lunes, junio 25, 2007

“¿Hubo fraude?”

Me preguntaron.

René Sánchez Galindo

25 de junio de 2007

A propósito de estas fechas y con motivo de mis “semanales” -así les llamo yo a estos escritos-, un muy buen amigo, que yo considero una buena persona, que quiere lo mejor para el mundo, para nuestro país, para su ciudad, para todes, me escribió un correo que motiva este escrito. En realidad desde lo que he podido observar es un tema recurrente de muchísimas personas (por no decir todas), de muchísmos sectores (por no decir todos).

Después de leer mi escrito de la semana pasada me preguntó:

¿De verdad crees que la presidencia fue robada?, ¿por qué?, ¿no pudo haber ocurrido que Calderón ganara?, ¿no pudo perder López Obrador? ¿por qué es tan imposible pensarlo así?

Para quienes pensamos que apoyar las causas sociales y los movimientos que han surgido en el país podría parecer que una persona que defiende a Calderón es un defraudador, represor y ladrón. Pero no. En realidad hay millones de mexinacnes que no son así y que apoyan a Calderón. Eso es real, para bien y para mal.

Sin embargo estas preguntas que mi amigo me formula me permiten expresarme y comentarles cuál fue mi proceso, cuál fue mi camino y porqué hoy no tengo ninguna duda de que el candidato ganador fue Andrés Manuel López Obrador, y porqué basado en esa convicción profesional decidí apoyar y votar a favor de que fuera considerado por nuestro movimiento como Presidente Legítimo.

Primero la confesión: yo anulé mi voto. Soy un ciudadano más que convencido de su obligación de votar no estoy de acuerdo con los partidos políticos actuales, ni con el sistema actual para llegar al poder que todos los partidos utilizan. Lo digo como confesión, porque después de la elección Elba Esther Gordillo hizo público que AMLO no le contestó sus llamadas, y eso, en mi experiencia, habla de una gran congruencia y convicción del actual Presidente Legítimo. Creanme, no tomarle la llamada a ese tipo de líder del sindicato más grande de america latina confirma la postura de López Obrador de no llegar atado de manos. Pero yo no lo sabía el día de la votación y anulé mi voto.

Segundo. El 3 de julio de 2006 estaba completamente sorprendido de que la población hubiera optado por el mismo sistema que nos ha empobrecido como país. Y quien no me crea pues es que no tiene problema con pagar los teléfonos y los celulares más caros del mundo. En fin cuando en la noche del 2 de julio la nota era que faltaban alrededor de 11 millones de votos desperté. Tal cual, estaba engañado, me la creí por 24 horas. No puede ser que el PREP haya publicado el 98% de las casillas capturadas con más de un punto de ventaja para Calderón, cuando no llegaban ni al 90% de casillas consideradas. Al confesar el ¿error? el IFE aceptó que la diferencia era de medio punto.

Eso no sucede mas que con trampas, con acuerdos fraudulentos, con corrupción. Con esa responsabilidad nadie podría cometer ese ¿error? con esos sistemas tecnológicos y burocráticos.

Tercero. Ello me reanimó, me despertó y me puso en acción. Durante esa semana hicimos contacto con un grupo que después fue llamado el grupo de “los matemáticos”. Integrado por diversos especialistas y expertos en física, ingeniería, sistemas computacionales y otras disciplinas similares. En este grupo participaron investigadores con “PHD” en el “MIT”, que para quienes entienden del tema es algo así como post doctorado en una de las mejores universidades del mundo en la materia. Además participaron reconocidos expertos en sistemas de programación y ex integrantes del IFE quienes crearon los sistemas de captura de datos electorales como el PREP.

Para consultar esta información puede entrar a las siguientes direcciones: http://132.248.209.213/index.html, http://em.fis.unam.mx/~mochan/elecciones/ y revolucionesmx.blogspot.com.

En resumen lo que se argumentó entonces fueron 3 argumentos científicos: (i) el numero de errores en las casillas, alrededor del 50% ciento de las casillas tienen errores donde las sumatorias de los votos no coinciden, lo que provoca que le margen de error del resultado final se mayo a la diferencia entre primero y segundo lugar; (ii) la votación se ordenó, es decir las casillas con mayores votos para un partido llegaron primero y después se ordenaron de mayor a menor para favorecer a otro partido, lo increíble es que fuera en orden rigurosos, siempre aumentó para uno y disminuyó para otro; y (iii) la repetición de algunos números en los resultados de la votación viola la Ley de Benford.

El Trife tiene facultades para mejor proveer y por lo tanto para allegarse de pruebas que no sean de las proporcionadas por los partidos o por el IFE. Nosotres junto con más de 1000 firmas les presentamos 8 dictámenes científicos, ratificados por sus autores, al Trife 5 días antes de la negativa de contar voto por voto. El trife ni siquiera nos contestó.

Ante ello promovimos denuncia de juicio político contra los magistrados del Trife por violar nuestras garantías individuales de derecho de petición y por contradecirse, toda vez que dos años antes el Trife había resuelto que para dudar del resultado de un casilla y para proceder al recuento de la misma se tenía que cumplir con los requisitos de la ley O POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA COMPROBADA Y DIVERSA A LAS DE LA LEY se podía dudar de la casilla.

Cuarto. La sentencia final del Trife ofende a la inteligencia: sí se violó la ley, pero no sabemos cuánto y por lo tanto pues ganó Calderón. Si un tribunal no sabe algo debe recurrir a peritos. Elemental.

Quinto. Las confesiones de Fox, Espino, Elba Esther, el Gobernador de Guanajuato, entre otras.

