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Llama AMLO a no votar por el PRI y por el PAN el próximo 5 de julio Jalapa, Veracruz
* El operativo de Michoacán es una estrategia electorera para apoyar a los candidatos del PAN, afirma Andrés Manuel López Obrador
* Sostiene el presidente legítimo de México reunión con los integrantes de los Comités Municipales del Gobierno Legítimo de México Veracruz y Tlaxcala
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A menos de un mes de que se realicen las elecciones federales, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al pueblo de Veracruz para que no voten por los candidatos del PRI y del PAN, porque esos partidos políticos ya están en poder de la banda de Los Pinos y desde hace décadas mantienen en la pobreza al país.
La mafia del poder y del dinero, continuó, utilizan a los integrantes del tricolor y del blanquiazul para cumplir sus metas y atender sus conveniencias. "No hay diferencia entre Fox del PAN y Salinas de Gortari del PRI, no hay diferencias entre Calder¨®n del PAN y Fidel Herrera del PRI", resaltó.
Al conceder una entrevista al término de la reunión con los integrantes de los Comités Municipales de Veracruz, López Obrador opinó que fue una estrategia publicitaria y con propósitos electorales el operativo que aplicó la PGR en el gobierno de Michoacán.
Comentó que la mafia, que es la banda más peligrosa de México, utilizó a la Procuraduría General de la República con fines electorales, es decir para apoyar a los candidatos de Acción Nacional.
András Manuel López Obrador explicó que el gobierno espurio "si realmente quisiera combatir la impunidad tendría que empezar por catear Los Pinos"
Al preguntarle su opinión si en México se podría festejar el Día de la Libertad de Expresión, el presidente legítimo de los mexicanos indicó que por desgracia los medios de comunicación están secuestrados por la banda de Los Pinos y sólo uno cuantos no están controlados por la banda de los 30.
Por la tarde, López Obrador se reunión con los integrantes de los Comités Municipales de Tlaxcala y Veracruz.
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Un poco de cordura Guillermo Almeyra
Si un esquimal desembarcase en México, creería que el centro de la vida nacional y de la preocupación popular son las elecciones, pero éstas son, simplemente, la densa polvareda que oculta lo que está sucediendo en el país y enceguece a sus habitantes.
Por supuesto, sé que el control por el gobierno clerical reaccionario de las cámaras le permitiría cubrir, con la ficción de un manto legal, cualquier atropello a la Constitución y todas sus violaciones de los derechos ciudadanos y humanos en general. Por tanto, si usted conoce a un candidato honesto y que tenga claro qué debe impedir y qué defender, vótelo; o si alguien cree, con razón, que todos los partidos son defensores del sistema, que es precisamente lo que hay que tirar al basurero de la historia, y quiere ayudar a que las urnas se llenen de votos nulos, programáticos o simplemente de bronca
y repudio, anule su papeleta pero, por favor, en uno o en otro caso evite caer en el fetichismo y creer que un pedazo de papel va a impedir por sí solo los planes de delincuentes cotidianos y encallecidos, entronizados por un fraude electoral gigantesco, que se mantienen y afirman en el poder mediante la violencia y la ilegalidad.
Lo que hay que cambiar es la relación de fuerzas entre los explotadores nacionales y extranjeros y sus víctimas, entre los trabajadores y los pobres, y el gobierno del gran capital. Los votos contra la dictadura de los que legislan para ellos mismos y violan todas las leyes que protegen los intereses de la mayoría y de la nación en su conjunto, en el mejor de los casos tienen un valor propagandístico y moral. Pero lo único que puede frenar la política del grupo clerical reaccionario que gobierna al servicio del capital es la resistencia, la movilización, la organización independiente de sus víctimas y la lucha por objetivos democráticos, nacionales, que sirvan para combatir al capital.
En plenas elecciones, el gobierno ha hecho pasar una ley inconstitucional más, calcada de la de Bush, que Obama dejó sin efecto. Permitió que por simple decisión policial o militar se intercepten los teléfonos o se cateen domicilios, sin orden judicial previa. Esta medida, violentamente inconstitucional, que quebranta las más elementales libertades ciudadanas, no va dirigida contra los sospechosos de ser delincuentes sino contra todos los ciudadanos, que quedan en libertad vigilada, con sus derechos suspendidos y amenazados constantemente de ser víctimas de un secuestrador informado por los que controlan su teléfono, de un asalto o un asesinato organizado desde las llamadas fuerzas de seguridad o de medidas policiales so pretexto de combatir a los narcos decididas por sus adversarios políticos.
Este atentado a la Constitución y a los derechos ciudadanos, aunque por sí mismo anula la legalidad de la campaña electoral, no levantó alguna protesta importante de ningún partido. Sin embargo, el gobierno hace política con la policía, deteniendo funcionarios en las regiones opositoras y hasta allanando las casas de gobierno, utiliza al Ejército, degradando sus funciones a las de policía, avala una justicia de clase y corrupta en sus fallos aberrantes que cubren a los mandantes y los ejecutores de las violaciones masivas de jóvenes y señoras, los asesinatos, la más cruel represión a los campesinos, como los de Atenco.
Sin embargo, mientras el gobernador asesino de Oaxaca está libre y los lazos de los Salinas de Gortari con el narcotráfico son ventilados públicamente por un ex presidente sin que nadie en el gobierno investigue nada, los agentes del capital en el poder condenan a 113 años de cárcel o a 63 años a los que califican de líderes
de Atenco, para disuadir y aterrorizar a todos los que piensan resistir su política de hambre y de despojo.
No es posible cultivar la ilusión de que un gobierno nacido del fraude, que usa la violencia como política, sea democrático y permita elecciones libres en 2012. ¡Hay que cambiar la relación de fuerzas sociales mediante un amplio frente de todas las organizaciones por la libertad de los presos políticos y sociales; la defensa de los derechos ciudadanos, hoy pisoteados e ignorados; una política de creación de empleos; un aumento inmediato de los ingresos de los jubilados y los más pobres; leyes de emergencia que impidan suspender o despedir de sus empleos a los trabajadores, y por un plan de apoyo a los campesinos y de defensa de los recursos energéticos y naturales!
En las regiones más afectadas por la caída de las remesas, en las que los campesinos más pobres reciben un nuevo golpe, es posible organizar comités amplios que organicen autónomamente el territorio y los recursos, aseguren solidaridad a los afectados por la crisis provocada por el capitalismo y unir entre sí estos comités para el desarrollo local (si después respaldan sus acciones de modo electoral debe ser algo totalmente secundario).
El gobierno y las cámaras son fruto del fraude y, por consiguiente, están deslegitimados. La legitimidad está en manos de quienes hacen vivir este país a pesar del gobierno clerical reaccionario y de los capitalistas, pero la legitimidad sin fuerza social que la haga valer no basta. Si una empresa cierra o suspende al personal, puede ser ocupada y trabajar bajo administración de sus trabajadores, como sucede ahora mismo en Argentina. Si el gobierno decidiese desalojarlos, la ayuda de la población a los trabajadores le haría pagar caro ese intento. Decenas de Atencos impulsarían la liberación de los presos de Atenco que son rehenes del régimen. Si en todo el país millones comienzan a tomar en sus manos la solución de sus propios problemas y a organizarse y federarse, la sociedad será más fuerte y se creará poder popular. En ese caso, hasta las futuras elecciones –si se hiciesen– serán muy diferentes.
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OTRO VEZ LA COMPLICIDAD, INEPTITUD Y EL DESCUIDO DEL GOBIERNO Y FUNCIONARIOS FEDERALES GENERAN CATASTROFES QUE AFECTAN A LOS MEXICANOS:
Tragedia, descuidos e inercias
La tragedia ocurrida el pasado viernes en la guardería ABC –subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— en Hermosillo, Sonora, donde un incendio cobró la vida de 38 niños y dejó heridos a decenas más, así como a seis adultos, ha dejado tras de sí un profundo sentir de indignación y consternación en la sociedad sonorense y nacional, en cuya percepción los espacios destinados supuestamente al cuidado de los niños –y en particular, de los hijos de asalariados y de familias de escasos recursos– se han convertido, en cambio, en entornos que ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los pequeños.
Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el inicio de una investigación orientada a deslindar responsabilidades y esclarecer estos dolorosos sucesos. Independientemente de los resultados que arrojen tales pesquisas, hay razones de sobra para afirmar que esos acontecimientos no tienen un responsable único, sino que son consecuencia de una cadena de negligencias lamentables: la habilitación de una nave industrial como guardería, no obstante que el espacio carecía, hasta donde se sabe, de las condiciones de seguridad necesarias –extintores, señalamientos, salidas de emergencia–; la ubicación del inmueble en las cercanías de una gasolinera; la presumible falta de capacitación del personal de la guardería para actuar ante una emergencia de este tipo y, por supuesto, las deficiencias en la supervisión del personal de protección civil de la entidad y de las propias autoridades del IMSS.
