Lydia
Lydia
Guadalupe Loaeza / Reforma.com
Pensar en Lydia (Cacho) me duele, pero también me enorgullece profundamente, primero, como ciudadana mexicana y segundo, como mujer. Por un lado, basta con pronunciar el nombre de "Lydia" para relacionarlo con la corrupción, con la prepotencia, con la misoginia y con el abuso sexual de millones de niños y niñas, pero hay que decir que también se relaciona: con la valentía, la dignidad y la verdad. De allí que su nombre se haya convertido para millones de mujeres en un símbolo de libertad y democracia.
No, no quiero imaginar lo que ha sido el vía crucis de Lydia, desde que fue aprehendida el 16 diciembre del 2005 y el 14 de febrero día en que la República mexicana se despertó con un góber precioso, quien ciertamente no tenía nada de bonito, sino todo lo contrario. Un gobernador priista dispuesto a todo con tal de prestarle a su amigo, a su "papá", Kamel Nacif, la justicia y de paso darle unos buenos "coscorrones" a la autora del libro Los demonios del Edén. Y mientras, esa mañana, tratábamos de salir de nuestro asombro, pero sobre todo de nuestra indignación, en todos los noticiarios del país se escuchaban, una y otra vez, las grabaciones entre Marín y Kamel, así como las que sostenía este último con Juanito Nakad (quien regenteaba la maquila en la cárcel y era socio de Kamel). En estas conversaciones quedaba clarísimo que se preparaba una trampa contra Lydia y que Marín estaba involucrado en su detención. A partir de ese día las grabaciones se convirtieron en tema de conversación nacional.
Que quede claro, bien claro, si Lydia publicó Los demonios del Edén fue para evitar que Succar, el pederasta de Cancún, quedara impune. Hay que esclarecer igualmente que en el libro de Lydia no hay una sola mención de Mario Marín ni del gobierno de Puebla. En diciembre de 2005, siete meses antes de las elecciones, fue el gobierno de Puebla quien fue por Lydia. ¿Por qué?, porque Kamel Nacif decidió llevarla a tribunales en Puebla donde había arreglado con el góber precioso el castigo a la periodista.
Que quede claro, bien claro, fue Marín quien se metió solito, solitito en este asunto. ¿Por qué?, por favores que debía a Kamel. No hace mucho la espléndida periodista Carmen Aristegui dio a conocer en su noticiario matutino grabaciones en las que Kamel ordenaba la fabricación de camisetas para la campaña de Marín a gobernador.
Que quede claro, bien claro, que fue a partir de todo lo anterior que se dio una movilización tanto de periodistas como de la opinión pública para que primero, no encarcelaran y violaran los derechos de Lydia, simplemente por haber denunciado lo denunciable y segundo, para defenderla de un juicio que estaba ostensiblemente viciado.
Que quede claro, bien claro, si se han centrado las denuncias en Marín y no en el líder de la fracción priista de la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, o en Miguel Ángel Yunes, ambos nombres citados en el libro de Lydia, ha sido primero porque el ilícito comprobable en este momento es la actuación de las autoridades judiciales de Puebla. En este caso se pueden documentar muchas irregularidades jurídicas en las que incurrieron para inventar el delito. Hay que destacar que la comisión investigadora encabezada por el ministro Juan Silva Meza propone que se sugiera al Congreso de la Unión iniciar un juicio político contra el gobernador de Puebla.
Que quede claro, bien claro, Lydia denunció penalmente a Kamel, Marín, Nakad, la procuradora, la jueza y los judiciales involucrados. Pero no tiene elementos para denunciar a Gamboa o a Yunes. Las menciones de estos dos últimos están en los testimonios de las niñas que los señalan como amigos de Succar y ocasionales visitadores de sus fiestas. Ninguna de ellas los señala como teniendo actos sexuales, sino como amigos y protectores de Succar. Lydia cita eso en su libro y por eso habla de las redes de poder. Pero ninguno de los dos tiene fincado un delito (lo cual no quiere decir que no los hayan cometido). Lo que sí resulta muy llamativo y que también queda clarísimo es que a pesar de las muchas veces que Lydia los ha mencionado, rara vez la televisión los nombraba en sus notas. ¿Acaso lo importante no es ahora centrar las baterías en las infamias del gobierno de Puebla?
Por todo lo anterior firmé con mucha convicción y orgullo (no todos los días se comparten las firmas de un desplegado con nombres como el filósofo esloveno Slavoj Žižek, del lingüista Noam Chomsky, del pintor Gabriel Orozco y de los actores Salma Hayek, Susan Sarandon, Clive Owen, Sean Penn, Julianne Moore, Naomi Watts, Bridget Fonda, entre otros) la carta promovida por dos cineastas mexicanos (Alfonso Cuarón y Luis Mandoki) para reclamar que la Suprema Corte de Justicia castigue los abusos que cometieron autoridades poblanas contra Lydia. Junto con 2 mil intelectuales, activistas, periodistas y artistas a nivel mundial suscribo que:
"Se está juzgando mucho más que una violación a los Derechos Humanos de una periodista que dio voz y protege a niños y niñas abusadas. Lo que está en juego es saber, de una vez por todas, si las y los mexicanos comunes tenemos alguna posibilidad de que el Estado nos proteja de los criminales que se alían con servidores públicos, esos que desde el poder ejecutivo y el judicial utilizan el Sistema de Justicia Penal para proteger redes criminales de todo tipo, incluyendo redes de pornografía infantil y corrupción de menores. Porque las autoridades poblanas involucradas no necesitaron participar en acto de pederastia para convertirse en cómplices, bastó llevar a cabo una concertación antijurídica para enviar el mensaje público: se protegen los derechos de victimarios y se castiga a las víctimas y a periodistas que se atrevan a revelar los hechos verdaderos comprobables".
Al mismo tiempo que los firmantes: "Exhortamos a Ministras y Ministros de la Suprema Corte a devolver a las y los ciudadanos mexicanos nuestro derecho a confiar en los tribunales. Hasta ahora las repercusiones sufridas por las víctimas de Succar y la persecución en contra de Lydia Cacho, parecerían dar la razón a ocho de cada diez mexicanos, que consideran inútil denunciar un delito porque las instituciones del Estado no les darán protección. Si las autoridades poblanas son eximidas de su responsabilidad, si no se reconoce la evidente existencia de redes de pornografía, abuso y trata de menores en México, será muy difícil que algún otro ciudadano o ciudadana se atreva a desafiar en un tribunal a hombres que utilizando el poder público corrompen a la sociedad y fortalecen la criminalidad en México".
¿Verdad que está más claro que el agua?
Correo electrónico: gloaeza@yahoo.com
