La ministra Olga Sánchez Cordero mantiene "serias dudas" sobre el proyecto.
Sólo tres ministros apoyan la actuación contra el gobernador, afirman fuentes judiciales
Poco probable que se declare reponsable a Mario Marín en el caso Lydia Cacho
En el caso de la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro existen "muy pocas posibilidades" de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apoye el proyecto del ministro Juan Silva Meza, que sostiene que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es responsable de haber violentado los derechos de la periodista.
Fuentes judiciales de primer nivel reconocieron lo anterior, en vísperas de que el pleno analice el caso, en el que la propuesta del ministro instructor es que Marín Torres es responsable políticamente de la confabulación de servidores públicos poblanos para detener e iniciar acciones legales en contra de la autora del libro Los demonios del edén.
De acuerdo con los informantes, hasta el momento el número de ministros que apoya el criterio de Silva Meza no es suficiente para que la SCJN determine la responsabilidad del gobernador poblano, lo cual es sumamente delicado, ya que sería la primera vez que el máximo tribunal ejerce su facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional y al momento de emitir una decisión no se apruebe el dictamen correspondiente.
Trascendió que Silva Meza cuenta con el apoyo de Genaro Góngora Pimentel y posiblemente de José Ramón Cossío.
La ministra Olga Sánchez Cordero, quien ha mantenido una postura crítica en el caso del gobernador de Puebla, no ha definido su criterio, y se sabe que mantiene "serias dudas" sobre el proyecto.
Dentro del pleno de la Corte es conocida la posición del ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien desde un principio se negó a que se investigara a Marín Torres, posición que comparten Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls. Además se ve "complicado" que apoyen el proyecto de resolución José de Jesús Gudiño Pelayo, Fernando Franco y Margarita Luna Ramos, confiaron las fuentes judiciales.
Es de mencionarse que a pesar de que el máximo tribunal investigaba a Marín Torres, el 12 de diciembre pasado el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela, acudió a la capital poblana a inaugurar la nueva sede de los tribunales y juzgados del sexto circuito, y en primera fila estuvo el gobernador, además de los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos.
La visita, promovida por el Consejo de la Judicatura Federal, que también preside el presidente de la Corte, fue promovida con bombo y platillo, inclusive fueron invitados los reporteros que cubren la información del Poder Judicial de la Federación.
Ese encuentro en Puebla generó críticas dentro de la SCJN, porque se consideró que la visita no era oportuna por la investigación que estaba en proceso contra Marín, quien por su parte aprovechó para tomarse la foto con los ministros que en estos días determinarán si violentó o no las garantías individuales de la periodista.
El proyecto de Silva Meza además hace un análisis del grave problema de la pederastia y prostitución infantil que hay en diversos estados. Propone que el Congreso de la Unión legisle en materia de protección a la infancia y se creen tribunales especializados en trata de menores, explotación sexual infantil y pederastia.
Solicita también iniciar acciones legales en contra de los procuradores de justicia de Puebla y Quintana Roo, Blanca Laura Villeda Martínez y Bello Melchor Rodríguez, respectivamente, por haber intercambiado llamadas telefónicas en diciembre de 2005 para coordinar la detención de Lydia Cacho en Cancún.
Además, pide que se actúe en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia de de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, y de la juez penal Rosa Celia Pérez Camacho, por haber actuado irregularmente para que procediera la demanda del empresario textilero Kamel Nacif Borge que dio origen a la detención de la periodista por los delitos de difamación y calumnias en 2005.
Cabe recordar que cuando la Corte investigó el caso Aguas Blancas, en el que se determinó que el gobernador Rubén Figueroa Alcocer dejó el cargo en el contexto de la decisión del pleno de que había violado gravemente las garantías individuales de los asesinados en esa localidad guerrerense, los ministros ratificaron en forma unánime el contenido del proyecto elaborado por Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios.
La discusión del pleno sobre este asunto podría empezar en breve.
