jueves, agosto 13, 2009

La bomba EEUU único país que ha lanzado una bomba atómica contra miles de inocentes

UN FRATERNAL Y COMBATIVO SALUDO A NUESTRO ESTIMADO COMPAÑERO FROYLAN YESCAS:

CASA DEL MOVIMIENTO PUEBLA
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A TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS :

SE LES INFORMA QUE EL DIA JUEVES 13 A LAS 17:30 HORAS ESTARA EN LA CASA DEL MOVIMIENTO EL COMPAÑERO

FROYLAN YESCAS

DIRIGENTE DE LA ORGANIZACION "FLOR Y CANTO", EL ESTARA CON NOSOTROS PARA HABLARNOS DEL PROYECTO DE LA FORMACION DE

"LOS COMITES CIUDADANOS AMLO 2012"

CONSIDERAMOS QUE ES IMPORTANTE ESCUCHAR SU PROPUESTA, EN ESE SENTIDO SOLICITAMOS SU ASISTENCIA Y LES PEDIMOS QUE, POR FAVOR HAGAN EXTENSIVA ESTA INVITACION A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE NO LES LLEGA LA INFORMACION POR ESTE MEDIO.

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Insiste en que se recurrirá a la movilización social si se castiga al pueblo con más impuestos

AMLO: de habernos hecho caso, la tragedia económica que vive el país se hubiera evitado
Ciro Pérez Silva
Enviado

Concepción Buenavista, Oax., 12 de agosto. El fraude electoral de 2006 impidió un cambio en la política económica del país que pudo haber evitado la actual crisis financiera, las pérdidas de empleos, la falta de oportunidades y la bancarrota en las finanzas públicas, aseguró aquí Andrés Manuel López Obrador.

En uno de los municipios más pequeños del país, el político tabasqueño preguntó: ¿cuándo han perdido los potentados? Ésos que nos robaron la Presidencia y pusieron a un empleado suyo, a Felipe Calderón, son los que nos cortaron el paso, a los que no les conviene un cambio en el modelo económico. A diferencia de ellos, quien pierde siempre es el país y la mayoría de los mexicanos, porque ellos hasta en momentos de crisis obtienen grandes ganancias, aseveró.

Advirtió que llamará a la movilización social si se pretende continuar con una política económica recesiva, que castiga a las clases bajas y a las clases medias con mayores cargas impositivas y deja que no paguen impuestos los banqueros, Telmex, Pemex, Bimbo o Coca-Cola; ¡ya estuvo bueno! No vamos a permitir que se le siga pasando la factura al pueblo de México.

Destacó que a la quiebra financiera, el gobierno usurpador quiere responder con recortes al presupuesto, incremento de impuestos y la creación de nuevos gravámenes –anuncio que hicieron luego de las elecciones–, pero eso es algo que nosotros fuimos los primeros en advertir, desde la campaña. Fue algo que no les gustó a los potentados hace dos años, cuando emitimos un manifiesto a la nación, cuando adelantamos que se iba a complicar la crisis económica, y hace un año cuando demandamos el cambio del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que si no pudo resolver los problemas antes de la crisis menos lo podrá hacer ahora, insistió.

El ex candidato presidencial agregó: entonces los funcionarios del gobierno usurpador y sus achichincles, la mayoría de los medios de comunicación, nos contestaron que estábamos exagerando, que no teníamos razón. Dijeron que si a Estados Unidos le daba pulmonía, a nosotros sólo nos iba a dar gripe. De manera irresponsable y vulgar nos respondieron cuando dijimos que era urgente prepararnos para resistir la crisis. Inclusive, Fox declaró que había que cambiar de jinete, pero no de caballo, y ahora aquí tenemos las consecuencias, dijo refiriéndose al boquete económico de más de 300 mil millones de pesos que reconoció este martes Agustín Carstens.

Recordó también que hace dos meses presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de los culpables de esta tragedia nacional. ¿Quiénes son? Son los que realmente mandan en el país, Carlos Salinas, el banquero Roberto Hernández, el traficante de influencias Claudio X. González, entre otros grandes potentados, y sus empleados políticos del PRI y del PAN. Hace una semana mandé otro escrito, porque no le han dado curso a esta denuncia, y con copia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se tiene que procesar a los responsables del fraude electoral y de esta tragedia que, de habernos hecho caso, pudo haberse evitado.

Aseveró que con esta última recaída económica nos van a querer recetar nuevamente el planteamiento de querer cobrar impuestos en alimentos y medicinas, nada más estaban esperando que pasaran las elecciones; ése es su modo de actuar, el de la hipocresía. Pero si es necesario, vamos a llamar al pueblo a una movilización en defensa de la economía popular, porque no vamos a permitir que se le siga apretando con recortes a la educación pública, a la salud y a lo poco que se entrega a las comunidades indígenas o a los adultos mayores, enfatizó.

A lo largo de su recorrido por las distintas comunidades de esta región mixteca, el tabasqueño llamó a los oaxaqueños a no dejarse engañar por los medios de comunicación y otros voceros del gobierno usurpador, que quieren hacerle pensar al pueblo que con maquillaje se va a resolver este grave problema. “Hacen falta nuevas reglas no sólo en la economía y en la política, sino también de convivencia social, una nueva legalidad y el fortalecimiento de los valores, un cambio radical a una política económica que a lo largo de 26 años ha fracasado una y otra vez, que sólo beneficia a una minoría y que tiene en la pobreza a millones.