Esta suma de omisiones, descontroles y vicios previos a los hechos pone en perspectiva –de manera por demás trágica– las enormes deficiencias y los riesgos que conlleva el sistema de subrogación adoptado por el propio IMSS, que otorga la operación de las guarderías a particulares, y que ha crecido de manera exponencial durante las dos administraciones panistas: entre 2000 y 2007, el número de guarderías del IMSS a cargo de particulares pasó de 757 a mil 426, mientras que el total de las que operan bajo el régimen de prestación directa
sigue siendo el mismo que a inicios de la década (142). Tales cifras ponen de manifiesto la abdicación del Estado a cumplir con una de sus responsabilidades principales en materia de seguridad social –la de prestar servicios adecuados a los trabajadores y sus familias– mediante la imposición de un modelo que, para colmo de males, ha sido expandido por el gobierno calderonista a través de la aplicación del programa de estancias infantiles
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De acuerdo con las autoridades federales, la aplicación de este sistema tiene por objeto la ampliación del servicio de guarderías con calidad
en todo el territorio nacional. En los hechos, sin embargo, la subrogación ha derivado en un deterioro sostenido de la atención que se presta en esas instalaciones a cargo del IMSS, y ha acabado por convertir a éstas en establecimientos con fines de lucro, en donde lo que importa es maximizar las ganancias y abatir los costos, a pesar de que en muchas ocasiones esto opere en perjuicio de los infantes y sus familias. Por añadidura, y a la luz de episodios como el ocurrido el viernes pasado en Sonora, queda al descubierto la falta de supervisión, la permisividad y la presumible corrupción en la que incurren autoridades encargadas de regular estos servicios.
Lo ocurrido en la guardería ABC ha dejado al descubierto un conjunto de vicios resultantes de la tendencia gubernamental por sustituir lo público por lo privado, y anteponer la lógica del mercado al interés y bienestar general. Tales anomalías son incompatibles con las responsabilidades estatales de velar por la seguridad de la población en su conjunto –comenzando por los sectores más vulnerables, como la niñez– y deben ser corregidas a fin de evitar que tragedias de este tipo se repitan, aunque transite en contra de las inercias ideológicas del grupo que detenta el poder.
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Soberanía popular y supremacía de la Constitución Esos conceptos, soberanía popular y supremacía de la Constitución, son categorías que se les atragantan a nuestros juristas, a nuestros jueces y, también, a nuestros legisladores. Por lo común, razonan como si fueran principios ajenos el uno al otro y casi nunca logran establecer una relación de origen entre ellos. Son, pues, conceptos que funcionan cada uno en su propia esfera. En la historia del pensamiento jurídico y político, en realidad, se trata de dos puntos de vista contrapuestos y enemigos. Se trata del postulado de Rousseau, el gran pensador ginebrino, que consistía en que el pueblo decide qué leyes se da, y de Kant, el gran filósofo alemán, que sostenía que la ley es soberana porque es un dictado de la razón y en su elaboración no tiene nada que ver el voto del pueblo.
Casi todas las constituciones en el mundo dan la razón a Rousseau, pues estipulan que derivan de la voluntad del pueblo y que ésta es la norma suprema. Nuestra Carta Magna admite ambos principios, el de la soberanía popular, que llama soberanía nacional, en su artículo 39, y el de la supremacía de la Constitución y sus leyes en su artículo 133. La voluntad del pueblo es el origen ineliminable de todas sus instituciones, comprendidas sus leyes. La supremacía constitucional deriva también de ese principio fundador, pues es la voluntad popular la que determina que la ley suprema es la Constitución, sus leyes y los tratados internacionales que signa su gobierno y refrenda el Senado.
