que la falta de legitimidad se sustituye por la demostración de fuerza, como presagio y advertencia de lo que puede ocurrir en el país.

A lo anterior se suma el hecho de proponer leyes que criminalizan la protesta social, al igualar a los terroristas con los luchadores sociales para castigarlos como si fueran delincuentes. Los regímenes autoritarios lo son por necesidad, ya que al no poder adquirir la legitimidad que su origen les niega recurren a la fuerza con el fin de lograr alguna gobernabilidad.

Lo único que hoy puede detener este perverso proceso es la movilización ciudadana.

Peor que narcotraficantes

La clase dominante castiga más severamente a los luchadores sociales que a los narcos –total, al final de cuentas son empresarios–, y por eso a los primeros les aplican penas más severas que los que se dedican al trasiego de enervantes.

La bárbara sentencia contra Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, condenados a 67 años y medio (prácticamente a cadena perpetua), contrasta con los 18 años a los que fue sentenciado Ismael Higuera, capo de una célula del cartel de los Arellano Félix. Como dice Chico Che: “Los nenes con los nenes...”

Acciones despreciables

Hay, sin duda, acciones despreciables y una de ellas fue la asumida por Felipe Calderón el sábado 5 de mayo, cuando después del acto en el monumento a Ignacio Zaragoza –cobijado siempre por militares que impidieron a muchos ciudadanos acercarse a mostrar su descontento por la visita de Calderón a Puebla–, sólo estuvo en el desfile cívico–militar el tiempo suficiente para ver pasar a los militares, despreciando la parte cívica.

Sin embargo, a pesar del cerco militar un grupo de ciudadanos pudo realizar un acto de desagravio a Ignacio Zaragoza colocando una ofrenda floral en el monumento que conmemora la gesta heroica que encabezó. Por supuesto, también se logró limpiar el lugar de las “malas vibras” que dejó la visita. Lo único que no se pudo vencer fue el cerco informativo.

Más vale cuidar a los inversionistas que irritar a la gente

Si tiene usted todavía capacidad de indignación, podrá mostrarla al leer esta declaración: “Echar para atrás las reformas a la ley del ISSSTE, tal como piden los trabajadores al servicio del Estado (curiosamente los afectados, digo yo), sería un error al generar incertidumbre tanto jurídica como entre los inversionistas (sic). La mejor manera de atraer al capital a México es asegurando a los inversionistas que en nuestro país hay certeza jurídica” (aunque el pueblo muera de hambre, parece ser lo ético según este ilustre declarante), dijo ceñudo Sergio Ruiz Olloqui, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fianzas, que expresa con claridad a favor de quién piensan los dueños del dinero y sus siervos deben hacerse las “reformas estructurales”.