jueves, marzo 04, 2010

ES URGENTE RODEAR DE SOLIDARIDAD AL CAMARADA SINDICALISTA:

Dictan auto de formal prisión en contra de Domingo Aguilar Vázquez, líder del SME en Nuevo Necaxa


ARTURO ALFARO GALÁN

La juez Novena de Distrito en Puebla, María Leonor Pacheco Figueroa, dictó el auto de formal prisión contra Domingo Aguilar Vázquez, secretario general de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por su presunta responsabilidad en el delito de robo, con la agravante de haberse cometido contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En tanto, Abelardo Cuéllar Delgado, defensor laboral y asesor jurídico de Domingo Aguilar Vázquez, advirtió –en entrevista por separado– que el líder de los electricistas podría solicitar un amparo contra el dictamen procesal, con la intención de comprobar que el delito que se le imputa está fuera del margen de la ley, pues no existen los elementos suficientes para demostrar su presunta responsabilidad.

Asimismo, acusó que el proceso judicial iniciado en contra del líder del SME es una estrategia del gobierno federal para “acabar con los dirigentes de los electricistas de Nuevo Necaxa, golpear al movimiento y a las luchas sociales”.

La estrategia jurídica, indicó Abelardo Cuéllar, quedará definida el próximo lunes 5 de marzo a través de la defensa legal del SME –radicada en la ciudad de México– cuyo proceso legal podría tardar hasta un año.

“El agente del Ministerio Público no presentó pruebas concretas sobre la participación de Domingo Aguilar en el delito, por lo que no existen los hechos suficientes para dictar un auto de formal prisión. Con eso se comprueba que el gobierno es el artífice de todas estas apelaciones que buscan únicamente golpear a los electricistas”, refirió.

De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/PUE/HU/197/09, el 14 de diciembre de 2009 un grupo aproximado de 100 personas encabezadas por Aguilar Vázquez arribó a las oficinas locales de correos en la comunidad de Nuevo Necaxa, en donde sustrajeron aproximadamente 3 mil recibos de la CFE, los cuales se encontraban sobre uno de los escritorios de esa oficina y que estaban destinados para su distribución a los usuarios del servicio de energía eléctrica, la cual era brindada por la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Al respecto, la delegación Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que por la presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo, dentro de la causa penal AP/01/ 2010, la juez Noveno de Distrito en la entidad ordenó la aprehensión contra Domingo Aguilar, la cual fue cumplimentada por ocho elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) el domingo 22 de febrero en pleno Centro Histórico, mientras el inculpado se encontraba en una protesta pacífica.

Después de ser detenido y presentado en el Centro de Rehabilitación Social del Estado de Puebla (Cereso), la juez María Leonor Pacheco Figueroa fijó una fianza de 5 mil pesos para la liberación de Aguilar Vázquez, luego de asegurar que el delito de robo con agravio –cometido en la modalidad de impedir, conducir, transportar y cobrar ilegalmente la energía eléctrica– no es lo suficientemente grave para que el líder del SME permaneciera recluido en el penal, por lo que fincó la libertad bajo caución.

No obstante, el proceso para el inculpado continúa en el Juzgado de Distrito de la Federación, por lo que Aguilar Vázquez tendrá que presentar sus pruebas a favor, con la intención de comprobar su inocencia que permitan al representante social de la Federación emitir una condena absolutoria del caso.

De lo contrario, el líder de los electricistas de la entidad podría recibir una condena de hasta de tres a 10 años de prisión y un pago de hasta mil días de salario mínimo, según el Código Penal Federal.

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Este gobierno aumenta salarios a Ejército y PF porque necesita apoyo para reprimir: Esparza

Rinde el SME homenaje a Montemayor; México necesita más hombres como él

En lo que va del sexenio el incremento a las fuerzas armadas es ya de 115 por ciento, señala

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El dirigente del SME, Martín Esparza Flores, y María Rosete, dirigente de los ambulanbtes de TepitoFoto Yazmín Ortega Cortés


Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 4 de marzo de 2010, p. 17

Este gobierno ha incrementado 115 por ciento los salarios de los miembros del Ejército Mexicano y de la Policía Federal porque requiere el apoyo de las fuerzas armadas para seguir reprimiendo los movimientos sociales en el país y para intimidar toda protesta, incluso las civiles y pacíficas, como la de los electricistas, señaló el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores.

El sindicato tributó un homenaje al escritor y activista Carlos Montemayor –fallecido el pasado 28 de febrero–, al cual asistieron su hija Victoria Montemayor y otros familiares, así como representantes de movimientos sociales y trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro.

En el auditorio principal del SME, Esparza recordó que el primer foro que se llevó a cabo en ese recinto tuvo como tema central la restauración del mural El retrato de la burguesía, de David Alfaro Siqueiros, en el que Carlos Montemayor hizo una reseña histórica de la obra.

Hacen falta más hombres como él, comprometidos con las luchas sociales, sobre todo en este país gobernado por corrientes como El Yunque, cuya única respuesta a los problemas sociales es sacar más armas, más soldados a la calle, a quienes recientemente les incrementaron 40 por ciento sus salarios, con lo que ya suma 115 por ciento lo que se les ha aumentado en este sexenio, sostuvo Esparza ante un auditorio lleno, donde hubo sobre todo poesía y agradecimiento para Montemayor.

En el foro, en el que estuvieron Juan de Dios Hernández Monge, catedrático de la UNAM y miembro de la desaparecida comisión de intermediación entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario, y el investigador Jesús Salmerón, entre otros, el dirigente del SME planteó que en México se levantan los movimientos por desesperación ante la actitud apática de un gobierno que no ve por el pueblo, sino por los intereses económicos de los allegados al presidente en turno.