Es necesario un cambio de la vida pública de México, que sólo se va a dar de abajo para arriba, afirmó.

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Acteal: impunidad entronizada
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La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer, por mayoría –cuatro votos contra uno–, amparar a 26 de los involucrados en la matanza de Acteal, 20 de los cuales serán puestos en libertad absoluta e inmediata.

La improcedencia del fallo quedó plenamente reflejada en la afirmación del ministro José Ramón Cossío quien, al razonar su voto en favor del amparo a los inculpados, señaló: Lo que se determina es que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale a un pronunciamiento sobre si son o no inocentes. En efecto, y como lo han señalado distintos sectores de la sociedad, las irregularidades presentes en las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR) –que son por lo demás, falencias proverbiales del sistema de procuración de justicia– no pueden ni deben ser un elemento suficiente para sustentar la excarcelación de los acusados, quienes han sido, cabe recordarlo, plenamente reconocidos por los propios sobrevivientes de la matanza.

No obstante lo anterior, el alegato sobre las deficiencias formales de las acusaciones de los implicados ha significado una coartada particularmente conveniente para estamentos políticos que han asumido la defensa de los paramilitares y que mantienen vínculos cercanos con el grupo gobernante. Dentro de ellos destaca, por su activismo, la agrupación Encuentro Social, organización que ha mantenido alianzas con distintas fuerzas políticas nacionales, y cuyo ascendendiente en el blanquiazul quedó reflejado en el contexto de la campaña electoral de 2006, cuando el entonces aspirante presidencial panista, Felipe Calderón Hinojosa, se comprometió a reabrir los expedientes de los implicados en el caso Acteal.

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Así, el hecho consumado ayer en la esquina de Pino Suárez y Corregidora viene a confirmar las advertencias y los temores de distintos sectores de la sociedad sobre el manejo faccioso de la justicia en México, que obedece, en buena medida, a la política de alianzas del grupo que detenta el poder. Con el fallo de los togados de la SCJN el país asiste a la comisión de un nuevo agravio para las víctimas de Acteal, que no sólo da continuidad a la impunidad vista hasta ahora, sino la profundiza: a la exasperante incapacidad o falta de voluntad de la propia PGR por indagar y capturar a los autores intelectuales de la masacre –casi 12 años después de que ésta se consumó– se suma ahora la insultante liberación de los autores materiales, y se perpetúa una de las expresiones más rotundas de negación de justicia en la historia reciente.

Por si todas estas consideraciones no bastaran, el fallo de la Corte se produce en un momento en que se recrudecen las expresiones de violencia en algunas zonas de influencia zapatista, y en el que distintas organizaciones civiles y de los propios sobrevivientes de la matanza de Acteal han manifestado su temor de que el retorno de los paramilitares a sus comunidades acabe por reactivar en definitiva las manifestaciones de encono contrainsurgente en esa región.

En suma, la decisión de los ministros de la SCJN no sólo es inadmisible en términos de impartición de justicia, sino que amenaza con derivar en la configuración de nuevos escenarios de violencia en el sureste del país. La Corte se ha vuelto a presentar como una instancia gestora de intereses políticos a veces inconfesables y ha propinado, con ello, un nuevo golpe a su credibilidad, para infortunio de los afectados en este caso y de la nación entera.

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Se erige en tribunal de legalidad y otorga amparo a 26; de ellos, 20 saldrán de la cárcel

En una inédita decisión la Corte libera a sentenciados por Acteal

La PGR, los jueces y magistrados en su momento les fabricaron pruebas y testimonios, determina

Alfredo Méndez
Marcador en Acteal
Hernández

En una sesión histórica de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que por primera vez desde la reforma al sistema de justicia penal de 2005 se erigió como tribunal de legalidad y no sólo de constitucionalidad –al revisar todos los detalles y pruebas de un proceso–, cuatro ministros ampararon ayer a 26 indígenas chiapanecos y ordenaron la libertad inmediata de 20 de ellos que fueron sentenciados por la matanza de 45 tzotziles en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997.

Por cuatro votos contra uno, la primera sala (integrada por cinco ministros) resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR), junto con los jueces y magistrados que en su momento sentenciaron a estos indígenas, violaron gravemente las garantías procesales de éstos, pues les fabricaron pruebas y testimonios.

En los próximos días por lo menos otros 30 implicados en esos hechos pueden verse beneficiados con una resolución de amparo similar a las anteriores, la cual, sin embargo, no implica un reconocimiento de inocencia.

No puede entenderse que este tribunal está absolviendo culpables. La sala únicamente está negando valor a actuaciones contrarias al orden constitucional, pues de las constancias que obran en la causa penal no es posible afirmar que jurídicamente haya culpables, destacó el ministro José Ramón Cossío, al explicar los argumentos por los que decidió amparar a los quejosos.

“Aquí sólo se está determinando que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale en absoluto a un pronunciamiento sobre si, de facto, son o no inocentes”, agregó.

La sesión se desarrolló con la presencia de abogados y estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –quienes en dos años redactaron las demandas de amparo de 45 indígenas presos–, pero con la ausencia de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de Acteal, a quienes elementos de la Policía Federal les impidieron el acceso al recinto judicial.

