lunes, mayo 21, 2007

¿Y la Payan?


Coinciden encuestas en ventaja de Ortega; alud de denuncias por irregularidades

El PRI se perfila para quitarle al PAN la gubernatura y la capital

Participación de 66.8%, según cifras preliminares

Panistas, del festejo a las caras largas

FABIOLA MARTINEZ , LUIS BOFFIL

La candidata del PRI a la gubernatura de Yucatán, Ivonne Ortega, y el panista Xavier Abreu celebra ayer en Mérida su presunta victoria electoral
La candidata del PRI a la gubernatura de Yucatán, Ivonne Ortega, y el panista Xavier Abreu celebra ayer en Mérida su presunta victoria electoral Foto: José Antonio López
Abreu (acompañado del candidato a la alcaldía de Mérida, César Bojórquez, y del dirigente nacional del PAN, Manuel Espino) celebra ayer en Mérida sus presunta victoria electoral
Abreu (acompañado del candidato a la alcaldía de Mérida, César Bojórquez, y del dirigente nacional del PAN, Manuel Espino) celebra ayer en Mérida sus presunta victoria electoral Foto: José Antonio López

Mérida, Yuc., 20 de mayo. Con 16.11 por ciento de las casillas computadas (350 de 2 mil 197), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acumulaba después de la medianoche 49.19 por ciento de los votos (57 mil 643) en la elección de gobernador, contra 42.49 por ciento (49 mil 690 sufragios) del Partido Acción Nacional (PAN).

Según cifras preliminares, la participación ciudadana fue de 66.8 por ciento, ligeramente inferior a la registrada en 2001.

La coalición Todos Somos Yucatán (Partido del Trabajo-Convergencia) tenía 4.32 por ciento de los sufragios, 5 mil 55 votos; el PRD llevaba 1.75 por ciento (2 mil 44 votos) y Alternativa Socialdemócrata y Campesina 0.18 por ciento (172 sufragios).

Aunque el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) avanzaba con lentitud sin precedente, cerca de las 10 de la noche dos encuestas de salida daban respectivamente ventajas de tres y cuatro puntos a la abanderada del tricolor a la gubernatura, Ivonne Ortega Pacheco.

Presencia Ciudadana -acreditada por el Ipepac y con financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- informó que, con 90.4 por ciento de casillas seleccionadas (de un total de 2 mil 197 mesas receptoras) los resultados mostraban una ''separación estadísticamente significativa de por lo menos tres puntos''. Esta empresa ''valora que la tendencia favorece a la candidata Ivonne Ortega Pacheco'', asienta en el informe respectivo.

En tanto, Consulta Mitofsky, de Roy Campos, difundió en un noticiario de televisión los siguientes resultados: PRI, 49 por ciento; PAN, 45 por ciento; coalición Todos Somos Yucatán (Convergencia-PT), 4 por ciento; PRD, 2 por ciento, y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, menos de un punto porcentual. Campos precisó: ''Cuatro puntos de ventaja ya es suficiente, según nuestros conteos rápidos''.

En Mérida, con 39.1 por ciento de los votos computados, el candidato priísta a la alcaldía, Adolfo Peniche Pérez, sumaba 59 mil 173 votos contra 52 mil 676 del panista César Bojórquez Zapata. Si pierde, el PAN abandonará Mérida después de 17 años en el poder.

Respecto a la elección de diputados locales (15 de mayoría relativa), a la medianoche el PREP difundió resultados de 14 de los 15 distritos, que indicaban un empate: el PRI llevaba ventaja en los distritos 3, 5, 6 y 7 (con sede en Mérida), así como en el octavo (Progreso) y el 11, con sede en Valladolid y el 14 (Tecoh).

El PAN iba adelante en los distritos 1, 2, 4 (Mérida), noveno de Motul, 10 (Tizimín), 12 (Tekax) y en 13 (Ticul).

Los resultados correspondientes a los municipios fluían con mayor lentitud: minutos después de la medianoche sólo se habían computado datos de 16 de 106 municipios.

El PRI aventajaba en ocho (Baca, Dzilam González, Progreso, Quintana Roo, Telchac Puerto, Tizimin, Ucú y Valladolid), y el PAN en Bokobá, Mocochá, Motul, Muna, Ticul). En Valladolid, el PRD perdió su más importante bastión ante el PRI.

Sonrisas desdibujadas

Todavía había filas en las casillas cuando el PRI y el PAN se proclamaron triunfadores, primero en voz de sus dirigentes y después de los candidatos. Xavier Abreu Sierra echó mano de las encuestas de GEA-ISA y Arcop para asegurar que tenía una ventaja de tres puntos sobre su adversaria. Ante cámaras de televisión dijo a las 10 de la noche que Yucatán seguiría siendo panista. Sin embargo, apenas una hora después los rostros en el PAN fueron cambiando. El PREP no avanzaba y sus escasos datos le daban ventaja a Ivonne Ortega Pacheco.

Entonces Xavier Abreu apareció en la sala de prensa instalada por su partido para decir que los resultados electorales no le favorecían. La luz de triunfo fue perdiendo brillo. En el Fiesta Americana sólo había caras largas. Algunos miembros del equipo de campaña estaban a punto del llanto, mientras el abanderado hacía esfuerzos por mantener una leve sonrisa. Decía que aún confiaba en que la ventaja del PRI (a esa hora de poco más de ocho puntos, con menos de 10 por ciento de las casillas computadas) se reduciría conforme se computaran más casillas.

No le era fácil pronunciar esas palabras al candidato que tuvo toda la estructura del panismo y el poder de la administración estatal; a aquel que en los últimos días de campaña, en entrevista con este diario, dijo que aceptaría ''una hipotética, supuesta y poco probable'' derrota frente a la sobrina de Cervera Pacheco. Más tarde, en la sede panista, hubo más sonrisas endebles. El único momento en que Abreu alzó los brazos fue cuando los fotógrafos insistieron en que tomara esa posición para las gráficas.

Abreu atribuyó los resultados desfavorables al ''lento'' conteo de las casillas y al ''escamoteo'' de resultados de sus principales distritos y cabeceras municipales.

El panismo pasó de una postura a otra. A la medianoche se presentó en la sala de prensa el diputado federal Gerardo Priego para desconocer las declaraciones de Abreu y culpar al instituto electoral de ''lentitud'' en la difusión de cifras. Y, pese a los resultados de las encuestas de salida que favorecían al PRI, aseguró que obtendrían la victoria.

Mientras, seguía creciendo el alud de denuncias por hechos violentos y presuntas irregularidades, lo que deja abierta la posibilidad de que esta elección se dirima en los tribunales.

Fiesta priísta

En la denominada Casa del Pueblo, sede del PRI y símbolo del poderío tricolor en tiempos del finado gobernador Víctor Cervera Pacheco, ya había baile, música y cientos de priistas ataviados con playeras blancas estampadas con un corazón rojo, emblema de Ivonne Ortega, y una sola palabra ''¡Ganamos!'' Al reverso, la frase: ''¡Están por venir mejores tiempos!'', en referencia a la posibilidad de que el primero de agosto llegue al palacio de gobierno, en la región del Mayab, la primera gobernadora electa constitucionalmente, para un periodo de cinco años y dos meses.

Los dirigentes nacional y estatal del PRI, Beatriz Paredes y Nerio Torres, respectivamente, daban por hecha la victoria de su candidata, de 34 años de edad, ex alcaldesa del pequeño municipio de Dzemul y senadora con licencia.

Eufóricos, sudorosos, pero revitalizados, integrantes de la plana mayor del tricolor dijeron que esta tendencia es irreversible y que este lunes ''podremos colgar el retrato de la próxima gobernadora en el salón honorario de la Casa del Pueblo'', expresó Torres Arcila, miembro destacado de la nueva generación de priístas que en décadas pasadas controlaron los destinos de la entidad con base en la fuerza y las redes corporativas.

Tan seguro estaba el PRI de tener la gubernatura en la bolsa, que el coordinador de los diputados federales de ese partido, Emilio Gamboa Patrón, comentó que el presidente Felipe Calderón no metió las manos en el proceso y que no hay compromisos a cambio de ese triunfo; asimismo, ratificó la disposición de su partido a seguir en la negociación para sacar adelante las reformas que proponga el Ejecutivo.

A unos pasos de la sala de operaciones panista, Ana Rosa Payán, candidata de la coalición Todos Somos Yucatán, integrada por los partidos Convergencia y del Trabajo, ofrecía una conferencia de prensa.

Esta aspirante, a quien propios y extraños señalaron como el factor de una eventual derrota del PAN, al que renunció tras 23 años de militancia, declaró que la de ayer fue una elección de Estado en la que PRI y PAN utilizaron todos los recursos disponibles para ganar a como diera lugar.

Reconoció también que los resultados le son adversos, pero que los ciudadanos salieron a votar libremente y los sufragios que obtuvo la coalición (4.72 por ciento, hasta anoche) ''son de conciencia, no producto del dinero''.

Opinión


Editorial

El turno de Gonzales

El Correo Ilustrado

Columnas

Astillero
Julio Hernández López

Clase Política
Miguel Angel Rivera

México SA
Carlos Fernández-Vega

Reporte Económico
David Márquez Ayala

Ciudad Perdida
Miguel Angel Velázquez

Balance de la Jornada
Carlos Hernández

Opinión

Las perspectivas del sector energético en México
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano /II

Temporada de huracanes, aviso de tragedias
Iván Restrepo

La Europa de Frontex
Matteo Dean

Anormalidades
Gustavo Esteva

La ley como fetiche
Carlos Fazio

Demócratas
León Bendesky

Normalidades
Hermann Bellinghausen

60 Festival de Cannes Celebraciones y nostalgias en un día de pausa
Leonardo García Tsao

A por todas Castella
José Cueli

Otro pendiente, Oaxaca, Atenco, ISSSTE, Ley Telvisa .......

Amerigo Incalcaterra destaca postura contradictoria de la procuraduría de Veracruz

El caso Ernestina Ascensión debe aclararse: funcionario de la ONU

La Oficina del Alto Comisionado, sin elementos para hacer una evaluación, señala

VICTOR BALLINAS

Familiares de la indígena Ernestina Ascensión durante una asamblea de la comunidad en la que se abordó el caso
Familiares de la indígena Ernestina Ascensión durante una asamblea de la comunidad en la que se abordó el caso Foto: Archivo/Marco Peláez

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, aseveró que en el caso del fallecimiento de la indígena Ernestina Ascensión Rosario "hay muchas cosas que no se han aclarado debidamente, es necesario que se expliquen de manera más extensa y con más elementos para que la ciudadanía conozca lo que ocurrió realmente".

Precisó que, debería ser "la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz la que informe detalladamente a la sociedad, de lo que ocurrió con sus investigaciones, porque es la institución que ha manejado información controversial. Ahí, en ese caso, se requiere mucha precisión".

Sobre este punto, cabe señalar que al conocerse la agresión a la mujer indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, la procuraduría estatal informó desde un inicio que "Ascensión Rosario había sido violada y que además había homicidio".

Posteriormente, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos negó que hubiera ocurrido la violación, y que la mujer indígena falleció por anemia, la procuraduría de Veracruz insistió en que "Ernestina Ascensión sí había sido violada", pero, posteriormente, apoyó la investigación de la CNDH, y en conferencia de prensa, la procuraduría estatal aseveró que "la mujer indígena murió de anemia y que no hubo violación".

La CNDH, en entredicho

Amerigo Incalcaterra manifestó que la oficina en México del Alto Comisionado "no hizo una investigación del caso, no contamos con elementos propios para hacer una evaluación al respecto, pero sí señaló que hay algunas cosas que no han sido debidamente aclaradas en este caso y deben ser explicadas a detalle y con mayores elementos".

El funcionario de la ONU señaló que no conoce la indagatoria que realizó la CNDH, pero "si ese órgano nacional de defensa de los derechos humanos ha dicho ciertas cosas, seguramente se ha basado en investigaciones científicas y técnicas para hacer sus evaluaciones".

La oficina del Alto Comisionado en México, resaltó Incalcaterra, "está abierta a escuchar, y si la CNDH considera correcto llevar con nosotros los resultados de su investigación con muchísimo gusto escuchamos, nosotros no tenemos interlocución directa con las víctimas ni con las autoridades que investigaron el caso, Por eso, no tenemos los elementos que tiene la CNDH, ni los que tiene la procuraduría estatal, pero lo cierto es que hay dos situaciones, lo cual para la sociedad civil es necesario aclarar con mayor precisión hasta dónde han llegado las investigaciones".

En tanto, la presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez, destacó que el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario "puso en entredicho a la CNDH; hubo contradicciones, hay que fortalecer la figura del ombudsman, no sólo que muestre informes, sino que convenza".

El 14 de junio volveremos a tomar las calles

Demandan al titular de Gobernación reiniciar el diálogo con profesores y la APPO

Solución o el 14 de junio volveremos a tomar las calles de Oaxaca: sección 22

EMIR OLIVARES ALONSO

En vísperas de que se cumpla un año del inicio del conflicto en Oaxaca, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) apremió al gobierno federal a resolver las demandas de los profesores y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); de lo contrario, el 14 de junio "volveremos a tomar las calles de la entidad", advirtió Zenón Reyes Gómez, integrante de dicha sección.

Señaló que el gobierno de Felipe Calderón no ha tenido acercamientos con la representación del magisterio y la asamblea popular de Oaxaca.

"Piensan (las autoridades federales) que el conflicto está resuelto, pero las demandas siguen vigentes, por lo cual haremos todo lo necesario para conseguirlas. Y si es necesario volver a parar, así se hará."

En entrevista, momentos antes del comienzo de la asamblea de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la ciudad de México, en la que se discutieron los próximos actos "de resistencia" contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), Reyes Gómez advirtió que la APPO y la sección 22 comenzarán con "acciones contundentes".

Mañana se cumplirá un año del inicio del conflicto magisterial, que tras el intento de desalojo de los mentores del Zócalo de la ciudad de Oaxaca devino en el conflicto social encabezado por la APPO.

En ese contexto, Reyes Gómez subrayó que la primera de estas acciones será, al igual que hace un año, "boicotear la Guelaguetza comercial, organizada por el gobierno del estado, para dar paso a una Guelaguetza popular, organizada por el magisterio y la APPO".

Recordó que las demandas del movimiento social y magisterial continúan vigentes: renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, libertad de los detenidos a raíz del conflicto, mayor presupuesto para la educación en el estado, cancelación de las órdenes de aprehensión de los integrantes del movimiento y "regreso de las escuelas tomadas por los líderes charros".

Subrayó que de no haber en breve respuesta satisfactoria a estas demandas mediante la instalación de una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, "emplazaremos a que el 14 de junio volvamos a realizar un paro de labores, y tomaremos el estado".

Exhortó al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, a retomar el diálogo con la APPO y la sección 22 del SNTE, pues "quieren que platiquemos con funcionarios de tercer nivel, con lo cual demuestran que no se prestan al diálogo; este gobierno muestra una cerrazón completa, no tiene disposición para resolver el conflicto", aseveró el representante de la sección 22 del magisterio.

Arrancan las discusiones sobre la constitucionalidad de dicha legislación

Algunos ministros de la Corte, en favor de anular más artículos de la ley Televisa

JESUS ARANDA

En vísperas de que empiece la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de la llamada ley Televisa, trascendió que la mayoría de ministros coincide con el proyecto de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que busca invalidar los artículos 16 (parcialmente), 17 G, 18, 28 y 28-A; sin embargo, hay quienes consideran que existen las condiciones para que la SCJN vaya "más allá" y declare que otros artículos también son contrarios a la Carta Magna.

De acuerdo con fuentes judiciales de primer nivel, hay ministros que consideran que el documento de Aguirre Anguiano se queda "corto" al invalidar parcialmente el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), que establece que "el término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario, que tendrá preferencia sobre terceros. El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley".

Si el pleno invalida el artículo 28, como propone el proyecto, y también el 16 en su totalidad, entonces la Corte estaría "cerrando la pinza" y con ello rompería la actual estructura de las leyes impugnadas, obligando así al Congreso de la Unión a instaurar un nuevo marco jurídico para las telecomunicaciones, la radio y la televisión, en el que se garanticen las condiciones de igualdad, acceso y competitividad que consagra la Constitución, indicaron los funcionarios que han tenido acceso a los distintos dictámenes elaborados por algunos ministros. Esto, independientemente de que otros artículos también corrieran la misma suerte.

El artículo 28 de la LFRT señala, según el dictamen, una diferenciación injustificada en favor de los concesionarios de radiodifusión, a los que privilegia permitiéndoles obtener concesiones en materia de telecomunicaciones, sin someterlos al procedimiento de licitación pública a que se encuentra sujeto cualquier otro interesado y, además, previendo como mera posibilidad el pago de una contraprestación a cambio de la nueva concesión.

Aguirre señala en su documento que no existe una "una razón objetiva" que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisión abiertas, "al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicaciones sin sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la contraprestación correspondiente.

"No queda claro por qué el trato privilegiado a determinado sector de las telecomunicaciones podría favorecer el desarrollo de la digitalización en la transmisión de audio y video a través del espectro radioeléctrico nacional", sostiene el ministro instructor.

Hay ministros que consideran que si se invalidan en su totalidad los artículos 16 y 28, con eso se dan "por bien servidos", porque se rompería la estructura de la LFRT, sostuvieron los informantes.

En este tenor, se informó también que hay integrantes del pleno que consideran que los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales serán fundamentales para lograr la inconstitucionalidad de los artículos referidos, que tienen que ver también con la radio comunitaria y con garantizar que exista igualdad y equidad en la entrega de concesiones.

Dichos artículos de la Carta Magna, particularmente el 25, son claros en afirmar "la rectoría del Estado en la planeación del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una distribución más justa del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales".

En este contexto, el artículo 27 constitucional señala que "el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes...", y que independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas.

Este lunes se iniciará en sesión pública el análisis de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) con la comparecencia de especialistas en el tema provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que responderán a un cuestionario que previamente les envió la presidencia de la Corte, además de que resolverán dudas que aún tienen los ministros sobre aspectos técnicos de dicha legislación.

Se espera que el martes comience la discusión de la acción de inconstitucionalidad con una introducción general del ministro instructor Aguirre Anguiano, en la que abordarán los temas principales de su proyecto, para después dar paso a la discusión.

El académico critica su falta de transparencia en 2006

La renuncia de consejeros, favor a la patria: Ackerman

Buscaron validar el poder y se negaron a romper la impunidad

ALMA E. MUÑOZ

Al analizar el papel del Instituto Federal Electoral (IFE), John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuestionó la falta
de transparencia con que se condujeron los consejeros en los comicios presidenciales del 2 de julio de 2006, con el propósito de ''validar el poder en México'' y en contra de ''romper el ciclo de impunidad y simulación que nos caracteriza''.

En entrevista, a propósito de la próxima presentación de su más reciente libro, Organismos autónomos y democracia, el académico criticó que esas autoridades interpreten la ley de acuerdo con los ''intereses que estén en juego'', y permitan que la iniciativa privada esté en contra del estado de derecho, al no incluir como parte de la fiscalización los promocionales que durante el proceso electoral transmitieron en beneficio del candidato panista, Felipe Calderón Hinojosa.

Por ello, se sumó a las voces que exigen la salida de los consejeros electorales, encabezados por el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. ''Que renuncien, sería un gran favor a la patria'', resumió.

Comparando su actuación con aquel grupo de consejeros que estuvo en el instituto de 1996 a 2003, afirmó que en la actualidad Ugalde, a diferencia de José Woldenberg, ''centralizó el poder'' al estilo priísta. ''La forma eterna de manejar el IFE hacia lo interno y hacia afuera es un desprecio total para la certeza de transparencia'' que hoy demanda la sociedad.

El interés por destruir las boletas electorales, afirmó, es un reflejo de la falta de transparencia en este país. Por eso, ''yo llamaría a los consejeros, por el bien de la democracia, a que no se aceleren''. Hay tres caminos aún por recorrer: un amparo en trámite ante la Suprema Corte, que apela a la ley de transparencia para tener acceso a esos documentos; el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar su destrucción, y la propuesta de la investigadora Irma Sandoval por agregar a la reforma electoral un transitorio que obligue a reservarlos en el Archivo General de la Nación.

Los 200 mil promocionales

Salvaguardar las boletas, argumentó, sería un gran paso para conocer realmente lo que ocurrió en ese proceso. Por ejemplo, saber cuántos votos obtuvo Víctor González Torres, el Doctor Simi, como candidato presidencial no registrado. Ackerman criticó que en materia de fiscalización, los consejeros argumenten que desconocen quién pagó los más de 200 mil promocionales que transmitieron los partidos políticos durante las campañas. ''¿Qué nos recuerda esto? El dictamen de validez de la elección del 5 de septiembre. No sabemos qué impacto tuvo la campaña ilegal, negativa, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la intervención del entonces presidente de la República (Vicente Fox). Pero nos dicen que todo es válido''.

Nos ofrecen, subrayó, ''un mensaje de impunidad, de esconde la mano y puedes tirar todas las piedras que quieras, y reflejan -mediante su informe- que en materia electoral el sector privado no es sujeto obligado a los requerimientos del IFE''.

De tal manera que a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y a Televisa se les valida el no informar sobre los convenios que firmaron con el organismo. Así que nos damos cuenta que ''el IFE no está haciendo lo suficiente, y el sector privado tiene un desprecio hacia las autoridades electorales y para el estado de derecho, y eso provoca problemas legales'', enfatizó.

Para colmo, agregó, ''no hemos visto en el dictamen de la Comisión de Fiscalización del instituto informes sobre los mensajes del CCE, del Consejo de la Comunicación y otros organismos que pagaron promocionales, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 5 de septiembre pasado, determinó que esos anuncios eran ilegales y en favor de Calderón''. Entonces, insistió, ''eso se tiene que atribuir a Felipe Calderón, y las televisoras tendrían que informar sobre esos gastos al Instituto Federal Electoral''.

Qué diferencia -equiparó- con el comportamiento de los consejeros durante la gestión 1996-2003, cuando en su primera etapa, el llamado grupo El Pentágono, integrado por Jaime Cárdenas, Jesús Cantú, Emilio Zebadúa, Juan Molinar y Alonso Lujambio, ''dinamizaron'' al instituto y rompieron con las ''tradiciones autoritarias''.

En su libro, que será presentado el próximo miércoles en el Foro de la Librería Siglo XXI Editores (Cerro del Agua 248, colonia Romero de Terreros, Coyoacán), el investigador también aborda el surgimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Auditoría Superior de la Federación, como parte de su análisis sobre la creación los organismos autónomos en el país, incluido el IFE. Este paso, manifestó, es una gran aportación para el desarrollo democrático en México, pero es necesario ''abrir'' esas instancias a la ciudadanía para hacerlas efectivas y no ubicarlas como un medio para justificar acciones del Estado.

En cuanto a la CNDH, criticó que su manejo se ''centralice en una sola persona'', el presidente del organismo, y sea él quien ''decida las órdenes, lo que ocurre, las declaraciones, cuándo debe haber recomendaciones, todo''. Falta, afirmó, ''institucionalidad'' en el organismo. Hay que fortalecer legalmente su consejo y brindar autonomía a sus integrantes.

Para John Ackerman, de las tres instancias, la ''más positiva'' es la Auditoría Superior de la Federación. ''Año con año ha ido fortalecimiento su fuerza institucional y su efectividad en materia de combate a la corrupción'', apuntó.

Se me hace que va el desquite de los políticos contra TELEVISA

Ministros ven un juicio sin precedente en ley de medios

Especialistas de IPN y UNAM les ayudarán a entender el caso a integrantes del tribunal


Carlos Avilés
El Universal
Lunes 21 de mayo de 2007

La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están convencidos de que nunca antes habían tenido en sus manos un juicio en el que estuvieran en juego tantos intereses y en el que estuvieran involucrados personajes de todos los sectores de mayor poder en el país, lo mismo del área política que económica.

Está en juego un sector vital para la soberanía misma del Estado mexicano, aseguró uno de los ministros.

Los integrantes de la Corte consultados por este diario -se omiten su nombre porque existen diversas prohibiciones legales para que emitan opiniones previas a la resolución de un caso- coinciden en que los temas que revisarán son complejos, por lo que, aseguran, la primera sesión del juicio, que se llevará a cabo este lunes, será "clave" para entender las discusiones posteriores.

En especial porque estiman que duren más de una semana las discusiones en torno al juicio en el que se impugnaron las reformas aprobadas de manera mayoritaria en el Congreso porque se considera que son violatorias de la Constitución, entre otras cosas, porque fueron diseñadas para mantener y acrecentar el monopolio y los privilegios de las cadenas de televisoras.

En la primera sesión, programada para hoy, un grupo de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) explicarán a los ministros de la Corte todos los detalles técnicos que les ayuden a entender, sobre todo, cuál es el impacto y cuáles son los alcances y entretelones de las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.

El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, solicitó desde hace casi un mes al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y al director del IPN, Enrique Villa, su apoyo para que eligieran a un grupo de especialistas que les garantizara una opinión independiente y sin ningún tipo de tendencia sobre el tema.

Los nombres de los expertos no se difundieron públicamente, pero los ministros esperan que ellos logren aclararles, con un lenguaje sencillo y sin tantos tecnicismos, las dudas que tienen en torno a las leyes que fueron impugnadas por 47 senadores de la anterior legislatura, a través del juicio de acción de inconstitucionalidad registrado con el número 26/2006.

Y, por eso mismo, aseguran los ministros consultados, la primera sesión no sólo será clave para la Corte sino también para toda la población que esté interesada en el juicio y que desee verlo en vivo a partir de las 11:00 horas a través del Canal Judicial y del Canal del Congreso, que se transmiten por el sistema de cable, o por medio de internet en el portal del propio tribunal (www.scjn.gob.mx) o de la página de Terra (www.terra.com).

La polémica

Esta es la primera vez que una sesión de la Suprema Corte se transmitirá en vivo a través de tantos medios de comunicación.

También es la primera ocasión en que los ministros del máximo tribunal del país se ven en la necesidad de recurrir a especialistas para dar respuesta a las dudas que les genera un tema vinculado con las nuevas tecnologías, a fin de contar con elementos que les permitan sustentar una decisión de tipo jurídica.

Lo novedoso del caso generó, incluso, que la Corte elaborara un acuerdo, registrado con el número 102/2007, para establecer los lineamientos conforme a los cuales tendrán que realizarse en el futuro las comparecencias de especialistas ante el Pleno, cuando se requiera su presencia para resolver algún juicio.

Después de la sesión de este día, si los ministros consideran que todas sus dudas fueron aclaradas, a partir del martes comenzarán la discusión jurídica en torno al juicio.

De entrada el análisis del caso partirá del proyecto de sentencia que elaboró el ministro Sergio Aguirre Anguiano en el que propone anular por inconstitucionales diversos artículos de la llamada Ley de Medios que garantizan los privilegios y beneficios a los actuales concesionarios de radio y televisión.

Se espera que uno de los temas que genere más polémica, por un lado, sea la propuesta que hizo Aguirre de declarar inconstitucional el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a través del cual se permite que las actuales televisoras puedan ofrecer servicios de telefonía e internet, así como quedarse con el espectro adicional que les dio el gobierno federal para la transición a las tecnologías digitales sin pagar por dichas frecuencias.

Y, por otra parte, se prevé que genere una amplia discusión el planteamiento que presentó Aguirre en el sentido de avalar y declarar la constitucionalidad del refrendo automático de las concesiones otorgadas a las grandes televisoras.

Para algunos ministros este es un punto clave porque de aprobarse esta propuesta en la práctica se le dejaría, "a perpetuidad", a las grandes televisoras el control de casi la totalidad del espectro radioeléctrico con que cuenta el país para este fin.

Como sea, todos los ministros tienen muy presente que para hacer cualquier declaratoria de inconstitucionalidad de la llamada Ley de Medios requieren contar con el voto de cuando menos 8 de los 10 ministros que actualmente integran el Pleno de la Corte, ante la ausencia del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien cuenta con una licencia temporal por enfermedad. Una mayoría de seis o siete votos no cambiaría nada.

Puñado de p.... quien lo declaro


"Un puñado" causa narcoviolencia: SSP

Criminales usan el miedo para que no los denuncien, indica García Luna


María de la Luz González y Silvia Otero
El Universal
Lunes 21 de mayo de 2007

Es necesario desmitificar al narcotráfico, porque "todos lo asumimos como un enemigo de gran tamaño", cuando el brazo armado está integrado sólo por "un puñado de gente, con capacidades de inteligencia y de educación muy limitadas", aseguró Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Señaló que lo que da viabilidad a los comandos es la comunidad de base que han conseguido crear a través de la intimidación y el miedo para que la ciudadanía no los denuncie.

En un foro organizado por EL UNIVERSAL, aseguró que el Estado no ha sido rebasado, y que si la percepción es que se vive una guerra, ésta se está ganando.

En la conversación participaron los especialistas en temas de seguridad Ana María Salazar y Ernesto López Portillo, y los investigadores Mauricio Merino y Jorge Chabat.

López Portillo consideró que tener al Ejército en las calles es riesgoso; Chabat y Merino coincidieron en que se debe ofrecer una meta definida. Salazar cuestionó hasta cuándo seguirán las ejecuciones.

Fecalin, pierde Yucatan

¿descarrilar?

CUITLATLAN

Aranda busca descarrilar elección panista

Fermín Alejandro García

La actitud de Ana Teresa Aranda Orozco de no tramitar su carta de ciudadanía poblana para obtener el preregistro como precandidata panista a edil de Puebla, parece obedecer a la intención de deslegitimar el proceso electoral del PAN y provocar que el Comité Electivo Nacional (CEN) del albiazul entre a resolver la designación del abanderado. En ese escenario, quien sería favorecida es desde luego la ex secretaria de Sedesol, de quien se dice cuenta con el respaldo del presidente del blanquiazul, Manuel Espino, además de tener el buen visto de Los Pinos.

Y es que dicen que lo números de los últimos sondeos no favorecen a la señora Aranda, por lo que no le conviene llegar a una asamblea para elegir al abanderado panista. Según las últimas estimaciones, aunque sigue la tendencia en la que están creciendo las preferencias a favor de la ex directora del DI, todavía no tiene suficientes respaldos para alcanzar y derrotar a su contrincante, Antonio Sánchez Díaz de Rivera.

Dicen que esos sondeos arrojan que si en esta semana fuera la elección, Antonio Sánchez obtendría el voto a favor de entre el 50 y el 60 por ciento de los alrededor de mil 300 militantes activos que acudirían a la asamblea blanquiazul, mientras que la también ex directora nacional del DIF se ubicaría entre el 30 y el 40 por ciento de las preferencias.

Y muy rezagado estaría el diputado federal Francisco Fraile García con apenas el 10 o el 20 por ciento de los posibles sufragios, luego de que su activismo ha estado sumido en el marasmo, ya que apenas hace tres semanas empezó a tener reuniones con militantes activos.

Otro sondeo, levantado hace algunos meses, indica que Ana Teresa Aranda es la más conocida. Pero cuando le preguntan a los panistas por quién votaría, baja más 10 por ciento el índice a favor de ex funcionaria federal. Lo que no sucedería con Sánchez Díaz de Rivera, quien pese a que es visto como el “aspirante oficial” de los grupos que controlan al PAN, tiene más lealtad de quienes dicen conocerlo.

Y es que muchos panistas están sentidos con Aranda debido a que, luego de que era la mejor posicionada hace tres años y podía ganar la alcaldía de Puebla con la mano en la cintura, prefirió hacer carrera en el gobierno federal, en donde no pudo colocarse en la gestión de Calderón y por eso se vio obligada a regresar a Puebla. Luego de que le habrían prometido en Los Pinos apoyarían si buscaba un puesto de elección popular.

Los promotores de Sánchez Díaz de Rivera sostienen que la ventaja que ha conseguido el diputado federal y ex subsecretario de Sedesol, serían apoyos directos, de decir de panistas que están de acuerdo en que él sea el candidato.

Falta sumar los votos de los seguidores del activista Genaro Ramírez, y de Fraile, quien si acaba dejando la contienda, los pocos apoyos que tiene seguramente se sumarían a los de Antonio Sánchez Díaz de Rivera.

Estos números son los que han prendido los focos rojos en el equipo de Ana Teresa Aranda, pues aunque ha venido remontando en los índices de preferencias, parece no alcanzarle para ganar en una asamblea.

Eso al parecer la ha llevado a dos acciones que hasta hace poco parecían alejadas de sus estrategias, una fue la de buscar aliarse con el senador Rafael Moreno Valle Rosas, con quien nunca había comulgado. Y la otra, es deslegitimar el proceso electoral. Para eso, dicen sus detractores, al propósito no tramitó su carta de ciudadanía.

La intención de Aranda era buscar que el trámite del documento faltante pareciera ante todo un pretexto político para no dejarla competir. Si en realidad esa era la estrategia, parece estarle funcionando. Aunque falta la parte más difícil, que sería acabar de descarrilar el proceso electoral para provocar la intervención del CEN panista.

Aranda tiene el respaldo de la corriente política de Calderón y de Manuel Espino, pese a las diferencias entre ambas partes. Eso le ayudaría a que si la dirigencia nacional tuviera que intervenir y decidir quién debe ser el candidato, la ex secretaria de Sedesol saldría beneficiada. Y no solamente por los padrinos que tiene, sino porque está en primer lugar de las encuestas electorales aplicadas a población abierta.

No sería la primera vez que el CEN intervenga de esa manera. Hace un año ya hubo una intromisión de esa naturaleza. Ocurrió cuando se rompió el quórum para elegir a candidatos plurinominales a diputados federales. Esa maniobra la respaldó el entonces secretario general del partido y actual presidente del PAN estatal, Rafael Micalco. El resultado fue: José Antonio Díaz García, mejor conocido como “el mosco”, logró convertirse en aspirante a legislador sin haber sido votado por la militancia.

La versión que dan los seguidores de Aranda es muy distinta a lo antes narrado. Dicen que simple y llenamente existe la consigna de frenar a la ex secretaria de Sedesol a cualquier costo. Pero hasta ahora todo lo hecho les está fallando, como lo del trámite de la carta de ciudadanía. ¿Será cierto?

Adiós al camarada Lenin Gómez

El pasado 7 de mayo en este espacio dimos cuenta del accidente que sufrió el periodista Aldrin Lenin Gómez Manzanares. Este día lamentamos que el camarada Lenin –tal como muchos colegas lo conocían– haya muerto el viernes pasado, en Pachuca, Hidalgo, luego de haber resistido durante dos semanas las secuelas de un accidente en una cuatrimoto ocurrido en Huauchinango.

Lenin Gómez fue reportero de la extinta radiodifusora La Radiante que dirigía Sergio Mastretta Guzmán. También fue fundador y colaborador de la revista Buzos, y durante mucho tiempo se encargó de la comunicación social de la organización Antorcha Campesina.

Algo que siempre le reconoceré a Lenin Gómez fue su tolerancia y apertura a la discusión de ideas. Cuando estuvo en Antorcha Campesina se podía dialogar, polemizar, pero sin llegar a la confrontación. Algo difícil que ocurra con los antorchistas que no aceptan a alguien que piensa distinto a ellos.

Lenin siempre fue un colega solidario. Desde aquí recordamos a un buen compañero periodista.

sábado, mayo 19, 2007

Estamos aqui:

Agenda para la reunión plenaria de la CND-P del hoy sabado 19 de mayo a las 10:00 hrs en la 23 Oriente.

10:00-11:00 hrs

1.- Analísis de la coyuntura política nacional y local.

El propósito de la discusión es elaborar un diagnostico politico que nos permita encaminar nuestras actividades para detener el avance de la derecha ejercido con acciones anticonstitucionales que han roto el estado de derecho.

11:00-13:00 hrs

2.- Analísis y desarrollo de plataforma electoral.

En esta segunda parte nos enfocaremos a definir de que manera participaremos en el proceso electoral de noviembre en Puebla.

3.- Conclusiones

Atentamente

La comisión de analísis y acción política.

Sindicatos universitarios marcharán el lunes

Creciente apoyo al paro contra Ley del ISSSTE

Incurrirán en delitos si bloquean calles, asegura la STPS

CAROLINA GOMEZ MENA , SUSANA GONZALEZ , GABRIEL LEON ZARAGOZA

Hasta ayer 19 sindicatos universitarios y agrupaciones campesinas, como el Congreso Agrario Permanente (CAP), habían mostrado su interés de participar en la jornada de protesta convocada para el próximo lunes 21 de mayo, en demanda de la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE.

Carlos Galindo, secretario de relaciones del Stunam, precisó que además del gremio universitario y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el paro de labores ha recibido el apoyo de organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que confirmó ayer su participación en la marcha del lunes, cuyo recorrido comenzará en el Angel de la Independencia y concluirá en el Zócalo.

En vísperas de la protesta, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, insistió en que la nueva ley tiene "bondades y beneficios", y exhortó a pensar en el bien del país y no afectar derechos de terceros con las manifestaciones y bloqueos.

Por su parte, Fernando Amezcua, secretario del exterior del SME, señaló a este diario que si bien los electricistas no realizarán por el momento algún paro de labores (continúa su consulta en asambleas departamentales y seccionales), no descartan tomar las calles y participar en las protestas si se aprueban las reformas energética, laboral y fiscal.

Galindo añadió que el próximo lunes se prevé la presencia de contingentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, pero esto no pudo ser confirmado por Ricardo Pontigo, líder de ese gremio. El departamento de comunicación social de la agrupación sindical aseguró que el dirigente no puede hablar "por estar enfermo de la garganta".

Consultado por La Jornada, Galindo informó que 90 por ciento de los trabajadores administrativos de la UNAM se ampararon contra la Ley del ISSSTE, es decir, cerca de 25 mil, mientras el Stunam asesoró a unos 10 mil docentes para interponer dichos recursos.

El jueves pasado, Pontigo leyó ante los medios un comunicado, en el que informó que los 69 mil 583 trabajadores de base del ISSSTE habían interpuesto el recurso legal contra la reforma.

El paro convocado por la Federación de Sindicatos Universitarios, encabezado por el Stunam, incluirá ceses parciales en dependencias federales y estatales, huelgas de brazos caídos, asambleas informativas y marchas. A esta protesta se sumarán trabajadores del IPN, de los colegios de bachilleres, así como gremios de la Unión Nacional de Trabajadores.

Apoyo campesino

Las centrales campesinas que ayer se sumaron a la iniciativa sostuvieron que "mantenerse al margen equivaldría a validar el desmantelamiento de la seguridad social y los derechos de los trabajadores".

Por separado, la Confederación Nacional Campesina informó que aunque no participará con contingentes, integrantes de su dirigencia acudirán en calidad de oradores para manifestar su solidaridad con los afectados por la ley.

En tanto, organizaciones del CAP puntualizaron que su adhesión al movimiento responde a que la reforma a la Ley del ISSSTE debió consensuarse con todos los sectores afectados o presuntamente beneficiados. Pero sobre todo, agregaron, "porque mantenemos un pacto de lucha solidaria e histórica con el sector obrero".

Por su parte, el titular de la STPS, Javier Lozano, subrayó: "se vale la libertad de expresarse y de manifestar las ideas; el derecho de petición se puede ejercer como dice la Constitución, pero lo que no se vale es afectar los derechos de terceros e incluso cometer delitos, como bloqueos a carreteras federales, aunque ciertamente se vale el derecho de acción, de interponer juicios de amparo".

Entrevistado luego de participar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Empresaria, organizado por Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, el funcionario remarcó que la legislación "va a traer beneficios a los trabajadores del Estado", y aunque no especificó cuáles, sostuvo que las "bondades no se han conocido" como quisiera el gobierno federal.

"Tenemos la responsabilidad de transmitir (el mensaje) mejor a la gente, a los trabajadores del Estado y a la sociedad en su conjunto, para que vean lo importante que es la reforma a la Ley del ISSSTE, que servirá para dar mayor vialibilidad financiera no sólo al instituto, sino a la economía de nuestro país en los próximos años", concluyó.


Al espurio se le hace engrudo el mastique, ya les va a dar servicios ahora si.



Anuncia el Presidente programa para resolver en 90 días rezagos del ISSSTE

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Para hacer frente a los miles de amparos y movilizaciones en contra de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el presidente Felipe Calderón apresuró la presentación de un programa que decreta, como parte de sus 10 puntos, acabar con el rezago de 10 mil cirugías, 18 mil consultas, abasto de medicamentos y cobertura de guarderías en un plazo de 90 días, el cual se cumple el 15 de agosto.






Los maestros pararon alrededor de 90 mil escuelas pese a amenazas, destaca


Contundentes, protestas contra la reforma: CNTE

EMIR OLIVARES ALONSO

La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificó de "acción contundente y con mayor conciencia" la jornada de protestas realizada el pasado jueves, pues aun con las amenazas de sanciones los maestros participaron de manera más activa en las marchas realizadas en diversos estados para manifestar su desacuerdo con las modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Informó que suspendieron labores alrededor de 90 mil escuelas, entre las que ya están en paro indefinido y las que se sumaron a la convocatoria del pasado jueves, aunque reconoció que las manifestaciones no alcanzaron los niveles de las del pasado 2 de mayo, donde casi pararon todas las escuelas de estados como Michoacán y Guerrero.

"Los maestros que suspendieron clases lo hicieron a pesar de las amenazas, lo que habla de una participación más consciente y firme", dijo Daniel Avila, de la sección 18 del sindicato.

Tras una reunión del Consejo Nacional de Huelga, en la que se acordó el plan de acción para las próximas semanas,
Avila reveló que la CNTE se incorporará a la marcha del lunes 21 convocada por sindicatos universitarios, además de que realizarán paros, tomas de casetas de peaje y manifestaciones para apoyar el paro de 12 horas.

Otras de las acciones acordadas fue ron realizar un tercer paro cívico nacional el próximo primero de junio; la salida de caravanas desde distintos puntos del país hacia la ciudad de México, a partir de este miércoles, para realizar un acto de resistencia el 28 de mayo en el Monumento a la Revolución; para el 10 de junio realizarán una jornada contra la "represión de las fuerzas de Estado" en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006.

Asimismo, se prevé que para la segunda quincena de junio se realice una consulta nacional, en la que se preguntaría a la ciudadanía si está de acuerdo con las llamadas reformas estructurales, si desean que Felipe Calderón continúe al frente de la Presidencia de la República y si es necesario un alto a la represión y criminalización de las luchas sociales. Avila mencionó que los resultados de dicha consulta se harían públicos el 2 de julio, "en el contexto del aniversario del fraude electoral".

Los representantes del Consejo Nacional de Huelga exhortaron a la ciudadanía "y a quienes estén conscientes de las afectaciones de la nueva Ley del ISSSTE" a continuar con las jornadas de lucha, realizando paros, marchas, mítines, plantones, cierre de casetas de peaje, visitas "de cortesía" a bancos y centros comerciales, entre otras, "y no sólo esperar a que se haga la convocatoria al paro cívico nacional".

Este negocito es para Yunes y mama Choqui (mama de mamar)

Según el Presidente, en 3 meses ya no habrá rezago; el director había dicho tres años

Recurrirá el ISSSTE al sector privado para cumplir plan de Calderón: Yunes

Solicitaron amparo en el DF más de 130 mil derechohabientes

Gustavo Castillo García

Sólo en la ciudad de México, el Poder Judicial de la Federación contabilizó hasta la tarde de ayer 133 mil solicitudes de amparo contra las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y será la próxima semana cuando el Consejo de la Judicatura Federal dé a conocer la cifra total de recursos promovidos contra la nueva legislación, indicaron fuentes gubernamentales.

De acuerdo con los datos obtenidos, en los últimos días el juzgado de distrito creado para revisar los recursos de amparo dio entrada a un promedio de mil expedientes cada 24 horas.

Los funcionarios entrevistados consideraron que al cierre del plazo para interponer los recursos, la cifra de solicitudes que se presentó en la ciudad de México podría ascender a 138 mil.

Sin embargo, esta cantidad de peticiones de protección al Poder Judicial se incrementará una vez que se dé entrada formal -en el juzgado encargado de este asunto- a los recursos promovidos en diversas entidades del país.

Como se recordará, el plazo para interponer peticiones de amparo contra las reformas a la Ley del ISSSTE venció la medianoche del pasado jueves, y hasta ese día los registros del Consejo de la Judicatura Federal estiman en alrededor de 7 mil las suspensiones provisionales concedidas por jueces a igual número de recursos.

No obstante, el que no se haya dado a conocer que la mayor parte de los juicios promovidos hubieran obtenido la protección temporal no significa que sean rechazados, mencionaron los entrevistados.

Respecto a los cambios a la ley del instituto, se debe recordar que se amplió el número de años para que un trabajador pueda retirarse, ya que ahora mujeres y hombres podrán jubilarse hasta los 58 y 60 años de edad, respectivamente, cuando antes de las modificaciones legislativas aprobadas el pasado 31 de marzo, podían hacerlo a los 48 y 50.

Acusa a la CNDH y a los gobiernos federal y veracruzano de actuar "mafiosamente"

Llama AMLO a impedir que se cierre pesquisa del caso Ascensión Rosario

El tabasqueño no pudo reunirse con los deudos de la indígena en su gira por Zongolica

ANDRES T. MORALES

Zongolica, Ver., 18 de mayo. El gobierno federal, las autoridades de Veracruz y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "actuaron mafiosamente" en el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario para encubrir al Ejército, prostituyendo la aplicación de la justicia, acusó el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a rechazar el veredicto y a no dejar que la investigación se cierre.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal reveló que se reunió con autoridades indígenas y municipales de Soledad Atzompa, quienes conocieron de las declaraciones de Ascensión Rosario y de sus condiciones físicas luego de que fue localizada moribunda en un paraje de la comunidad de Tetlatzinga.