Junto con ello, hay otro problema que, en particular a nuestros jueces, resulta difícil de digerir. La relación que existe entre el Constituyente, creador original de la Constitución en representación del pueblo, y lo que el maestro Felipe Tena Ramírez llamó Constituyente permanente y otro gran maestro, Mario de la Cueva, prefirió denominar, más apropiadamente, poder revisor de la Constitución. Cuál de esos dos poderes tiene más peso o si son iguales es un falso predicamento. En materia electoral, nuestra Suprema Corte de Justicia se ha sacado de la manga una novísima interpretación que determina, ni más ni menos, que el Constituyente original es plenamente soberano, mientras que el revisor no. El ministro Góngora Pimentel llegó a decir que era inaceptable
que el órgano
reformador tuviera poder ilimitado
para modificar la Carta Magna (al parecer, el ilustre ministro ha cambiado ya de opinión y esto es loable).
Nuestra Constitución, en otras palabras, puede ser modificada, pero de a poquito. De aceptarse eso, se estaría postulando que el revisor es un inferior y sus modificaciones no tendrían la misma fuerza que las del primero y, si ese fuera el caso, entonces el único imperativo válido sería el original, lo que sería ilógico, porque entonces, de ser válido sólo lo que determinó el Constituyente original, no se entendería cómo es que la Constitución ha sido ya modificada y adicionada innumerables veces. Muchas decisiones del original ya no existen.
El artículo 135 admite, en efecto, sin límite ninguno, que todo su articulado puede ser modificado. Y establece el procedimiento: el cambio lo debe aceptar una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes de las dos cámaras del Congreso de la Unión y ser ratificado por la mitad más una de las legislaturas de los estados. No dice absolutamente nada más. Por lo demás, pueden verse en su letra todos los artículos de la Carta Magna y podrá constatarse que ninguno establece que no puede ser modificado o adicionado.
Si se quiere hablar de proceso o procedimiento legislador está todo contenido en ese artículo y no se puede invocar ningún otro principio o ley y ni siquiera, hay que advertirlo, el artículo 72 constitucional, que está dedicado tan sólo a la elaboración de leyes derivadas (excepto, acaso, por el hecho de que una cámara actúa como receptora y la otra como revisora de las iniciativas). Lo que no resulta por ningún lado es que las determinaciones de ese poder revisor sean inferiores a las del Constituyente original. Si así fuera, una gran parte de la Constitución, en su texto actual, sería espuria.
En sus resoluciones en materia electoral que la Corte produjo durante 2008 y, en especial, la que se contiene en la que tocó al amparo en revisión 525/2008, se planteó un falso dilema sobre el que recayó una decisión que viola abiertamente todos los principios constitucionales. En primer lugar, fue muy extraño plantearse si en la Ley de Amparo existía una norma que prohibiese la procedencia del juicio de amparo en contra de una reforma constitucional cuando los señores ministros sabían de antemano que no hay tal norma. Luego, decidir sobre la naturaleza del poder revisor de la Constitución resultaba igualmente bizarro, porque no es concebible que se pueda uno amparar en contra de instituciones constitucionales, pues son ellas las que garantizan todos los derechos de todos los mexicanos. No se puede uno amparar contra lo que lo ampara.
Pensar, igualmente, que el poder revisor no se identifica con el original significa descalificarlo como una institución inferior a aquél, lo que sería aberrante, pues, así como no se puede ir contra la soberanía del original, tampoco es dable poner en duda la soberanía del revisor, siendo ambos la expresión de la voluntad popular, vale decir, de la soberanía del pueblo. Fuera de lo que postulan nuestros jueces supremos, el poder revisor es igualmente soberano que el original, pues de otra forma no estaría autorizado a reformar la Carta Magna.
En su resolución citada, admiten que dicho poder revisor puede ser considerado como una autoridad emisora de actos potencialmente violatorios de garantías individuales
. ¿Cómo puede ser violatorio de garantías un acto de un poder que expresa la voluntad del pueblo soberano? En el Congreso está representado, formalmente, el pueblo en todas sus manifestaciones políticas. Que nuestros jueces supremos se planteen eso es sólo indicativo de una voluntad soterrada de subvertir nuestro orden constitucional, anulando de un plumazo el principio de la soberanía popular.
Parecen pensar que, como no está prohibido expresamente, entonces se puede suponer que se da el amparo en contra de resoluciones del poder revisor. Hay sólo un problema: ese principio no opera en materia constitucional, porque en la Carta Magna se fundan nuestras instituciones, incluidas las leyes, y lo que ella no establece no se puede dar por permitido, aunque en las leyes secundarias se pueda encontrar algo parecido, pues aquí la analogía no opera.
A Javier Wimer, cuya ilustración y don de gentes nos harán falta a todos