Tras una hora de deliberaciones, la Corte otorgó en total cuatro paquetes de amparos a 26 indígenas sentenciados, de los cuales 20 fueron de manera lisa y llana –pues los ministros desecharon en definitiva todas las pruebas que los inculpaban–, lo que significa que a más tardar en 24 horas deberán ser excarcelados.

Otros seis tzotziles recibieron amparos para efectos de reposición de procedimiento, lo que implica que un tribunal unitario de circuito volverá a emitir en breve una sentencia, pero sin tomar en cuenta las pruebas que ayer fueron desechadas, sino únicamente valiéndose de otros elementos probatorios que no fueron desahogados con antelación.

La primera sala también rechazó un proyecto de sentencia del ministro Sergio Valls, quien se pronunció por negar el amparo a 31 acusados, con el argumento de que el material probatorio que obra en la causa resulta, si no vasto, por lo menos sí suficiente para demostrar tanto la existencia de los delitos en estudio como la responsabilidad penal de los quejosos.

Otro ministro presentará en los próximos días un nuevo proyecto que sustituya al de Valls, en el que se otorgue la protección de la justicia a 31 quejosos, aunque falta saber si también será liso y llano o para algún efecto.

Los ministros Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, Jesús Gudiño Pelayo y Ramón Cossío se opusieron a la postura de Valls. Cossío, durante su alocución, pareció responder a la organización civil Las Abejas, que en días pasados responsabilizó –entre otros– a los ministros de la Corte y al historiador Héctor Aguilar Camín (que se ha erigido en una especie de vocero de los acusados de la matanza del 22 de diciembre de 1997) de cualquier rebrote de violencia en Chiapas derivado del otorgamiento de estos amparos.

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Mujeres de Las Abejas recibieron con tristeza la determinación del más alto tribunalFoto Cristina Rodríguez

Las consecuencias que deriven (de esta resolución) no pueden ser imputadas a esta Corte, sino a las autoridades que tienen competencia para la persecución e investigación de los delitos, y que están encargadas de preservar la paz social en el país, expuso Cossío.

En su oportunidad, la ministra Sánchez Cordero puntualizó que respecto a los amparos de cuatro de los acusados, cuyo caso ella revisó, el juez federal que los sujetó a proceso agregó a la causa penal, de manera ilícita, los delitos de portación de armas de fuego, por los que originalmente la PGR no había ejercido acción penal, pues sólo pidió su aprehensión por homicidio calificado, lesiones graves y asociación delictuosa.

La ministra dijo que la fiscalía federal usó como prueba para acusar a los indígenas detenidos el listado de personas que elaboró un testigo de nombre Agustín Arias, quien al día siguiente de la matanza exhibió la lista (con nombres y apellidos de los responsables), pese a que no hablaba castellano, y luego declaró ante el juez de la causa que esa lista se la dieron los judiciales.

En contraste, Sergio Valls sostuvo que la lista y el álbum fotográfico no fueron tomados en cuenta como pruebas torales dentro del proceso, sino como elementos indiciarios, por lo que no procedía otorgarles el amparo.

Se dice en los proyectos mencionados que no debe tener valor probatorio la lista de culpables que exhibió Agustín Díaz, porque éste dijo ante el juez que esa lista se la habían dado los judiciales, sin embargo, esto lo afirmó el testigo siete años después, destacó Valls, pero ningún otro ministro se adhirió a su postura.

La respuesta a Valls la dio el único ministro con experiencia como juez penal, Juan Silva Meza: No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra. Acteal es buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir los delitos: sus acciones deben respetar siempre el régimen constitucional y los derechos humanos (...) Debemos reafirmar nuestro compromiso con la presunción de inocencia, con el derecho a la reparación del daño, con el esclarecimiento de la verdad.

Desde el inicio de las pesquisas, la PGR acusó a un centenar de indígenas por la matanza de 45 miembros de Las Abejas, entre ellos cuatro mujeres embarazadas y 15 niños. A partir del 23 de diciembre de 2007, y en días posteriores, se detuvo a 86 indígenas, quienes tras varios años de proceso recibieron condenas de entre 20 y 40 años de cárcel.

En su momento también fueron procesados siete elementos de Seguridad Pública estatal y un militar, acusados del traslado de las armas utilizadas durante la matanza. Estas personas, identificadas como paramilitares y que ya fueron sentenciadas, no forman parte de los quejosos que ayer obtuvieron amparos.

Después de ocurridos los hechos de Acteal, el entonces titular de la PGR, Jorge Madrazo Cuéllar, designó una fiscalía especial a cargo de Efrén González Pola, que un año después de la matanza presentó un Libro Blanco sobre la hipótesis oficial del caso.

En esa conclusión, la PGR sostuvo que la masacre fue resultado de un largo conflicto entre un grupo de indígenas que aparentemente simpatizaban con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otro que apoyaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que en los meses previos a los 45 asesinatos en Acteal había provocado, en hechos diversos, al menos 23 homicidios, la mayoría de presuntos paramilitares priístas.

Y sigue la Corte dando
Helguera

El revisionismo histórico hizo que la Suprema Corte liberara a autores materiales

Gobierno, medios e intelectuales afines al panismo lograron desvirtuar el caso Acteal
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Sesión de la Corte donde se analizó el caso ActealFoto Marco Peláez
Roberto Garduño

El revisionismo histórico de la matanza de Acteal, promovida desde las instituciones del Estado y los medios de comunicación afines al poder, por los asesores y apologistas de los regímenes del PRI y del PAN, condujo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tomar una controvertida decisión: ordenar la puesta en libertad de los autores materiales de la muerte de 45 niños, mujeres y hombres indefensos.

