Viaje al Fondo de la República 3/3

René Sánchez Galindo
4 de junio de 2007

La semanas pasadas señalamos la situación por más de
30 años de incertidumbre, ilegalidad, opacidad y
abandono en que las autoridades mantienen a habitantes
y comerciantes de una colonia popular en la Ciudad de
Puebla. Circunstancias que les genera injusticia,
pobreza, desacuerdos y abusos. Relatamos la
multiplicidad de gestiones ante la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett y
ante el Instituto Federal de Acceso a la información
Pública, Ifai, sobre todo, durante los últimos ya 15
meses.

Sin que a la fecha haya una definición por parte de
Corett, ni una acción del Ifai que de transparencia a
esta problemática, el viaje al fondo de la República
Mexicana que en esta entrega cerramos, buscará
adentrarse en uno de los temas fundamentales de lo que
debería ser un sistema democrático: la responsabilidad
de los servidores públicos.

Los estudios clásicos sobre la forma de gobierno
democrática señalan tres elementos indispensables para
que un país cuente con este modelo tan cacareado. El
primer elemento es aquel al que las personas de la
política y de los medios de comunicación se refieren
más: las elecciones libres. El segundo elemento,
aunque con menores menciones es el respeto a los
derechos humanos, a las libertades, a la igualdad, a
la seguridad jurídica, entre otros. El tercer y
olvidado elemento es la responsabilidad de los
servidores públicos.

Imaginen ustedes si sería posible que en un Estado
Democrático de Derecho se le encomendara a una
dependencia una tarea específica como regularizar una
colonia popular y que después de 18 años sus calles,
escuelas, áreas verdes y mercado sigan en el desorden
legal, sin que ningún funcionario sea sujeto de
responsabilidad y por lo tanto amonestado, multado,
suspendido o de plano destituido.

Vaya, resulta difícil de entender porqué en 18 años no
se pueden vender a precios de interés social, como lo
marca la ley, terrenos comerciales a sus ocupantes, ni
entregar las calles, las áreas verdes y las escuelas a
las autoridades locales. Algo está pasando y ese algo
debe ser atendido.

Nuestra Constitución contempla en su título cuarto las
responsabilidades de los servidores públicos
clasificándolas en tres tipos:

La responsabilidad administrativa. Que sanciona las
infracciones que no llegan a ser delitos pero que sí
pueden entrañar alguna negligencia, retraso, conflicto
de intereses, etc. Los castigos van de una
amonestación a la destitución. Esta responsabilidad se
tramita por denuncia ciudadana o por notificación de
otra autoridad ante un órgano interno de la
dependencia responsable.

La responsabilidad penal. Que castiga delitos
cometidos por funcionarios, como podrían ser desvío de
recursos públicos, enriquecimiento ilícito, entre
otros muchos más que regulan las leyes. Esta
responsabilidad se tramita por denuncia ciudadana o
por notificación de otra autoridad ante el ministerio
público.


La responsabilidad política. Está diseñada para altos
funcionarios que tiene un compromiso político frente a
las leyes y que es exigible por el Congreso. En otras
palabras, si se comprueba que un alto funcionario
transgrede la legislación y causa perjuicios graves a
los intereses fundamentales de México, el Poder
Legislativo puede destituirlo. Durante el siglo XX y
lo que va del XXI, ningún funcionario federal ha sido
destituido por responsabilidad política, sólo
conocemos 2 o 3 casos de los que conoce el Congreso
pero por motivos de responsabilidad penal, para que se
les quite el fuero. Pero sobre responsabilidad
política sólo se conoce en el ámbito local, en el
Estado de Morelos, el caso Carrillo Olea.

Volviendo a nuestro viaje cabe formular unas preguntas
sobre la responsabilidad de los encargados de
regularizar esta colonia:

¿Quién o quiénes son responsables por no regularizar
en 18 años las calles, escuelas, áreas verdes y
mercado?

¿Por qué ningún funcionario ha entregado al
Ayuntamiento ni siquiera las calles de la colonia?

¿Cómo es posible que en un año y ya 4 meses no puedan
decir cuál es el porcentaje de terrenos para calles,
escuelas, áreas verdes, etc, que han regularizado de
las colonias en todo el país?

¿A caso no lo saben?, ¿a caso no lo han hecho?, ¿o es
qué todo el país está como el ejemplo de este viaje al
fondo de la república?

¿Cómo es posible que después de tantos años, después
de múltiples documentos, incluso algunos firmados por
Corett, donde reconocen que existe un mercado en
operaciones, ahora digan que el lote está baldío, sin
ocupantes?

¿A qué intereses responde esa actitud?

¿Quién es responsable de haberle informado al Ifai que
desde 1989 no había existido ninguna tarifa del
mercado, cuando en realidad han existido por lo menos
tres tarifas en ese lapso?

¿Procederá el Ifai, como lo ordena su Ley, y hará del
conocimiento del órgano interno de control de la
Corett la falsedad citada, apegándose a la advertencia
que el propio Ifai había hecho a la Corett para
conducirse con la verdad?

Este viaje termina. El Ifai no ha dado respuesta aún a
los recursos de revisión 395/07 y 397/07. La
ciudadanía sigue esperando: ¿acusará el Ifai a la
Corett? ¿Corett aclarará el misterio? Con mucho gusto
y si está interesado, le informaremos cuando haya
respuestas, si es que las hay.

René Sánchez Galindo
ranazapatera@yahoo.com