18 de marzo Ramón Cota Meza 18 de marzo de 2008

Recordamos el 70 aniversario de la nacionalización de la industria petrolera en medio de un debate sobre su inminente reforma y cierta tensión sobre un posible conflicto de interés en el primer círculo del gobierno federal. En cuanto a la reforma, el gobierno concentra su propaganda en la necesidad de asociar a Pemex con capitales privados para explorar aguas profundas con tecnología que no podría obtener de otra manera. Cualquiera que sea la veracidad de esta afirmación, saltan dos cosas a la vista:

La primera es su afinidad con la postura de las compañías petroleras expropiadas hace 70 años, las cuales auguraban colapso de la industria por incapacidad mexicana, así que los magnates extranjeros serían llamados a encabezarla de nuevo. Sucedió que los mexicanos desplegaron muchas habilidades e ingenios para mantenerla funcionando, recuperarla y desarrollarla en un contexto de escasez de partes industriales y cerrazón financiera. Hay un mar de historias del ingenio laboral mexicano en espera de ser narradas.

La propaganda oficial exhibe también una deliberada estrechez de enfoque, pues aun suponiendo incapacidad mexicana para trabajar en aguas profundas, la expectativa creada hacía pensar que una reforma tan trascendente no se limitaría a una sola área. Pemex tiene cuatro grandes áreas y multitud de operaciones concatenadas, empalmadas, duplicadas y manoseadas, cuyo análisis y algunas consideraciones extra-económicas arrojarían un orden de prioridades de inversión.

Para el PRI son prioritarias la explotación en aguas someras y la rehabilitación de campos abandonados, pues el acceso a la tecnología de aguas profundas ocurrirá más temprano que tarde por los canales de difusión del mercado. La dependencia de cualquier tecnología no es una fatalidad para ningún país; hay una tasa de asimilación tecnológica que varía con el desarrollo tecnológico mismo. No hay un tabú llamado “aguas profundas”; una empresa mexicana perfora a más de 800 metros en la sonda de Campeche hace más o menos un año.

Ahora bien, el enfoque de la propaganda oficial podría estar reflejando un retroceso real del ímpetu privatizador ante la desconfianza pública de influencias políticas en los negocios público-privados que ya prosperan. Se afirmaría así la idea de fortalecer a Pemex por su probado desempeño como generador de divisas e impuestos y como abastecedor puntual de combustible en todo el territorio nacional. Todo esto sin reforma alguna: lo que funciona bien no tiene por qué ser cambiado.

El debate del tema energético ha esparcido algunas opiniones excéntricas (que la Revolución Mexicana y la expropiación del petróleo fueron inútiles, declaran). La evidencia contraria es tan robusta y cotidiana que podemos ignorar su importancia. Al mantener el abasto de combustible suficiente a precios accesibles y generar divisas e impuestos en gran escala desde 1940, el aporte de Pemex al crecimiento del país ha sido enorme desde cualquier parámetro.

Sus beneficios para la industria, el comercio, la agricultura, la urbanización, el consumo, los servicios y la vida social son patentes. Con todo y sus deformidades, Pemex es factor mayúsculo de la transformación de la sociedad mexicana, de rural a industrial, y de la formación de una clase media que suma la mitad de la población total.

Ante un factor de modernización tan sólidamente acreditado durante 70 años, incluyendo los mayores ingresos históricos de la industria en los últimos cinco años, la afirmación de que Pemex está en crisis o que carece de recursos para modernizarse es, en el mejor de los casos, una vil falsa alarma. De la información conocida se desprende que la empresa debe ser mejor tratada por el gobierno y mejor atendida por ciertas corrientes de opinión.

blascota@prodigy.net.mx

Analista político