Por el multihomicidio, perpetrado en una ermita de la comunicad de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, fueron acusadas 124 personas; 75 de ellas permanecían purgando penas en prisión, pero a la fecha los autores intelectuales gozan de libertad.

La determinación de la Suprema Corte confirma la tesis sostenida en las páginas de La Jornada en torno a la participación directa de altas esferas del gobierno panista e intelectuales afines para revisar el caso de los homicidas y su consecuente liberación utilizando la maquinaria mediática, en la que terminaron por involucrarse medios de comunicación privados y dependencias encargadas de formar opinión pública.

El origen del proceso revisionista se remonta al interés y pragmatismo político del pastor Hugo Eric Flores Cervantes, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –dependiente de la SEP–, subsecretario del CEN del PRI con Luis Donaldo Colosio, asesor de Ernesto Zedillo, nombrado oficial mayor de la Semarnat por Felipe Calderón (cargo del que fue destituido por defraudación en los programas forestales de la dependencia), y a la fecha suplente de la senadora del blanquiazul María Teresa Ortuño.

Flores Cervantes fundó en 2002 la asociación política Encuentro Social, que desde entonces promovió la liberación de los homicidas de Acteal. En sus afanes, con las prerrogativas que recibió de los órganos electorales escribió un libro llamado El otro Acteal, hecho que fue denunciado por el IFE.

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El pastor prosiguió con su campaña para revisar el caso, y utilizó el membrete de su asociación política para dicho fin. En 2003 se alió con el partido Convergencia, y tres años después fincó un acuerdo inusual con el PAN con objeto de respaldar la candidatura de Felipe Calderón, a cambio de 30 millones de pesos para impulsar candidaturas propias y ganarse el compromiso del abanderado a la Presidencia para revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la matanza de Acteal.

Un mes antes de la elección de 2006, en junio y posteriormente en diciembre de ese año, la maquinaria mediática para liberar a los responsables materiales de la masacre comenzó a funcionar. La revista Nexos publicó dos adelantos del nuevo trabajo de Flores Cervantes, en colaboración con Alejandro Posadas, titulado Acteal: la otra injusticia, en abierta defensa de los autores materiales. También el periódico El Universal llevó a sus páginas otras dos colaboraciones de Flores, con la misma postura.

El 21 de diciembre de 2006, el CIDE y Alternativa Ciudadana 21, encabezada por Ricardo Raphael, y acompañados por Héctor Aguilar Camín, anunciaron que asumirían la defensa de los 75 detenidos por Acteal. Raphael, director del área de Estudios Jurídicos del CIDE, adujo que la determinación de asumir la defensa ocurrió porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un caso paradigmático.

A su vez, Aguilar Camín publicó en la revista Nexos una descripción en tres entregas titulada El regreso de Acteal, fundada en los argumentos de Hugo Eric Flores.

Al entorno, al de los promoventes del revisionismo y de la liberación de los homicidas, se sumaron instituciones públicas y privadas con objeto de generar una corriente de opinión pública apegada a la tesis del perdón institucional. Los arietes de la liberación –además de Flores Cervantes– Ricardo Raphael, Ana Laura Magaloni y Aguilar Camín utilizaron el CIDE y los medios de comunicación afines a su interés, como Canal 11, Televisa, Canal 22 y el periódico El Universal.

Presentaban como inocentes a presos señalados como responsables e inventaron un enfrentamiento entre zapatistas y grupos armados de autodefensa para negar la existencia de paramilitares en Chiapas. Ese argumento, ligado al caso paradigmático, prefiguró la controversial decisión de la Suprema Corte.

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Astillero

Autogoles (y otras trampas)

Acteal: impunidad victoriosa

La familia michoacana juega

Julio Hernández López
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Los presidentes de México, Felipe Calderón, y Colombia, Álvaro Uribe, inauguraron la Feria Internacional del Libro en BogotáFoto Ap

El lateral derecho metió gol en su propia meta: dijo adiós infantil a las trampas, en un acto de dibujos con escolares, sin darse cuenta que el pasado adulto le alcanzaba, con un expediente 0.58% en la mano. Di no a las trampas, peroraba el especialista testimonial, y luego iba entrando en ebullición oratoria para denunciar la corrupción, la transa, la opacidad, la malvada voracidad desde el poder. ¡Autogol!, podrían haber coreado, entusiasmados, los muchos miembros de ese equipo de Los Finos que, vivos y difuntos, han hecho demostración olímpica de salto de leyes, lanzamiento de negocios propios, maratón de saqueo y exhibición de cinismo. Felipe guerrillero, revolucionario, que incendió con su oratoria el atril al preguntar, él, el político de las manos limpias (del que ayer se conoció una nueva amenaza de muerte en su contra, ahora mediante una cartulina, supuestamente escrita por alguien que habría querido hacer entender que sería el mero Chapo, pegada en el edificio de un diario de Culiacán): ¿Qué pasa, por ejemplo, con la pobreza, si en lugar de que el dinero que con mucho esfuerzo pagan los mexicanos a través de impuestos, en lugar de irse a ayudar a la gente más pobre, la que no tiene qué comer, se va a un funcionario corrupto, se va a algún gobernante que se queda con todo, con parte de ese dinero?: el país es más pobre porque esa gente sigue sufriendo. A un lado, aplaudían el secretario particular de Educación Pública, Alonso Lujambio (ocupa ese cargo en relación con la jefa Elba Esther, ejemplo casi religioso de aversión a la trampa y las corruptelas) y el actual secretario tapadera de la Función Pública, que al igual que sus más famosos antecesores, Germán Martínez y Francisco Barrio, jamás hicieron nada para limpiar la ratonera denominada alta burocracia. Así, como si nada, pasecito a la red, tirititito para anotar en la propia portería.

