| Bucareli Jacobo Zabludovsky 28 de mayo de 2007 |
Mira por dónde el mexicano descubre, como pepenador atónito en el tiradero de eso que llamamos instituciones, la que aspira a ser respetada.
Los caminos del Señor, dicen los operadores turísticos de almas, son infinitos e inescrutables. Uno de ellos, hecho al andar, indujo al mexicano a apostar su esperanza a que aún funcione algo de eso que llamamos gobierno. De los tres que forman eso que llamamos poderes, sobrevive uno que la semana pasada ejerció la función que justifica su existencia, la de velar por la salud de nuestras leyes: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Gracias a los canales de televisión no comerciales fuimos testigos del trabajo de nueve ministros encargados de decidir si la ley Televisa contradice a la Constitución. Los debates continuarán esta semana pero lo hecho en la pasada no tiene precedentes, especialmente por la difusión dada a los trabajos judiciales en transmisiones directas. Para muchos fue un primer encuentro con el rito y la liturgia del tribunal: desde el recinto hasta la vestimenta, pasando por las fórmulas verbales de respeto recíproco y el apego a un procedimiento antiguo. Durante horas que se hicieron cortas, vimos y oímos las posturas de cada ministro y las explicaciones de los expertos en telecomunicaciones. Uno de los asuntos principales es si la ley Televisa al concesionar una frecuencia de televisión no cometió un exceso, considerando que el procedimiento digital permite usos muy distintos al concesionado, abre la posibilidad de que se instalen otros canales, algunos de paga, sin perjudicar técnicamente a los actuales pero dando más posibilidades a inversionistas, anunciantes y al público. En un acto vergonzoso, la Cámara de Diputados anterior aprobó por unanimidad y sin debate, en sólo siete minutos, la ley que algunos votantes nunca leyeron. El Senado presuroso la aprobó después por mayoría. La ley era un eslabón en la cadena que la pareja presidencial trocó sin que fuera suyo y a cuatro manos, claro, por un blindaje mediático de sus espaldas.
Se trata de ver, a partir de hoy, si los nueve ministros encuentran fundamentos jurídicos que cancelen los desatinos de los otros dos poderes.
Difícil labor porque son indispensables ocho votos para aceptar la acción de inconstitucionalidad. Aunque su esfuerzo de la semana pasada mereció aplauso, falta llegar a la conclusión y eso es, a fin de cuentas, lo que recogerá la historia. En términos taurinos queda claro: lo bien toreao es lo bien arrematao.
En un intento de impedir la acción de inconstitucionalidad, algunos pescadores revuelven el río: mezclan en columnas y comentarios lo técnico con lo jurídico, lo político con lo legal, lo legislado con lo que debió haberse discutido, aprobado y votado teniendo en cuenta los intereses del Estado mexicano. A esta turbulencia artificial se agregan los hechos de los últimos días: el misterioso pago de millones de pesos de spots que nadie ordenó y nadie cobró pero pasaron al aire; una propuesta del presidente de la comisión de Radio y Televisión del Senado para que se vote distinto al impugnarse otro caso de inconstitucionalidad; la revelación del senador Ricardo Monreal de que el narco pagó spots en la campaña presidencial y hasta el hecho de que hoy en Venezuela se estrenó la programación socialista en el canal donde durante 54 años operó la comercial y privada RCTV.
Lo que a muchos compatriotas no les queda claro es en qué beneficia al ciudadano de a pie la recreación del marco jurídico de la radio y la televisión mexicanas. Es justo reconocer que la radiodifusión establecida hace alrededor de 80 años se ha convertido en la poderosa industria que es hoy gracias en gran parte a la entrega de los mexicanos que la fundaron, hicieron crecer y han convertido en herramienta publicitaria, de esparcimiento, diversión, información, difusión musical, cultural, eventos deportivos y acontecimientos inesperados. Deben protegerse los derechos de los concesionarios, sin olvidar que se les ha entregado sólo el uso temporal de un bien público, una propiedad estatal. Los dueños del aire mexicano somos los mexicanos. Cuando un invento permite que en ese aire transiten más canales de radio y televisión que los concesionados previamente, al pueblo de México le beneficia poder aspirar a una concesión, a que haya más opciones, más estaciones de radio y televisión en otras manos, más vehículos de ida y vuelta, iguales o similares al teléfono y al internet. Para no abundar, al pueblo de México le beneficia que por nuevos servicios abiertos gracias al avance técnico, quienes los aprovechen paguen lo razonable.
El ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Aguinaco inició el debate al concluir la consulta con los expertos salpimentando sus reflexiones con algunas frases llamativas. Reveló haber sufrido presiones que no influirían en el ánimo y convicciones de los nueve ministros y dijo dos veces que ya se vería “de qué están hechos los ministros”. Y, de veras, ¿de qué están hechos? Sería una desmesura pensar que de lo mismo que el cadete heroico del castillo de Chapultepec. No es el caso, no exageremos. Podrían estar hechos de la voluntad de sacrificio que impulsó a Guillermo Prieto a decir en Guadalajara: “Los soldados mexicanos no asesinan”, y evitar así la muerte de Benito Juárez. Pueden estar hechos del heroísmo suicida de Belisario Domínguez que perdió la lengua y la vida por llamar traidor a Huerta. O del impulso mesiánico de Aurelio Manrique cuando en la Cámara de Diputados interrumpió el informe de Plutarco Elías Calles gritándole farsante. Pero pueden estar hechos también de otra materia muy distinta, como las criaturas llegadas ante el Mago de Oz: el león cobarde estaba hecho de miedo, el hombre de lata de aire y el espantapájaros de paja.
¿De qué están hechos nuestros ministros?
Faltan pocos días. Pronto lo sabremos.
