Ministro plantea indagar a servidores por caso Oaxaca
Permitirá a la Corte fijar límites a la fuerza pública, indica el texto
Carlos Avilés
El Universal
Lunes 28 de mayo de 2007
Con base en la conclusión de que autoridades municipales, estatales y federales participaron en los hechos que afectaron a los oaxaqueños, propuso a sus compañeros de la Corte crear una comisión que investigue, de manera particular, quiénes fueron los funcionarios públicos responsables de estos hechos, para pedir que se les finquen, de ser el caso, posibles responsabilidades civiles, penales administrativas o políticas.
El proyecto de sentencia no menciona los nombres de los ex servidores públicos y funcionarios que serán objeto de la indagatoria. En la Corte se menciona al ex presidente Vicente Fox, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien tenía a su cargo la Secretaría de Seguridad Pública federal en el momento de los hechos. Estos datos coinciden con la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En respuesta a una petición que le hizo a la Corte la Cámara de Diputados, en marzo pasado, para que investigue los hechos que se registraron en dicha entidad, el ministro Silva Meza elaboró un estudio en el que determinó que, en especial, "las autoridades policiacas afectaron físicamente a un gran número de personas".
Silva Meza actualmente tiene a su cargo la investigación en torno a la participación del gobernador de Puebla, Mario Marín, en las presuntas violaciones a las garantías de la periodista Lydia Cacho.
Y en febrero pasado le tocó redactar el documento final mediante el cual una mayoría de siete ministros de la SCJN determinó la existencia de violaciones graves a las garantías de los pobladores de San Salvador Atenco durante los enfrentamientos con policías el 3 y 4 de mayo de 2006.
En esa ocasión los ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González Salas, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva Meza acordaron crear una comisión investigadora para que determine los motivos y los responsables de las violaciones a las garantías en el caso Atenco.
En dicha indagatoria, que está en curso, el procurador Eduardo Medina también es uno de los principales funcionarios que es investigado.
En la Corte hay confianza en que, por congruencia, una vez que termine la revisión del juicio de la ley de medios, los ministros apliquen el mismo criterio que usaron en el caso Atenco.
Esto último porque en el caso de Oaxaca, al igual que en el caso Atenco, el ministro Juan Silva Meza llegó a la conclusión de que "la investigación no deberá centrarse sobre si existieron o no dichas violaciones" porque ya las comprobó la CNDH.
De acuerdo con el proyecto de sentencia que circuló entre sus compañeros ministros, del cual tiene copia EL UNIVERSAL, la Corte debe nombrar una comisión investigadora para el caso Oaxaca que esté encabezada por dos magistrados federales que se encarguen de investigar y dar respuesta básicamente a las siguientes preguntas:
"¿Por qué se dieron esas violaciones?, ¿alguien las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de policías?, etcétera".
Todo ello, asegura en el documento, "con un doble objetivo: el primero, para que la sociedad mexicana y la comunidad internacional y, sobre todo, los habitantes de la entidad federativa de Oaxaca, conozcan el por qué ocurrieron esos hechos que constituyen una violación grave a las garantías individuales y derechos humanos".
Con esta medida, asegura, "se puede contrarrestar ese estado de incertidumbre y afectación en la vida de la comunidad, que generaron los hechos y que motivaron la gravedad de las violaciones, y, por ende, el ejercicio de la facultad, pues ello dará confianza en que el Estado se interesa por la defensa de los derechos fundamentales de los gobernados".
El segundo objetivo, el cual depende del resultado del primero, dice, "permitirá, en su caso que esta Suprema Corte establezca criterios sobre los límites de la fuerza pública; y, en su caso, haga llegar a las autoridades su opinión sobre las formas de reparación de la violación de garantías, ya sean jurídicas o civiles".
Pero, más queda, asegura Silva Meza, este segundo objetivo también permitirá que la SCJN emita, si es el caso, "la opinión sobre posibles responsabilidades civiles, penales administrativas o políticas" que resulten en contra de los funcionarios o ex servidores públicos municipales, estatales y federales involucrados.
La CNDH informó el jueves pasado que emitió la recomendación 15/2007 sobre el conflicto en Oaxaca, porque documentó violaciones a las garantías de mil 600 personas, y destaca la muerte de 12 personas.
El titular del organismo, José Luis Soberanes, dijo que aunque el presidente Calderón "no tiene por qué cargar con los muertos de (Vicente) Fox", su gobierno deberá atender esta recomendación. Y señaló a elementos de las policías ministerial y preventiva de Oaxaca como autores de esos agravios y manifestó que el gobernador Ulises Ruiz, tiene responsabilidad directa en estos hechos.
También responsabilizó a elementos de la PFP y al Ejército, que retuvo e incomunicó de manera ilegal a 50 personas en la Base Aérea Militar número 15, ubicada en Xoxocotlán, Oaxaca.