Cuatro a uno quedó el partido jugado ayer en la cancha de la Suprema (Corta de Justicia), a cuyo final fue entregada la copa de la Tragicómica Impunidad (Tri). Así como un día antes habían eludido el chocar con el durísimo equipo del fuero militar, y prefirieron la graciosa huída de no entrar al fondo del asunto y cascarear con la pelota de lo procesal, ahora los exageradamente bien pagados pateadores doctorales de la legalidad repitieron el planteamiento táctico y no decidieron lo sustancial del caso Acteal sino lo accesorio (no se juzgó la inocencia o la culpabilidad de los presos, sino el curso procesal en sí), aunque con ello cumplieron las expectativas de los apostadores oficialistas que consiguieron la liberación de algunos (20, por lo pronto) de los detenidos por la masacre chiapaneca de finales del siglo pasado y establecieron la hazaña deportiva de concentrar presuntos ánimos justicieros en un caso de específico interés de segmentos de poder pripanista mientras el país hierve de similares o peores aberraciones procesales. Los pizarrones electrónicos del estadio de lo increíble mostraban resultados extravagantes: un asesinato masivo quedaba sin culpables oficiales que, sin embargo, llevaban más de una década en prisión y ahora estarán libres. Ernesto Zedillo, Emilio Chuayfett y Julio César Ruiz Ferro aplauden, desde las cómodas tribunas, mientras el zapatismo anota en su lista un agravio más que recibe y, desde una paciencia largamente sostenida, asoma la pregunta de qué debe hacer ese movimiento social en el cuadro de descomposición nacional que hoy se vive.

En la cancha electoral, el michoacano presuntamente merecedor de tarjeta roja judicial, Julio César Godoy, ni siquiera recibió alguna amonestación o indicación de parte del fallido árbitro PGR que le acusaba de realizar jugadas prohibidas con el equipo denominado La Familia, así que la mesa de registro, conocida como tribunal electoral federal, dio por válida la inscripción del presunto narcovolante para que participe en el torneo trianual San Lázaro. Tanta alharaca circunstancial para que los manejadores del gran dedo mediático ni siquiera precisaran algo contra el zarandeado hermano de Leonel, el director técnico de los Monarcas familiares de aquel estado. Otra michoacana, Luisa María de nombre, entró de cambio a la cancha del PAN, políticamente enfangada y con muy poco pasto legislativo. Cesalderón Nava, el nuevo comisionado de Los Finos para encargarse del equipo en riesgo de aún mayor descenso, vio que no entraba al campo de juego Javier Corral, un chihuahuense originalmente considerado para participar como delantero en una comisión de análisis y reflexión sobre las muy escandalosas derrotas recientes del Futbol Club PAN y, entonces, genial, sorprendente, imprevisible, el citado entrenador Nava decidió que para suplir a quien renunciaba a ese encargo podía incorporar a la hermana de Felipe Calderón Club, Luisa María, que en estas temporadas recientes se había hecho cargo directamente de la sucursal blanquiazul en Michoacán (La familia ya había tenido antes a Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita, como coordinador de estrategias en el mismo CEN del PAN).

Y ya para cerrar la bonita jornada deportiva del día, se anunció que era Hidalgo el ganador de la tramposa función de box que con ganas de que triunfara Guanajuato había organizado la antes mencionada casa de apuestas Los Finos, cuyo gerente general aprovechó la oportunidad para visitar, con ánimos de conseguir una franquicia, la colonia Colombia donde se está desarrollando un modernísimo sistema de renta de bases militares para clientes gringos con ganas de practicar el excursionismo armado en Sudamérica y, especialmente, en Venezuela.

Y, mientras Alejandro Encinas ha ganado, con el apoyo de Nueva Izquierda, una coordinación acotada de los diputados federales perredistas, y Juanito sigue coqueteando con la posibilidad de quedarse como jefe delegacional porque considera que el triunfo en Iztapalapa fue 60 por ciento por sí mismo, 20 de Brugada y 20 de AMLO, ¡hasta mañana, en esta columna de sanos comentarios deportivos!

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Activistas acusan a la CFE de ordenar la represión civil
Lorenzo Chim
Corresponsal

Campeche, Cam., 12 de agosto. Al grito de si no hay solución, habrá revolución, representantes de las organizaciones civiles de la otra campaña de Campeche, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, de la Juventud Socialista de México, y de la Resistencia Civil de No Pago a las Altas Tarifas Eléctricas de Candelaria, marcharon y realizaron un mitin ante el Palacio de Gobierno para exigir la liberación de cinco activistas presos desde el pasado 10 de julio.

Durante la marcha por la liberación de los presos políticos exigieron a las autoridades frenar la represión, respetar los derechos de los ciudadanos que buscan evitar los abusos en el cobro de las tarifas eléctricas, y advirtieron que la policía atemoriza a las comunidades indígenas.

Repudiaron la detención de los integrantes de la resistencia civil de Candelaria, Sara López González, Guadalupe Lizcano, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos y Guadalupe Borja, y advirtieron que han iniciado la lucha, que llevarán hasta las últimas consecuencias para lograr la liberación de los presos.

Criminalizan lucha social

Miembros de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, integrada por organizaciones sociales, civiles y pueblos de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, se sumaron al repudio y condenaron la detención arbitraria, así como el injusto proceso penal en contra de integrantes del movimiento.

Señalaron que el encarcelamiento injusto de estos luchadores sociales es parte de un operativo de represión, ordenado desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Procuraduría General de la República (PGR) con el permiso de las autoridades estatales, y denunciaron que enfrentan 27 órdenes de aprehensión, averiguaciones previas por el delito de robo a la riqueza de la nación y el hostigamiento constante de agentes de las policías federal, estatal y municipal y de la CFE.

El proceso jurídico realizado por la CFE y la PGR en contra de nuestros compañeros y compañeras es un escarmiento a su actividad política y organizativa, criminalizando su lucha social mediante acusaciones apócrifas y ridículas, destacan.

Los doctores carambazo
Fisgón

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Cacería por las calles del centro... las estaciones de policía, repletas; hay 20 heridos: Codadeh

Llueven toletazos contra zelayistas frente al Congreso de Honduras

Micheletti sostiene que pequeños grupos de oposición son financiados desde el exterior e invita a denunciar a extranjeros sospechosos

Represión a manifestantes en San Pedro Sula

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Policías antimotines disparan gas lacrimógeno contra manifestantesFoto Ap

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Manifestantes que les lanzaron piedras en una jornada de enfrentamientos en el centro de TegucigalpaFoto Ap
Arturo Cano
Enviado

Tegucigalpa, 12 de agosto. Alba Leticia Ochoa, 52 años, ingeniera agrónoma con estudios de posgrado en Costa Rica, camina altiva en medio de tres cobras: ¡Me llevan porque no ando con (cédula de) identidad!, grita. Uno de los cobras –policías antimotines con uniformes camuflados, los más duros– intenta empujarla: ¡Voy caminando!, se impone Alba Leticia, antes de traspasar la valla de militares que resguarda la sede del Congreso Nacional.

Adentro se la cobran. Frente a una pared, unas 15 personas están tiradas en el piso, sin camisas y sin zapatos, varios de ellos con lesiones por los macanazos recibidos (aunque, en rigor, los soldados no portan macanas, sino tubos. Dos policías quieren obligar a Alba Leticia a echarse al piso, al lado de los otros detenidos. Ella se resiste. Un policía le tira un golpe. Entra al quite una mujer de uniforme. Alba Leticia se desgarra a gritos. Un oficial hace una seña y los soldados de la primera fila alzan sus escudos para que fotógrafos y camarógrafos no capturen la golpiza.

La escena se repite una y otra vez, desde la una de la tarde, hora en que comienza la cacería por todas las calles del centro. Llegan más detenidos, algunos con huellas visibles de los golpes. Reciben el mismo trato. Me llevan nada más porque ellos quieren, dice un hombre. Semidesnudos, los tienden en el suelo, a los pies del salón de sesiones, donde el pasado 28 de junio los diputados hicieron presidente a Roberto Micheletti, tras aceptar una supuesta renuncia de Manuel Zelaya.

Como si fuera función de circo

Policías y empleados del Congreso se acercan a los detenidos para mirarlos, como bichos raros. Desde los ventanales de arriba, otros empleados parecen asistir a una función de circo. Los soldados alzan una y otra vez sus escudos, en un intento de que no haya testimonios gráficos.

A pesar de que el Congreso es una muralla verde, la gente se acerca poco a poco. Un hombre suplica: Llévenlos, pero no los golpeen! Mabel Carolina López, cuya hermana está ahí, tendida en el piso, deja los pulmones en su reclamo: “¡Mi hermana es maestra de Choluteca y está golpeada, le dieron de toletazos! ¡Tienen que venir los cascos azules, nos están matando, ya no soportamos esto!” Los soldados ni se inmutan.

Un nuevo contingente de soldados llega desde una calle aledaña: ¡Fuera! ¡Circulen! ¡Prensa internacional!, dice una voz. ¡Largo de aquí!, vocifera el valiente capitán, mientras reparte golpes con un fuete.

Mabel Carolina se va con un grito: ¡Ya van a ver cuando venga (Hugo) Chávez, desgraciados!

Los consejeros

A unos pasos de donde yacen los zelayistas, y algunos ciudadanos que sólo pasaban por el centro de la ciudad, está la oficina del teniente coronel retirado Eric O’Connor Bain, jefe de seguridad del Congreso y primo del presidente de facto Roberto Micheletti Bain. Para entrar a las sesiones públicas del Congreso es preciso pasar por una entrevista con él, y dejar con sus asistentes copias de pasaporte y credenciales de prensa. ¿Y por qué le interesa Honduras?, suelta, muy amigable, la pregunta de apertura de su interrogatorio.