En las democracias debe mandar el pueblo. Si a alguien no le gustó la idea de que Andrés Manuel López Obrador ganara la elección pues que se ponga a ejercer sus libertades como la de expresión que representa una forma de limitar al poder, o que haga denuncias de responsabilidades contra el gobierno que debió alcanzar López Obrador, pero de ninguna manera debe usurpar el poder. Por ello les pido no apoyar el golpe de Estado.

Así quien goza de la legitimidad en las urnas es Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México.

René Sánchez Galindo

ranazapatera@yahoo.com

Alejandro Nadal

Felipe Calderón: respuestas sin pregunta

Si el ejército es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Quizás a Felipe Calderón ya hasta se le olvidó. Acaso se le ocurrió durante la campaña, cuando las encuestas baratas y mal diseñadas le revelaron que "la gente" pedía orden y mano firme. Es posible que esta idea se le haya reforzado en la crisis poselectoral, cuando sintió que "su gente" ya estaba harta de tanta protesta y caos.

Pero ¿cuál es el estado de cosas que el ejército debe proteger y mantener? Vamos a ver. Hoy existe un consenso entre los economistas de todas las filiaciones: la economía mexicana permanece en un letargo peligroso. De ahí se desprenden todo tipo de problemas, desde la desigualdad, hasta la migración y el deterioro ambiental. ¿Podría estar ahí la guerra que el ejército estaría llamado a ganar? Claro que no. El estancamiento económico depende del dogma según el cual en la globalización neoliberal no hay espacio para una política económica para el desarrollo. Así de sencillo. Por eso no hay política para el campo ni para la industria. Por eso se piensa que tampoco es posible una política macroeconómica contra-cíclica para fomentar la actividad económica en épocas de recesión o crisis.

Esa visión dogmática se encuentra ahora plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Si ese documento de tanta pobreza conceptual contiene el plan de trabajo de la gestión de Felipe Calderón, estamos en aprietos.

Para muestra basta un botón. El primer eje rector del PND es el estado de derecho y la seguridad, "para que las familias sientan que su patrimonio está seguro". Para eso, alguien de mirada estrecha podría pensar se puede utilizar al ejército. Pero, ¿proteger el patrimonio de quién? No es una pregunta trivial. Una idea de la concentración de riqueza está dada por la estructura de cuentas bancarias. En México, cerca de el 60 por ciento de las cuentas en bancos apenas tienen saldos inferiores a mil pesos y son responsables del 0.4 por ciento del valor de los depósitos bancarios. En el otro extremo, el 0.3 por ciento de las cuentas en bancos tiene saldo promedio de un millón de pesos y acapara el 68 por ciento de todos los depósitos.

El segundo eje rector del PND tiene que ver con el desempeño de la economía. La meta ahora para el crecimiento del PIB es de "5 por ciento al final del sexenio". ¡Qué bueno! Ya le bajamos dos puntos porcentuales a la fanfarronería foxista, aunque el promedio podría ser igual al del sexenio anterior. Lo interesante es que aun con una tasa de crecimiento de 5 por ciento se necesitarían 72 años para que el ingreso del 10 por ciento de la población más pobre en México pueda alcanzar el del 10 por ciento más rico.

Este es un país que le cerró la puerta en las narices a millones de jóvenes que no estudian y que tampoco tienen trabajo. El mensaje que se les dio es claro y terrible: a ver cómo le hacen, porque en este modelo económico no caben. Una bomba de tiempo. ¿Podría desactivarse con retenes del ejército?

El PND afirma que el aumento en la población en edad de trabajar (el llamado bono demográfico) es una gran oportunidad. Pero con las metas del Plan, ese bono sólo va a beneficiar a la economía de Estados Unidos. En efecto, la fuerza de trabajo en el vecino país ya no puede crecer sino a través de la migración. México "resuelve" su problema de empleo expulsando su fuerza de trabajo a Estados Unidos. Adiós al bono demográfico.

¿Será el ejército una respuesta al problema de las finanzas públicas averiadas por las cargas financieras de tanto gobierno incompetente y estúpidamente corrupto? ¿Al riesgo de colapso energético que irremediablemente sufrirá México si no resuelve su transición a una economía baja en carbono y en emisiones de gases invernadero? ¿Al deterioro ambiental que vive nuestro país en todas las regiones y en casi todos sus ecosistemas? No, ¿verdad? Ni siquiera se arreglarán problemas como el de las mafias de la tala clandestina que cobraron la vida de Aldo Zamora, otro joven campesino asesinado por defender el bosque.

Hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están debatiendo si los retenes militares restringen el libre tránsito de los ciudadanos. Eso es como discutir si el león deshizo el prado antes de devorar al cordero. No se equivoquen, señores ministros de la SCJN, la Constitución es clara: "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". El ejército no tiene funciones de policía y no puede ser utilizado para aplicar la ley de armas de fuego o para combatir la delincuencia.

En la coyuntura actual, el ejército no es la respuesta para ninguno de los grandes problemas nacionales. Felipe Calderón debe entenderlo bien: no hay nada más peligroso que equivocarse de pregunta. Eso no lo cambian ni diez regimientos blindados.

HSBC

"Queridos Comapañeros.
"HSBC, como algunos ya sabràn, cancelò nuestras dos cuentas, las de
Honestidad Valiente," Por asì convenir a nuestros intereses" escriben en la
carta de cancelaciòn. Una medida màs para aplastar el movimiento
Obradorista.....
"No dejemos que se salgan con la suya; Retiremos nuestras cuentas de este
Banco y comentemos a los ejecutivos el motivo.
"Los depositos del 8 al 22 de Junio, seràn respetados por el Banco, a partir
del 22 tendremos que depositar en otra instituciòn . Ya les
avisaremos.......
"Los convoco a la Marcha del 1ª de Julio, vayamos TOD@S a conmemorar el año
del Fraude, vayamos a celebrar el despertar de los Ciudadanos.
"Un abrzo,
"...
"Esto que han hecho solo demuestra lo mucho que estamos avanzando. ¡Ni un
paso atrás! Ya estamos comprobando que el pueblo no debe temerle a su
gobierno, sino el gobierno es el que debe temer al pueblo (como decía "V").
"...
"Lo único rescatable de esta porquería de arbitrariedad, de ataque, de golpe
a la democracia y a la libre expresión de las ideas, lo único rescatable es
comprobar que AMLO y el movimiento siguen siendo una PIEDROTA en el huarache de este dictatorial sistema mexicano..."

salud a todes!!!!!!

Rosa Celia Pérez González, dijo sentirse “muy sola”

“No tenemos nada que ocultar”, aseguran Villeda y López Zavala

Rosa Celia se siente “sola” en su lucha por restablecer la legalidad jurídica

A pesar de que el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registra una llamada entre Javier López Zavala y el empresario Kamel Nacif, el secretario de Gobernación negó cualquier relación con el llamado “Rey de la mezclilla”.


Entrevistado tras la negociación con elementos de la Policía Estatal Preventiva, López Zavala habló escuetamente del tema. “No tenemos nada que ocultar”, aseguró cuando se le cuestionó sobre las conversaciones telefónicas intervenidas por el máximo órgano de justicia en el país.


La procuradora Blanca Laura Villeda mencionó que solamente está al tanto de las próximas actividades en la Corte, pero que poco le preocupa lo publicado por el diario Reforma, donde aparece parte del dictamen que la incrimina en una coalición de servidores públicos contra la periodista Lydia Cacho.


Por su parte, la jueza quinto de lo penal, Rosa Celia Pérez González, dijo sentirse “muy sola” ante los próximos eventos que podría desencadenar la Corte. Señaló además que documentos como el dictamen presentado por Reforma no debería ser información pública.

Anticonstitucional: López Zavala
Javier López Zavala calificó de anticonstitucional los recursos de investigación que ha utilizado la Corte, como la intervención telefónica a funcionarios estatales: “Por supuesto que es (anticonstitucional). Sin embargo, ya estamos promoviendo una queja donde corresponde.


—¿Sostuvo conversaciones con Kamel Nacif? —se le preguntó al respecto.
—No. No. Para nada
—¿Pero en el dictamen se tiene el registro de una llamada que usted hizo el 20 de octubre de 2005…—preguntó un reportero.
—Vamos a esperar a que lo defina la Corte —insistió López Zavala.
—…en el dictamen lo tachan de mentiroso —insistió el mismo reportero.
—A mí me tachan… de secretario nada más —dijo el secretario al tiempo que se levantó y dio por terminada la entrevista.

Tranquila y esperando con paciencia: Villeda
Vía telefónica fue entrevista la procuradora Blanca Laura Villena, quien también fue bastante parca al hablar del asunto. La funcionaria dijo estar en una conferencia, por lo que no podía hablar. “Tranquila, esperando con paciencia”, se limitó a decir, al definir cómo se sentía antes de ser presentado el dictamen.


—¿Por qué no quiere hablar del tema, procuradora?
—Porque la Corte es la que va a hablar, tiene la última palabra. (…) Estamos esperando. No tengo nada que ocultar. No puedo hablar en este momento, estoy en una conferencia y ya luego veré qué hay para la otra semana…—finalizó la funcionaria.

Rosa Celia, la jueza “sola” en su lucha
Mientras tanto, la llamada “jueza del escándalo”, Rosa Celia González, dijo sentirse “sola” en esta lucha “por restablecer la legalidad jurídica”, la cual continuará a través de cartas públicas que enviará a diversos medios de comunicación después de que la Corte dé a conocer un fallo definitivo. Por lo pronto se negó a hablar a fondo del tema:


“Mientras la Corte no se pronuncie sobre el informe respectivo, yo me he prometido a mí misma que no haré ningún comentario para evitar enrarecer el ambiente, todos estos días, del desenlace del famoso caso Puebla”, mencionó vía telefónica.

Si queda Godoy Cardenas ¿pierde?


el punto fundamental era conocer si las autoridades poblanas violentaron o no las garantías de Lydia Cacho.

La defensa de Marín contraataca

Tienen el dictamen de la Corte en su poder desde la semana pasada

Desde la semana pasada, la defensa jurídica del gobernador Mario Marín Torres tiene en sus manos el dictamen de la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en consecuencia ha elaborado un análisis de supuestas “contradicciones” de la pesquisa titulada “Glosario de Incongruencias contenidas en el dictamen”.


El documento elaborado por los abogados Fabián Aguinaco Bravo y Alonso Aguilar Zinser comenzó a circular en los pasillos del máximo tribunal del país desde el jueves pasado y también ha sido filtrado a medios de comunicación local.


El “Glosario de Incongruencias” reconoce que la investigación a cargo del ministro Juan N. Silva Meza recomienda que el Congreso de la Unión inicie juicio político contra Mario Marín; que el Congreso del estado inicie procedimientos contra las autoridades que participaron directa o indirectamente en la componenda del gobernador con Kamel Nacif; que el Tribunal Superior de Justicia decida sobre sus subordinados que participaron en el caso; que los Ministerios Públicos de Puebla y Quintana Roo determinen qué acciones penales les corresponden a las autoridades y que la PGR combata los delitos contra los menores de edad.


Como observación a las conclusiones del dictamen, la defensa de Marín ante el máximo tribunal del país dice:

“Refiérase al dictamen que nos ocupa por el cual la Segunda Comisión Investigadora en los considerandos va más allá de las facultades conferidas, pues emite ‘recomendaciones’ cuando eso es tarea del Pleno o en su caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debiéndose limitarse a emitir el dictamen acorde con lo señalado en la ejecutoria del 25 de enero de 2007”.


Otro punto señalado por la defensa de Marín es que la segunda investigación abarca los temas de pederastia, abuso de menores y trata de blancas, cuando el punto fundamental era conocer si las autoridades poblanas violentaron o no las garantías de Lydia Cacho.


En el punto siete, titulado “Intervención de comunicaciones privadas”, la defensa de Marín consideró que la Corte violentó el artículo 16 Constitucional, ya que la investigación en contra de Marín no es de carácter penal.


Y es que la investigación a cargo de Juan Silva ordenó, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, intervenir los teléfonos privados de Mario Marín, del gobernador de Quintana Roo, Félix González; de la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda; de la jueza quinto de lo penal, Rosa Celia Pérez, y del magistrado presidente Guillermo Pacheco Pulido y su asistente personal.


El ministro Silva recibió de la PGR más de 2 mil horas de conversaciones contenidas en 45 discos y el contenido de éstas, señala la defensa de Marín, no es dado a conocer en el dictamen.


Es preciso señalar que la defensa de la periodista Lydia Cacho Ribeiro no ha tenido acceso a este dictamen, que debería ser público hasta el día en el que el máximo tribunal del país inicie la discusión de la pesquisa. Empero, los abogados de Marín tienen el documento completo, pues el “glosario de incongruencias” marca página por página las observaciones jurídicas por las cuales están impugnando el eventual fallo desfavorable para Marín Torres.


Estas son las conclusiones sobre la intervención telefónica que sufrieron las autoridades de Puebla y Quintana Roo de abril a junio de 2007.


1.- La intercepción de las llamadas telefónicas violenta lo establecido por el párrafo noveno del artículo 16 Constitucional, ya que tal circunstancia sólo se pueden dar en el marco de un proceso penal y la investigación que nos atañe no tiene tal carácter.
2.- Las intervenciones fueron hechas en fechas recientes (abril, mayo y junio de 2007) y en el dictamen nada se dice del resultado de las mismas, en virtud que no se precisa el contenido de las llamadas ni el nombre de los interlocutores.
3.- Finalmente la Comisión Investigadora es omisa en esgrimir razonamiento lógico jurídico alguno del cual se desprenda que emitió alguna conclusión alcanzada en relación a la intervención

> Ver documentos página 01

La ministra Olga Sánchez Cordero mantiene "serias dudas" sobre el proyecto.

Sólo tres ministros apoyan la actuación contra el gobernador, afirman fuentes judiciales

Poco probable que se declare reponsable a Mario Marín en el caso Lydia Cacho

JESUS ARANDA

La periodista Lydia Cacho, en espera de que se haga justicia
La periodista Lydia Cacho, en espera de que se haga justicia Foto: Cristina Rodríguez

En el caso de la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro existen "muy pocas posibilidades" de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apoye el proyecto del ministro Juan Silva Meza, que sostiene que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es responsable de haber violentado los derechos de la periodista.

Fuentes judiciales de primer nivel reconocieron lo anterior, en vísperas de que el pleno analice el caso, en el que la propuesta del ministro instructor es que Marín Torres es responsable políticamente de la confabulación de servidores públicos poblanos para detener e iniciar acciones legales en contra de la autora del libro Los demonios del edén.

De acuerdo con los informantes, hasta el momento el número de ministros que apoya el criterio de Silva Meza no es suficiente para que la SCJN determine la responsabilidad del gobernador poblano, lo cual es sumamente delicado, ya que sería la primera vez que el máximo tribunal ejerce su facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional y al momento de emitir una decisión no se apruebe el dictamen correspondiente.

Trascendió que Silva Meza cuenta con el apoyo de Genaro Góngora Pimentel y posiblemente de José Ramón Cossío.

La ministra Olga Sánchez Cordero, quien ha mantenido una postura crítica en el caso del gobernador de Puebla, no ha definido su criterio, y se sabe que mantiene "serias dudas" sobre el proyecto.

Dentro del pleno de la Corte es conocida la posición del ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien desde un principio se negó a que se investigara a Marín Torres, posición que comparten Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls. Además se ve "complicado" que apoyen el proyecto de resolución José de Jesús Gudiño Pelayo, Fernando Franco y Margarita Luna Ramos, confiaron las fuentes judiciales.

Es de mencionarse que a pesar de que el máximo tribunal investigaba a Marín Torres, el 12 de diciembre pasado el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela, acudió a la capital poblana a inaugurar la nueva sede de los tribunales y juzgados del sexto circuito, y en primera fila estuvo el gobernador, además de los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos.

La visita, promovida por el Consejo de la Judicatura Federal, que también preside el presidente de la Corte, fue promovida con bombo y platillo, inclusive fueron invitados los reporteros que cubren la información del Poder Judicial de la Federación.

Ese encuentro en Puebla generó críticas dentro de la SCJN, porque se consideró que la visita no era oportuna por la investigación que estaba en proceso contra Marín, quien por su parte aprovechó para tomarse la foto con los ministros que en estos días determinarán si violentó o no las garantías individuales de la periodista.

El proyecto de Silva Meza además hace un análisis del grave problema de la pederastia y prostitución infantil que hay en diversos estados. Propone que el Congreso de la Unión legisle en materia de protección a la infancia y se creen tribunales especializados en trata de menores, explotación sexual infantil y pederastia.

Solicita también iniciar acciones legales en contra de los procuradores de justicia de Puebla y Quintana Roo, Blanca Laura Villeda Martínez y Bello Melchor Rodríguez, respectivamente, por haber intercambiado llamadas telefónicas en diciembre de 2005 para coordinar la detención de Lydia Cacho en Cancún.

Además, pide que se actúe en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia de de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, y de la juez penal Rosa Celia Pérez Camacho, por haber actuado irregularmente para que procediera la demanda del empresario textilero Kamel Nacif Borge que dio origen a la detención de la periodista por los delitos de difamación y calumnias en 2005.

Cabe recordar que cuando la Corte investigó el caso Aguas Blancas, en el que se determinó que el gobernador Rubén Figueroa Alcocer dejó el cargo en el contexto de la decisión del pleno de que había violado gravemente las garantías individuales de los asesinados en esa localidad guerrerense, los ministros ratificaron en forma unánime el contenido del proyecto elaborado por Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios.

La discusión del pleno sobre este asunto podría empezar en breve.

Pri y su Pechocho

PRI defenderá a Marín en San Lázaro: Chidiac

La Corte sólo emitirá una recomendación y ésta no es obligatoria, sentenció el legislador federal


La bancada del PRI en el Congreso de la Unión defenderá hasta el final al gobernador Mario Marín Torres, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió el legislador federal Jorge Estefan Chidiac, quien anunció que los 106 diputados del tricolor ya acordaron en solidarizarse con el mandatario poblano.


Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación recomiende iniciar un juicio político en contra del mandatario poblano por haber confabulado con autoridades estatales para aprehender y violentar las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro mencionó que “no lo que diga la Corte es lo que hará la Cámara de Diputados (…) una recomendación uno está en derecho de respetarla o no”, enfatizó Jorge Estefan Chidiac.


“La Cámara podrá resolver si ha lugar o no del juicio político, o puede iniciarse un juicio político y resolver la exoneración del gobernador. Nosotros, con los elementos que tenemos, pensamos que el gobernador no incurrió en ninguna responsabilidad de ningún tipo y nosotros no cambiaremos de opinión diga la Corte una cosa o diga otra cosa, porque los elementos que tenemos en la mano son objetivos, no subjetivos y nosotros como partido estamos unidos, los 106 diputados del PRI somos solidarios con los gobernadores que están en esta situación de indecisión de la Corte”.


En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Hacienda en San Lázaro descalificó la investigación a cargo del ministro Juan N. Silva, al asegurar que la Corte carece de elementos suficientes para responsabilizar a Mario Marín de la violación de las garantías individuales que sufrió la autora de Los Demonios del Edén, a diferencia de los elementos que tiene el tricolor para afirmar que el gobernador es inocente y no cometió ningún delito.


Empero, minutos después de alardear con que los diputados federales priistas se solidarizaron para defender a Mario Marín, el líder estatal del tricolor, Valentín Meneses Rojas, le enmendó la plana a Chidiac y aseveró que el Revolucionario Institucional acatará la resolución del máximo tribunal del país.


Jorge Estefan Chidiac insistió en que la Suprema Corte sólo emitirá una recomendación en torno a la investigación contra Marín y que ésta no es obligatoria para las Cámaras legislativas, ya que el máximo tribunal de justicia en el país no es la última instancia.


“La Corte me puede recomendar lo que quiera, si fuera resolución firme hay que respetarla, tal cual. S fuera la última instancia, habría que respetarla. Si fuera resolución definitiva la respetamos, pero una recomendación, uno está en derecho de respetarla o no.”


Serán los argumentos de los ministros y del dictamen los que “convencerán” a Jorge Estefan para acatar o no la recomendación de la Suprema Corte: “valorar si con los elementos con los que la Corte decide, me convencen o no”.


—¿Apoyarán la resolución de la Corte?
—Hay que esperar a que la Corte resuelva. La corte sólo puede hacer una recomendación, si la Corte recomienda que se haga un juicio político, pues habrá que leer lo que diga la recomendación y en qué términos. Lo que quiero decir es que no lo que diga la Corte es lo que hará la Cámara específicamente. La Cámara podrá resolver si ha lugar o no del juicio político, o puede iniciarse un juicio político y resolver la exoneración del gobernador. Nosotros, con los elementos que tenemos, pensamos que el gobernador no incurrió en ninguna responsabilidad de ningún tipo y nosotros no cambiaremos de opinión diga la Corte una cosa o diga otra cosa, porque los elementos que tenemos en la mano son objetivos, no subjetivos y nosotros como partido estamos unidos, de los 106 diputados del PRI, para ser solidarios con los gobernadores que están en esta situación de indecisión de la Corte. Por lo menos el PRI estará siempre apoyando, ya veremos qué dicen el PAN y el PRD, no somos mayoría, pero lo que decida la Corte no quitará el apoyo a Marín.
—Si ustedes ya habían decidido que Marín era inocente ¿Para qué mandarlo a una investigación en la Corte? ¿Y qué garantiza que no negociarán la reforma fiscal para proteger a Marín?
—No vamos a negociar reformas. Por dos razones. Primero, porque no creemos que el presidente Calderón esté interesado en meter las manos en estos temas. Lo digo honestamente. Al gobierno no le conviene con la crítica de gobernabilidad, un presidente cuestionado, un país cuestionado, no le conviene convertirse en incendiario y tener puntos de conflictos. No pensamos que el gobierno federal está atrás de estos temas. Los ministros son bastante autónomos, lo han demostrado al resolver contra las televisoras. Podrán resolver como les parezca, lo que no me parece es que la Corte se esté convirtiendo en el todopoderoso del juicio final aquí, de temas de los que ni siquiera tiene suficiente información.
—Entonces, ¿qué es la Corte para ti, diputado?
—La Corte es una institución muy importante del país, que como nunca, estas funciones eran letra muerta y ya no vivimos en los años veinte para que cada quien haga lo que corresponde.
—Diputado, fue el gobernador el que pidió ser investigado por la Corte ¿No van a respetarlo?
—A ver, desde un principio, se sabía que la Corte sólo puede hacer recomendaciones. La Corte me puede recomendar lo que quiera, si fuera resolución firme hay que respetarla, tal cual. Pero si fuera la última instancia, habría que respetarla. Si fuera resolución definitiva la respetamos, pero una recomendación uno está en derecho de respetarla o no.
—¿Sólo fue ganar tiempo?
—No sé. No participo en un tema u otro.
—¿No aceptarás la resolución?
—No es personal el asunto, sino valorar si con los elementos con los que la Corte decide, si me convencen o no. La Corte presentó un dictamen de exoneración, ahora no es la Corte, sino un ministro que dice lo contrario ¿Cómo puede haber esa subjetividad en la Corte?
—Comentabas que la Corte no tiene suficientes elementos y que ustedes sí ¿Ustedes tienen más elementos que la Corte que realizó una investigación de meses?
—La corte podrá determinar lo que les parezca correcto, pero mientras no sea una resolución definitiva.

fi fi firifi, fi, fi

Guadalupe Acosta, secretario general del partido
"El Consejo Nacional perredista será el que tomará la decisión "

Esto lo señaló el dirigente perredista, un día después de que Andrés Manuel López Obrador afirmara que “no queremos nada de esa reforma fiscal”.

El secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Acosta Naranjo, estableció ayer que la propuesta de reforma fiscal planteada por el Poder Ejecutivo será sometida a una consulta “con todo mundo” en ese partido: sus gobernadores, presidentes municipales y legisladores. Al final, el Consejo Nacional perredista tomará una decisión, “la más amplia y consensuada posible”, el 6 y 7 de julio venidero.

Esto lo señaló el dirigente perredista, un día después de que Andrés Manuel López Obrador afirmara que “no queremos nada de esa reforma fiscal”, y de haber hecho un llamado a los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) a que “por ningún motivo” aprueben la iniciativa enviada por Felipe Calderón.

En entrevista, Acosta indicó: “Vamos a hacer las consultas suficientes, no le vamos a dar —como ya se ha dicho—un cheque en blanco al gobierno, vamos a analizar que no haya agresión a los sectores más desprotegidos, que efectivamente se grave a quien más tiene y tenemos interés en tener un acuerdo también sobre en qué se usaría el dinero”.

El dirigente dejó en claro que el PRD rechaza más gastos discrecionales por parte de la Presidencia de la República, y en cambio que las erogaciones de esa instancia queden “etiquetadas” en el gasto oficial.

“Pero todo esto está siendo analizado y vamos a consultar con todo mundo para tomar una decisión, la más amplia y consensuada posible”, dijo.

Guadalupe Acosta recordó que ya el PRD presentó su propia iniciativa para una reforma hacendaria y explicó que la posibilidad de encontrar coincidencias con el planteamiento gubernamental en el tema “dependerá del análisis”.

—¿Se rechaza entonces un no tajante a la propuesta del Ejecutivo?

—Estamos analizando, y a partir del análisis vamos a fijar nuestra propuesta.

Puffffffffffffffffffffffff

El PRD estatal no consultará a la base para las candidaturas de la capital

Lesly Mellado May

El grupo que controla la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidirá sin consultar a la base quiénes serán los candidatos a diputados de 15 distritos y a presidentes municipales de 79 municipios, incluidas todas las posiciones de la capital poblana.

Aunque originalmente el acuerdo fue que quedarían en reserva el 20 por ciento de las candidaturas, el sábado en una sesión del consejo estatal de ese partido se modificó la decisión.

Ante las voces que critican que es el grupo de Luis Miguel Barbosa el que repartirá las candidaturas, la ex secretaria general, Irma Ramos, salió en su defensa, e informó que la convocatoria para la elección de los candidatos está abierta a todos: Redes Ciudadanas, la Convención Nacional Democrática, las organizaciones sociales, los militantes y simpatizantes.

Aseguró que todos competirán en igualdad de condiciones y que el comité estatal elegirá a los candidatos en función de sus perfiles sin importar quién lo proponga o apoye.

Irma Ramos manifestó que la “reserva de candidaturas” no significa que la militancia quede fuera, pues pueden participar en las propuestas de regidores y síndicos; además de que el comité estatal del partido va a evaluar las mejores propuestas entre candidatos externos e internos.

La decisión fue criticada por el grupo Izquierda Democrática, encabezado por Jorge Méndez, quien adelantó que podrían iniciar procesos legales contra la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática.

Irma Ramos informó que dejó este fin de semana la secretaría general del Partido de la Revolución Democrática porque desea ser candidata a diputada plurinominal, y las reglas le impiden tener un cargo partidistas al mismo tiempo.

Sobre los acuerdos del sábado, dijo fueron tomados por 94 consejeros estatales que representan las dos terceras partes del total. Así quedaron como “candituras reservadas”: los seis distritos de Puebla, así como San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Tehuacán, Ajalpan, Teziutlán, Zacatlán y el municipio de Huauchinango.

Además 79 municipios entre los que se cuenta: Puebla, las 21 cabeceras distritales y otros como San Pedro Cholula, Nicolás Bravo, Miahuatlán, Chignahuapan, Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Jopala y Tepetzintla, entre otros.

Que Ana Teresa Aranda pierde ante el Yunque

CUITLATLAN

La culpa fue de los asesores del gobierno

Fermín Alejandro García

Hasta hace algunos meses o semanas podía haber existido una salida al Lydiagate que tal vez hubiera evitado que se llegará al extremo de que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenga que determinar si procede o no un juicio político contra el gobernador Mario Marín Torres; pero los asesores jurídicos no hicieron caso de quienes hicieron esa sugerencia y ahora de nueva cuenta este asunto está socavando la imagen del jefe del Poder Ejecutivo estatal.

Esa propuesta era sencilla: la procuradora de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, y el titular del Poder Judicial en el estado, Guillermo Pacheco Pulido, podían haber renunciado a sus cargos y admitir que existió una mala actuación en el caso la escritora Lydia Cacho, pero los responsables eran funcionarios menores que debían ser investigados y sancionados.

De esa manera en la Corte no habrían tenido elementos para señalar que hubo una confabulación para detener indebidamente a Cacho, y tal vez habrían recomendado que órganos administrativos en Puebla acabaran determinando la sanción contra los responsables. Y fin del asunto.

Pero desde febrero de 2006 –fecha en que estalló el escándalo del Lydiagate– la posición del Ejecutivo y el Poder Judicial ha sido la de morirse en la raya sosteniendo que la actuación de todos los servidores públicos de Puebla que intervinieron en este asunto fue correcta, apegada a la ley. Eso ha sido un craso error, ya que la detención y encarcelamiento de la periodista estuvo plagada de anomalías y violaciones al orden constitucional.

En especial, que Villeda y Pacheco hubieran sostenido que todo lo actuado fue correcto constituyó para el ministro que elaboró el proyecto de la resolución –que será presentado al pleno de la SCJN– la aplicación de la máxima de que “confesión de partes, relevo de pruebas”. Pues si en especial la procuradora se la ha pasado diciendo que todo estuvo bien, pues es evidente que el Poder Ejecutivo estuvo de acuerdo con las irregularidades del proceso penal que se la abrió a Cacho en Puebla, el cual nunca debió proceder.

La dinámica que ha privado es que los asesores jurídicos del lado del gobierno parecen no escuchar opiniones y cometen dislates, como el hecho en que en un par de ocasiones –como ahora por el asunto del supuesto espionaje telefónico que ordenó un ministro contra servidores públicos poblanos– han dicho que presentaran recursos de inconformidad o quejas contra la actuación de la SCJN.

Hasta un alumno de derecho sabe que contra la SCJN no se puede hacer nada. Que no existen esos recursos. Que hasta ahora nadie ha propuesto una reforma legal para que eso sea posible.

Por eso, si el caso Cacho–Marín sirviera como una especie de examen de habilidades yo creo que podrían perder la cédula profesional como abogados algunos altos funcionarios de la Consejería Jurídica del gobierno del estado.Y por supuesto, de la Secretaría de Gobernación.

A propósito de lo que viene en la SCJN, este fin de semana uno de los asesores jurídicos protagonizó una borrachera fenomenal. ¿Eso será un mensaje de lo que viene?

Los tres factores del fracaso de Aranda

El escenario que se prefigura para el próximo domingo es que Antonio Sánchez Díaz de Rivera va a ganar la candidatura del PAN a edil de Puebla. Tal posibilidad se puede explicar, entre otros factores, por el derrumbe del liderazgo que antes gozaba el otro contrincante de la contienda albiazul, Ana Teresa Aranda Orozco, quien perdió su capital por tres factores: su desdén por las panistas de Puebla, su incapacidad para construir nuevas alianzas y sus fallidas estrategias para intentar descarrilar el proceso interno del Partido Acción Nacional.

Lo cálculos más conservadores estiman que Sánchez se llevará los votos del 60 por ciento de los militantes que acudirán a la asamblea de Acción Nacional; mientras que la valoración más extrema señala que el actual diputado federal ganaría en una proporción de siete a tres, cuando hace apenas unos meses se consideraba que su popularidad no crecería y sería alcanzado por la señora Aranda.

Una ironía del actual proceso electoral interno del PAN, es que Aranda llegó al cargo de directora nacional del DIF, en el gobierno de Vicente Fox, gracias a que fue una propuesta por su actual rival, Antonio Sánchez Díaz de Rivera.

El legislador, antes de que iniciara el gobierno de Fox, recibió la encomienda de Josefina Vázquez Mota de hablar con Aranda para que ella propusiera a qué cargo podía ser ubicada y fue Antonio Sánchez, quien antes y después de dialogar con la panista, determinó que el espacio idóneo era la dirección del DIF.

Eso lejos de que afianzara una amistad o alianza política entre Sánchez y Aranda creó un distanciamiento de la segunda con el primero.

Y es que la ex presidente del PAN estatal se ensoberbeció con los dos puestos que tuvo en la gestión foxista, creyó que se quedaría siempre en cargos de primer nivel y que no recitaba acercarse a los grupos del PAN en Puebla. Vio a la capital poblana como un rancho al que no iba a regresar.

Una prueba de ello es que cuando llegó a ser la titular de la Secretaría de Desarrollo Social mandó a correr a unos 100 panistas que laboraban en esa dependencia y se identificaban con Francisco Fraile. Por ello ahora los frailistas una vez que su líder decidió no inscribirse en la competencia por la candidatura a edil de Puebla, con los ojos cerrados optaron por irse al bando de Antonio Sánchez.

Al iniciar el gobierno de Felipe Calderón, la panista se enfrentó con la ruda realidad de que no encajó en ningún cargo importante. Entonces echó mano de algunos apoyos, como el de la ex primera dama, Marta Sahagún, para buscar un puesto de elección popular en Puebla.

Creyó que tenía el camino allanado, por su popularidad y el supuesto espaldarazo que le dio el presidente nacional del PAN, Manuel Espino.

Sin embargo esos amarres no incluyeron a grupos de Puebla, con quienes nunca logró concretar alianzas. Por eso quienes la apoyan son los mismos panistas que siempre han estado con ella. Y eso no le alcanzó para ganar asambleístas.

Hace tres años todavía había un importante segmento de panistas que estaban dispuestos a sumarse a sus proyectos políticos, pero los decepcionó el desaire que recibieron de su parte cuando no quiso aceptar en ese entonces ser candidata a la alcaldía de Puebla, pese a que con ella el PAN tenía garantías de triunfo. No quiso dejar el gobierno federal y vio con desdén la posibilidad de regresar al estado.

Ese trato se sumó a otros maltratos que en el pasado Aranda hizo contra militantes de Acción Nacional. A eso se debe que le estén cobrando viejos agravios.

Dicen que la última carta que estaría buscando es descarrilar el proceso interno del PAN. Que su gente está ideando algunas estrategias. Lo que estaría buscando es que el CEN sea el que decida quién debe ser el candidato.

Pero el tiempo ya se agotó. Solamente algo extraordinario podría cambiar las cosas. La gente de Antonio Sánchez ya está preparando para contestar cada una de los ataques de los seguidores de Aranda, quienes al parecer ya se han quedado sin municiones.

Miedo en el SNTE 23

Este día habrá un movimiento inusual en las oficinas de la sección 23 del SNTE. El secretario general de esa organización, Jorge Rodríguez, mandó a citar a todos los miembros del Comité Ejecutivo, a los representantes de zona y los miembros de otros cargos intermedios. El objetivo es repeler una marcha de docentes inconformes con la nueva Ley del ISSSTE.

Pues se dice que esta marcha llegará este día a la sede del SNTE 23 y sus participantes buscarían tomar el inmueble. Eso es lo que se rumora. Eso explica las órdenes de Jorge Rodríguez, quien quiere tener gente de su lado para repeler a los inconformes.

Se haga o no esta marcha, quienes conocen a Jorge Rodríguez dicen que su carácter cada vez se vuelve más inestable.

Que parece que los resultados negativos de su gestión lo están empezando a causar problemas de personalidad.

Que no acepta escuchar voces críticas.

Que en todos lados ve intentos de conspiraciones en su contra.

Es obvio lo que le pasa. Es el poder que ya lo enfermó

Machetazo a caballo de .......


Si las leyes son obsoletas, ....... solo para ellos para los demas son actuales

Chidiac: tienen leyes obsoletas; Valentín asegura que acatarán
El resolutivo de SCJN en el caso Marín-Cacho no es obligatorio: Jorge Estefan Chidiac.


El gobernador no tiene ninguna responsabilidad, dice el diputado federal.

Mientras el dirigente estatal del PRI Valentín Meneses Rojas indicó que los diputados federales y locales acatarán el dictamen que esta semana pudiera dar la Corte en el caso Marín-Cacho, el coordinador de los diputados federales, Jorge Estefan Chidiac, minimizó la función del máximo tribunal del país e indicó que trabaja con leyes obsoletas.

Debe quedar claro que el resultado de la investigación que sigue la Corte al gobernador Mario Marín Torres para determinar si violó las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, no tiene carácter de obligatorio, precisó Estefan Chidiac, quien sugirió que el presidente Felipe Calderón se mantendrán al margen, para evitar más casos de ingobernabilidad que se conviertan en puntos de conflicto.

Lo anterior, pese a que los diputados federales acordaron enviar el caso a la Corte e indicaron que acatarían la sugerencia de los ministros y después de que el propio Mario Marín se puso en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Nosotros, con los elementos que tenemos pensamos que el gobernador no incurrió en ninguna responsabilidad. Nosotros no vamos a cambiar de opinión, diga la Corte una cosa o diga otra. Los elementos que tenemos en la mano no son subjetivos, son objetivos.”

Lo que no me parece es que la Corte se convierta en el todopoderoso juzgador del juicio final de temas de los que ni siquiera tiene suficiente información. Vamos a tener que revisar en su momento hasta dónde debe llegar la Corte y hasta dónde otras autoridades.

La Corte es una institución importante, pero como nunca utilizó ciertas funciones eran letra muerta y ya no vivimos en los años 30 y deben actualizarlas, para que cada quien haga lo que le corresponde.

En conferencia de medios, Estefan Chidiac recordó que los 106 diputados federales del PRI en la reunión que tuvieron en Mazatlán ratificaron su apoyo tanto a Mario Marín como al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, ambos investigados por la Corte.

"La oposición no se debe regocijar de la desgracia del gobernador, porque la economía de Puebla, el empleo, la producción y la calidad de vida de los poblanos va en función de la estabilidad política de un estado; no se pueden regocijar por unos cuantos votos para noviembre de que le vaya mal a Puebla y a sus familias, porque el PRI no lo ha hecho con Felipe Calderón, porque no queremos gobernar un país hecho cenizas."
Claudia Lemuz

Mensaje de sta semana