martes, septiembre 11, 2007

Imagenes del Congreso de la Uniòn Tere

Mientras el Presidente Legítimo Andrés Manuel López Obrador dirigía su mensaje a los diputados del FAP para que no permitan el incremento del 5.5 % a la gasolina ni la Reforma Hacendaria del pelele, que sería un duro golpe más a la economía de los mexicanos, afuera de la Cámara de Diputados muchas personas de distintas agrupaciones políticas y ciudadanos en general manifestamos nuestro total apoyo a la propuesta de nuestro Presidente Legítimo. En este mítin el dirigente del PRD DF, Ricardo Ruiz, propuso a la ciudadanía que estemos alerta de cada vez que los diputados se reúnan para discutir la Reforma Hacendaria, e invitó a que todos hagamos una campaña masiva de información sobre la misma. El compañero Arturo de Molina, de la Resistencia Creativa, recordó que el 14 dormimos en el Zócalo para amanecer el 15 y dar el grito del pueblo con la Senadora Rosario Ibarra.





De la Jornada

Editorial

Atentados en Veracruz: otra señal de alerta

Los ataques con explosivos perpetrados la madrugada de ayer contra gasoductos de Pemex en Veracruz –además de una explosión en un ducto de Tlaxcala que podría ser parte de la serie– provocaron el desplazamiento de miles de personas de sus lugares de residencia; las pérdidas económicas no se han cuantificado y afortunadamente no hubo muertos ni lesionados. Al parecer, los atentados son la continuación de los realizados a principios de julio pasado por el Ejército Popular Revolucionario, EPR, en demanda de la presentación de dos de sus integrantes que se encuentran desaparecidos y fueron capturados, a decir de la organización armada, por efectivos gubernamentales.

El Ejecutivo federal condenó de inmediato los ataques, respondió con una movilización militar en las zonas afectadas y anunció, en voz del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que se actuará “con toda la energía” contra los responsables. Desde Nueva Delhi, Felipe Calderón Hinojosa llamó a los otros poderes, a los partidos, a la sociedad y a los medios a “unir fuerzas” para condenar los atentados y se manifestó por el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad del Estado.

Ciertamente, todo país necesita organismos de seguridad nacional y pública capacitados, eficaces y bien provistos. El gobierno tiene, por lo demás, la obligación de preservar la integridad de la infraestructura y procurar que no vuelvan a ocurrir ataques como los de ayer. Por otra parte, resulta condenable todo acto de destrucción de infraestructura propiedad de la Nación, no sólo porque es contrario a la legalidad sino porque estos procedimientos, aun si se realizan en nombre de una reivindicación social o política, tienden a empeorar la situación de los más desfavorecidos, alimentan a los sectores más autoritarios del gobierno con pretextos para acentuar la represión contra disidencias y oposiciones violentas o pacíficas y enrarecen el ambiente político, de por sí afectado por la dislocación institucional que vive el país desde las elecciones presidenciales del año pasado.

Sin embargo, la condena de los atentados y la persecución de sus autores no basta para despejar la razón inmediata y las causas profundas del accionar eperrista. La primera es la inadmisible “desaparición” de dos ciudadanos mexicanos, guerrilleros o no, hecho que violenta gravemente los derechos humanos y se percibe como barrunto de un retorno a las guerras sucias en las que se involucró el Poder Ejecutivo en las presidencias de Luis Echeverría y José López Portillo. En cuanto a las causas de fondo, las invocaciones a “la fuerza del Estado”, tan socorridas durante lo que va de la presente administración, apuntan a suprimir los síntomas de una crisis social, política y económica, pero no resolverán los problemas de fondo. Otro tanto ocurre con el combate oficial contra el narcotráfico, actividad delictiva cuyo auge no podría explicarse si el campo no estuviera sumido en una catástrofe, si el desempleo no campeara en las ciudades y si no floreciera, en todos los niveles de gobierno, una escandalosa corrupción.

No deja de resultar sorprendente que con 19 millones de mexicanos en situación de “pobreza alimentaria” y con otros 49 millones que carecen de los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de vestido, vivienda, salud, educación y transporte, la exasperación social no haya desembocado en una violencia masiva y no haya sido mayor el colapso de la autoridad gubernamental en las extensas regiones del territorio que, con todo y operativos espectaculares, siguen bajo control de la delincuencia organizada.

Sólo una desoladora carencia de sentido de país puede explicar que el grupo en el poder no caiga en la cuenta que la gran amenaza a la seguridad nacional, a la estabilidad política y a la vigencia del estado de derecho no proviene de las organizaciones guerrilleras ni de la delincuencia común, sino de un modelo económico y social que ha hundido en la miseria y en el hambre a la mitad de la población y que se mantiene, pese a todo, en vigor.

La nueva serie de actos de propaganda armada efectuados, al parecer, por el EPR, debiera llevar a los gobernantes en turno a reflexionar sobre la pavorosa ausencia de perspectivas que enfrentan, debido a la política económica y a la ausencia de política social, millones de mexicanos que no tienen más futuro que la emigración a Estados Unidos, la mendicidad en las calles, el reclutamiento por alguna de las delincuencias organizadas –la del narcotráfico, la del secuestro, la del robo de autos– o la incorporación a grupos político-militares que propugnan el cambio político y económico por la vía de las armas.

Es posible que, con este telón de fondo, el actual gobierno se aproxime a una encrucijada: o da un golpe de timón en la conducción política, económica y social y empieza de una vez por todas a atender la desesperada situación de la mitad del país y a escuchar la inconformidad de los excluidos por una institucionalidad crecientemente oligárquica y falta de representatividad y de contenido, o se aventura abiertamente por el camino de la represión, la construcción de un Estado policiaco y autoritario y la supresión, así sea de facto, de las garantías individuales. En el primero de esos escenarios tendría que hacer frente a los intereses de los grandes capitales nacionales y foráneos que le dieron su respaldo para que mantuviera intactos la desigualdad y los privilegios a los poderosos; en el segundo no le alcanzarían todas las corporaciones de seguridad para enfrentar el descontento de la gente.

El Chuchito enojado por esta verdad

Otra de la "nalga Izquierda"

Rene Mesa Cabrera sera su proximo diputado, como dice el filosofo de todos estos "Que asquerosidad es todo esto"



CUITLATLÁN

Aparecen 50 cachirulos en elección del PRD

Fermín Alejandro García

El sábado se demostró que se está acabando la hegemonía de la corriente Nueva Izquierda en Puebla, no solamente porque una de sus principales representantes, Irma Ramos, apenas pudo ganar por ocho votos la elección de la primera posición de la lista de candidatos plurinominales a diputados locales, sino porque se sospecha que para conseguir ese triunfo se habrían utilizado unos 50 cachirulos, es decir, a personas que no podían participar en el proceso de selección.

La votación para decidir al lugar uno de la lista de plurinominales quedó 120 votos a favor de Irma Ramos, la secretaria general con licencia del PRD estatal y una de las principales operadoras de Nueva Izquierda (NI), es decir, la corriente del ex legislador Luis Miguel Barbosa Huerta. En segundo lugar se ubicó el notario público y ex priista, René Meza Cabrera, quien consiguió 112 sufragios de consejeros estatales.

Pero si se toma en cuenta la versión de que unos 50 asistentes al Consejo Estatal del PRD eran personas que entraron únicamente una copia de su credencial de elector, sin acreditar que eran miembros de ese órgano de gobierno, entonces significaría que Ramos en realidad únicamente tuvo el respaldo de 70 votantes y NI fue vapuleada por varias corrientes del partido que se unieron para cerrarle el paso.

Asimismo, trascendió que cuando los operadores de NI se empezaron a dar cuenta que los votos no le alcanzaría para darle el triunfo a Ramos, habrían amenazado a algunos consejeros que les podrían anular candidaturas a presidentes municipales si no se sumaban a la fórmula de Nueva Izquierda.

Se sabe que por esta supuesta anomalía se presentaron tres impugnaciones, una de ellas de René Meza Cabrera y otra de Rafael Cabrera, el representante de Nuevo Foro Sol.

Esos recursos serían discutidos ayer en la noche en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, aunque había condiciones para que fueran desechados, toda vez que en ese órgano quien controla es NI.

Más allá de que se confirme o no el triunfo de Ramos o de Meza Cabrera, lo acontecido es una clara muestra de que se perdió la institucionalidad en el PRD. Si resulta cierto lo de los 50 cachirulos entonces significa que el sábado se fraguó un fraude electoral al viejo estilo priista y que hace algunos años se dedicaba a combatir el partido del sol azteca.

Y si es mentira esa versión, significa que no existe un solo proceso en el Partido de la Revolución Democrática que pueda tener legitimidad y aceptación del grueso de las expresiones.

Lo más grave, es que pese a que existió un intento de veto, el sábado estuvo compitiendo René Meza Cabrera, quien no tiene autoridad para estar en el PRD luego de que siendo legislador federal del PRI votó a favor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

Cuenta a favor de la UCI

Desde el penal de San Miguel ayer se comunicaron con este tecleador los representantes del Comité de Presos Políticos de la Unión Campesina Independiente. El motivo fue a dar a conocer que abrieron una cuenta bancaria con el número: 0553010741 de Banorte, a nombre de Rosa María Melchi Ángel.

Están pidiendo a las organizaciones sociales a que hagan cooperaciones a favor de los campesinos de la UCI que han tenido que dejar Huitzilan de Serdán por la violencia política que desde hace muchos años se vive en esa región de la Sierra Norte.

Asimismo ese dinero sería utilizado para pagar a los abogados que llevan la representación de los presos de la UCI que están acusados de haber cometido supuestos homicidios contra miembros de Antorcha Campesina.

Sergio Cortés

CARPETA

La reforma abortada

Sergio Cortés Sánchez

Televisa ha vetado la reforma política promovida por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión; uno de los puntos más importantes de ese proyecto estaba relacionado con la disminución del gasto en la publicidad trasmitida a través de medios electrónicos; en la equidad en su acceso y, en la disminución de la contaminación de imagen y de audio generadas durante los procesos electorales. En dicho proyecto, se limitaba la compra de tiempo aire únicamente a los partidos políticos, su pago era con cargo al tiempo oficial que por concesión del espectro electrónico y tasa impositiva las televisoras están obligadas a cubrirle al gobierno federal; asimismo, se establecía que el único facultado para administrar dicho tiempo sería el Instituto Electoral y se prohibía que personajes ajenos al mismo pudieran gestionar l compra de tiempo aire para cualquier tipo de publicidad electoral (positiva o negativa).

Nuestros ingresos tributarios son de los más bajos del mundo y aun así, la presidencia imperial hace uso de sus facultades constitucionales para dispensar discrecionalmente su pago a las grandes empresas que le son ideológicamente afines. Colateralmente, la evasión y la elusión fiscal empobrecen la recaudación y, los magros ingresos públicos –ya incorporados los importantes ingresos petroleros– están comprometidos al pago de inconstitucionales pasivos (Fobapra y Pidiregas) y de la deuda pública documentada. Esa pobreza tributaria exigiría, por lo menos, un manejo más eficiente y probo del presupuesto y un incremento del efecto multiplicador del gasto. Es del dominio público que en el reciente proceso electoral federal, siete de cada diez pesos gastados en las campañas electorales fueron para Televisa y TV Azteca, gasto financiado en su mayor parte con nuestros impuestos y que ha significado la disminución real del gasto hacia otras sectores prioritarios, como lo son las actividades agropecuarias, la sustentabilidad del desarrollo, la equidad y la justicia y la educación. Usar los tiempos oficiales de la radio y de la televisión para las campañas electorales es de los más sensato que se puede hacer, no hay por que erogar en ese tipo de gastos, ya están pagadas con la concesión federal del uso del espectro electrónico; los mermados recursos públicos presupuestados para actividades electorales deberán usarse para otras actividades políticas. Televisa ha vetado esa iniciativa y ha desviado la atención sobre la inamovilidad de los actuales consejeros electorales.

El balance de la elección presidencial del año 2000 hizo evidente la necesidad de agilizar los cambios constitucionales para reformar la norma y al órgano federal electoral. Desde distintos foros, académicos, politólogos, partidos políticos y ciudadanos en general se han pronunciado por que el arbitro sea imparcial; por una mejor equidad de la contienda; una mayor fiscalización, vigilancia y sanción hacia los partidos; un menor financiamiento público para los partidos y un menor gasto electoral; en disminuir el tiempo de duración de las campañas y acotar el número de procesos haciéndolos coincidir; por que se regulen las precampañas; por que no sea permitida la publicidad que insulta y denigra al adversario; por que los funcionarios de los tres niveles de gobierno se abstengan de hacer proselitismo en la víspera comicial; por que haya candidaturas ciudadanas y por que se establezcan criterios para el recuento de votos. Al negociarse su propuesta la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión obtuvo un resultado muy distante al propósito original: una disminución del 50 por ciento del gasto público para campañas presidenciales, acotar a 90 días el tiempo de campañas federales, regular las precampañas, no permitir campañas negativas y no publicitar actos gubernamentales en fechas próximas a la elección. La remoción total de consejeros electorales, la prohibición de pagar en efectivo la publicidad electoral en medios electrónicos y, la exclusividad de partidos para solicitar (vía IFE), publicidad en medios electrónicos fue desechada por las presiones de Televisa.

La mayoría de ciudadanos aprueba la pertinencia de reformar la ley electoral federal, los medios impresos han documentado el respaldo otorgado a la remoción de los consejeros electorales y a disminuir el tiempo aire de las campañas electorales. En el municipio de Puebla, el 85 por ciento de los ciudadanos aprueba (total o parcialmente) siete acotadas propuestas (menor tiempo de campaña, menores recursos públicos para los partidos, mayor fiscalización, compactación de calendarios electorales, uso de tiempo oficial de radio y televisión, recuento de votos y renovación de Consejeros electorales). Los acuerdos segmentados por partido, en porcentaje, son los siguientes: panistas, 84; priistas, 87 y perredistas, 91 por ciento. Por edad, 82 por ciento de los ciudadanos menores a 30 años la aprueba, el 88 por ciento de los de 30 a 44 años y el 86 por ciento de los que tienen entre 45 y 59 años. El 84 por ciento de las ciudadanas la aprueba y el 86 por ciento de los ciudadanos: el 87 por ciento de los empleados, el 84 por ciento de las amas de casa y el 83 por ciento de los estudiantes. Por nivel de ingreso económico, la aprueba el 87 por ciento de los ciudadanos que perciben menos de 24 salarios mínimos y también la aprueba el 81 por ciento de los que tienen ingresos mensuales superiores a 24 salarios mínimos. No hay sustento para excluir la disminución del tiempo aire, su cargo al tiempo oficial de radio y televisión y tampoco la prohibición a que actores diferentes a los partidos gestionen publicidad electoral.

Zavala

Jorge Sánchez avala el proselitismo de Zavala
El consejero Joel Paredes exige la intervención del IEE para regular la propaganda de los pluris
Selene Ríos Andraca / Zacapoaxtla / Enviada

Los consejeros electorales criticaron la medida y consideraron urgente hacer los cambios necesarios a la ley para regular este tipo de gastos y evitar la pasividad que se puede generar por ello

Jorge Sánchez Morales, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, protegió el proselitismo del priista Javier López Zavala, al asegurar que los candidatos a diputados plurinominales pueden hacer campaña sin preocuparse por la fiscalización de recursos, aunque el resto de los consejeros reconocieron que es urgente regular dicho vacío legal. Incluso, Joel Paredes Olguín llamó al IEE a arreglar esta situación, para que el organismo actúe y así evite la pasividad.


Aunque el órgano electoral carece de facultades para fiscalizar los recursos que utilice el exsecretario de Gobernación y aunque el Código de Instituciones y Procesos Electorales (Coipep) no considere la existencia de campañas plurinominales, el Consejo General solamente podrá hacer un llamado a los partidos políticos para que se ajusten a los topes de campaña, si es que la mayoría de los consejeros acepta la propuesta de Joel Paredes, quien insistió en que la falta de regulación de esas campañas es utilizada por los partidos políticos para sus intereses partidistas.


En entrevista con Cambio, el consejero Joel Paredes Olguín criticó al órgano electoral por no haberse prevenido para una campaña de un candidato a diputado por la vía plurinominal: “Coloca al instituto en una actitud pasiva. Tenemos que darle seguimiento en los discursos y en la campaña”.


En tanto, el consejero presidente Jorge Sánchez Morales reveló la vía libre con la cuenta el exconsentido del gobernador Mario Marín Torres para colocar pendones y espectaculares en el interior del estado para promocionar su imagen y su proyecto político personal: “Cualquier pluri puede entrar a hacer campaña sin que se preocupe por la fiscalización”.


La semana pasada, Javier López Zavala confesó que en los próximos días colocará pendones y espectaculares para promover su imagen como candidato a diputado plurinominal, aunque él no será electo en las urnas el próximo 11 de noviembre.


Entrevistados en el marco de la firma de convenio entre el IEE y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas —celebrada en Zacapoaxtla—, los cinco consejeros coincidieron en que el órgano electoral debe tomar como experiencia la campaña de Javier López para que se reforme el Código de Instituciones y de Procesos Electorales del Estado de Puebla, con el propósito de regularizar las campañas de los plurinominales.


Los consejeros Rosalba Velázquez, Olga Lazcano, Paúl Monterrosas, Jorge Sánchez y Joel Paredes reconocieron que las campañas plurinominales son un vacío legal, debido a que nunca se había visto en Puebla que un candidato de representación proporcional realice campaña para promocionarse.


El más crítico con el vacío legal fue el consejero Joel Paredes, quien consideró que aunque la ley no establezca una regulación para las campañas de representación proporcional, esto puede afectarle en sus finanzas y repercutirle en la votación al partido político que las realice.


“Si consideramos que los partidos políticos son cautos, tienen que reconocer que este tipo de actividades se puede revertir, la ciudadanía no es acrítica ni pasiva, y esto puede repercutir en sus propias finanzas y en sus propias victorias.”


Para aminorar el vacío jurídico, dijo Paredes, es necesario que el IEE haga un llamado a los partidos políticos para que se ajusten a los topes de campaña: “No es poca cosa. No está de más establecer un llamado a los partidos políticos, a los líderes para la civilidad y la equidad”.


El hecho de que el IEE no pueda fiscalizar los recursos que empleen los plurinominales vulnera al propio organismo, porque los partidos políticos lo utilizan para sus propios intereses: “El principio jurídico señala que lo que no se prohíbe, está permitido. Creo que la estrategia de los partidos políticos y de los actores está en encontrar estos huecos, para que sin violar la ley, los aprovechen. Pero la ley se tiene que perfeccionar y ajustar con la realidad. Éste es un asunto que tenemos que regular, el papel de nosotros será mantenernos vigilantes del uso de los recursos.”


—Ustedes aprobaron topes por distrito y por municipio, ¿cómo se controla a los plurinominales, si no están regulados?— se le preguntó a Paredes.


—Son recursos de los partidos políticos y éstos deberán de justificar sus gastos. Supongo que los agregarán en los gastos de los partidos políticos para que le fiscalice. Supongo que podría entrar en el gasto corriente, porque no entra en las cuentas de búsqueda de voto o gastos de medios de comunicación. Será difícil dar seguimiento de fiscalización de recursos. Tenemos que guardar el antecedente, para la reforma electoral.

Los pluris que no se preocupen por la fiscalización: JSM


El consejero presidente Jorge Sánchez Morales reconoció que será complicado para el IEE fiscalizar los recursos que utilicen los plurinominales, como es el caso de Javier López Zavala, quien se promocionará como candidato a diputado por representación proporcional.


“No hay una fiscalización y debe de haber una reforma a la ley. Lo importante es analizar las repercusiones de este tipo de campaña, al término de la elección.”


Jorge Sánchez reconoció que en Puebla es inédito que un candidato plurinominal realice campaña proselitista como si fuera a ser electo en las urnas: “Ellos dependen del voto para entrar a través de la vía plurinominal. Por naturaleza no se acostumbraba hacer campañas para esos cargos. Los partidos políticos tienen sus estrategias, y cualquiera puede realizar campaña.”


—¿Para esta elección no puede haber nada?— se le preguntó a Jorge Sánchez.


—No puede haber nada.


—¿Zavala y cualquier pluri pueden hacer campaña sin preocuparse de la fiscalización?


—Cualquier pluri puede entrar a hacer campaña sin que se preocupe por la fiscalización.

Inédita la participación de Zavala


La consejera Olga Lazcano se dijo sorprendida por el hecho de que López Zavala esté realizando campaña, aunque él no será incluido en las boletas electorales: “Nunca se había visto que los plurinominales hicieran campaña proselitista, pero ni lo contempla, ni lo restringe. Es derecho de los partidos políticos”.
—¿Cómo se va a fiscalizar una campaña de alguien que no está regulado por la ley?


—Hay un tope de campaña por municipio y por distrito, ya como se distribuye el recurso depende de los partidos políticos.


—¿Ustedes qué harán en esta situación?


—Nosotros fiscalizaremos que no se rebasen los topes de campaña.


Por último, Paúl Monterrosas y Rosalba Velázquez urgieron a la reforma electoral para que en la próxima elección, el órgano electoral pueda actuar con el estricto apego a la normatividad: “Hay un vacío en la ley que tiene que ser reformado para el siguiente proceso electoral”.

Dr. Edmundo A. Gutierrez

Les mando esta noticia que sale hoy en la Jornada. Puse algunos
comentarios para resaltar donde están los intereses de nuestros
empleados (diputados, senadores, servidores públicos). Para aquellos que
tienen una empresa y trabajadores a su cargo, ¿que se hace cuando un
trabajador no cumple justificadamente con su trabajo?.

Edmundo


Rebelión de diputados del PAN por alza a gasolinas

Estancadas en ambas cámaras, las reformas fiscal y electoral

ROBERTO GARDUñO Y ENRIQUE MéNDEZ

La propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para incrementar el precio por litro de gasolinas y diesel en 5.5 por ciento dio origen a la inconformidad entre diputados panistas porque, manifestaron, no están dispuestos a asumir el costo político de esa medida impopular. Entre los legisladores inconformes se prevé una reunión con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, con objeto de manifestarle su absoluto rechazo al gravamen.

Comentario 1: A los panistas solo les preocupa el costo político, pero no el bienestar de sus representados, ni mucho menos el de el resto de la ciudadanía.

A unas horas de presentarse la iniciativa, el descontento también se dejó sentir en medio centenar de representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes demandaron congruencia a los panistas para, en conjunto con la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sumar fuerzas y enterrar el impuesto a gasolinas y diesel.

Mientras en el Senado se complica el escenario para la reforma electoral, en San Lázaro la negociación de la fiscal se mantiene estancada en espera de un arreglo en Xicoténcatl. Será hasta hoy cuando los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados elaboren un dictamen para incrementar la recaudación de impuestos, incluida la propuesta panista de aumentar el costo de gasolinas y diesel.

Comentario 2: Las negociaciones se hacen en función de los intereses de los partidos politicos y el gobierno federal, mientras que los intereses de los ciudadanos pasan a segundo plano. Nuestros empleados (diputados, senadores, y servidores públicos) no están cumpliendo con su trabajo, así que deberiamos correrlos.

La bancada del PAN se reunirá en pleno, y en ese encuentro argumentarán en contra del gravamen referido y solicitarán a su coordinador, Héctor Larios, tramite una reunión con Felipe Calderón. En tanto, los priístas inconformes ya dieron a conocer a Emilio Gamboa Patrón la decisión de votar en contra del impuesto. Entre ellos se encuentran José Murat, Carlos Rojas Gutiérrez, Samuel Aguilar y Marco Antonio Bernal.

Ante el rechazo al nuevo gravamen en las filas de los legisladores de su partido, Emilio Gamboa Patrón reiteró en entrevista posterior que persiste el acuerdo entre las bancadas en San Lázaro, incluido el PAN, para impulsar a la par las reformas en cuestión. “Estamos trabajando en la reforma fiscal, discutimos los últimos detalles. Hoy se reunió la Comisión de Hacienda y estamos pendientes de lo que está pasando en el Senado de la República. Hemos dicho que van a ir las dos juntas, que es importante para el país, es una demanda de la sociedad, tanto la electoral como la fiscal. Todavía nos mantenemos en ese tema”.

—¿La reforma electoral es de la sociedad o de los partidos?

–La sociedad ha estado pidiendo lo que contiene –en gran parte– la reforma electoral: campañas menos costosas, más cortas, configurar las precampañas, menos gastos en medios. Considero que ahí está la opinión de la sociedad mexicana. El PRI tiene muy claro: si no sale la electoral, no sale la fiscal; si no sale la fiscal, no sale la electoral. Hay un posicionamiento de mi partido de que van las dos juntas.

Comentario 3: El chantaje es la única herramienta de negociación que conocen los politicos.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el priísta Jorge Estefan Chidiac, dijo que al quedar instalado en sesión permanente ese órgano legislativo se dictaminarán las siete iniciativas fiscales, entre ellas la del incremento a gasolinas y diesel, y sobre el particular “el gobierno ha estado aceptando prácticamente todo. El Partido Acción Nacional también. Así que considero que en cuanto la secretaría técnica termine tendremos los dictámenes. No sé para cuándo estén listos, son siete dictámenes y estoy pidiendo que se apuren”.

Comentario 4: Están aceptando todo un grupo de personas que no conoce o no entiende la realidad del país. Estamos en manos de ignorantes.

Al preguntar su opinión sobre la propuesta panista para incrementar las gasolinas y la consecuente afectación a la economía de la sociedad, Estefan respondió: “El gobierno sube la gasolina eso y más al año y nadie dice nada. Mejor reclámenle al gobierno federal que no la incremente mes con mes, como lo está haciendo hoy, y que el próximo año no la suba. Ahí es donde hay que reclamar. Suben la luz, la gasolina, la tortilla, y nadie dice nada, y por un impuesto que se está presentando toda la carga nos la quieren pasar. Mejor pidámosle al gobierno que no aumente. Cada año aumenta cinco o seis por ciento la gasolina, y cada vez que alguien carga (combustible) en diferente mes sube la gasolina. Ahí es donde está la inflación, no en los impuestos”.

Comentario 5: el cinismo otra de las caracteristicas del político; “nadie dice nada”. ¿Œue no están ellos para decir algo?.