En los sesenta, el entonces subteniente O’Connor Bain, hijo de mexicano-irlandés, estuvo en dos oportunidades en la Escuela de las Américas, en cursos de tácticas y armas de infantería. Ya en los últimos años, cuenta un viceministro de Zelaya, O’Connor es el filtro para acercarse a su primo, presidente del Congreso hasta el pasado 28 de junio. El mismo funcionario asegura que O’Connor llevó a un personaje célebre, el capitán Billy Joya, a trabajar en la campaña de Roberto Micheletti, cuando el ahora presidente de facto buscó la candidatura presidencial del Partido Liberal (y quedó en tercer lugar).

Las calles de esta ciudad están llenas de pintas que rezan: Billy Joya asesino, el pueblo no olvida. Joya fue pieza clave del Batallón 3-16, que en los años ochenta torturó, desapareció y asesinó a centenares de hondureños. En los primeros días posteriores al golpe apareció en la televisión, en calidad de analista político, para explicar que el malévolo plan de Manuel Zelaya se remontaba a líneas trazadas por el diario Pravda y por Salvador Allende.

Luego, dio una entrevista a Ginger Thompson, del New York Times, en la que aseguró que nunca le probaron nada, además de declararse orgulloso de haber formado parte de una política cuyo lema era: El mejor comunista es el comunista muerto.

Esos son los personajes que ayudan a Micheletti a cumplir la promesa que hiciera el pasado 31 de julio: Vamos a poner orden en este país.

La marcha del día comienza en la Universidad Pedagógica, donde ayer los disturbios terminaron con un autobús y un restaurante en llamas.

Unos diez mil manifestantes avanzan en calma los cuatro o cinco kilómetros que los separan del centro de la ciudad. Al grito de ¡Si buscas un ladrón, en el Congreso hay un montón!, la vanguardia de la marcha se desvía al Congreso Nacional, a una cuadra del Parque Central, custodiado por los militares que según el gobierno están en sus cuarteles.

Distraído o temerario, el democristiano Ramón Velásquez, vicepresidente del Congreso, sale en ese preciso momento. Los manifestantes lo reconocen. ¡Golpista!, le gritan. Algunos le arrojan agua. Un hombretón de plano se le va encima y lo derriba. Otros manifestantes lo protegen. Es la orden de arranque.

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El vicepresidente del Congreso de Honduras, Ramón Velásquez, es golpeado por un zelayista durante una protesta en repudio al régimen de facto afuera de la sede del Legislativo, ayer en TegucigalpaFoto Reuters

Policías y soldados rompen filas. El grueso de la marcha no se da por enterada. Lo que es primero un enfrentamiento de gases lacrimógenos contra piedras se convierte pronto en una cacería. Policías y soldados avanzan por las calles para cercar y separar a los marchistas. Los comercios cierran sus puertas. Un helicóptero no deja de tronar sobre las cabezas. Uno de los primeros en caer, víctima de tremenda golpiza según testigos, es el diputado Marvin Ponce, de Unificación Democrática.

El cable de Notimex dirá horas más tarde que los zelayistas intentaron entrar por la fuerza al Congreso, aunque ni lo pretendieron ni podrían haberlo logrado.

Durante cerca de dos horas los policías van de un lado a otro, cercando a los marchistas y deteniendo a los que se desvalagan. Las estaciones de policía se llenan de presos. Algunos grupos de jóvenes no dejan de lanzar piedras contra las fuerzas del orden, pero también contra edificios y automóviles.

–Me preocupa usted, porque no puede correr– le dice un hombre a una anciana.

–Por eso me gusta andar sola, para que nadie se preocupe– responde la mujer, en la suma de absurdos en medio de la batalla.

Los rezos

¡Agua, agua!, dice un hombre que, muy tranquilo, reparte bolsas del líquido sin ocuparse del gas lanzado a tres metros de sus pies. Un contingente de soldados avanza: todos pertrechados con tubos, escudos y un M-16. Pero uno de ellos carga un extintor… y un palo de escoba.

Cada tanto, personas vuelven a reunirse frente al Congreso. Y cada tanto policías y soldados los desalojan blandiendo sus toletes. Un policía hace el ademán de golpear a unos muchachitos de secundaria con todo y sus unifomes: “¡Estudien para que no sean chepos!” (lo mismo policías que soldados son llamados así).

Los militares con rango miran la escena desde arriba, como quien dirige una batalla contra un peligroso enemigo de la patria. Lentes negros, brazos cruzados, barbilla alzada, y un brazo que indica dónde o a quién tundir.

Las sirenas de las ambulancias completan el panorama. Los heridos con suerte son sacados en camillas. Un taxista que trabaja en la zona observa que los detenidos del Congreso son sacados y subidos a un camión del ejército. Sigue al camión y luego se va a Radio Globo, donde cuenta: Eran 33, los sacaron por el portón de abajo y los llevaron al Fuerte General Cabañas.

Corre de una calle a otra la profesora Hedmé Castro, y señala los edificios aledaños desde donde, dice, lanzan el gas lacrimógeno.

El hombre de los bigotes está entregado, indefenso. Su pecado: llevar un sombrero como el que usa el presidente Manuel Zelaya. El policía que lo lleva asido de la camisa lo zarandea, otro le quita la mochila y la estrella en el suelo. Lo avientan al centro de un grupo de cobras. Llueven los toletazos. Los manifestantes que se atreven todavía a andar por ahí gritan: ¡Déjenlo, déjenlo, ya no le peguen!

