Lo que mal empieza…
César Cansino
14 de marzo de 2008

Del caso Juan Camilo Mouriño, del cual se ha hablado profusamente los últimos días y se seguirá hablando un buen tiempo, pueden anticiparse algunos derroteros que sin exagerar marcarían la suerte de todo el sexenio de Felipe Calderón.

Más allá del meollo del asunto (tráfico de influencias o apego a la legalidad en la firma de contratos para favorecer a las empresas de la familia Mouriño por parte del ahora titular de Gobernación cuando se desempeñaba como diputado federal o funcionario de la Secretaría de Energía), y al margen del trasfondo y las razones no confesas del escándalo por parte de los instigadores del PRD y de Andrés Manuel López Obrador (golpear al gobierno de Calderón y desacreditarlo para que no prospere la reforma energética promovida por el Ejecutivo), e independientemente de las disquisiciones éticas que este presunto nuevo escándalo de corrupción puede generar y de hecho ha generado entre los especialistas (hasta dónde un acto de corrupción, por más que cubra el expediente jurídico, es contrario al interés general, por lo que es intrínsecamente inmoral y condenable por la sociedad), o del hecho de que este escándalo nos revela de golpe el peso de la tradición del viejo régimen en el nuevo ordenamiento institucional (o sea, la persistencia de una mentalidad patrimonialista del poder, donde la discrecionalidad en las decisiones, la impunidad y los abusos de autoridad son todavía moneda corriente); más allá de todo ello, muchas cosas están en juego dependiendo de la manera como se resuelva o desactive el entuerto en el corto plazo.

De entrada, sea cual sea el desenlace, o sea, que Mouriño sea encontrado culpable o inocente por los tribunales por el delito de tráfico de influencias (en el entendido de que prospere una investigación judicial seria e imparcial para deslindar responsabilidades), el asunto tiene ya un costo para el gobierno de Calderón y para el partido gobernante, tanto en términos de credibilidad como de honorabilidad y congruencia.

Es perfectamente lógico que tanto Calderón como el PAN se hayan empeñado hasta ahora en defender obstinadamente a Mouriño. No hacerlo o sacrificarlo tempranamente ante las presiones hubiera enviado una señal de debilidad que no corresponde con la imagen de fortaleza que los asesores de Calderón han querido proyectar del Presidente desde su toma de posesión. No olvidemos que Mouriño es una creación de Calderón y si alguien lo ha promovido para llegar hasta donde está es precisamente el Presidente. Además, ceder a las presiones propinaría la primera derrota de Calderón ante su peor enemigo, López Obrador, amén de que lo deja muy mal parado para promover la reforma energética que tenía proyectada.

Por lo que respecta al PAN, su defensa airada de Mouriño, más que lealtad con el presidente Calderón, responde a la necesidad de este partido de no quedar exhibido, sobre todo en vísperas de las elecciones intermedias de 2009, como incongruente y amnésico, pues aceptar el tráfico de influencias de Mouriño es incompatible con la lucha que el PAN enarboló históricamente contra la corrupción del viejo régimen.

Sin embargo, he ahí que demasiada obstinación por parte del Presidente y el PAN en la defensa de Mouriño también tiene un costo político muy alto, sobre todo en el escenario de que a final de cuentas el titular de Gobernación sea encontrado culpable.

En efecto, este escenario mostraría a un presidente necio, caprichoso e insensible ante los ciudadanos que, a juzgar por las encuestas, sí consideran mayoritariamente que Mouriño es culpable de abuso de autoridad. Además, el gobierno de Calderón arrastraría en lo que le resta el estigma de la corrupción y la incongruencia, igual que muchos gobiernos priístas del pasado. Por su parte, el PAN vería disminuido sensiblemente su capital político y moral construido trabajosamente durante décadas y presumiblemente comenzaría a ser castigado electoralmente.

Cualquiera que sea el desenlace, es claro que la llegada de Mouriño a Gobernación ha sido totalmente contraproducente para el Presidente, o sea, ha sido un error muy costoso cuyas consecuencias se subestimaron. Un error tanto por la juventud y la ambigüedad de la nacionalidad de Mouriño como por su paso por el gobierno siendo empresario del ramo energético. Pero esto que resulta evidente para todos, para Calderón se ha convertido en un auténtico enigma: ¿destruirlo o no destituirlo? Esa es la cuestión.

cansino@cepcom.com.mx

Director del Centro de Estudios de Política Comparada