Por el contrario, Javier González Garza, coordinador del PRD en San Lázaro, acusó a la mancuerna PAN-PRI de traición por impulsar el gravamen referido. “Esa propuesta del PAN es del PRI. Sí, porque fíjense que en toda la negociación el tricolor dice: ‘ustedes háganla, háganla, y la tienen que hacer ustedes. Y luego yo la apoyo, yo la voto’. Pero señalan los del PRI: ‘no es nuestra culpa’, cuando todos sabemos que es del Revolucionario Institucional. Entonces es una traición de los dos partidos”.

Agregó que “esa propuesta, que salió de bajar dos puntos a la contribución empresarial a tasa única, y aumentar 5.5 por ciento a gasolinas y diesel, es una traición, porque la CETU cuando menos les cobra a los que no pagan. ¿Y saben cuánto significan esos dos puntos? Cien mil millones de pesos, y en cambio van a recuperar menos de la cuarta parte, pero sobre la base de los que sí pagan”.

Comentario 6: De acuerdo con esto, la traición es al pueblo al que harán pagar en lugar de cobrarle a los privilegiados.

Juan Guerra, Pablo Trejo y Antonio Soto, integrantes del equipo económico del PRD, argumentaron en conferencia de prensa:

No vemos una propuesta que implique la creación de refinerías que nos permitan sustituir las importaciones de gasolina, que son del orden de 300 mil barriles diarios. No estamos viendo a futuro. Estamos tratando de continuar con el subsidio a estos combustibles –dos pesos por litro– y aun así se está pensando gravarlo adicionalmente, sin dejar de considerar que este incremento de 5.5 por ciento que se planteó por parte de Acción Nacional causaría un impacto de un punto en la inflación”.

Comentario 7: No hay un plan ni visión de país a largo plazo.

González Garza no descarta tomar la tribuna, aunque el gasolinazo esté “huérfano”

Esperan en la Cámara tersa visita de López Obrador para impugnar alzas

PAN y PRI afirman que el tabasqueño no tendrá restricción para ingresar en San Lázaro

Enrique Méndez

José González Morfín (PAN) y Ricardo Monreal (PRD) en la reunión de comisiones unidas, ayer  en el Senado
José González Morfín (PAN) y Ricardo Monreal (PRD) en la reunión
de comisiones unidas, ayer en el Senado Foto: María Meléndrez Parada

Por primera vez desde su proceso de desafuero en 2005, Andrés Manuel López Obrador se presentará este martes en la Cámara de Diputados, donde se reunirá con los grupos legislativos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) en el salón verde, donde –como él ha planteado– les demandará no aprobar nuevos impuestos ni avalar el aumento a la gasolina.

El vicepresidente de la Cámara, Luis Sánchez Jiménez, afirmó que no habrá necesidad de tomar la tribuna, como les recomendará López Obrador, porque en PAN y el PRI no hay ánimo para votar el incremento a los combustibles, incluso desde el dictamen en la Comisión de Hacienda, que está citada hoy con la intención de comenzar a aprobar los documentos que se presentarán al pleno, posiblemente esta misma semana como calcularon esas dos bancadas.

Asimismo, la presidenta de la Cámara, Ruth Zavaleta, afirmó que no se tomará ninguna medida adicional, porque López Obrador “siempre ha sido muy prudente y sólo viene a exponer sus ideas”.

Incluso, los grupos de PAN y PRI afirmaron que el ex candidato presidencial no tendrá ninguna restricción para ingresar en la Cámara.

“San Lázaro es la casa del Congreso, pero también de todos los ciudadanos, y como ciudadano está totalmente autorizado para visitarla”, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Acción Nacional, Héctor Larios Córdova.

–López Obrador ha dicho que pedirá al FAP tomar la tribuna para impedir el aumento a la gasolina. ¿Acción Nacional se le va a adelantar?

–No. Esas son especulaciones. El señor López Obrador puede venir el día que quiera a la Cámara y puede platicar con quien él tenga deseo de hacerlo –dijo.

El coordinador priísta, Emilio Gamboa, afirmó que López Obrador puede acudir a la Cámara como cualquier ciudadano. “Es un líder moral de un frente amplio, se reunirá con ellos y está en su derecho de decir qué es lo que piensa de la reforma fiscal que presentó el gobierno de la República”, declaró.

–Su solicitud de toma de la tribuna, ¿es una amenaza?

–Estamos seguros que no llegará a eso. Vendrá con toda civilidad a platicar con sus compañeros diputados del Frente Amplio y se retirará en orden y civilidad.

Por su parte, el coordinador perredista, Javier González Garza, previó que el impuesto especial de 5.5 por ciento a la gasolina y el diesel no se aprobará. Ironizó: “el aumento a la gasolina ya no tiene papá, quedó huérfano: ni PAN, ni PRI, ni la Conago, ni (Felipe) Calderón ni nadie. Ya no hay quién. No tiene paternidad y supongo que no va a pasar porque nadie se atreverá a decir ‘yo soy el de la propuesta’”.

Respecto de la solicitud que López Obrador hará al PRD y sus aliados en el FAP –Partido del Trabajo y Convergencia– sobre la toma de la tribuna, el perredista dijo que su bancada no descarta ninguna posibilidad, aunque refirió que ése como otros temas se discutirán y aprobarán por todos los diputados del grupo.

Aunque González Garza consideró que, una vez entregada la propuesta de paquete económico para 2008, la reforma fiscal podría aprobarse hasta noviembre, panistas y perredistas evaluaron que la propuesta impositiva de Calderón se votaría en el pleno en las próximas horas.

“Se aproximan en la Comisión de Hacienda a tener un proyecto de dictamen para votarlo y después presentarlo al pleno a su discusión, a lo mejor esta misma semana”, declaró Emilio Gamboa.

Casi en sintonía, Héctor Larios afirmó que él tiene “fundadas esperanzas” de que se apruebe la reforma por los diputados, mientras que de manera paralela los senadores votan la electoral.

Según el presidente de la Comisión, Jorge Estefan, la votación de los dictámenes dependerá de los acuerdos políticos y, en un tono distinto al de su coordinador, aseguró que la visita de López Obrador “seguramente tiene la intención de reventar” las negociaciones. Aún así, dijo: “a nosotros nos da igual que venga o no”.

No tines madre el enanito

Representa casi 4 veces más la disminución que fijó en su decreto de austeridad

Pretende Felipe Calderón subir su salario mensual a 208 mil 570 pesos

Casi un tercio de la asignación a la oficina de Mouriño será sólo para servicios personales

Enrique Méndez

El presidente Felipe Calderón Hinojosa planteó a la Cámara de Diputados un aumento a su salario de 58 mil 40 pesos al mes para 2008, cifra que representa casi cuatro veces más la disminución al sueldo que se fijó como parte del decreto de austeridad. Con ello, las percepciones anuales del mandatario serían de 2 millones y medio de pesos –208 mil 570 mensuales–, es decir, casi 700 mil pesos más que las de 2007, monto al que pretende se le asignen 832 mil 136 pesos más en prestaciones.

En total, las percepciones de Calderón serían de 3 millones 334 mil 987 pesos para el siguiente ejercicio fiscal, aumento que forma parte de la política de la Presidencia de la República de solicitar un incremento de 9.3 por ciento a su gasto total, que incluye un crecimiento al presupuesto para imagen, comunicación social, el Estado Mayor Presidencial y la operación de la flota aérea presidencial.

Para el próximo año, Calderón solicitó asignaciones por mil 774 millones 785 mil 100 pesos para Los Pinos, de los cuales 985 millones 407 mil 450 se destinarán a servicios personales; esto es, al pago de salarios y prestaciones de mil 658 plazas sectorizadas a la Presidencia, incluida la de Calderón.

Sin embargo, ayer los coordinadores de PRD y PRI advirtieron que no admitirán un dispendio en la Presidencia de la República, mientras el gobierno federal pretende recortar el gasto social y el educativo. “Si vemos alto el gasto (presidencial) se recortará como en años anteriores”, dijo Emilio Gamboa.

Además, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos, los salarios de los secretarios de Estado subirían 57 mil 588 pesos y de los subsecretarios 55 mil 615 pesos, lo cual rompe con el programa de austeridad y contrasta con el discurso de Calderón del 3 de diciembre de 2006, cuando aseguró que en Los sentimientos de la Nación, José María Morelos convocó a moderar la opulencia y la indigencia y aumentar el jornal del pobre.

En total, a la hacienda pública los salarios de los 17 integrantes del gabinete y el del jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, que en el tabulador de servidores públicos tiene el nivel GA1 (secretario de Estado) le costarán 44 millones 306 mil 370 pesos y 14 millones 364 mil 630 pesos más en prestaciones.

El principal aumento salarial lo representa el de Calderón, pues en diciembre del año pasado firmó un decreto para bajar los sueldos de la alta burocracia y en su caso, la percepción semanal pasó de 167 mil 255.94 pesos –el último salario de su antecesor Vicente Fox, quien en 2006 ganó 2 millones 7 mil 71.28 pesos– a 150 mil 530.34 pesos al mes; un ajuste de 16 mil 725 pesos, que representó 10 por ciento.

En el desglose de gasto por unidad responsable, los montos más altos se concentran en la Coordinación General de Administración en Los Pinos, para la cual se solicitaron 469 millones 908 mil 44 millones de pesos, y el Estado Mayor Presidencial, para el que se requirieron 481 millones 655 mil 283 pesos, de los cuales más de la mitad, 269 millones 378 mil 911, se destinarían a servicios personales.

También, en conjunto las coordinaciones de Imagen y Opinión Pública y de Comunicación Social concentrarían 260 millones 32 mil 608 pesos, monto ligeramente inferior al que se busca entregar para la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial, por 265 millones 203 mil 289 pesos.

Al justificar los montos para el EMP y la operación de los aviones, la Presidencia de la República señaló que “se garantizará la integridad del jefe de Estado en marco de la seguridad nacional, propiciando mayor gobernabilidad, tranquilidad ciudadana y soberanía nacional”, que se “continuará apoyando la seguridad nacional al prevenir y proteger al jefe de Estado en el ejercicio de sus actividades”, así como realizar “las acciones de seguridad y logística, así como proporcionar los servios de transportación aérea del Presidente”.

Mientras que en gasto en comunicación e imagen se afirmó que las políticas en ambos rubros “se orientarán a una mayor y mejor información de calidad a los ciudadanos, a propiciar relaciones armónicas y efectivas con los demás poderes de la Unión y con los grupos sociales”.

En el análisis programático del proyecto resalta la asignación de 50 millones 206 mil 152 pesos a la Oficina de la Presidencia, de los que 43 millones 506 mil 212 se dedicarían exclusivamente a servicios personales.

¿moderna?

¿Y la derecha moderna?
Alejandro Encinas Rodríguez
11 de septiembre de 2007


“Los liberales —le decía— eran masones; gente de mala índole, partidaria de ahorcar a los curas, de implantar el matrimonio civil y el divorcio, de reconocer iguales derechos a los hijos naturales que a los legítimos, y de despedazar al país en un sistema federal que despojara de poderes a la autoridad suprema. Los conservadores, en cambio, que habían recibido el poder directamente de Dios, propugnaban por la estabilidad del orden público y la moral familiar; eran los defensores de la fe de Cristo, del principio de autoridad, y no estaban dispuestos a permitir que el país fuera descuartizado en entidades autónomas”. Valga la cita de Apolinar Moscote, corregidor de Macondo, en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, a colación del debate sobre el papel de la izquierda frente a la crisis política que vive el país.

Pero en una sociedad tan polarizada como la nuestra es oportuno preguntarse: ¿qué tan moderna es la derecha mexicana?

Si nos atenemos a los acontecimientos recientes, la derecha mexicana no echa de menos al corregidor de Macondo.

Durante los últimos meses se ha pretendido crear una percepción de “orden y autoridad” sin que se resuelvan los graves problemas de inseguridad derivados de la acción del crimen organizado. La presencia del Ejército en la calle se ha acompañado de vejaciones a los derechos humanos, espionaje político e incluso la desaparición de adversarios políticos y la represión a dirigentes sociales. En tanto, diversos medios dan cuenta de una eventual negociación entre cárteles de la droga, con la anuencia de un representante del Ejecutivo federal.

La actividad política desplegada desde el púlpito por diversos sectores de la Iglesia católica ha encontrado terreno fértil en la ambigüedad de la “autoridad federal” que, más allá de la presencia de imágenes religiosas en los despachos gubernamentales, da cuenta de la mengua del Estado laico, haciendo menos nítida la frontera entre Estado e Iglesia.

El cambio en los contenidos educativos pretende crear una nueva historia oficial, borrando la memoria de nuestro pasado indígena y haciendo apología de los referentes criollos.

La complacencia frente al espejo busca legitimidad en una alianza con el pasado, otorgando impunidad a cacicazgos regionales y a las estructuras corporativas que dieron sustento al viejo régimen.

Se alienta, con el apoyo de connotados empresarios, el resurgimiento de grupos de ultraderecha inspirados en el sinarquismo, que denostan la diversidad y la diferencia.

La censura es recurrente en los medios electrónicos como negación de la realidad: el bloqueo al Grito de Independencia en la ciudad de México hace un año; el retiro del programa del PRD sobre la toma de posesión de López Obrador; la reciente censura al Congreso de la Unión y el boicot a la película de Luis Mandoki sobre el fraude electoral.

Una derecha moderna debería asumir un compromiso democrático y con la tolerancia. Reconocer al adversario y su derecho a convertirse en mayoría. Que el respeto al voto permita la alternancia en el gobierno, y que nadie que participe en el marco de la vida institucional es un peligro para México.

Una derecha moderna debe comprometerse con la educación laica y el Estado secular, respetando la diversidad y pluralidad de nuestra sociedad, aceptando el uso de anticonceptivos, la existencia de familias diversas, de sociedades de convivencia y otras modalidades de las nuevas formas de vida. Garantizar el derecho a la información y la democratización de los medios. Fijar su compromiso con un régimen de equidad, no de privilegios. Combatir toda forma de corporativismo, empresarial o eclesiástico. Ser consecuente con no utilizar la función pública para pagar favores políticos ni otorgar impunidad buscando una legitimidad que no se obtuvo en las urnas.

La doctrina del PAN establece: “La libertad no puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado y no tiene otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas sociales y por el bien común”. Hoy, la doctrina del partido fundado por Gómez Morín ha quedado en el archivo muerto.

aencinas@economia.unam.mx

Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM

Refuerzan candados a propaganda en medios

Legisladores añadieron a la propuesta de reforma constitucional en materia electoral que los partidos o terceras personas no podrán pagar inserciones en ninguna modalidad de los medios electrónicos


Arturo Zárate
El Universal
Martes 11 de septiembre de 2007

Legisladores añadieron a la propuesta de reforma constitucional en materia electoral que los partidos o terceras personas no podrán pagar inserciones en ninguna modalidad de los medios electrónicos.

De esta manera, no podrán contratar propaganda ni en telenovelas ni en programas cómicos como ocurrió en el proceso electoral del año pasado; sin embargo, respecto a los noticiarios y programas de noticias, decidieron que “no se considerará propaganda la información noticiosa no pagada”.

En la reunión de anoche entre senadores y diputados integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Radio y Televisión para hacer ajustes a su predictamen de reforma quedó pendiente definir el procedimiento para remover a los consejeros del IFE.

No obstante, precisaron que el consejero presidente duraría en su cargo seis años, y podría ser reelecto una sola vez por el mismo periodo. Los consejeros electorales estarían en su encargo nueve años, serían reemplazados en forma escalonada y no podrían ser reelectos.

Durante las más de cuatro horas que se debatió la reforma, representantes de los partidos pequeños se quejaron de que no había equidad en el reparto de los tiempos oficiales.

Se convino en que fuera de los periodos de precampañas y campañas, el IFE contaría hasta con 12% del tiempo total que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a la ley y bajo cualquier modalidad.

Aunque, cuando a juicio del IFE el tiempo total en radio y televisión fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, “determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera”.

Martes 11 de septiembre .......................... Chile

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