Sistema político y delincuencia Ernesto López Portillo 28 de mayo de 2007

La participación actual de las Fuerzas Armadas mexicanas en el combate a la delincuencia requiere análisis serios y equilibrados. Llegó Calderón al poder y encontró, según el procurador Medina Mora, que el monopolio del uso de la fuerza del Estado está siendo disputado por organizaciones criminales; "hay una cierta pérdida de elementos centrales de la potestad del Estado en geografías determinadas", dijo.

Se descubrió el telón: el correlato entre el debilitamiento del Estado mexicano y el empoderamiento de la delincuencia organizada llegó al límite; hoy somos testigos de la abierta lucha por la supremacía entre poderes formales y de facto.

En el fondo lo que está sucediendo es que la caída del régimen de partido hegemónico y la consecuente multipartidización en el poder colapsó el eficiente sistema de administración del crimen que el Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, operó desde siempre. La violencia de hoy es en buena medida producto de la ruptura de los pactos que antes permitieron la coexistencia estable entre el sistema político y la criminalidad amparada en la impunidad. Ahora ese equilibrio se desmoronó porque la transición democrática -sumada a la evolución de los mercados ilegales- viene fracturando el tejido de alianzas entre poderes formales y fácticos. Y no necesariamente se trata de que la transición esté generando gobiernos comprometidos con el estado de derecho, más bien creo que la transición está permitiendo que accedan al poder grupos diversos que no traen consigo las mecánicas históricas de coexistencia con el crimen organizado, lo cual genera vacíos que se llenan con la violencia.

Y el asunto es aún peor, porque se trata de un desmoronamiento de pactos sin reglas y sin instituciones capaces de contener los conflictos asociados. Como dice Luis Astorga: "no hay árbitro". En efecto, el Estado mexicano llegó al siglo XXI sin instituciones policiales profesionales -salvo excepciones mínimas- y con un sistema de justicia penal colapsado. Es en este contexto en el que Calderón llama a las Fuerzas Armadas, por cierto, creo que cualquier otro que hubiera llegado a la silla habría hecho lo propio. Ahora, luego de un cuestionamiento a esta decisión por parte de legisladores federales, el Presidente les responde con enorme rudeza y afirma que no cederá, mientras Medina Mora declara que las Fuerzas Armadas participarán "todo el tiempo que sea necesario". No creo que sea esto lo que necesitamos: una relación de oídos sordos entre poderes federales en torno al tema que más preocupa a los mexicanos. Necesitamos un poder ejecutivo federal que justifique y explique de otra manera.

Que haga un esfuerzo serio de comunicación más allá de la propaganda y nos diga por qué toma estas decisiones, cómo las administra, cómo enfrenta los desvíos y cómo juega esto dentro de una política criminal de Estado que venimos esperando. Necesitamos legisladores federales que se hagan responsables de en verdad entender las dimensiones del problema y jueguen un papel proactivo de análisis, crítica y fiscalización informados, y de construcción de alternativas.

Quiero suponer que nadie desea el desgaste de las Fuerzas Armadas provocado por una misión extrema prolongada en el tiempo. Quiero suponer que la apuesta de Calderón es civil. Si es el caso, que lo explique, si no, también.

Presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC