domingo, marzo 04, 2007

Las promesas de campaña del tabasqueño se concretarán en leyes, dice el senador

La "ley de salarios máximos" fue un compromiso de AMLO: Navarrete

Asegura Joaquín Coldwell que hay consenso en el PRI para aprobar esa reforma

ANDREA BECERRIL

En imagen de archivo, el priísta Pedro Joaquín Coldwell
En imagen de archivo, el priísta Pedro Joaquín Coldwell Foto: Luis Humberto González

Con la reforma legal que establece topes a los salarios de los servidores públicos se da un primer paso para eliminar los privilegios de funcionarios y ex presidentes de la República, y se lleva a la Constitución uno de los compromisos básicos del programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, manifestó el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete.

Aunque dijo que aún no tienen la evaluación definitiva de cuánto se ahorrará el Estado al poner en marcha dicha enmienda, que acaba con los ingresos millonarios de los servidores públicos, recordó que durante la pasada campaña electoral López Obrador hablaba de 100 mil millones de pesos al año por ese concepto.

"No quiero adelantar una cifra hasta tener los estudios que llevan a cabo especialistas, ya que se trata de disminuir las remuneraciones en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno". Hasta ahora, agregó, la discusión se ha centrado en los salarios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también están los de funcionarios de empresas descentralizadas y de organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral (IFE), así como de gobernadores, presidentes municipales y regidores.

Navarrete aclaró que no quiere festejar anticipadamente, ya que la reforma, una vez aprobada en el Senado, deberá pasar a la Cámara de Diputados y luego a las legislaturas de los estados. "Sin embargo, no podría dejar de subrayar que el PRD y los demás partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) vamos a demostrar a los mexicanos que votaron por López Obrador que las promesas de campaña las vamos a concretar en leyes".

El coordinador de la bancada perredista en Xicoténcatl dijo que además de esa reforma, que será presentada al pleno senatorial el jueves próximo, hay un conjunto de compromisos básicos de López Obrador que los legisladores del FAP van a convertir en iniciativas de ley. Entre ellas, la generalización de pensiones para adultos mayores, el acotamiento del poder presidencial, poner un dique a los intereses monopólicos que dominan el país y la defensa prioritaria de los energéticos.

Cuestionado sobre el eventual riesgo de que la reforma que fija salarios máximos pueda desembocar en corrupción de servidores públicos que no acepten ingresos menores a los que ahora perciben, Navarrete expresó que ese argumento propició en sexenios pasados pagar salarios y pensiones "estratosféricos" en algunas áreas y sectores de la administración pública, "para que no tuvieran necesidad de robar".

Sin embargo, eso no funciona. Sólo representa una carga enorme a las finanzas públicas, por lo que llegó el momento de regresar a la vocación de servicio público con salarios dignos, pero no los 400 mil que han llegado a ganar presidentes municipales, agregó. Hizo notar que aquellos funcionarios que no estén dispuestos a ello, que se vayan a IBM o a otras trasnacionales, como hizo el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

En entrevista por separado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell, informó que hay consenso en el PRI para aprobar esa reforma, que además de poner orden en el sector público sobre remuneraciones de funcionarios elimina las pensiones que ahora reciben los ex mandatarios del país, desde Luis Echeverría hasta Vicente Fox.

En adelante, detalló, ya no podrá seguirse con el pago de pensiones a los ex gobernantes a partir de una partida presupuestal de la propia Presidencia de la República, por lo que deberá crearse una ley específica para ese fin.

El ex gobernador de Quintana Roo y ahora senador del PRI aseguró que la enmienda no tiene dedicatoria para los ministros de la Corte ni para nadie. Se trata de un cambio a la Carta Magna "para consagrar principios generales, a los que deberemos ajustarnos todos los servidores públicos, ya que también incluye a los legisladores".

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