Ejército y narcotráfico
Condena unánime en la Permanente por el asesinato de cinco militares en Michoacán
Cuestionan diputados el que se use al Ejército para combatir el narcotráfico
Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó ayer el asesinato de cinco militares en Michoacán y refrendó su ''profundo respeto y solidaridad con las fuerzas armadas'', durante un debate en el que la oposición coincidió al demandar al presidente Felipe Calderón que revalore la decisión de mantener al Ejército Mexicano como la principal fuerza en el combate al narcotráfico.
En nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado José Murat advirtió que se vive ''técnicamente en una situación de emergencia'', donde el crimen organizado representa ''el más grande desafío a la gobernabilidad'', y reclamó que se revisen las estrategias, metas y objetivos en la lucha contra el narco, para evitar que ''los muertos sean los nuestros, los que están del lado de las instituciones''.
A su vez, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Graco Ramírez dijo en tribuna que fue una pésima decisión y un grave error de quien llegó ''altamente cuestionado'' a la Presidencia de la República, sacar a la calle al Ejército, ''pensando que ello bastaba para combatir al crimen organizado'', sin un plan integral y con los mismos funcionarios que en el sexenio anterior fracasaron en detener la violencia y la ola de criminalidad.
El punto de acuerdo lo propuso el Partido Acción Nacional (PAN) por conducto del diputado Cristian Castaño y fue aprobado por todas las fuerzas políticas en un debate en el que PRI y PRD dejaron en claro que la solidaridad y el reconocimiento son para las fuerzas armadas.
Es el Ejército el que ha debido ocupar ''el enorme vacío que los cuerpos policiacos y los mandos civiles han dejado'', advirtió José Murat, e insistió en que se debe evitar que militares sigan muriendo. Lo que sucedió en Michoacán ''no es un caso aislado, en distintos puntos de la geografía nacional vemos cómo el paisaje se tiñe de sangre por las ejecuciones''.
Igualmente, el perredista Graco Ramírez señaló que Calderón, al llegar en condiciones de ''una clarísima debilidad, en un acto irresponsable se le hizo fácil'' acordar de inmediato el uso del Ejército para atacar el narcotráfico, y ''los resultados están a la vista''.
A su vez, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Javier Orozco dijo que ''para corresponder a esa valentía y lograr que sus pérdidas no resulten en vano'', es necesario analizar el marco legal de la seguridad nacional, a fin de ''redoblar el combate al crimen organizado y no sólo tener al frente al siempre leal y patriótico Ejército Mexicano''. En tanto, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, lamentó que en la batalla contra el narcotráfico el gobierno federal ''está exponiendo demasiado al Ejército, porque lo está llevando a un terreno muy peligroso''.
Cuestionó los operativos hasta ahora realizados, por considerar que faltó prudencia, sobre todo porque, afirmó en entrevista, la batalla que encabeza el Ejecutivo resulta muy ''peligrosa para las instituciones del país, y si el Ejército llegara a fallar, ya no nos quedaría nada''.
De su lado, los partidos Verde Ecologista y Convergencia condenaron el asesinato de elementos del Ejército y llamaron a hacer un frente común para combatir y acabar con la inseguridad que se registra en varios estados. Las dirigencias nacionales de ambos organismos políticos señalaron que es importante dar una respuesta conjunta a la creciente ola de violencia provocada por el crimen organizado, en especial los cárteles de la droga que operan en México.
Javier Oliva Posada, especialista en temas de las fuerzas armadas e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, aseguró que la emboscada en la que perdieron la vida cinco elementos del Ejército evidencia la crisis de seguridad pública que enfrenta el Estado. Indicó que ese hecho obliga a Felipe Calderón a replantear la pertinencia de mantener a las fuerzas armadas como única respuesta a la delincuencia organizada, sin un programa que ataque los problemas relacionados con el narcotráfico, como el consumo de estupefacientes y su prevención, además del seguimiento financiero de las operaciones ilícitas y la efectiva incautación de los recursos económicos y los bienes muebles e inmuebles, resultado de dichas operaciones.
En Morelia, la titular de la Secretaría de Gobierno del estado, Guadalupe Sánchez, afirmó que los hechos ocurridos en Carácuaro, en los que perdieron la vida cinco militares, son parte de la reacción del crimen organizado ante el combate frontal que está dando el gobierno federal.
También en esa ciudad, el ex dirigente nacional del PRD Leonel Godoy Rangel afirmó en entrevista que desde la administración de Vicente Fox, el gobierno federal perdió el control en la lucha contra la delincuencia organizada y Calderón ''no le ha dado al clavo''.
Finalmente, en conferencia de prensa efectuada en Monterrey, Nuevo León, el secretario general del Frente Amplio Progresista (FAP), Jesús Ortega Martínez, consideró que al haber metido al Ejército a la lucha contra el narcotráfico sin contar con una estrategia y un buen trabajo de inteligencia, el gobierno de Calderón está provocando el desgaste político y el deterioro de la eficacia de las fuerzas armadas.