Trabajo en Tepito

Por la mañana, Esparza firmó un acuerdo con comerciantes de Tepito integrantes del Frente Metropolitano de Organizaciones Populares, para que trabajadores del SME regularicen el servicio de energía eléctrica en toda esa zona, tanto para los establecimientos fijos como para los ambulantes. A cambio, los comerciantes les pagarán por este servicio.

Sin embargo, el apoyo de los comerciantes fue más allá, ya que los líderes del frente ofrecieron abrir espacios a los trabajadores de Luz y Fuerza para que intervengan en el comercio informal, incluso vendiendo mercancía pirata. Lo que compre la gente, dijo el dirigente, y sostuvo que también los comercios establecidos, como Wal Mart, venden pirata.

Al hacer el ofrecimiento a los electricistas, María Rosete, líder de los ambulantes de Tepito, indicó que están dispuestos a abrir espacios para que el comercio informal sea una alternativa para los integrantes del SME “hasta que se resuelva su situación laboral.

“Nos preocupa –dijo Rosete– la situación de las instalaciones eléctricas en la zona, ya que se han registrado connatos de incendio, por lo que la regularización del servicio que llevará a cabo el SME es importante para la economía y la seguridad de quienes de esto vivimos.”

Esparza acusó que sí hay presupuesto para mejorar el servicio en la zonas de nivel económico alto, pero no para las populares.

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Gómez Urrutia exigió 100 millones de dólares para resolver la crisis en Sonora: STPS

Senadores encaran a Javier Lozano por violar los derechos laborales

Monreal define al secretario del Trabajo como el sepulturero del derecho de huelga

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Carlos Navarrete, Fernando Gómez Mont y Federico Döring, durante la comparecencia de secretarios de Estado en la Cámara de SenadoresFoto Jesús Villaseca
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Jueves 4 de marzo de 2010, p. 15

Entre críticas y cuestionamientos de senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes expresaron preocupación por la violación de derechos laborales en que incurre el gobierno federal, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, aseguraron que se ha actuado de manera legal en el conflicto laboral de Cananea y que, luego de la reciente resolución judicial, la empresa Minera México está en su derecho de recuperar las instalaciones.

Al comparecer ante la comisión especial del Senado que da seguimiento a la huelga en Cananea, el más cuestionado fue el titular de la Secretaría del Trabajo, sobre todo por su afirmación de que la huelga de Cananea fue un instrumento de chantaje del dirigente Napoleón Gómez Urrutia, a quien acusó de pedir 100 millones de dólares como una de las condiciones para levantar el movimiento, lo que impidió, dijo, todo intento de conciliación.

Lozano reconoció que para decretar la terminación de relaciones laborales en Cananea –después de tres años de huelga– y en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se acudió a la misma figura de causas de fuerza mayor.

Ricardo Monreal y el diputado del PRI Miguel Ernesto Pompa señalaron, en intervenciones por separado, que “el subconsciente “ traicionó al funcionario al declarar que siguieron la misma estrategia con los mineros de Cananea y con el SME.

Ofensiva contra los sindicados no afines al régimen

Los senadores perredistas Tomás Torres, Arturo Núñez y Jesús Garibay, así como el petista Ricardo Monreal y el priísta Fidel Pacheco, expresaron su preocupación por la actuación parcial de las autoridades laborales en el caso de Cananea y por el riesgo de que se haya encontrado el camino para acabar con sindicatos que no son afines al régimen y de liquidar de tajo el derecho de huelga.

Lozano Alarcón se confrontó directamente con los senadores Torres y Monreal, quienes le exigieron hablar con claridad y le señalaron contradicciones en su intervención. El petista le dijo que su lenguaje encierra un profundo sentimiento fascista, lo llamó el sepulturero del derecho de huelga y le exigió aclarar en qué momento Gómez Urrutia le pidió 100 millones de dólares.

El titular de la STPS debió aclarar que Gómez Urrutia no le formuló nunca tal petición a él, y pasó problemas también para asegurar que no había acusado a los mineros de Cananea de robar y dañar las instalaciones, pese a que en su intervención inicial responsabilizó a la dirigencia de la sección 65 del sindicato minero de no haber posibilitado el diálogo y sostuvo que en marzo del 2009 la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, durante una visita de inspección, pudo identificar el grado de vandalismo, pillaje y deterioro ocasionado en sus instalaciones.

El senador Torres pidió también explicaciones a Lozano Alarcón de por qué en el boletín de la dependencia a su cargo donde da cuenta de la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo –por la que se niega amparo al sindicato minero y se confirma la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de declarar la terminación de relaciones laborales– se consignan datos que ni siquiera conocen las partes, ya que la sentencia aún no se notifica.

El perredista Francisco Garibay dijo a Lozano y Gómez Mont que el gobierno protege a la empresa. Les advirtió que en Cananea se inició la Revolución Mexicana y que cuando el diálogo se rompe lo que sigue son los chingadazos.

Los panistas Federico Döring y Javier Castelo salieron en defensa del funcionario, diciendo que no se puede ceder a los chantajes de Gómez Urrutia. El primero calificó de ominoso que Monreal y Torres preguntaran a los funcionarios por la petición de que se revoque la concesión a Grupo México.

Ante la insistencia de los legisladores en por qué no se buscó la conciliación, Gómez Mont expuso que sin menoscabo de la aplicación de la ley, hay espacios para la política y que la dependencia a su cargo continuará favoreciendo los acuerdos y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de gobernabilidad.

Hasta las guerras terminan con tratados, resaltó el senador Núñez al final de la comparecencia, cerca de la medianoche.

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