´Spots´ y gobierno
| El imperio de los ´spots´ César Cansino 25 de mayo de 2007 |
Un año después de las elecciones del 2 de julio comienza a armarse el complejo rompecabezas de los comicios más competidos e impugnados en la historia reciente de México. En esta ocasión, el Instituto Federal Electoral (IFE) dio a conocer los resultados de su monitoreo de spots contratados por los partidos y los candidatos durante la campaña electoral de 2006.
Las cifras son simplemente escandalosas. Se habla de 755 mil spots publicitarios, lo que equivale a 2 millones de horas de ataques y contraataques, a más de 2 mil millones de pesos desembolsados por los candidatos para promocionarse en los medios masivos, es decir 80% del total de los recursos otorgados a los partidos para sus campañas. Y por si esto no bastara, el IFE da a conocer que de esos 755 mil spots, 280 mil no están reportados, es decir, nadie sabe quién los pagó, son ilegales.
La interrogante que surge de este embrollo es: ¿quién o quiénes pagaron estos spots para favorecer a ciertos candidatos o partidos?, ¿acaso fueron los gobiernos locales, o el gobierno federal, o las bancadas parlamentarias, o simplemente fueron "obsequios" de los dueños de los medios? Huelga decir que, cualquiera que sea la respuesta, que por lo demás será muy difícil establecer a ciencia cierta, es evidente que se violentaron y por mucho los topes de campaña, o alguien está cometiendo un tremendo fraude fiscal. Y si se trató de obsequios de los propios monopolios televisivos, pues queda más que claro el mecanismo mediante el cual los poderosos medios electrónicos son capaces de someter y presionar a los políticos para preservar sus intereses (léase ley Televisa).
De los muchos temas que este escándalo suscita, el más importante tiene que ver con el financiamiento público de los partidos. Como se sabe, la ley federal en materia electoral establece que los partidos en México son instituciones de interés público, por lo que reciben financiamiento del Estado. Pero lo que fue una premisa indispensable en el pasado para asegurar equidad en las contiendas electorales hoy no sólo se ha revelado ineficaz, sino que alienta todo tipo de excesos y abusos por parte de los propios partidos. Antes fueron los Amigos de Fox o el Pemexgate, y ahora algún mecenas misterioso, pero el hecho es que el esquema de financiamiento público no funciona.
Hay muchas explicaciones de esta situación. En la práctica los partidos en México se han convertido en poderes fácticos con amplias prerrogativas para imponer sus intereses y garantizar sus privilegios. Son ellos los que deciden las reglas del juego, establecen quién juega y quién no (la exclusión de Jorge Castañeda como candidato independiente es más que elocuente), fijan cuánto dinero les corresponde y cómo repartirlo. Lo peor de todo es que sólo los partidos pueden reformar estas condiciones de partida que tanto dañan la credibilidad de la democracia electoral, por lo que no es previsible que acuerden modificaciones legales que los vayan a perjudicar o restar influencia y poder.
A todo ello hay que sumar que la ley electoral vigente además de inconsistente es permisiva de este estado de cosas. El IFE puede detectar irregularidades, como ahora el asunto de los spots, pero poco puede hacer para cambiarlas. Además, su proceso de fiscalización es reducido y tiene muchas restricciones para exigir cuentas a los partidos o a particulares. Pero lo más frustrante es que las sanciones que el IFE está en condiciones de imponer a los partidos y candidatos que cometen delitos electorales son ridículas, y se limitan a penalizaciones económicas.
Lo curioso de todo esto es que a nadie escapa en la actualidad el tipo de soluciones que podrían revertir este lamentable panorama que tanto daña a la institucionalidad democrática, pero los partidos no tienen ningún incentivo para impulsar correctivos, pese a que está en juego su propia credibilidad y legitimidad. Entre otras cosas, ya es tiempo de cerrarle el paso al dinero que se transfiere a los medios electrónicos en tiempos electorales, así como de reducir drásticamente los tiempos de campaña, redefinir las competencias del IFE, introducir la segunda vuelta y unificar la agenda de las elecciones de todo el país.
En fin, criterios para perfeccionar nuestras elecciones hay muchos. El problema está en no ensayar ninguno por considerar que son ajenos a nuestra circunstancia nacional o por argumentos de cualquier otro tipo. Lo que está en juego es la supervivencia de nuestra maltrecha democracia.
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada
