CARPETA

La reforma abortada

Sergio Cortés Sánchez

Televisa ha vetado la reforma política promovida por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión; uno de los puntos más importantes de ese proyecto estaba relacionado con la disminución del gasto en la publicidad trasmitida a través de medios electrónicos; en la equidad en su acceso y, en la disminución de la contaminación de imagen y de audio generadas durante los procesos electorales. En dicho proyecto, se limitaba la compra de tiempo aire únicamente a los partidos políticos, su pago era con cargo al tiempo oficial que por concesión del espectro electrónico y tasa impositiva las televisoras están obligadas a cubrirle al gobierno federal; asimismo, se establecía que el único facultado para administrar dicho tiempo sería el Instituto Electoral y se prohibía que personajes ajenos al mismo pudieran gestionar l compra de tiempo aire para cualquier tipo de publicidad electoral (positiva o negativa).

Nuestros ingresos tributarios son de los más bajos del mundo y aun así, la presidencia imperial hace uso de sus facultades constitucionales para dispensar discrecionalmente su pago a las grandes empresas que le son ideológicamente afines. Colateralmente, la evasión y la elusión fiscal empobrecen la recaudación y, los magros ingresos públicos –ya incorporados los importantes ingresos petroleros– están comprometidos al pago de inconstitucionales pasivos (Fobapra y Pidiregas) y de la deuda pública documentada. Esa pobreza tributaria exigiría, por lo menos, un manejo más eficiente y probo del presupuesto y un incremento del efecto multiplicador del gasto. Es del dominio público que en el reciente proceso electoral federal, siete de cada diez pesos gastados en las campañas electorales fueron para Televisa y TV Azteca, gasto financiado en su mayor parte con nuestros impuestos y que ha significado la disminución real del gasto hacia otras sectores prioritarios, como lo son las actividades agropecuarias, la sustentabilidad del desarrollo, la equidad y la justicia y la educación. Usar los tiempos oficiales de la radio y de la televisión para las campañas electorales es de los más sensato que se puede hacer, no hay por que erogar en ese tipo de gastos, ya están pagadas con la concesión federal del uso del espectro electrónico; los mermados recursos públicos presupuestados para actividades electorales deberán usarse para otras actividades políticas. Televisa ha vetado esa iniciativa y ha desviado la atención sobre la inamovilidad de los actuales consejeros electorales.

El balance de la elección presidencial del año 2000 hizo evidente la necesidad de agilizar los cambios constitucionales para reformar la norma y al órgano federal electoral. Desde distintos foros, académicos, politólogos, partidos políticos y ciudadanos en general se han pronunciado por que el arbitro sea imparcial; por una mejor equidad de la contienda; una mayor fiscalización, vigilancia y sanción hacia los partidos; un menor financiamiento público para los partidos y un menor gasto electoral; en disminuir el tiempo de duración de las campañas y acotar el número de procesos haciéndolos coincidir; por que se regulen las precampañas; por que no sea permitida la publicidad que insulta y denigra al adversario; por que los funcionarios de los tres niveles de gobierno se abstengan de hacer proselitismo en la víspera comicial; por que haya candidaturas ciudadanas y por que se establezcan criterios para el recuento de votos. Al negociarse su propuesta la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión obtuvo un resultado muy distante al propósito original: una disminución del 50 por ciento del gasto público para campañas presidenciales, acotar a 90 días el tiempo de campañas federales, regular las precampañas, no permitir campañas negativas y no publicitar actos gubernamentales en fechas próximas a la elección. La remoción total de consejeros electorales, la prohibición de pagar en efectivo la publicidad electoral en medios electrónicos y, la exclusividad de partidos para solicitar (vía IFE), publicidad en medios electrónicos fue desechada por las presiones de Televisa.

La mayoría de ciudadanos aprueba la pertinencia de reformar la ley electoral federal, los medios impresos han documentado el respaldo otorgado a la remoción de los consejeros electorales y a disminuir el tiempo aire de las campañas electorales. En el municipio de Puebla, el 85 por ciento de los ciudadanos aprueba (total o parcialmente) siete acotadas propuestas (menor tiempo de campaña, menores recursos públicos para los partidos, mayor fiscalización, compactación de calendarios electorales, uso de tiempo oficial de radio y televisión, recuento de votos y renovación de Consejeros electorales). Los acuerdos segmentados por partido, en porcentaje, son los siguientes: panistas, 84; priistas, 87 y perredistas, 91 por ciento. Por edad, 82 por ciento de los ciudadanos menores a 30 años la aprueba, el 88 por ciento de los de 30 a 44 años y el 86 por ciento de los que tienen entre 45 y 59 años. El 84 por ciento de las ciudadanas la aprueba y el 86 por ciento de los ciudadanos: el 87 por ciento de los empleados, el 84 por ciento de las amas de casa y el 83 por ciento de los estudiantes. Por nivel de ingreso económico, la aprueba el 87 por ciento de los ciudadanos que perciben menos de 24 salarios mínimos y también la aprueba el 81 por ciento de los que tienen ingresos mensuales superiores a 24 salarios mínimos. No hay sustento para excluir la disminución del tiempo aire, su cargo al tiempo oficial de radio y televisión y tampoco la prohibición a que actores diferentes a los partidos gestionen publicidad electoral.