"Hablé personalmente con él (el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuaza), porque me interesaba ese asunto. Le dije: 'a ver, aquí en corto, tú, como presidente municipal, en honor a la verdad, ¿hubo o no violación de la señora?' La respuesta fue, 'sí, sí hubo violación'", comentó.

Este hecho también fue constatado por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, los médicos legistas y el mismo gobernador Fidel Herrera, que aseguraban que sí hubo violación y homicidio. "Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Fue algo indignante, que da vergüenza.

"Ya estuvo bien que nada más se castigue al que no tiene con qué comprar la inocencia y a los que cometen delitos, a los que pertenecen a la mafia de la política que gocen siempre de impunidad", dijo al continuar su gira por el estado.

En un pronunciamiento emitido en el parque central de Zongolica, que fue repetido en los municipios de Mixtla de Altamirano, Texhuacán, Los Reyes y Tequila, también en la sierra nahua, el tabasqueño pidió no permitir más violencia contra las mujeres, "ni contra una aristócrata ni contra una pobre e indígena".

La justicia, manipulada por una camarilla

Aseguró que el caso de la anciana de Soledad Atzompa, presuntamente atacada sexualmente por soldados y que falleció el 26 de febrero, demostró que la justicia es manipulada por una "camarilla, un grupo de unos cuantos que se han apoderado del país y se creen amos y señores de México".

Para encubrir a los responsables de la agresión, todos los funcionarios e instituciones se doblegaron ante el dicho de Felipe Calderón Hinojosa, quien atribuyó el deceso a una gastritis crónica no atendida.

"A partir de esa declaración, todos se fueron alineando; es lamentable la actuación del presidente de la CNDH (José Luis Soberanes), como también últimamente ha sido muy lamentable la actitud de Fidel Herrera, gobernador de este estado, quien se dobló, se quedó callado, en vez de defender a una veracruzana ante una violación, ante un ultraje, se subordinó al presidente espurio", agregó.

Si las instancias oficiales han cerrado el caso y le apuestan al olvido, la sociedad no debe permitirlo, pues la familia nunca ha desmentido públicamente que la señora Ernestina Ascensión no haya sido atacada por los soldados. Al contrario, en declaraciones ministeriales lo afirmaron, aunque ahora estén acotados.

"Han sostenido que hubo una violación, no pudieron mentir porque este tipo de declaración la hicieron porque así fue; los hijos no van a inventar que su madre fue violada, no van a inventar un hecho que puede ser vergonzante para la familia. Los que mienten son otros", dijo.

Aunque de manera extraoficial se anunció que López Obrador buscaría reunirse con los hijos de Ernestina Ascensión Rosario durante su recorrido por la sierra de Zongolica, la ayudantía no pudo hacer contacto con los deudos, en apariencia cercados informativamente a petición del gobierno estatal.

-Dicen que la familia ya se vendió, que recibió dinero del gobierno -le señalaron los reporteros.

-No puedo decir eso, y si recibieron apoyos tal vez sí, porque así están acostumbrados Fidel Herrera y Felipe Calderón, a actuar de esa manera, la de querer resolver todo con dinero.

Riesgo de enfrentamiento con soldados

Pobladores de Soledad Atzompa y de localidades aledañas advirtieron del riesgo de un enfrentamiento o una gresca si elementos del Ejército retornan a estas comunidades. La opinión generalizada en la serranía es que "no hubo castigo para quienes mataron a Ernestina".

Marcelo Tehuipe y Juana Tepole, quienes habitan en los municipios de Soledad Atzompa y Tequila, aseguraron que "la gente está enojada, más que asustada, y le puede dar un escarmiento a los soldados".

El subagente municipal de Tetlatzinga, Rosendo Antonio Dolores, recordó que el pasado 26 de febrero, cuando corrió la noticia de la muerte de la anciana, unos 5 mil indígenas se congregaron con la finalidad de enfrentar a los militares.

"Y hasta tuvo que venir el señor gobernador para evitar que se desataran los trancazos; ahora, con todo esto, quién sabe qué vaya a pasar", expresó.

El "arrepentimiento tardío" de Luis Carlos Ugalde

Monreal: Ugalde, arrepentido, para salvar el pellejo

ANDREA BECERRIL

El "arrepentimiento tardío" de Luis Carlos Ugalde se explica en el intento de "salvar el pellejo" ante la inminencia de una reforma legal, en la que trabajan todas las fuerzas políticas para renovar por completo al Instituto Federal Electoral (IFE) y su Consejo General, consideró el vicecoordinador de los senadores del PRD, Ricardo Monreal.

A su juicio, lo expresado por el presidente del IFE a La Jornada es "un reconocimiento a una actuación ilegal e inequitativa del árbitro de la contienda. Ugalde permitió la guerra sucia y el fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador".

Monreal Avila, encargado de presentar los recursos legales de la coalición Por el Bien de Todos, que impulsó la campaña de López Obrador a la Presidencia de la República, rechazó la afirmación de Ugalde en el sentido de que el IFE no tuvo herramientas para contener los abusos surgidos en la contienda presidencial del año pasado.

"Claro que tenían cómo hacerlo, lo hizo el anterior consejo del IFE que presidió José Woldenberg, con eficacia e imparcialidad, y así logró sacar bien el proceso del 2000, cuando el PRI perdió el poder. El problema en 2006 fue que Ugalde simplemente se plegó a las disposiciones de Elba Esther Gordillo para impulsar, a como diera lugar, al candidato de la derecha".

Monreal destacó que "el cinismo de Ugalde es grande", cuando afirma que se desconoce quién pagó la tercera parte de los anuncios publicitarios que se transmitieron durante las campañas. "Es obvio que son espots que los empresarios y otros grupos de poder financiaron, dentro de la guerra sucia contra López Obrador".

Es la "campaña negra", donde se ubicó al tabasqueño como "un peligro para México", que el instituto electoral no quiso parar a tiempo, agregó Monreal. La afirmación de Ugalde, en el sentido de que el ex presidente Fox actuó de manera irresponsable durante la contienda, es cierta, pero "el mismo calificativo merece él".

El perredista insistió: "A mí y a parte del pueblo de México también nos hubiera gustado que el presidente del IFE actuara de manera ética", que impidiera la inequidad que; no se hubiera negado al recuento de actas, luego de los errores mostrados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que no se hubiera adelantado a declarar triunfador a Calderón."

Monreal comentó que si Ugalde está realmente arrepentido, no quemará las boletas del 2 de julio, porque con ello se borrará la evidencia del fraude electoral que fracturó al país. La realidad sólo "trata de salvar su chamba y evitar que las fuerzas políticas lo obliguen a dejar el cargo".

Al respecto, tanto el PRI como el PRD avanzan en sus propuestas de reforma electoral que habrán de presentar antes de que concluya este mes. El proyecto de los perredistas lo coordina en el Senado Arturo Núñez y propone la renovación total del IFE, con la salida del actual consejo electoral, presidido por Ugalde.

Los priístas coinciden; el coordinador de los senadores, Manlio Fabio Beltrones, expresó que la nueva legislación en la materia es uno de los temas urgentes dentro de la reforma del Estado, ya que la intención es que haya nuevas reglas para la elección intermedia de 2009.

"Los partidos no pueden ir a esa contienda con un árbitro cuestionado, al que se perdió la confianza", dijo.

Dijo al IFE que la transmisión de dos actos masivos de Calderón sólo costó $2 millones


Se opone el PAN a transparentar contratos de campaña con Televisa

Desorden financiero e irregularidades en gastos electorales, la constante de todos los partidos

La multa de PRI-PVEM es de 52 millones; Por el Bien de Todos, 24 millones, y AN, 18 millones

GEORGINA SALDIERNA , ALONSO URRUTIA

Sesión de Consejo General del IFE, el 18 de enero de 2006, cuando aprobó el registro de alianzas para la contienda electoral de julio pasado
Sesión de Consejo General del IFE, el 18 de enero de 2006, cuando aprobó el registro de alianzas para la contienda electoral de julio pasado Foto: Jesœs Villaseca

Durante el proceso de fiscalización de los gastos de campañas que realizaron los partidos políticos en 2006, el Instituto Federal Electoral (IFE) se encontró con la negativa del PAN a trasparentar los contratos comerciales que pactó con Televisa para la difusión de los actos del ex candidato presidencial Felipe Calderón en la plaza de toros México y en el estadio Azteca.

Por esta irregularidad y otras, como la pretensión de hacer pasar como promocionales genéricos (aquellos que benefician al partido) los espots que, a juicio de la autoridad, favorecieron al michoacano, Acción Nacional tendrá que pagar una sanción de 18 millones de pesos, según el proyecto de dictamen que el próximo lunes se someterá a la consideración del Consejo General del órgano electoral.

Cabe destacar que en estos promocionales se encontraría gran parte de los que integraron la llamada guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, ex abanderado presidencial de la coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia).

Más allá de estas irregularidades en que incurrió el PAN, la Alianza por México (PRI y PVEM) recibirá la sanción más elevada, con una suma de 51 millones de pesos. En el dictamen, de casi mil 500 hojas, la constante de la alianza es el desorden en los manejos financieros contables, reflejados en centenares de documentos sin requisitos fiscales, o transferencias financieras no acordes con las disposiciones reglamentarias.

En una situación parecida se encuentra la coalición Por el Bien de Todos, que en muchos casos no entregó las constancias que soporten sus operaciones monetarias. No se acreditaron contratos por 52 millones de pesos y se presentaron cheques sin requisitos fiscales por igual cantidad, lo que ameritará multas por 25 millones de pesos.

La resolución de la Comisión de Fiscalización del IFE correspondiente a la revisión de los gastos electorales del PAN revela que transfirió a la campaña presidencial, como aportaciones en especie del Comité Ejecutivo Nacional y de otros órganos del partido, 38 millones 54 mil 735 pesos, sin que haya entregado al instituto la documentación soporte ni el detalle del prorrateo efectuado.

En el documento de casi mil cuartillas sobre erogaciones del blanquiazul se da a conocer una serie de conductas que tienen como efecto final no reportar el gasto efectuado en la contratación de determinados bienes y servicios, cuya finalidad fue sostener actividades encaminadas a obtener el voto.

Por ejemplo, el blanquiazul no entregó las constancias ni realizó aclaración alguna respecto a la dirección electrónica de Internet del candidato presidencial.

Tampoco documentó encuestas telefónicas, que tuvieron un costo de 12 millones 461 mil 337 pesos. Sumado a ello, reclasificó gastos de la campaña presidencial por 2 millones 996 mil 950 pesos, por concepto de sondeos a los gastos ordinarios del partido.

En el proyecto sobresale que el PAN presentó las facturas que amparan los servicios prestados por Televisa para la transmisión de dos actos masivos que tuvo Felipe Calderón en la plaza México y el estadio Azteca, por 2 millones 785 mil 154 pesos. Sin embargo, no entregó los contratos correspondientes, en los que se detallan los servicios proporcionados, las condiciones, los términos y el precio pactado.

Otra irregularidad encontrada por el IFE fue que en seis distritos electorales ese partido rebasó el tope de gasto de campaña hasta en 10 por ciento respecto al monto autorizado.

Alianza por México: un desorden financiero

En el más voluminoso expediente del total que fue presentado por la Comisión de Fiscalización, la Alianza por México registró conductas recurrentes, como la no presentación de documentos soporte tanto en los apartados de ingresos como de egresos: facturas, contratos, fichas de depósito, copia de cheques, hojas membretadas e inserciones de prensa.

De igual forma, se detectaron numerosas irregularidades en las aportaciones de militantes y en las transferencias que el propio Comité Ejecutivo Nacional priísta realizaba entre sus mismas cuentas bancarias, sea para alguna dirigencia estatal o para alguna campaña.

En este sentido, la comisión del IFE destaca la omisión en la vigilancia y el control de las cuentas bancarias de la alianza, "lo que se pone de manifiesto cuando omite presentar estados de cuenta y conciliaciones bancarias".

Aunque gran parte de los promocionales difundidos por la Alianza por México fueron canalizados a los procedimientos especiales que iniciará la Comisión de Fiscalización la próxima semana, en el dictamen se recogen algunas irregularidades en contratos con concesionarias de radio y televisión, así como no reportar espectaculares y errores en el reporte de gastos ejercidos en la página de Internet, entre otras.

El documento señala incluso: "merece especial atención la falta de transparencia y rendición de cuentas en relación con los anuncios espectaculares contratados por la alianza para sus campañas, pues en este rubro omite presentar las muestras que exige la norma, hacer coincidir sus hojas membretadas con el contenido de las facturas, facturas con el registro contable o, en su caso, no aplicar el gasto en los rubros correspondientes".

Asimismo, hace señalamientos significativos respecto al gasto para el financiamiento de actividades políticas, donde se encontraron omisiones importantes y desatención a los requerimientos de la comisión para esclarecerlos.

Coalición Por el Bien de Todos

Respecto a la coalición de PRD, PT y Convergencia, si bien la constante es la omisión en la entrega de facturas, sobresale un capítulo en el que la comisión del IFE destaca que en algunos rubros relacionados con la contratación de espectaculares, Internet y algunas inserciones en prensa, así como gastos en medios de comunicación, por 52 millones de pesos, no se remitieron los contratos correspondientes.

Una suma similar -52 millones- está involucrada en los comprobantes entregados sobre gastos de las campañas para presidente, senadores y diputados, que de acuerdo con el órgano fiscalizador, no reúnen los requisitos fiscales. Los requerimientos a la coalición para esclarecerlos no fueron atendidos satisfactoriamente. En esa misma categoría se encuentran otros 4 millones de pesos relacionados con propaganda utilitaria, y que su comprobación no satisfizo los requisitos fiscales.

Más adelante, en otro renglón del gasto de la coalición, igualmente se revelan irregularidades en la presentación de contratos relacionados con arrendamientos de inmuebles, servicios de seguridad y otros insumos.

De igual forma, el dictamen destaca que existen financiamientos a diferentes operaciones de la campaña por un monto de 7.3 millones de pesos, que por el volumen involucrado debieron realizarse por medio de cheques, no en efectivo. Las irregularidades cometidas por la coalición abarcan inclusive la no acreditación de facturas o contratos relacionados con la pinta de bardas

Perjudica a los pequeños concesionarios la legislación que Fox promulgó, sostiene

Denuncia Bartlett presión "indebida" de la CIRT en favor de la ley Televisa

Las grandes televisoras usan concesiones para descalificar el trabajo de los ministros, dice

ANDREA BECERRIL

El ex senador priísta Manuel Bartlett, en imagen de archivo
El ex senador priísta Manuel Bartlett, en imagen de archivo Foto: Marco Peláez

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) sigue presionando "indebidamente" en favor de la ley Televisa, como hizo en 2006 para lograr la aprobación de esa legislación, advirtió el ex senador priísta Manuel Bartlett Díaz.

Representante común, junto con Javier Corral Jurado, de los 47 ex senadores que presentaron la acción de inconstitucionalidad contra la cuestionada reforma al régimen legal para los medios electrónicos, desmintió las afirmaciones formuladas un día antes por dirigentes de la CIRT, en el sentido de que invalidar la legislación condenaría a muerte a la radiodifusión.

"Mienten los representantes de Televisa, porque en realidad es la actual legislación, la que Vicente Fox promulgó en abril de 2006, la que perjudica seriamente a los pequeños concesionarios de radio", agregó Bartlett.

Hizo notar que no es casual que en la conferencia de prensa que ofrecieron este jueves los dirigentes de la CIRT pusieran énfasis especial en los artículos 28 y 28A de la Ley Federal de Radio y Televisión. "¡Claro, si ahí está garantizado el negocio del duopolio televisivo, por eso están tan preocupados de que la Corte lo declare inconstitucional!"

El priísta insistió: "Es falsa esa afirmación de los representantes de Televisa de que la radiodifusión se vendrá abajo al invalidarse el artículo 28, como propone el ministro ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en su proyecto de resolución. Por el contrario, se impedirá que las dos grandes televisoras se apoderen del mercado".

Tal como fue redactado ese artículo, el cambio tecnológico, la digitalización, no beneficia a todos, sólo a Televisa y Televisión Azteca, quienes podrán acceder al mercado de telecomunicaciones sin necesidad de licitar y sin pagar nada al Estado mexicano por el uso y explotación de un bien público, como es el espectro radioeléctrico.

Bartlett Díaz recordó que en el proyecto de resolución el ministro Aguirre Anguiano señala que no queda claro por qué se da el trato privilegiado a un determinado sector de concesionarios y tampoco que ello favorezca el desarrollo de la digitalización en radio y televisión.

Incluso, dijo Bartlett, entre diciembre de 2005, en que se aprobó al vapor la ley Televisa en la Cámara de Diputados y de enero a marzo de 2006, que se discutió en el Senado, hubo protestas de radiodifusores, de las televisoras por cable, entre otros, que demandaron modificar la reforma.

Sin embargo, agregó, Televisa por conducto de la CIRT y "sus muchos cabilderos", acalló las voces en contra y ahora sigue presionando para tratar de incidir en la resolución final de los ministros.

Como hicieron cuando impulsaron una campaña contra otro empresario que pretendía la concesión para una tercera televisora, ahora Televisa y Tv Azteca utilizan los espacios que tienen concesionados para descalificar y desvirtuar el proceso que se lleva a cabo en la Suprema Corte.

"Es decir, utilizan un bien público para defender sus intereses personales."

-¿Podrán presionar a los ministros? -se le preguntó.

-Los ministros de la Suprema Corte deben estar por encima de los intereses de grupos de poder -respondió Bartlett, quien confía en que el Poder Judicial invalide por completo la ley Televisa, para impedir así "el mayor atraco contra la Nación, que se pretende llevar a cabo"

Sinico

Va de nuevo, esta muy bueno

Alejandro Nadal .

El sendero de la dictadura

En el año 70 antes de la era presente, Roma era una República. Pero Marco Licinio Craso, un político menor con mucho dinero, soñaba con ser dictador. Cuando comienzan las rebeliones de esclavos, y en especial la encabezada por Espartaco, Craso observó que los ciudadanos romanos, con el terror en el corazón, estaban dispuestos a sacrificarlo todo con tal de conservar sus privilegios.
El ejército de gladiadores de Espartaco estaba más interesado en escapar a Africa que en marchar sobre Roma y por eso contrató una flota mercenaria. Pero Craso no quería dejar escapar la oportunidad: sobornó a la flota para que se alejara, manipuló a las legiones para cerrar toda vía de escape y sólo dejó abierto el camino que conducía a Roma. El terror hizo lo demás: el Senado nombró a Craso Praetor para resguardar a la ciudad.
Con la ayuda de las legiones de Pompeyo como refuerzo, el ejército de Espartaco fue destruido y Craso regresó a Roma. Los días de la República estaban contados: Craso y Pompeyo fueron elegidos cónsules y poco tiempo después surgió el Triunvirato, ahora con Julio César. Más tarde seguiría el Imperio con sus emperadores endiosados. Adiós a la República y sus virtudes ciudadanas.
Las lecciones de Roma siempre fueron útiles en la educación política, pero parece que muy rápidamente son olvidadas. Ahí está el ejemplo de nuestro país, al que los acontecimientos lo arrastran lentamente, pero con seguridad, hacia la dictadura. El gobierno de Felipe Calderón parece haber recorrido las cuatro etapas que se necesitan para completar este proceso.
La primera etapa en la trayectoria hacia la dictadura consiste en sacar al ejército de sus cuarteles y convertirlo en parte esencial de la vida pública. En México este proceso arrancó hace mucho, con episodios más o menos aislados, como el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo y su familia (mayo 1962), hasta la masacre de Tlatelolco, pasando por otros tantos episodios sangrientos en el México rural. Pero hoy la presencia del Ejército es más importante desde el punto de vista político y su efecto en la vida cívica de la nación será duradero.
Utilizar a las fuerzas armadas en labores de policía es desde luego inconstitucional. Sus tareas en tiempos de paz son aquellas que competen a su propia disciplina. El ejército sólo puede intervenir para mantener el orden en alguna región cuando el Congreso decide la suspensión de las garantías individuales. Eso es algo que los voceros que aplaudieron el uso de la 'fuerza legítima del Estado' en Chiapas siempre ignoraron. Hoy parece que ya nadie se molesta con este tipo de nimiedades, pero, cuidado, la Constitución no es una ley: es el máximo estatuto político en una República.
La segunda etapa consiste en inventar una guerra. Al igual que Craso y George W. Bush, el gobierno mexicano ha inventado su propia versión de la guerra contra el terrorismo. Las guerras permiten hacer de la presencia de un instituto militar algo habitual en la vida pública. Los operativos militares que involucran a miles de efectivos no tienen otro efecto que dejar claro que las fuerzas armadas son el garante en última instancia de la estabilidad política. Juego muy peligroso éste, que arriesga todo el espacio político con tal de dar la impresión de que el orden se mantiene.
La tercera etapa implica adaptar el sistema legal para la represión: todos los opositores deben ser castigados de manera ejemplar. También aquí encontramos algo que en México siempre ha existido, sólo que ahora tenemos un proceso generalizado. Las reformas al Código Penal son el mejor ejemplo: equiparables al tipo penal de la disolución social, representan un retroceso de 50 años. Oponerse es delinquir.
La última etapa es producto de la historia de México y es el testimonio de un fracaso político de largo aliento. Consiste en gobernar para unos pocos y con unos cuantos: es el secuestro del Estado para usarlo en beneficio de una camarilla. Ha sido posible porque el Congreso no es un contrapeso del Ejecutivo, sino un organismo disfuncional incapaz de analizar las leyes que aprueba. Desde la ley Monsanto, hasta la ley Televisa, pasando por el Presupuesto de Egresos, el Congreso actúa más como un mitin callejero que como un cuerpo colegiado en el que se debate la legislación de manera razonada.
Por su parte, el Poder Judicial nunca pudo consolidar su autonomía. Las sentencias a los participantes de la lucha en Atenco son el último ejemplo. Simulaciones de leyes, disimulo de juicios, pretextos e imposturas, ingredientes del camino a la dictadura.
Dicen que las revoluciones devoran a sus hijos. Pero una dictadura se come a quien la engendra. Felipe Calderón debe tener cuidado. Está en el umbral de un proceso del que no hay regreso. Su presidencia ha sido cuestionada en sus orígenes, pero hoy está amenazada por sus propias decisiones. ¿La verdadera mala noticia? La transición democrática, si alguna vez arrancó, ha quedado trunca.
__________________________________________________

Luis Javier Garrido con sus acostumbrados. Enviado por Magda

Luis Javier Garrido

La ineptitud

El gobierno ilegítimo del PAN instalado en 2006 ha enviado en estos seis meses un mensaje muy claro a los mexicanos: el de que puede violar impunemente la ley y de que, por lo tanto, no existe en el país un Estado de legalidad y cualquiera puede hacerse justicia por su propia mano, con lo que está llevando a un retroceso sin parangón.

1. El gobierno de facto de Calderón ha hecho exactamente lo que ningún gobernante debe hacer: enviar desde el poder político un mensaje de que la legalidad constitucional no existe, como lo hace ahora con la ola de violencia que ha generado al utilizar ilegalmente a las fuerzas armadas.

2. Y las consecuencias están ahí: la actuación ilegal del Ejército en la supuesta lucha contra el narcotráfico, lejos de "legitimar" a un gobernante espurio ha producido el efecto contrario.

3. La Constitución General de la República, no se puede soslayar, es muy clara al respecto. En su artículo 21 establece que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad" y de ninguna manera al Ejército Federal. En el 129 consigna que "en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", por lo que éstas no pueden suplir, como pretende Calderón, las ineptitudes de su gobierno y convertirse en Ministerio Público o Policía Judicial. Y contundemente mandata en el 29 que la suspensión de las garantías individuales "en todo el país o en lugar determinado", que es lo que de hecho está aconteciendo, no puede hacerse sino mediante una ley votada por el Congreso, como aconteció en 1942, lo que no ha sido el caso, por lo que la actuación del ejército ha sido claramente anticonstitucional, y, además de eso, violatoria de los derechos fundamentales de los mexicanos.

4. Los operativos del gobierno ilegítimo contra el narco, utilizando a quienes no tienen una preparación para ello, han conducido, como era de suponerse, a un sinnúmero de denuncias contra los militares, de Michoacán a Sonora, por homicidios y casos de tortura, allanamientos de morada, robo, agresiones sexuales a mujeres y a menores. El poder del narcotráfico en las instancias financieras, burocráticas y policiacas del Estado sigue en tanto intacto, como sus intereses centrales, a los que protege Calderón, empezando por los de su amigo Carlos Salinas.

5. El Ejército Mexicano no había tenido desde el 68 un nivel tan bajo de descrédito, pero no hay una decisión política para que no se siga degradando la situación. No basta con que organismos internacionales estén interviniendo para detener el clima de violencia generado por la incapacidad y estupidez del gobierno de facto. El desdén oficial ante los cientos de quejas presentadas y el llamado de la CNDH para que el Ejército regrese a los cuarteles, no hace sino presagiar una mayor fascistación del régimen con claros objetivos políticos, y urge, por lo mismo, una más enérgica respuesta desde la sociedad.

6. El gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador ha llamado a respetar la legalidad del país, pero la "clase política" ha estado teniendo en general una actitud vergonzosa ante los acontecimientos. En 1985, Cuauhtémoc Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán, protestó enérgicamente con un desplegado contra la intervención ilegal de agentes federales en su entidad tras el homicidio en Jalisco del agente estadunidense Kiki Camarena, pero en 2006 el gobernador michoacano Lázaro Cárdenas ha aplaudido la actuación anticonstitucional de las fuerzas federales en suelo michoacano, y se ha callado ante los crímenes que han cometido.

7. La militarización del país y la ola de violencia que ha generado Calderón con sus decisiones no ha minado el poder de los cárteles, lo que no era su objetivo, como tampoco ha contribuido a darle autoridad política y moral a quien no la tiene, lo que sí buscaba y sigue buscando absurdamente, como también generar un clima de amedrentamiento en los movimientos populares y entre el pueblo en general, en particular en las entidades donde pronto habrá elecciones para gobernador, Michoacán entre ellas.

8. Esa incapacidad del gobierno de facto de Calderón para enfrentar los problemas de México en otra lógica que no sea la de propiciar grandes negocios para los intereses dominantes, entre los que ya se hallan sus allegados -desde su jefe de gabinete, Juan Camilo Mouriño, hasta su cuñado Diego Hildebrando Zavala-, y su decisión de refugiarse en la violencia, no está logrando más que hacer retroceder al país en todos los órdenes, pero muchos pretenden no darse por enterados.

9. Los grupos de panistas que se encaramaron en el poder desde 2000, en nombre del PAN y de su proyecto, han gobernado en la corrupción y la ilegalidad, traicionando el proyecto histórico que decían representar, y sin más afán que el de su enriquecimiento.

10. En México hay una guerra, pero no es la que ha inventado el gobierno y pretenden ilustrar los medios de comunicación masiva: la guerra de Calderón contra el narcotráfico, que no existe. Hay una guerra económica, política y cultural librada por el gobierno fascistoide de facto de Calderón contra las mayorías del pueblo mexicano, que la propaganda no logra ocultar, y que está teniendo, a pesar suyo, una respuesta cada vez mayor.

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/18/index.php?section=opinion&article=025a2pol

Mensaje de sta semana