A la misma hora, policías y soldados toman control de la Universidad Pedagógica donde, según un informe oficial, detienen a 95 personas. El objetivo es que los marchistas venidos de otros lugares del país no tengan donde dormir.

Poco antes de que llegue la marcha, la diputada María Eugenia Landa ha exigido una reunión de emergencia para tomar medidas inmediatas para rescatar a nuestra ciudad del vandalismo. La diputada se lamenta: Me indigna la manera como han dañado el ornato de la capital. Por doquier hallamos letreros que desmoralizan y ya es hora de que depongamos esa violencia.

Le hacen caso de inmediato, aunque el resultado sea, según denuncia el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Codadeh), veinte personas con lesiones, dos de ellas totalmente deformadas por los golpes y que no se sabe si sobrevivirán.

A las cinco de la tarde, dos horas antes de inicio del encuentro de futbol, también les tunden a los manifestantes en San Pedro Sula. Estos traidores a la patria deben entender que los hondureños no nos vamos a doblegar, dice desde esa ciudad la diputada Silvia Ayala.

Las acciones para poner orden habían comenzado antes. En la madrugada, pese al toque de queda, las oficinas de Vía Campesina, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Bebidas y la UPN son tiroteadas por desconocidos que sólo causan daños materiales.

Diez minutos antes de que comience el partido de futbol entre Honduras y Costa Rica, Roberto Micheletti aparece en cadena nacional para denunciar el hostigamiento externo acompañado de brotes de violencia interna. Promete que respetará los derechos humanos. Denuncia el financiamiento con dólares del exterior de pequeños grupos de oposición e invita a la ciudadanía a denunciar a extranjeros sospechosos. Para cerrar, pide a todos los hondureños orar porque ganemos este partido.

Cuando cae la noche y se juega el crucial encuentro, el dramaturgo Tito Ochoa pide ayuda para encontrar a su hermana, la agrónoma Alba Leticia, pues en todas las estaciones de policía se la niegan.


El líder del 68 Joel Arriaga Navarro, en un filme a más de 30 años de su asesinato



Elián Huesca Peniche / Foto Abraham Paredes
ALONSO FRAGUA

Elián Huesca Peniche es un estudiante común de Relaciones Internacionales de la UAP que hasta hace unos meses no sabía sobre el movimiento estudiantil en Puebla durante las décadas del 60 y 70. Su referencia más cercana sobre la época era el 68, sobre el cual tampoco se considera experto. Hoy, sus conocimientos sobre el tema son mayores, pues es el encargado de darle vida a Joel Arriaga Navarro, en el largometraje de docu–ficción poblano La historia de esos días, de Luis Ortega León (La Jornada de Oriente, 1 de julio, 2009).

Arriaga Navarro fue director de la preparatoria Benito Juárez de la UAP, y uno de los líderes del 68, grupo de izquierda, rival del Frente Universitario Anticomunista (FUA). Ambas partes fueron protagonistas de la lucha por el poder de la institución educativa en los 60 y 70.

–¿Qué te atrajo del proyecto?

–Había actuado en obras de teatro en la escuela pero nunca había hecho cine, y me llamó mucho la atención el poder de la lente. Pero sobre todo me atrajo el objetivo del proyecto de crear conciencia y mostrar a las nuevas generaciones que las cosas no son color de rosa; que la UAP tiene una historia negra, con crímenes y muerte. Que hubo asesinatos que quedaron impunes como los de Arriaga, Calderón y Cabrera –en principio, mi generación no tiene la menor idea de quiénes fueron Joel Arriaga, Alfonso Calderón y Enrique Cabrera”.

Aunque reconoce que aún le falta mucho por saber sobre Joel Arriaga Navarro, el joven lo define como un idealista, de actitud serena y conciliadora que “me cuentan que siempre sonreía”, dice luego de recordar la forma en que se preparó para el papel: escuchando relatos sobre su personaje; viendo fotografías y propaganda de la época; y un video de Judith García, la viuda del líder universitario, grabado específicamente para la parte documental de la película.

A través de estas fuentes, Elián se ha formado una imagen de su personaje. “Me identifico con él porque era un hombre que buscaba cambios, porque era un revolucionario y un progresista. Me llama la atención que a pesar de los ocho meses que él y sus seguidores estuvieron encerrados en el Carolino, seguían dando clases. Decían: ‘sí, vamos a luchar por lo que creemos, pero vamos a seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades. Era un idealista, definitivamente”.

Además de aprender sobre la historia de Puebla y su máxima casa de estudios, el universitario hizo un descubrimiento importante. “En los 60 y 70 existía una conciencia colectiva entre los estudiantes que mi generación ya no tiene. En esa época los jóvenes luchaban por lo que creían. Decían: ‘carajo, constitucionalmente tengo garantizada una educación gratuita, pues voy a exigirla’. Hoy, mi generación ya no exige nada, en parte, me parece, por la influencia de los medios”.

A finales de junio, Elián participó en las escenas que recrean el asesinato de Arriaga Navarro, una reunión con los carolinos previo a su muerte y su funeral. “Me impresionó ver las fotos del cortejo y la cantidad de gente que movió su muerte –dicen que eran cerca de 20 mil”. En la siguiente etapa, el actor estará dedicado a los momentos previos a que su personaje fuera encerrado en el Palacio Negro de Lecumberri.

Narcoatentado en Irapuato por los zetas

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